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Política & Economía San Juan

Inquilinos: piden extensión del decreto que prohibiría desalojos y aumentos.

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Desde el 1 de abril terminó la vigencia del decreto nacional que impedía desalojos y aumento en el monto de alquileres. Dicho decreto fue una media excepcional que se tomó desde el Gobierno Nacional por la crisis económica que provoca la pandemia por coronavirus.

Desde la Asociación Inquilinos de San Juan presentaron un amparo y medida cautelar par que la justicia solicite al Estado que se impidan los desalojos, que según los integrantes de la asociación serán muchos porque varias familias sanjuaninas están endeudadas. 

La presentación de amparo y medida cautelar se encuentra en el juzgado administrativo de Capital Federal Nº 6.

Política & Economía Actualidad sindical

Regreso a clases: Los docentes autoconvocados aceptaron la propuesta del Gobierno y levantaron el paro.

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Después de recibir y analizar la última propuesta del Gobierno, los docentes autoconvocados manifestaron estar disconformes pero optaron por mayoría suspender las medidas de fuerza y regresar a clases.

El gobierno provincial realizó este miércoles una última propuesta salarial, garantizando un mínimo de $180.000 para docentes que inician y los maestros de grado jornada simple. En consecuencia, los docentes autoconvocados debían decidir si aceptan la propuesta y si continuaban o no el paro.

Los autoconvocados volvieron a realizar una asamblea, que comenzó este jueves a las 9, y pasado el mediodía resolvieron levantar el paro por decisión de la mayoría de los departamentos involucrados. Los 19 representantes departamentales libraron las votaciones y sólo una delegación se abstuvo de hacerlo. Siete manifestaron su decisión de continuar con el paro y 12 aceptaron la propuesta de regresar a clases pero expresaron su disconfirmidad con la propuesta efectuada por el Gobierno. Cabe destacar que si bien son 19 los departamentos de la provincia, se agrega un grupo más, correspondiente a Educación Especial.

A través de un comunicado, los docentes autoconvocados, destacaron que pese a las diferencias de pensamiento “estamos muy unidos” y resaltaron que dentro de dos meses se abre una nueva paritaria “por lo que seguiremos luchando”.

/Imagen principal: Archivo/

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Política & Economía San Juan

Medidas judiciales por cortes de calles y ruta. Instrucciones a la policía para intervenir.

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A través de una conferencia de prensa, el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, informó que dio órdenes a la Policía de San Juan para que intervenga y levante cualquier corte de calle y corte de ruta que impida el acceso a edificios públicos o empresas privadas.

En la mañana de este jueves, el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, realizó una conferencia de prensa en la cual se refirió a los cortes de calle que se han registrado en los últimos días, principalmente a cargo de los docentes autoconvocados, y aseguró que instruyó a la Policía de San Juan sobre cómo deberá actuar a partir de ahora en estos casos. Entre otros detalles, ordenó que en adelante, se libere cualquier corte de calle o ruta permanente y sistemático y que de inmediato se informe al Ministerio Público Fiscal.

El Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani explicó que “he pedido un informe de las últimas 48 horas a la Policía de la provincia, donde surge claramente que los cortes de rutas y los cortes de calles y el impedimento de acceso a edificios públicos y a empresas privadas, se ha convertido en un sistema, en una estrategia, en un modo de actuar”.

“En el día de ayer y antes de ayer, los cortes han sido programados y han convertido a la Ciudad de San Juan en una ciudad sitiada, impidiendo de una manera concreta y real y con intencionalidad la circulación de los ciudadanos por la Provincia de San Juan” advirtió Quatttropani y agregó que “se ha verificado también el impedimento a entrar o salir a la Casa de Gobierno, de los empleados, de los funcionarios y se ha verificado también la imposibilidad de prestar servicios de empresas particulares”

El Fiscal Quattropani remarco que “el Ministerio Público Fiscal entiende que de ninguna manera se está intentando criminalizar las protestas, pero se tiene que evitar que para protestar se cometa un delito. Impedir el tránsito vehicular sistemáticamente, planificadamente con claridad en determinados puntos de la provincia es un delito, es sitiar a los demás ciudadanos”.

En ese contexto, indicó: “Queremos dejar claro que hemos instruido a la Policía de la Provincia de San Juan para que inmediatamente de producido un corte, un impedimento de circulación de tránsito en alguna calle de la provincia de manera permanente y sistemáticamente se comunique al Ministerio Público Fiscal para que hagan cesar los efectos del delito. Es decir, vamos a impedir que se corte totalmente la circulación permanente en las arterias de la provincia”.

Eduardo Quattropani explicó que se comunicó con el jefe de la Policía de San Juan, Luis Martínez, para informarle que la Fuerza, deberá otorgar “la información de los cortes permanentes, individualización de las personas con fotografías, videos e imágenes captadas a través de las cámaras del Cisem“. Al mismo tiempo detalló los procedimientos correspondientes antes futuros cortes de calles “cuando haya que despejar una calle, una ruta y liberar el tránsito se haga presente principalmente personal femenino. Cuando se vaya a desalojar en presencia de fiscales, conste que la Policía está desarmada, sin portar escudos ni bastones, ni ningún elemento contundente y si alguien resulta herido sea de la Fuerza propia y no de los manifestantes”.

Otro detalle que dio es que, los fiscales decidirán si, en caso de ser necesarias, las detenciones se harán en el momento del desalojo o luego, una vez que se tenga a las personas individualizadas. En este sentido, indicó: “Esto porque, la detención en el momento del desalojo puede producir una bataola que el Ministerio Público Fiscal quiere evitar”.

Para finalizar, el Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani aclaró que “El derecho a peticionar, a manifestarse está absolutamente garantizado” y remarcó que no es una cuestión del Ministerio Público Fiscal analizar si un reclamo es válido o no, sí tenemos que evitar la comisión de delitos. Hacer los cortes de calles, programados, sistemáticos y con la clara intención de sitiar la ciudad no se puede permitir y no se puede seguir permitiendo. Si el reclamo es justo o injusto es un problema del Ejecutivo, de los gremios o de los grupos de protesta. Se puede caminar por la vereda, caminar por media calzada, se puede hacer reclamos de otro modo, no impidiendo el paso de los demás”

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Política & Economía Nacional

Tras el escándalo de Lago Escondido, D’Alessandro renunció como ministro de Seguridad porteño.

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El ministro de Seguridad de esta capital, Marcelo D’Alessandro, presentó su renuncia el 22 de marzo, tras haber solicitado una licencia luego de que se filtraran mensajes que lo comprometen en supuestas irregularidades.

“En 2016 asumí un enorme compromiso con la seguridad de la Ciudad. Hoy, después de siete años, le comuniqué al Jefe de Gobierno mi decisión de dar un paso al costado para convertirme en querellante de la causa que investiga la operación ilegal de inteligencia en mi contra”, escribió el ahora exministro en su cuenta de Twitter.

Al funcionario se le achacan los delitos de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho, exacciones y peculado.

D’Alessandro había pedido licencia para preparar su defensa tras quedar expuesto por un hackeo mediante el que fue divulgada una serie de chats suyos con distintas personas.

Un intercambio de mensajes atañe a Iván Robles, portavoz del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sobre quien pesa el pedido de juicio político hecho por el Gobierno al Congreso.

Otra filtración involucra a un empresario a cargo del manejo de las grúas y de las playas de estacionamiento en la capital, Marcelo Violante.

D’Alessandro también sería partícipe de un grupo que incluye varios jueces, funcionarios y directivos del Grupo Clarín y que viajó en un vuelo privado a la localidad rionegrina de Bariloche, en la Patagonia (sur), para hospedarse en la residencia del magnate británico Joe Lewis.

En esas tierras, que alcanzan las 14.000 hectáreas, se encuentra Lago Escondido, un reservorio de agua glaciar situado en plena cordillera de Los Andes, cuyo acceso público es obstaculizado por el magnate británico.

El grupo se organizó a través de Telegram para difundir una misma versión del encuentro y esconder el carácter privado del viaje, según investiga la justicia.

En su mensaje de renuncia, D’Alessandro destacó su trabajo al frente de la cartera de Seguridad e insistió en que es víctima de una “operación”.

“Les aseguro que ninguna operación va a borrar la satisfacción personal y profesional de haber enfrentado a los delincuentes para que los vecinos vivan más seguros. Aún queda mucho por hacer y espero que se continúe por el mismo camino”, escribió.

También se refirió a la filtración de los mensajes.

“Sobre el hackeo, ya tenemos los responsables. Ahora vamos a encontrar al que lo ideó, financió y ordenó. Todos y cada uno de ellos van a tener que dar explicaciones ante la Justicia. Los argentinos merecemos saber la verdad. Esto no va a quedar impune”, concluyó.

Según confirmó el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, a la prensa local Eugenio Burzaco asumirá en el Ministerio de Seguridad de la ciudad en reemplazo de Marcelo D”Alessandro el próximo lunes.

@Sputnik

/Imágen principal: foto archivo/

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