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Fuerte ajuste en jubilaciones: en febrero el poder adquisitivo será más bajo que tras la crisis de 2001

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Fuerte ajuste en jubilaciones: en febrero el poder adquisitivo será más bajo que tras la crisis de 2001

El Gobierno alcanzó en enero el tan ansiado superávit fiscal a expensas de la reducción real del gasto social, que incluye tanto jubilaciones y pensiones, como programas y gastos de personal.

La jubilación mínima en Argentina alcanzará en febrero un valor real -en términos de poder de compra- inferior al registrado durante la crisis económica de la convertibilidad en 2002.

En este escenario, el Gobierno alcanzó el tan ansiado superávit fiscal en enero, pero según el informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), uno de los principales centros de investigación sobre asuntos previsionales, se logró a expensas de la reducción real del gasto en jubilaciones y pensiones.

Este análisis se basa en números publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que muestran las partidas previsionales las que explicaron el superávit en el mes.

Fuerte ajuste previsional como motor del superávit fiscal

Según explicó la OPC: «Por un mayor retroceso en los gastos, básicamente vinculados con las prestaciones sociales, que la caída que sufrió la recaudación, durante enero la Administración Nacional registró un superávit financiero 77,2% real superior al obtenido en el mismo mes del año anterior».

Y precisó que el superávit primario, que no tiene en cuenta el pago de intereses, fue 105,2% superior al obtenido un año atrás.

En tanto, los ingresos totales se contrajeron 1,3% en la comparación interanual, impulsados por las caídas de los recursos provenientes de la Seguridad Social (-26,5% año a año) y del Impuesto a las Ganancias (-40,3% año a año), parcialmente compensadas por las subas en el Impuesto PAIS (411,6% año a año) y en los Derechos de Exportación (88,5% año a año). Parte por la mejora del tipo de cambio, parte por cambios regulatorios.

Los gastos totales de la Administración Nacional registraron una caída real de 11,9% año a año en enero y el recorte en los primarios llegó a 30,8% en igual período.

Las jubilaciones y pensiones cayeron 32,5% frente al mismo mes del año pasado, mientras que los programas sociales lo hicieron un 59,6% y los gastos en personal un 18,0% siendo los rubros que más contribuyeron a la reducción de los gastos. En los programas sociales influyó la ausencia de registro de algunos programas.

El poder de compra del jubilado de la mínima en febrero podría ser menor al del 2002

Según el informe de IDESA, la jubilación mínima en 2002 fue de $83.078 a precios de diciembre de 2023 (esto es, trasladando el poder de compra del peso del último mes del año pasado al pasado para permitir comparaciones).

En contraste, el valor promedio a lo largo del 2023 ascendió a $127.858, ajustado por inflación. Sin embargo, en diciembre de 2023, la cifra descendió a $105.713, evidenciando un deterioro persistente en el poder de compra de las jubilaciones.

Así, con una inflación promedio del 20% en enero de 2024, el valor real de las jubilaciones en ese mes habría sido equivalente a $88.094 a precios de diciembre de 2023. Esta tendencia sugiere que, para febrero, el valor real de las jubilaciones sería incluso inferior al registrado en el año 2002, marcando el punto más bajo en el siglo XXI.

Problemas que podría generar esta forma de llegar al equilibrio fiscal

El informe de IDESA hace una serie de advertencias respecto a los problemas que puede experimentar esta vía para intentar alcanzar el equilibrio fiscal:

La estrategia de ajuste basada en la licuación de jubilaciones no solo tiene un impacto regresivo y genera tensiones políticas, sino que también incrementa las demandas judiciales contra la ANSES. En ese sentido, destaca que históricamente la justicia previsional no se mostró adepta a tolerar la reducción del valor real de las jubilaciones, lo que plantea desafíos adicionales para la sostenibilidad de esta política porque los ahorros alcanzados se pueden revertir en tribunales.

A pesar de estos desafíos, el Gobierno sigue firme con la meta de déficit cero con el argumento de que es esencial para eliminar la inflación y crear un entorno favorable para la inversión y la generación de empleo de calidad. Sin embargo, el informe advierte que la percepción de los agentes económicos sobre la viabilidad a largo plazo del equilibrio fiscal es crucial. Las resistencias sociales, políticas y judiciales pueden diluir los beneficios esperados de estas políticas.

Para transitar hacia un equilibrio fiscal más sostenible, IDESA recomienda un enfoque integral que incluya la unificación y simplificación de impuestos, así como la responsabilidad de cada nivel de gobierno de generar ingresos suficientes para cubrir sus gastos. Además, sugiere eliminar superposiciones entre niveles de gobiernoordenar el sistema previsional y mejorar la gestión pública.

«Como lo demuestran experiencias pasadas, el ajuste por licuación de jubilaciones lleva a dilapidar esfuerzos, tanto de la sociedad como del gobierno», sostiene IDESA.

La situación actual de las jubilaciones en Argentina, según IDESA, refleja una problemática profunda que requiere de soluciones estructurales. La reducción en el valor real de las jubilaciones y pensiones no solo afecta a los jubilados, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar un sistema previsional justo y sostenible.

@Ámbito.

/Imagen principal: Archivo/

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Legislatura de Córdoba: la oposición de JxC y el PJ empantanados en la discusión por los “cinco minutos” del uso de la palabra en el recinto

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Legislatura de Córdoba: la oposición de JxC y el PJ empantanados en la discusión por los “cinco minutos” del uso de la palabra en el recinto

No sólo los halcones sino también las “palomas” del interbloque Juntos por el Cambio (JxC) se quejaron en la sesión de ayer ante lo que consideraron una actitud “prepotente” del oficialismo al “coartarles” el uso de la palabra en el recinto. El PJ negó tal situación y se amparó en la letra dura del reglamento interno de la cámara.

El ala halcón de JxC, aunque esta vez se sumaron voces de “palomas” cambiemistas, volvieron a chocar con las espadas peronistas por no poder pronunciarse en el recinto respecto a temas sensibles que golpean al gobierno provincial, por caso la inseguridad y la tarea bajo la lupa de la Senaf. En el fondo de la cuestión afloran las demandas de renuncia de los ministros Juan Pablo Quinteros (Seguridad) y Liliana Montero (Desarrollo Humano).

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Ante los pedidos de tratar sobre tablas casi una veintena de proyectos, la fuerte pulseada pasa por el pedido de reconsideración que fogonean los halcones cambiemistas que choca con la negativa de los “generales” del gobierno en la Unicameral. En concreto, la oposición se queja porque no se les concede los cinco minutos para argumentar su replanteo en los diversos temas.

bloque oficialista en la Legislatura de Córdoba

Desde el oficialismo contragolpean en que JxC “desvirtuó” este mecanismo. “La oposición utiliza los cinco minutos para despotricar”, afirmó el presidente provisorio, Facundo Torres, al tiempo que señaló que “se presentan de 17 a 29 pedidos de tratamiento sobre tablas” por sesión.

En medio del cruce de acusaciones, los cambiemistas apuntan sus cañones al jefe del bloque del PJ, Miguel Siciliano, quienes los acusa de “sólo poner palos en la rueda” al gobernador Martín Llaryora.

En su jugada, el peronista erosiona el poco margen de maniobra que aún queda entre ambas partes para buscar acuerdos parlamentarios. Es la segunda vez que Siciliano solicita aprobar el rechazo en conjunto de un paquete de proyectos que JxC reclama debatir sobre tablas.

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De esta manera, el PJ con sus votos y de los aliados trunca esa posibilidad y, además, bloquea el acceso a los cinco minutos de reconsideración amparado en su posición reglamentarista al dejar de lado los usos y costumbre de la cámara.

Fuego cruzado

En su intervención, el juecista Walter Nostrala le atribuyó al peronismo una actitud “prepotente” y “no democrática” en medio de la falta de acuerdo en Labor Parlamentaria en torno a la discusión de este mecanismo de poder expresarse al momento de la reconsideración que la oposición sostiene en su demanda.

El halcón del Frente Cívico rechazo de plano que “se dé los cinco minutos de acuerdo a la cara del cliente y de lo que le conviene o no al oficialismo”. Esto se debe a que el PJ propuso dar luz verde a algunas iniciativas y a otras no. Afuera quedaban los pedidos de informes por la inseguridad y la tarea bajo la lupa de la Senaf.

Bloque opositor en la Unicameral de Córdoba

Así se refirió a lo que se habló en la reunión de jefes de bloques, antes del plenario, al que asistió la radical Alejandra Ferrero en reemplazo de su par de bancada Matías Gvozdenovich. Esta jugada radical acordada en el seno del bloque opositor molestó al PJ que no pudo desactivarla. O sea, la deloredista fue en calidad de vicepresidenta de la bancada UCR y no como jefa del interbloque JxC.

Esta pulseada en medio del choque de fuerzas se convirtió en una constante que genera un desgaste en la dinámica legislativa. Tras dejar en clara la postura del oficialismo rechazando que se le “limite” la palabra a la oposición, Torres reconoció que la situación está “empantanada”. El próximo martes habrá una reunión de pre-Labor para ver si desde la política “podemos desempantanar este tema”, advirtió el presidente provisorio.

Narcotráfico y transporte

En lo concreto, el PJ evitó que se discuta en el hemiciclo legislativo los temas sensibles referidos a la inseguridad y a la Senaf, a través de los cuales la oposición le factura al gobierno su “falta de políticas”.

De todos modos, Ferrero pudo colar su pedido de renuncia a Quinteros cuando se debatió el proyecto de Rodrigo Agrelo por la habilitación de la Sociedad Comercial Supermarket Nepper S.A.S en la Inspección de Sociedades Jurídicas. Se trata de la empresa de la familia política del narcotraficante Fabio “Calavera” Pelozo, hoy detenido en la cárcel de Ezeiza, que “corona una larga lista de bienes que esta cúpula narco tiene en Córdoba”, según los dichos del vecinalista.

A su turno, Ferrero resaltó: “Los delincuentes están libres y la gente encerrada. Vayan a los barrios… dejen de improvisar”, y fustigó: “En San Francisco quema el narcotráfico y no lo combatimos”. En su contragolpe, Nadia Fernández le dijo a la oposición que “hacer política con el narcotráfico es un error”.

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“Vienen a pedirle la renuncia a Quinteros que goza del apoyo de (Patricia) Bullrich. La ministra le ha demostrado que con esto no se juega”, remarcó al aludir al trabajo conjunto entre la Nación y Córdoba que arrojó una nueva foto con la inauguración de la base de Prefectura Naval Argentina en Embalse.

El otro duro cruce se produjo por la preocupación del nuevo aumento del boleto del transporte público de la capital, que ya registra una suba del 180% en lo que va del año, motorizado por Miguel Nicolás. “Dato mata relato. Y yo le di los datos”, lanzó el radical al repasar también el costo del transporte interurbano.

Siciliano fue el encargado de devolver el golpe. El peronista fue durísimo. Acusó a los cambiemistas de moverse en base a la “especulación política”. “Están pensando si van a ir juntos con (Javier) Milei” en el próximo turno electoral.  “No lo quieren putear… No es ponerle palos al presidente, es perder el miedo, defender a Córdoba”, fustigó.

Son disputados de Córdoba no de Milei. Necesitamos que los políticos de Córdoba, peleen por Córdoba. Que el presidente nos dé los fondos que nos pertenecen”, contraatacó el jefe del bloque oficialista al apuntar contra Rodrigo de Loredo, pero también al senador Luis Juez, en su demanda por los subsidios al transporte y la deuda con la Caja de Jubilaciones.

Otros proyectos

Durante la sesión se aprobó la ley que regula la actuación de los profesionales y establecimientos de salud en los casos de defunción fetal. La norma promueve los derechos de las personas gestantes. Por otro lado, se declaró de Interés Cultural, Religioso y Turístico la traza denominada «El Camino de Brochero».

Perfil

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Cristina descongeló el pliego de Lijo y ordenó a Corpacci que lo firme

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Cristina descongeló el pliego de Lijo y ordenó a Corpacci que lo firme

Las últimas horas del jueves trajeron una novedad explosiva para el peronismo en el Senado: la catamarqueña Lucía Corpacci, cercana a Cristina Kirchner, firmó el dictamen favorable al pliego de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema.

Este medio venía contando que los gobernadores estaban muy dispuestos a darle el voto a Lijo, sin que Milei haya abierto la negociación por la ampliación de la Corte, la inclusión de una mujer o la designación del procurador, como reclamaba el kirchnerismo.

LPO

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El Gobierno no logra acordar con las provincias y crece el riesgo de que no se vote el Presupuesto

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El Gobierno no logra acordar con las provincias y crece el riesgo de que no se vote el Presupuesto

Las autoridades nacionales se mantienen firmes en que se respete el déficit cero y aseguran que no les preocupa si no se aprueba el proyecto. Los mandatarios locales reclaman que se paguen las deudas, pero insisten en que sea la Casa Rosada la que defina de dónde se sacarán los recursos para eso. Hubo un pedido para reunirse y discutir el asunto en persona, pero no fue contestado

“Un país serio no puede no tener un Presupuesto”, sostuvo el jueves pasado el gobernador de La Pampa, Sergio Zioliotto, al salir de una reunión que mantuvo en la Casa Rosada para avanzar en un acuerdo por la deuda que la Nación mantiene con su provincia.

El mandatario pampeano conversó durante un largo rato con el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, quien impulsó hace algunas semanas un plan para saldar con bienes y tierras estatales los pasivos que el Poder Ejecutivo tiene con los diferentes distritos del país.

Sin embargo, en ese encuentro no se conversó puntualmente del proyecto que el presidente Javier Milei presentó personalmente en el Congreso y que desde ese momento está siendo discutido en las comisiones de la Cámara de Diputados, que no logra acordar un dictamen.

Las autoridades nacionales se mantienen firmes en la idea de que el texto que vaya a votarse en el recinto -si es que llega a esa instancia- respete el principio de “déficit cero”, pero los gobernadores quieren que se incluyan una serie de partidas para sus provincias.

Entre los puntos principales que reclaman los mandatarios provinciales está la coparticipación de los excedentes en el Tesoro Nacional y de lo recaudado por algunos impuestos, además del pago de la deuda por las cajas previsionales, un conflicto que data desde hace más de dos décadas.

El proyecto quedó trabado en el recinto porque la Casa Rosada les exige a los gobernadores que, a través de sus diputados, precisen qué áreas se van a ver afectadas para poder hacer frente a esos gastos que no estaban previstos en la iniciativa original.

Sin embargo, la otra parte, principalmente aquellos que responden a lo que era Juntos por el Cambio, insiste en que debe ser la Nación la que defina cómo financiar el pago de las deudas que, remarcan, la Justicia ya dijo que deben abonar.

“Es responsabilidad del Ejecutivo ver de dónde se sacan los recursos. Para qué son Gobierno si no definen las partidas presupuestarias que corresponden por ley. Nadie está pidiendo un centavo discrecional ni que vuelva el Fonid (fondo de incentivo docente), ni tampoco los subsidios al transporte urbano. Solo estamos pidiendo que cumplan la ley y los pactos preexistentes. Va a terminar todo judicializado”, señaló una fuente cercana a las negociaciones.

En este sentido, los representantes de las provincias indican que la compensación del Pacto Fiscal del 2017, otro de los puntos que solicitan, es una ley aprobada por el mismo Congreso, mientras que la cuestión de las 13 cajas previsionales no transferidas a la Anses ya cuenta con un fallo favorable.

Al respecto, los gobernadores aseguran que todo el conjunto de sus reclamos “de ninguna manera afecta el equilibrio fiscal”, ya que representan apenas el 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y menos del 2% del presupuesto total previsto para el 2025.

Por otra parte, las provincias del interior del país cuestionan que la Nación ya le está pagando a la ciudad de Buenos Aires la deuda que tenía en concepto de coparticipación que se le había quitado durante la gestión de Alberto Fernández, pero que no tienen la misma suerte el resto de las jurisdicciones.

/Infobae

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