La República Argentina finalizó el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un proceso que el Gobierno definió como “exitoso” y en el que 4 de 287 países hicieron recomendaciones en sintonía con el informe que presentó en Ginebra el secretario de DD.HH de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, e incluso mencionaron presiones a la Justicia durante la gestión de Macri.

“La cuestión de la independencia judicial, reconocida por Argentina como un grave problema para nuestra democracia, fue abordada en 4 recomendaciones (del total de 287) realizadas por Chile, el Estado Plurinacional de Bolivia, Eslovaquia y Alemania”, valoró la Secretaría de Derechos Humanos a través de un comunicado.

Y al detenerse en la recomendación de Alemania, la Secretaría remarcó que, “contrariamente a lo sostenido falsamente por algunos medios de comunicación, (ese país) resalta la necesidad de reforzar la independencia del Poder Judicial y proteger a jueces e investigadores de presiones e intimidaciones, en consonancia con una comunicación de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados de 2019, que también fue incorporada por Argentina en su informe”.

En esa mención, la Secretaría de DD.HH se refirió al diagnóstico sobre la situación de los jueces y fiscales argentinos y las acciones del Ejecutivo de entonces (el mandato presidencial de Macri, 2015-2019) que el relator de la ONU para la independencia de Magistrados y Abogados, el jurista peruano Diego García-Sayán, presentó en los primeros días de noviembre de 2019.

En aquel informe, García-Sayán había considerado “fiables” una serie de denuncias de entidades de abogados que acusaban a la gestión Cambiemos de llevar adelante un “plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial”, y entre otros antecedentes mencionaban el hostigamiento sufrido por la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para forzarla a renunciar.

La denuncia en foros internacionales sobre irregularidades procesales y prácticas violatorias de las garantías constitucionales llevadas a cabo por jueces y fiscales -resumidas en la categoría ‘lawfare’ o guerra jurídica- quedó en primer plano luego de que Pietragalla incorporara un capítulo sobre la actualidad judicial de la Argentina en el Examen Periódico Universal que realizó este lunes en Ginebra, al participar de la sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Allí, Argentina denunció la “pérdida de legitimidad del Poder Judicial”, a partir de la práctica del lawfare o guerra jurídica, y pidió el “acompañamiento del Consejo en el impulso de iniciativas y reformas normativas que procuran fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho” en el país.

“Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurría a los golpes de Estado militares, hoy utiliza el Derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública”, planteó Pietragalla Corti en su exposición.

La mención a dicha problemática encontró eco en la recomendación que dirigió al país el Estado Plurinacional de Bolivia, cuyos representantes convalidaron los planteos del secretario de Derechos Humanos de la Argentina e incluso exhortaron al país a “aplicar medidas que contrarresten” el lawfare.

“Habiendo identificado el desafío que actualmente enfrenta el país con el fenómeno del lawfare, los alentamos a alcanzar el desarrollo de medidas para contrarrestar este fenómeno y fortalecer el Estado de Derecho”, expresó Bolivia, e hizo un llamado a “continuar aplicando medidas que contrarresten y no dejen en impunidad el alto endeudamiento heredado de anteriores gestiones”.

Además, la delegación boliviana alentó a Argentina a “adoptar e implementar las medidas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en favor de la señora Milagro Sala”.

También en sintonía con los postulados de Argentina, la representación de Chile en el Consejo de DDHH se pronunció a favor de “garantizar la plena independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de sus funciones”.

Eslovaquia, de igual manera, apoyó el objetivo argentino de “perseguir eficazmente los principios de independencia del sistema judicial”.

En el caso de Alemania, sus representantes aludieron al informe de noviembre de 2019 al recomendar que se refuerce la independencia del sistema judicial, al tiempo que llamaron a “proteger” a los jueces de “presiones e intimidaciones” y a “trabajar con la oposición para completar los puestos vacantes”, entre ellos los de la Corte Suprema, que -dato no menor- tiene vacante el lugar que ocupaba su única mujer, Elena Highton.

Con esta presentación, el Estado argentino rindió su cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) -que responde al período 2018-2022- y por el que recibió las recomendaciones de los distintos países miembros, en el marco de un mecanismo en el que cada Estado repasa la situación de los derechos humanos y la implementación de compromisos internacionales asumidos.

“Es el cierre de un productivo intercambio con la comunidad internacional, que destacó los esfuerzos realizados por Argentina en materia de derechos humanos y, en particular, las políticas para combatir la violencia de género y la discriminación contra mujeres y el colectivo LGBTIQ+”, analizó la Secretaría de Derechos Humanos.

La gran mayoría de las intervenciones, en términos generales, reconoció los “avances” en las políticas de derechos humanos implementadas en los últimos años y dio muestras de “solidaridad” frente al intento de asesinato a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Pietragalla, por su parte, reivindicó en diálogo con Télam la presentación que la Argentina hizo en el plenario de Comité de DDHH de la ONU, a la que consideró “audaz”.

“No es habitual que un país denuncie a uno de sus poderes del Estado, pero también es atípico lo que está sucediendo en la Argentina, en cuanto a que hay un Poder Judicial que está condicionando a los otros y viola claramente las garantías constitucionales”, argumentó el lunes en diálogo con esta agencia.

En su evaluación de los últimos acontecimientos, el Ejecutivo evaluó finalmente que la Argentina logró cerrar un “exitoso paso por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, un ámbito en el que las políticas de género desarrolladas por el Frente de Todos “recibieron la mayor atención”, con 64 recomendaciones.

También hubo reconocimiento por la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

“La violencia institucional fue otro de los temas centrales, con la presentación de 31 (11% del total) recomendaciones para tomar las medidas necesarias para erradicar la violencia policial, la tortura y mejorar las condiciones de las cárceles”, evaluaron asimismo desde la Secretaría de Derechos Humanos.

De igual modo, los distintos Estados que hicieron recomendaciones a la Argentina se pronunciaron a favor de que el Congreso designe al titular de la Defensoría del Pueblo, como también llamaron a proteger más a los pueblos originarios y a las infancias; otra observación fue que se mejore el acceso a la salud y que se trabaje para erradicar los discursos de odio y la discriminación.

La abuela paterna de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado a golpes en noviembre de 2021 en Santa Rosa por su madre y la pareja quienes están detenidas y son juzgadas por el crimen, recordó este viernes la última vez que vio a su nieto en julio de aquel año y se lamentó por no haber recibido una señal suya de lo que le estaba sucediendo.

“¿Cómo Lucio no me dio una pista, una señal? Me da una impotencia y un sufrimiento, porque yo estuve ahí adentro con él pero estaba feliz, jugaba con nosotros y no nos dio ninguna señal, para nada”, lamentó Silvia Gómez sobre ese último encuentro en el que dijo que vio a su nieto entre “15 y 20 minutos en la casa de sus asesinas”.

“En el mes de julio viajé de (General) Pico a Santa Rosa por un turno en el médico y mi hija me llevó hasta la casa donde vivía Lucio. Después de mandarle muchos mensajes para que me dejara verlo, la progenitora nos dijo que fuéramos a la casa”, contó a Télam la abuela del niño.

La visita se desarrolló en la vivienda situada en la calle Allan Kardec al 2300, la misma donde un poco más de cuatro meses después Lucio fue asesinado a golpes, hecho por el que se encuentran detenidas y son sometidas a juicio su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigaíl Páez.

“Cuando fuimos, la progenitora no estaba, estaba la otra asesina, la que nos dejó entrar. No pudimos llevarlo a ningún lado, porque nos dijo que estaba congestionado y no podía salir. Fueron quince o veinte minutos en la casa, mientas Páez daba vueltas y preparaba el almuerzo”, relató Gómez.

“En ese rato, Lucio estuvo feliz, nos mostraba los regalos que le habían hecho para el cumpleaños que había sido el 5 de julio. Jugamos con sus juguetes, parecía un niño feliz ¿Cómo no nos dijo nada?, ¿Cómo no nos dio una pista?”, se lamentó la mujer.

“Él nos mostraba los juguetes, estaba contento y yo le daba las gracias a esta asesina por dejarnos verlo. El nene no tenía ninguna congestión, no estaba engripado, hoy está claro que no querían que el nene estuviera solas con nosotros afuera”, consideró la abuela al suponer que la madre y la pareja temían que Lucio pudiera contar algo acerca de los maltratos que recibía.

“Si hubiésemos visto algo, si hubiésemos preguntado, si nos hubiésemos enterado, Lucio podría estar vivo”, volvió a lamentarse.

Gómez explicó que generalmente, debido a que vivían en distintas ciudades de La Pampa, ella y su marido, Ramón, veían a Lucio mediante videollamadas.

“Antes del viaje a Santa Rosa, Lucio estuvo en casa para el Día del Padre. Lo trajo mi hijo, Christian, y fue el mejor regalo para Ramón”, contó, tras lo cual reflexionó: “Por ahí no entendíamos lo que pasaba, con nosotros era todo felicidad”.

De cara al veredicto a las dos acusadas, que se dará a conocer por lectura en los Tribunales de Santa Rosa el jueves 2 de febrero, Silvia dijo que ella y su familia están “ansiosos, expectantes y movilizados, esperando que los jueces les den la máxima condena a estas asesinas”.

Además, manifestó que pretende que las separen y no permanezcan alojadas en el mismo penal de San Luis donde están ahora: “Para mi están de vacaciones, estuvieron todo este año y dos meses juntas”.

La abuela de la víctima se refirió además a otras personas que tuvieron que ver con lo sucedido con su nieto al sostener que “hubo una cadena de responsabilidades, la de la jueza (Ana Clara) Pérez Ballester, que le da la tenencia sin rever el expediente, sin valorar que (la madre) se fue dos años de mochilera y abandonó a su hijo”.

“No hubo un seguimiento. No averiguaron cómo iba a estar Lucio. Donde iba a vivir. No hizo nada. En educación no vieron ningún dibujo donde el nene pedía auxilio a gritos. La directora nos dijo que Lucio era un chico que corría, que se sumaba al juego, pero en la audiencia, cuando vimos los dibujos, Lucio pedía auxilio”, aseveró.

Sobre las responsabilidades médicas y policiales, Gómez dijo: “En (el área de) Salud entró cinco veces en casi tres meses. Con un botón podes saber la historia de la criatura y podes llamar la atención. En Seguridad los que iban por los llamados, solo golpearon las manos y después dijeron que no pasaba nada”.

“Tendrían que haber averiguado más”, cuestionó.

Y, agregó: “Me hubiese encantado que la vecina que tenía miedo, se hubiera comunicado con nosotros, que nos dijeran que no la estaba pasando bien, a Lucio todos le dieron la espalda”.

Por último, Silvia adelantó que el próximo jueves personas de distintas localidades de La Pampa y de otras provincias, como Córdoba, Mendoza y Santa Fe, viajarán a Santa Rosa para acompañarlos el jueves del veredicto.

Lucio fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa en la que vivía con su madre y la pareja de ella, quien lo llevó al hospital de Santa Rosa sin signos vitales.

Ambas mujeres están desde entonces detenidas y afrontan cargos por homicidio calificado y abuso sexual ultrajante.

De entre los habitantes de los Países Bajos nacidos después de 1980, casi el 25% considera que el exterminio de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, episodio histórico conocido como Holocausto, es un mito, mientras que estiman grandemente exagerado el número de víctimas.

La organización Claims Conference, representación de judíos localizada en Estados Unidos y que acompaña las negociaciones con Alemania en demandas de compensación y restitución por el exterminio, elaboró un estudio sobre esta opinión entre las juventudes neerlandesas.

A pesar de que hay varios campos de tránsito en Países Bajos desde los que se deportó a más del 70% de la comunidad judía hacia campos de exterminio, el 60% de los jóvenes y el 53% del total consultado no vinculó a su propio país como un territorio en el que el Holocausto ocurrió, identificó el análisis.

En el caso de la joven Ana Frank, quien se refugió de la persecución nazi en Ámsterdam, fue identificada por el 89% de los neerlandeses consultados. Sin embargo, el 32% de los jóvenes dijo ignorar que la también escritora falleció en un campo de concentración.

El organismo ha llevado a cabo sondeos en seis países acerca de su conocimiento del Holocausto, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Canadá y los Países Bajos, donde este último fue el territorio con mayor índice de creencia de que el exterminio contra los judíos es un mito.

El 21% de los adultos neerlandeses consultados estima que el Holocausto es un mito y que se ha exagerado mayormente la cantidad de víctimas, mientras que entre la llamada Generación Z, el índice sube hasta el 23%, detalló Claims Conference, mientras que además un 12% de estos jóvenes no está seguro de la verdad del exterminio.

De acuerdo con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, conocido como Tec de Monterrey, a la Generación Z la componen jóvenes que son nativos digitales en su totalidad, es decir, que nacieron en un mundo ya interconectado por internet, llegados al mundo a partir de 1995.

Además, del total de personas consultadas, más de la mitad ignora, un 54%, que seis millones de judíos fueron asesinados durante el llamado Tercer Reich, el Gobierno de Adolf Hitler en la Alemania nazi, que detonó la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia en 1939.

Asimismo, 29% de las personas identificadas por el organismo projudío considera que el número de víctimas asciende a 2 millones, mientras que la cifra asciende a un 37% entre las generaciones Z y milenials, nacidos después de 1980, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Claims Conference identificó que un 22% de jóvenes nacidos después de 1980 considera aceptable que individuos respalden puntos de vista neonazis, con un 12% en el caso específico de los Países Bajos.

El análisis también observó que solo el 44% de las personas consultadas del país europeo respalda los esfuerzos de figuras públicas de los Países Bajos por dar a conocer y disculparse por los errores de las autoridades en proteger a sus comunidades judías durante el Holocausto.

@Sputnik.