La forma en la que se organicen las sesiones laborales pueden ser la clave para que las personas aumenten su productividad.

La neurocientífica Mithu Storoni explicó, en un artículo publicado este martes en la revista Fast Company, una estrategia que puede ayudar a las personas a incrementar su productividad laboral.

De acuerdo con Storoni, trabajar de manera continua y sin descanso por un período de más de 90 minutos puede provocar cansancio mental, un estado psicobiológico que se caracteriza por una disminución de las capacidades cognitivas.

Asimismo, mencionó que, a medida que la fatiga mental aumenta, el rendimiento de las personas comienza a reducirse. En anteriores investigaciones se demostró que el cansancio mental es una las causas de la disminución de la productividad.

Actualmente, las personas influyen en la productividad de sus organizaciones a través de la calidad de sus resultados. Incluso, se han llegado a documentar casos de errores laborales y accidentes provocados por un estado de agotamiento mental.

¿Cómo mejorar la productividad?

En un intento por mejorar la productividad de las personas, Storoni aconsejó programar sesiones de trabajo que duren 90 minutos. Sin embargo, recalcó que este tiempo puede verse modificado dependiendo de lo cansado que se sienta el individuo, así como el tipo de trabajo que esté realizando.

A su vez, la neurocientífica recomendó que se realicen las tareas más difíciles en los primeros 20 minutos de la sesión de trabajo, mientras que aquellas actividades que pueden resultar más lentas y sencillas se deben llevar a cabo durante los 40 a 60 minutos restantes. A continuación, Storoni indicó que se debe tomar un descanso de 10 minutos y posteriormente comenzar a trabajar nuevamente.

No obstante, destacó que es necesario limitar el trabajo mental a no más de 4 horas al día. Por otro lado, apuntó que, en caso de que la persona trabaje intensamente y por más tiempo, su mente se cansará considerablemente hasta el punto de que no podrá recuperarse ni siquiera después de haber dormido, por lo que la fatiga mental se prolongará hasta el día siguiente.

@RT.

“Nos preocupa la baja en el consumo que es sostenida y llevó a tomar decisiones, debido a las estructuras económicas de las estaciones de servicio. Entre ellas está la reducción de personal que tuvo que aplicarse. No escapamos a otros rubros ya que la disminución en la demanda se siente en su real peso; se nota mucho. Nos aproximamos a épocas en las que se sumaba personal para reforzar la atención. Eso no va a pasar; en vez de eso, nos achicamos”, apuntó Analía Salguero, integrante de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan.

Incluso resaltó que “en las vacaciones, nos vamos a reorganizar con el personal que tenemos. En vez de ampliarnos, tendremos que ver la mejor manera de cubrir las tareas”. Destacó que la baja de consumo, “comparando mismos períodos de un año para otro, ronda el 20%. Es un porcentaje importante. Sobre lo que más sale en naftas, hay una migración a la Nafta Súper cada vez más”.

Salguero marcó que “ante la crisis, la gente empieza a recortar consumos que tienen que ver con el entretenimiento y la gastronomía. Que haya llegado a bajar el consumo de combustible nos habla que el ajuste es más estrecho en cada casa. Entonces, en lo que es transporte, llegan los días con mejor tiempo para andar en bicicleta, caminar o andar en moto. También en usar un auto y no dos, si tienen, y eso hace que no tengamos el movimiento acostumbrado en las estaciones.

En ese contexto, destacó que no hay un impacto positivo en los números de las empresas de los aumentos mensuales. “Es una política nacional que se aplica a principios de mes, con un porcentaje entre el 3 y 4%. Se relaciona al monto de impuestos que hace mucho debieron ser actualizados y es algo que los estacioneros sólo deben aplicar. Creemos que el próximo mes se aplicará igual y no mueve en positivo la aguja de la economía de los estacioneros”.

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/Fuente de imagen: DiarioLaProvinciaSJ

El documento resalta que solo el 2,6 por ciento de los delitos son cometidos por menores de 18 años. Y advierte que esos chicos también son víctimas. 

Una vez más se discute en Argentina la baja en la edad de imputabilidad. En junio pasado el Gobierno presentó y envió al Congreso un proyecto de ley para que encarcelar a adolescentes de 13 años sea una posibilidad. En el marco de la discusión, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitió una posición firme en defensa de los adolescentes en conflicto con la ley penal y en contra de los proyectos que promueven la disminución de la edad de imputabilidad.

Mientras en las comisiones de la Cámara de Diputados se trata el proyecto de Ley Penal Juvenil, presentado por el Ejecutivo el 28 de junio por intermedio de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el texto elaborado por las Subcomisiones de Humanidades y Derechos de la Niñez y Adolescencia de la SAP y difundido este lunes pone el acento en “las condiciones de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los adolescentes sujetos a procesos judiciales”.

“Nos parece que poner la edad como el elemento a discutir es de una mirada simplista que deja de lado la complejidad que tienen las vidas de los niños, niñas y adolescentes”, sostuvo Javier Indart De Arza, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, en diálogo con Página 12.

“Las estadísticas son bastantes claras respecto a la responsabilidad de los adolescentes en delitos penales”, aseguró al resaltar que solo el 2,6% de los delitos son cometidos por menores de 18 años. “Es claro que la baja de imputabilidad no resuelve el flagelo de la violencia y de la inseguridad”, agregó.

Pasar de “delincuentes” a “víctimas”

El documento difundido sostiene que estos adolescentes son víctimas de numerosas y sistemáticas agresiones físicas y emocionales desde los primeros años de su vida. “La adolescencia de hoy viene golpeada y no está siendo pensada desde una perspectiva de derechos. Hasta se sigue hablando de ellos como ‘menores’ como si no fueran personas”, sumó Indart De Arza.

El informe de la SAP argumenta que “sus expectativas de un futuro mejor son muy limitadas. En esta situación, su participación en hechos delictivos está organizada y programada, en su gran mayoría, por grupos de delincuentes adultos. En otras, su libre campo de autodeterminación se encuentra totalmente limitado por su realidad social, cultural, familiar, educativa o económica”.

En ese sentido, el pediatra afirmó: “Mismo en las raras situaciones donde ellos son los que gestionan el crimen, no hay que dejar de preguntarse qué fue lo que los llevó a tomar esta decisión. Uno se puede detener frente al delito y a quien lo ejerce o ver lo que estamos haciendo como sociedad para generar esto”.

Penas de adultos para adultos

El informe además pregona que las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos y que las penas a niños, niñas y adolescentes no deberían ser homologables a las de los adultos.

Llegado el caso en que se detenga y prive de la libertad a los jóvenes, María Julieta Rosso, presidenta de la Subcomisión de Humanidades de la SAP, sostuvo: “Bregamos por instituciones habilitadas para la contención de adolescentes en conflicto, orientadas a la rehabilitación, garantizando condiciones edilicias adecuadas y proveyendo programas de educación y de capacitación laboral, de manera de dotarlos de herramientas para facilitar su reinserción social”.

Desde la Sociedad de Pediatría defienden la importancia de fomentar la “justicia restaurativa”, que consiste en evaluar la posibilidad de interactuar el autor del delito con la víctima –si ésta así lo acepta– para reconocer humanidad e identidad a quien ha sufrido por causa de él y pueda sinceramente arrepentirse y comprometerse a enmendar las consecuencias de su conducta. “Un cambio profundo sucede cuando uno acepta la culpa –señaló Indart De Arza–, por eso es importante que tenga la posibilidad de reconocer el daño e intentar solucionarlo. Buscar que sea una responsabilidad compartida: que la sociedad no mire a un costado y que el chico pueda dar cuenta de lo que hizo”.

“No existen medidas que resuelvan el delito. No existen medidas cortoplacistas que puedan abordar con profundidad y seriedad un problema tan complejo. La violencia en niños y adolescentes requiere de una política estatal compleja completa y sostenible en el tiempo”, dice el documento.

Distintos instrumentos internacionales, así como instancias judiciales de las máximas instancias nacionales e interamericanas se pronunciaron al respecto del tema. En el informe, los integrantes de la asociación hicieron una recopilación  afirmaron que “si el Estado Argentino optara por agravar las penas para los delitos cometidos por menores de edad o dispensara al niño en conflicto con la ley penal un trato similar al adulto infractor, estaría conculcando convenios internacionales incorporados a la Constitución Nacional o bien desconociendo jurisprudencia de aplicación obligatoria”.

Plan integral

“En la discusión sobre el tema desde la SAP nos parece interesante poder ser propositivos y ofrecer posibles acciones frente a la problemática para acompañar desde una mirada de salud integral y no desde el punitivismo”, manifestó Indart De Arza. Así, la asociación propone un programa integral que apunte a la restauración y reinserción social de los niños y adolescentes, interviniendo no solamente desde la Justicia, sino más bien desde la educación y la salud.

En ese sentido, el informe desarrolla una serie de recomendaciones para el abordaje de adolescentes no punibles, entre las que se pueden mencionar el diseño de “un sistema donde el Estado esté permanentemente presente para promover el desarrollo personal, educativo y social del niño”. También la necesidad de “garantizar la protección de los derechos del niño, en todas sus etapas de desarrollo, dotándolo de las herramientas educativas, sociales y económicas para fortalecer su autonomía y visualizar la responsabilidad penal de un niño o adolescente teniendo en cuenta su realidad social, cultural y personal”.

Entre las propuestas además resaltaron la importancia de tener en cuenta que la vinculación de adolescentes con las armas y drogas “está relacionado casi directamente con amparo de ‘capangas’ marginales y connivencia policial”, a la vez que requirieron promover actividades intramuros “con alto contenido social” para la reinserción.

Y pidieron “abordar –con carácter fuertemente preventivo– determinantes como la violencia familiar y de género, las organizaciones delictivas de adultos y de agentes de seguridad que utilizan niños para delinquir, los adultos que son agentes de tráfico de drogas, la deserción escolar, la precariedad laboral de los adultos a cargo, el acceso a estupefacientes y sustancias psicoactivas, psicotrópicos y drogas ilegales”.

“Es simplista decir que el tema se soluciona bajando la edad de imputabilidad, no existe una respuesta sencilla a un problema muy complejo”, aseguró Indart De Arza. “Este tema vuelve a aparecer recurrentemente gobierno tras gobierno. Nosotros lo que creemos es que más que la baja de imputabilidad, lo que hay que poner en el centro de la agenda es la atención integral de los niños y adolescentes”, completó.

@Página12 // Informe: Lucía Bernstein Alfonsín.