Las empresas de medicina privada se comprometieron a apaciguar los incrementos y revisar los criterios de ajuste.

Las prepagas se comprometieron ante el Gobierno a moderar los aumentos de cuotas previstos para mayo, luego de los anuncios formulados la semana pasada que incluían subas por arriba de la inflación. El acuerdo surgió tras una reunión celebrada en el Ministerio de Salud, en la que participaron representantes de OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medicus, Sancor Salud, Hospital Italiano, Accord Salud, Omint y Hominis.

Del lado del Gobierno estuvieron presentes la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano; el jefe de Gabinete de la cartera, Roberto Olivieri; y, por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, el gerente general, Claudio Stivelman, junto a Juan José Picón, gerente del sistema. Los funcionarios consultaron a las prepagas por qué los aumentos comunicados a los afiliados rondaban el 3,7%, cuando el IPC de salud marcó solo un 1,8%.

Los datos oficiales relevados indican que las subas anunciadas por las empresas del sector oscilaron entre el 3,5% y el 3,9%. En este marco, el Ministerio de Salud expresó reparos sobre los criterios de actualización aplicados, y cuestionó que se incluyan rubros como vestimenta o educación, que no deberían incidir en los costos reales del servicio médico.

Ajustes bajo revisión y promesa de corrección

Tras el encuentro, trascendió que las prepagas darían marcha atrás parcialmente con los incrementos y que, en algunos casos, se comunicarían correcciones para acercar los aumentos a un 2,5%. Las empresas anticiparon que los cambios se harían públicos durante la próxima semana.

También se discutió cómo abordar futuras actualizaciones en uno de los rubros que más afecta el presupuesto de la clase media. En este punto, los representantes del sector privado destacaron la actual estabilidad cambiaria como un factor favorable para contener los costos.

Además, solicitaron al Gobierno mantener bajo control los precios de medicamentos, alimentos y servicios públicos, al considerar que estos insumos tienen un impacto directo sobre los costos del sistema sanitario. Si esos precios se estabilizan, argumentaron, los valores de las prepagas también podrían mantenerse dentro de márgenes razonables.

Los aumentos que habían anunciado las prepagas para mayo

Las empresas de medicina prepaga anunciaron esta semana nuevos aumentos para mayo. Los incrementos oscilan entre un 3,5% y un 3,9% y se sumarán a las subas de entre el 2,2% y el 2,8% del mes de abril.

Desde Omint, informaron a sus afiliados que la cuota de mayo tendría un incremento del 3,9%, aunque aclararon que «este cálculo es aún estimado, dado que a la fecha de envío de esta comunicación, contamos no con la información de los aportes reales».

Las facturas de Galeno tendrían una suba del 3.5% para el próximo mes, mientras que las de la medicina prepaga del Hospital Británico un 3,7%.

«Te escribimos para comunicarte que la cuota de mayo de 2025 tendrá un incremento del 3,7% respecto a la cuota de abril de 2025″, indicó Swiss Medical en un comunicado. «Si tu plan contempla el pago de copagos, los mismos se verán incrementados en el mismo porcentaje indicado para la cuota», explicaron también.

/ambito

La expresidenta compartió un gráfico que indica la participación de los asalariados en el PIB del país. Los datos le sirvieron para lanzar otra crítica al gobierno.

CFK compartió un gráfico que indica la participación de los asalariados en el PIB del país y sentenció: «A la inmensa mayoría de los argentinos no le alcanza la guita para nada y la vida cotidiana se hace muy pesada y cada vez más difícil».

«En sábado de resurrección les quiero compartir un cuadro que vi en redes sobre la participación de los asalariados en el PIB de nuestro país, en el período comprendido entre los años 1935 hasta 2024», escribió la expresidenta al comienzo del post en X.

Explicó que «ese concepto económico (…) prueba con qué gobiernos la plata te alcanzaba para comprar más cosas, llegar tranquilo a fin de mes y hasta ahorrar… o cuando, como ahora a la inmensa mayoría de los argentinos no le alcanza la guita para nada».

El cuadro publicado por Argendata -sitio perteneciente a la fundación FUNDAR, «insospechada de ser peronista, kirchnerista o cualquier cosa que se le parezca»- indica que el período más virtuoso para los salarios fue entre 2003 y 2015 («tres gobiernos del peronismo o kirchneRismo como más te guste»). El otro fue el período comprendido entre 1942 y 1954 («ascenso de Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión hasta Presidente»). Y el tercero «tuvo su pico en 1974» («año de la muerte de Perón en la presidencia»). 

El texto de CFK concluye de esta manea: «Que los responsables políticos de los períodos de mayor participación de los trabajadores en el PIB hayan sido, y sigan siendo, perseguidos, condenados y proscriptos… no es ninguna casualidad. Como tampoco lo es que los responsables de las estafas financieras del 2001 y el 2018 vuelvan, una y otrra vez, a manejar el Estado, endeudándolo cada vez más, hundiendo en la miseria y el dolor a millones de argentinos».

/P12

La Justicia Federal investiga un posible caso de maltrato y abuso de autoridad ocurrida en la base naval de Vicente López, donde una voluntaria de la Armada sufrió una gravísima lesión en la cabeza, producto de la violencia recibida en un entrenamiento. La joven de 21 años estuvo en coma, hubo allanamientos y nueve miembros de la fuerza quedaron detenidos.

El hecho ocurrió el 4 de abril último, cuando Brisa Páez participaba de un simulacro de control de disturbios. Según los hechos relatados por algunas de sus compañeras, en medio de los ejercicios uno de los instructores chocó con violencia contra el escudo de la joven, de modo tal que Páez cayó hacia atrás y golpeó fuertemente su cabeza contra el suelo.

Algunos testigos sostienen que el grado de violencia de ese choque fue deliberado. Lo cierto es que, a pesar de que tenía colocado un casco de protección, la voluntaria reaccionó mostrando evidentes signos de desorientación. No obstante las prácticas siguieron durante un tiempo más.

Minutos después, Páez le manifestó sus compañeras un fuerte dolor de cabeza pero al parecer no fue atendida de inmediato. Al cabo de las horas, un médico de la base la revisó, le indicó calmantes, colocó un cuello ortopédico y ordenó su traslado al hospital militar de Campo de Mayo.

Una vez internada, Páez reportó pérdida de sensibilidad en el lado izquierdo del cuerpo. Ante el progresivo empeoramiento del cuadro, fue trasladada al Hospital Militar Central, en Belgrano, donde hace una semana fue inducida a un coma farmacológico para detener las convulsiones.

El diagnóstico indicó que había sufrido lesión axonal difusa, una forma grave de daño cerebral provocada por fuerzas de aceleración y desaceleración violentas. Actualmente se encuentra consciente y sigue en recuperación, sin asistencia respiratoria mecánica.

Allanamientos y detenidos

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien está a cargo de la investigación, ordenó el miércoles último una serie de allanamientos en la base naval de Vicente López y en los domicilios de varios implicados, responsable de la instrucción de la que participó Páez.

El informe preliminar de la Fiscalía federal resalta que Páez contaba con solo cuatro meses de formación dentro de la Armada y no había recibido instrucción previa para este tipo de entrenamientos, que simulan respuestas ante eventuales disturbios.

Las horas las compañeras de la joven declararon ante la Justicia y señalaron que Páez habría sido objeto de un trato más violento que el resto del grupo durante la práctica. Algunas mencionaron una posible relación personal previa entre Páez y uno de los instructores, que podría haber influido en el trato recibido.

Durante los allanamientos ordenados por Arroyo Salgado, nueve militares responsables de los ejercicios antidisturbios fueron detenidos y serán indagados. Algunos son suboficiales. También se les tomará declaración a varios de los testigos que estuvieron en el adiestramiento.

Además, en los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, documentación interna y registros audiovisuales del entrenamiento.

La jueza tiene diez días para definir la situación procesal de los detenidos y acusados bajo los posibles delitos de lesiones graves, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

Por su parte, la Armada le dio luz verde a una investigación interna para determinar cómo fueron los hechos y las posibles responsabilidades de los acusados, según lo establece el Código de Disciplina de la fuerza.

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