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Francos niega “una guerra con el interior” pero los gobernadores irán a la justicia

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Francos niega “una guerra con el interior” pero los gobernadores irán a la justicia

Mandatarios provinciales y municipales adelantaron que judicializarán la eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público, anunciada por el Gobierno Nacional, al tiempo que el ministro del Interior aclaró que la medida «no es una consecuencia» ni de la caída en el Congreso de la Ley Bases ni del «inicio de una confrontación con las provincias».

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró este viernes que “no hay una guerra con el interior” y que la eliminación de los subsidios del transporte a las provincias no guarda relación con la caída de la Ley Bases, al tiempo que diversos funcionarios de los gobiernos provinciales y municipios anticiparon que judicializarán la medida, que estiman que traerá como consecuencia un boleto de colectivo de más de mil pesos.

«No hay una guerra con el interior. Hay una organización de los recursos púbicos que corresponde legalmente. Desde el Pacto Fiscal de 2017 y 2018 quedó claro que el transporte provincial era una responsabilidad de las provincias«, manifestó Francos a radio Mitre al referirse a la eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público del Interior del País que fue anunciada este jueves por la Secretaría de Transporte.

Según el ministro, el Fondo Compensador era un «fondo Covid creado en 2020 para ayudar al transporte», en alusión a la pandemia de coronavirus que se extendió por algo más de dos años.

«El Covid pasó pero el fondo se mantuvo como siempre pasa en Argentina. Lo que hace el Gobierno es decir que, si este pacto fiscal está vigente, este fondo desaparece, no existe. No hay ya un fondo Covid», señaló Francos.

El funcionario remarcó que «no es una consecuencia» ni de la caída en el Congreso de la Ley Bases ni del «inicio de una confrontación con las provincias».

Por otro lado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró en conferencia de prensa que el transporte provincial es una “facultad no delegada a la Nación” a diferencia de las líneas interjurisdiccionales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que continuarán con subsidios «hasta que avance la puesta en funcionamiento de la Autoridad Metropolitana del Transporte», conformada por Provincia y Ciudad, que fue creada en 2012 pero nunca fue puesta en funcionamiento.

Como consecuencia de la eliminación del fondo, los gobiernos provinciales deberán elevar el pasaje a su valor real –cercano a los 1.000 pesos- o sumar más fondos propios para subsidiar la tarifa.

Un grupo de 22 intendentes de diferentes ciudades –entre ellas, Córdoba, Rosario, Corrientes Mar del Plata, Jujuy y Neuquén- rechazó este jueves en un comunicado la medida y solicitaron la revisión de la misma.

Los jefes comunales manifestaron su “extrema preocupación”, advirtieron que «dejaría sin transporte a millones de argentinos» y adelantaron que tomarán “todas las medidas políticas y judiciales garantizar las partidas ya asignadas por el presupuesto nacional”.

El secretario general del Gobierno de Santa Fe, Juan Cruz Cándido, manifestó este viernes que la medida implicará un “aumento considerable del boleto”.

“Son unos $ 1.500 millones por mes que pasaba Nación. La provincia no puede ponerlos. Tenemos recursos, pero también muchas obligaciones y responsabilidades que son cada vez más porque el gobierno federal se va desentendiendo de más temas”, indicó a radio Urbana Play.

Consideró que el Gobierno, a través de esta decisión, “quiere dar la épica de la venganza a un plan de ajuste tradicional que ya estaba decidido que iba a hacer”.

“Deberían entender que ningún gobernador viaja en colectivo. Esto afecta a la gente”, agregó y señaló que se quiere instaurar la idea de que provincias como Santa Fe “son mantenidas”.

“En realidad nosotros somos los que mantenemos a los 4 o 5 que creen que hacen patria desde Puerto Madero”, cuestionó Cándido.

Por su parte, el intendente de la Ciudad de Formosa, Jorge Jofré, indicó a Raído El Destape que la decisión llevará el boleto en Formosa “a alrededor o más de $ 1.000” y adelantó que, entre los intendentes y gobernadores, se evalúa “hacer alguna presentación en la justicia”.

“Los pactos fiscales de 2017 y 2018 ya fueron dejados de lado. Además, el Gobierno prorrogó el Presupuesto 2023 que tiene previstos los fondos para el interior por ley”, remarcó Jofré.

“Nunca vi que una decisión administrativa de un ministro esté por encima de una ley”, dijo, en ese sentido, el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio en la misma emisora, quién también señaló que se trata de una “venganza” y que vendrá una “lluvia de amparos y presentaciones judiciales”.

Sostuvo que “nunca se habló en estos largos y tenebrosos 60 días de esto” y que, por el contrario, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, “había venido para fortalecer y darle más músculo al transporte del interior”.

En tanto, el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, consideró que se trata de una “falta de respeto a la democracia y al federalismo” y que se tomarán “las medidas necesarias”; mientras que el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, adelantó en contacto con la prensa local que se buscará “una postura común” con las demás provincias.

En diálogo con Futurock, el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti también consideró la decisión como una “actitud vengativa” y remarcó que el recorte de subsidios significa “cortarle la posibilidad de llegar al laburo a un laburante”.

Más allá de que el boleto de transporte –de no cubrir las provincias la eliminación del fondo- podría llegar a “hasta $ 1.500”, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, advirtió que en ciudades medianas del interior con menores volúmenes de pasajeros “las empresas de transporte directamente no podrían sobrevivir sin subsidios”.

@Télam.

/Imagen principal: Archivo/

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Legislatura de Córdoba: la oposición de JxC y el PJ empantanados en la discusión por los “cinco minutos” del uso de la palabra en el recinto

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Legislatura de Córdoba: la oposición de JxC y el PJ empantanados en la discusión por los “cinco minutos” del uso de la palabra en el recinto

No sólo los halcones sino también las “palomas” del interbloque Juntos por el Cambio (JxC) se quejaron en la sesión de ayer ante lo que consideraron una actitud “prepotente” del oficialismo al “coartarles” el uso de la palabra en el recinto. El PJ negó tal situación y se amparó en la letra dura del reglamento interno de la cámara.

El ala halcón de JxC, aunque esta vez se sumaron voces de “palomas” cambiemistas, volvieron a chocar con las espadas peronistas por no poder pronunciarse en el recinto respecto a temas sensibles que golpean al gobierno provincial, por caso la inseguridad y la tarea bajo la lupa de la Senaf. En el fondo de la cuestión afloran las demandas de renuncia de los ministros Juan Pablo Quinteros (Seguridad) y Liliana Montero (Desarrollo Humano).

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Ante los pedidos de tratar sobre tablas casi una veintena de proyectos, la fuerte pulseada pasa por el pedido de reconsideración que fogonean los halcones cambiemistas que choca con la negativa de los “generales” del gobierno en la Unicameral. En concreto, la oposición se queja porque no se les concede los cinco minutos para argumentar su replanteo en los diversos temas.

bloque oficialista en la Legislatura de Córdoba

Desde el oficialismo contragolpean en que JxC “desvirtuó” este mecanismo. “La oposición utiliza los cinco minutos para despotricar”, afirmó el presidente provisorio, Facundo Torres, al tiempo que señaló que “se presentan de 17 a 29 pedidos de tratamiento sobre tablas” por sesión.

En medio del cruce de acusaciones, los cambiemistas apuntan sus cañones al jefe del bloque del PJ, Miguel Siciliano, quienes los acusa de “sólo poner palos en la rueda” al gobernador Martín Llaryora.

En su jugada, el peronista erosiona el poco margen de maniobra que aún queda entre ambas partes para buscar acuerdos parlamentarios. Es la segunda vez que Siciliano solicita aprobar el rechazo en conjunto de un paquete de proyectos que JxC reclama debatir sobre tablas.

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De esta manera, el PJ con sus votos y de los aliados trunca esa posibilidad y, además, bloquea el acceso a los cinco minutos de reconsideración amparado en su posición reglamentarista al dejar de lado los usos y costumbre de la cámara.

Fuego cruzado

En su intervención, el juecista Walter Nostrala le atribuyó al peronismo una actitud “prepotente” y “no democrática” en medio de la falta de acuerdo en Labor Parlamentaria en torno a la discusión de este mecanismo de poder expresarse al momento de la reconsideración que la oposición sostiene en su demanda.

El halcón del Frente Cívico rechazo de plano que “se dé los cinco minutos de acuerdo a la cara del cliente y de lo que le conviene o no al oficialismo”. Esto se debe a que el PJ propuso dar luz verde a algunas iniciativas y a otras no. Afuera quedaban los pedidos de informes por la inseguridad y la tarea bajo la lupa de la Senaf.

Bloque opositor en la Unicameral de Córdoba

Así se refirió a lo que se habló en la reunión de jefes de bloques, antes del plenario, al que asistió la radical Alejandra Ferrero en reemplazo de su par de bancada Matías Gvozdenovich. Esta jugada radical acordada en el seno del bloque opositor molestó al PJ que no pudo desactivarla. O sea, la deloredista fue en calidad de vicepresidenta de la bancada UCR y no como jefa del interbloque JxC.

Esta pulseada en medio del choque de fuerzas se convirtió en una constante que genera un desgaste en la dinámica legislativa. Tras dejar en clara la postura del oficialismo rechazando que se le “limite” la palabra a la oposición, Torres reconoció que la situación está “empantanada”. El próximo martes habrá una reunión de pre-Labor para ver si desde la política “podemos desempantanar este tema”, advirtió el presidente provisorio.

Narcotráfico y transporte

En lo concreto, el PJ evitó que se discuta en el hemiciclo legislativo los temas sensibles referidos a la inseguridad y a la Senaf, a través de los cuales la oposición le factura al gobierno su “falta de políticas”.

De todos modos, Ferrero pudo colar su pedido de renuncia a Quinteros cuando se debatió el proyecto de Rodrigo Agrelo por la habilitación de la Sociedad Comercial Supermarket Nepper S.A.S en la Inspección de Sociedades Jurídicas. Se trata de la empresa de la familia política del narcotraficante Fabio “Calavera” Pelozo, hoy detenido en la cárcel de Ezeiza, que “corona una larga lista de bienes que esta cúpula narco tiene en Córdoba”, según los dichos del vecinalista.

A su turno, Ferrero resaltó: “Los delincuentes están libres y la gente encerrada. Vayan a los barrios… dejen de improvisar”, y fustigó: “En San Francisco quema el narcotráfico y no lo combatimos”. En su contragolpe, Nadia Fernández le dijo a la oposición que “hacer política con el narcotráfico es un error”.

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“Vienen a pedirle la renuncia a Quinteros que goza del apoyo de (Patricia) Bullrich. La ministra le ha demostrado que con esto no se juega”, remarcó al aludir al trabajo conjunto entre la Nación y Córdoba que arrojó una nueva foto con la inauguración de la base de Prefectura Naval Argentina en Embalse.

El otro duro cruce se produjo por la preocupación del nuevo aumento del boleto del transporte público de la capital, que ya registra una suba del 180% en lo que va del año, motorizado por Miguel Nicolás. “Dato mata relato. Y yo le di los datos”, lanzó el radical al repasar también el costo del transporte interurbano.

Siciliano fue el encargado de devolver el golpe. El peronista fue durísimo. Acusó a los cambiemistas de moverse en base a la “especulación política”. “Están pensando si van a ir juntos con (Javier) Milei” en el próximo turno electoral.  “No lo quieren putear… No es ponerle palos al presidente, es perder el miedo, defender a Córdoba”, fustigó.

Son disputados de Córdoba no de Milei. Necesitamos que los políticos de Córdoba, peleen por Córdoba. Que el presidente nos dé los fondos que nos pertenecen”, contraatacó el jefe del bloque oficialista al apuntar contra Rodrigo de Loredo, pero también al senador Luis Juez, en su demanda por los subsidios al transporte y la deuda con la Caja de Jubilaciones.

Otros proyectos

Durante la sesión se aprobó la ley que regula la actuación de los profesionales y establecimientos de salud en los casos de defunción fetal. La norma promueve los derechos de las personas gestantes. Por otro lado, se declaró de Interés Cultural, Religioso y Turístico la traza denominada «El Camino de Brochero».

Perfil

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Cristina descongeló el pliego de Lijo y ordenó a Corpacci que lo firme

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Cristina descongeló el pliego de Lijo y ordenó a Corpacci que lo firme

Las últimas horas del jueves trajeron una novedad explosiva para el peronismo en el Senado: la catamarqueña Lucía Corpacci, cercana a Cristina Kirchner, firmó el dictamen favorable al pliego de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema.

Este medio venía contando que los gobernadores estaban muy dispuestos a darle el voto a Lijo, sin que Milei haya abierto la negociación por la ampliación de la Corte, la inclusión de una mujer o la designación del procurador, como reclamaba el kirchnerismo.

LPO

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El Gobierno no logra acordar con las provincias y crece el riesgo de que no se vote el Presupuesto

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El Gobierno no logra acordar con las provincias y crece el riesgo de que no se vote el Presupuesto

Las autoridades nacionales se mantienen firmes en que se respete el déficit cero y aseguran que no les preocupa si no se aprueba el proyecto. Los mandatarios locales reclaman que se paguen las deudas, pero insisten en que sea la Casa Rosada la que defina de dónde se sacarán los recursos para eso. Hubo un pedido para reunirse y discutir el asunto en persona, pero no fue contestado

“Un país serio no puede no tener un Presupuesto”, sostuvo el jueves pasado el gobernador de La Pampa, Sergio Zioliotto, al salir de una reunión que mantuvo en la Casa Rosada para avanzar en un acuerdo por la deuda que la Nación mantiene con su provincia.

El mandatario pampeano conversó durante un largo rato con el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, quien impulsó hace algunas semanas un plan para saldar con bienes y tierras estatales los pasivos que el Poder Ejecutivo tiene con los diferentes distritos del país.

Sin embargo, en ese encuentro no se conversó puntualmente del proyecto que el presidente Javier Milei presentó personalmente en el Congreso y que desde ese momento está siendo discutido en las comisiones de la Cámara de Diputados, que no logra acordar un dictamen.

Las autoridades nacionales se mantienen firmes en la idea de que el texto que vaya a votarse en el recinto -si es que llega a esa instancia- respete el principio de “déficit cero”, pero los gobernadores quieren que se incluyan una serie de partidas para sus provincias.

Entre los puntos principales que reclaman los mandatarios provinciales está la coparticipación de los excedentes en el Tesoro Nacional y de lo recaudado por algunos impuestos, además del pago de la deuda por las cajas previsionales, un conflicto que data desde hace más de dos décadas.

El proyecto quedó trabado en el recinto porque la Casa Rosada les exige a los gobernadores que, a través de sus diputados, precisen qué áreas se van a ver afectadas para poder hacer frente a esos gastos que no estaban previstos en la iniciativa original.

Sin embargo, la otra parte, principalmente aquellos que responden a lo que era Juntos por el Cambio, insiste en que debe ser la Nación la que defina cómo financiar el pago de las deudas que, remarcan, la Justicia ya dijo que deben abonar.

“Es responsabilidad del Ejecutivo ver de dónde se sacan los recursos. Para qué son Gobierno si no definen las partidas presupuestarias que corresponden por ley. Nadie está pidiendo un centavo discrecional ni que vuelva el Fonid (fondo de incentivo docente), ni tampoco los subsidios al transporte urbano. Solo estamos pidiendo que cumplan la ley y los pactos preexistentes. Va a terminar todo judicializado”, señaló una fuente cercana a las negociaciones.

En este sentido, los representantes de las provincias indican que la compensación del Pacto Fiscal del 2017, otro de los puntos que solicitan, es una ley aprobada por el mismo Congreso, mientras que la cuestión de las 13 cajas previsionales no transferidas a la Anses ya cuenta con un fallo favorable.

Al respecto, los gobernadores aseguran que todo el conjunto de sus reclamos “de ninguna manera afecta el equilibrio fiscal”, ya que representan apenas el 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y menos del 2% del presupuesto total previsto para el 2025.

Por otra parte, las provincias del interior del país cuestionan que la Nación ya le está pagando a la ciudad de Buenos Aires la deuda que tenía en concepto de coparticipación que se le había quitado durante la gestión de Alberto Fernández, pero que no tienen la misma suerte el resto de las jurisdicciones.

/Infobae

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