En una breve reunión, La Libertad Avanza y sus aliados (representados en el Senado por la UCR y el PRO) consiguieron el dictamen de mayoría en tres reformas que cuentan con el patrocinio del Ministerio de Seguridad de la Nación: el régimen de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado (o ley Antimafias), la regularización de armas de fuego junto a la prórroga del programa nacional de entrega voluntaria de armas y el régimen para el desarmado de automotores y venta de autopartes.

Tal como estuvo informando Ámbito, y en medio de una recurrencia de ausencias del peronismo en todas las comisiones del debate, las únicas posiciones sobre la ley Antimafias que se escucharon en el recinto fueron las de funcionarios del Ejecutivo o de aliados provinciales, cuyas referencias legislativas firmaron el dictamen de mayoría. En ese marco fue que Oscar Parrilli (Unión por la Patria) se hizo presente en la reunión, como única presencia de su bloque, y pidió convocar a dos especialistas.

La respuesta de la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales, la senadora Carolina Losada (UCR), llegó lapidaria: «Entiendo que ustedes estaban acostumbrados a que esta comisión no trabajara, porque en el año 2023 no hubo ninguna reunión, […] pero hubo tres reuniones en donde vinieron diferentes funcionarios y usted tenía la posibilidad de hacer las convocatorias de las personas que usted deseara. Esa etapa ya terminó«.

Posteriormente, Parrilli pidió por la posibilidad de incorporar un cambio de orden en la redacción del proyecto de regularización de armas de fuego y la prórroga del programa nacional de entrega voluntaria de armas. Losada esta vez contestó con chicana: «Le recomiendo que pueda hacer un dictamen de minoría. Lo puede firmar usted, pero no lo acompaña ningún senador de su bloque». El senador Pablo Blanco (UCR) también aportó: «De la firma del dictamen hasta el tratamiento del recinto había tiempo de ir modificando. Estaría bueno conocer la propuesta, porque si es superadora del dictamen que vamos a tener hoy tranquilamente en el recinto se puede modificar».

Ley Antimafias y regularización de armas de fuego: qué dicen los proyectos

El régimen de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado define penalmente como organización criminal a la asociación de tres o más personas y, si bien no determina qué se entiende por vinculación, propone un listado de delitos a los que se le atribuyen propios de una mafia. Luego señala que existe una organización criminal cuando se “tiene como fin la provocación de temor a las autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales”, cuando «los mecanismos establecidos para hacer cumplir la ley son notoriamente insuficientes para hacer cesar una cadena de hechos delictivos», o cuando «estuviere amenazada por las acciones de miembros de una o más organizaciones con objetivos similares la propiedad inmueble del Estado Nacional«.

Además, colectiviza las condenas para todos los miembros de la organización criminal (cada integrante deberá cumplir la pena máxima correspondiente al delito más grave cometido por cualquier otro miembro) y se establecen “Zona Sujeta a Investigación Especial” que habilitan a detener hasta 15 días a una persona por averiguaciones, decomisar sus bienes e intervenir sus comunicaciones.

La regularización de armas de fuegos garantiza una ventana de 360 días para legalizar armamento que no está registrado por los usuarios del país, a través de un mecanismo digital y un incentivo económico (para lo que el Gobierno estipuló un monto de $57 millones). A su vez, se dictaminó la sexta prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que usualmente se realiza por un plazo de dos años pero esta vez se propone que sea hasta el 2028.

Finalmente, el proyecto que modifica la Ley 25.761 sobre Régimen Legal para el Desarmado de Automotores y Venta de sus Autopartes plantea incrementar de 30 a 142 piezas de los automóviles habilitados para recuperarse y comercializarse, en caso de vehículos abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados.

Juan Pablo Allan

Juan Pablo Allan, director Ejecutivo de ANMaC.

Senado

Especialistas contra la ley Antimafias

De forma paralela a los funcionarios, distintos especialistas expresaron su preocupación por la redacción de la ley Antimafias cada vez que tuvieron oportunidad de visitar el recinto. Aunque esta posibilidad fue más numerosa en las comisiones de Diputados, en el Senado se presentó Marcelo Seghini, director del Centro de Estudios en Defensa y Seguridad, quien pidió que se incluyan en el proyecto cuestiones vinculadas al «abordaje el tema de la droga desde un enfoque integral y ver el consumo de sustancia como un problema de la salud» o la «dimensión económica, financiera e institucional de estos hechos delictivos: nada dice del lavado de activos y el probable penetración del narco en las estructuras del Estado».

A Seghini no le hicieron preguntas y sus aportes sobre el proyecto no fueron contemplados. Caso similar ocurrió con Kevin Nielsen, vicepresidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, quien participó de la primera jornada de debate de Diputados y comentó para Ámbito que “los delitos que menciona la ley no son los típicos vinculados a la criminalidad organizada, si no una gama muy amplia que incluye la gran parte de los delitos por la cual las personas están presas hoy en la Argentina. Entonces, es una ley que, por la selectividad propia del sistema penal, va a captar a la misma clientela que ya capta, pero extendiendo además la responsabilidad a cualquier que hubiera tomado parte, ayudado o cooperado. Ahí está el peligro: ¿qué se entiende por cooperar? Lo que se plantea es una criminalización ‘por arrastre’«.

“En definitiva lo que hace es una especie de atajo investigativo, flexibilizando lo que se entiende por colaboración, con el peligro de abarcar a todo el círculo social de la persona”, dijo y agregó: “Tenemos un sistema en donde las penas son proporcionales a las conductas de las personas, lo que se asemeja a un sistema justo. Esto lo rompe completamente y se asemeja a un sistema en donde lo que se penaliza es pertenecer a ciertas categorías” de personas, donde se abre una “ventana a la discrecionalidad total de las fuerzas policiales. Hay que entender sobre qué franja poblacional operan estas detenciones discrecionales (jóvenes, pobres y racializados) y bajo que circunstancias se desarrollan (interrogatorios ilegales, hostigamiento, amenazas e inclusive tortura)”. “El deber ser es que te investiguen para detenerte. Con esta ley pasarían a detenerte para investigarte”, sintetizó.

Como contrapropuesta, Nielsen apuntó a posibles reformas, coincidiendo en su perspectiva con Seghini: “Hay dos opciones, o se los combate en serio, apuntando a los engranajes sin los cual no puede operar, como la corrupción policial y judicial y el lavado de activos, o se da un golpe de mercado legalizando y sacando de los delincuentes el objeto de su negocio (y por ende de la disputa sangrienta. La segunda opción está muy lejos del debate público y la primera se encuentra ausente de las reformas legales que se quieren implementar. Todo lo hecho hasta acá sigue apuntando a captar las capas bajas de la cadena delictiva”.

Informe Fernando Brovelli.-