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Sociedad Sucesos

Intentaron vender la casa de la Masacre de Monte Grande.

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El colectivo de organizaciones que integra la Mesa de DDHH de Esteban Echeverría y Ezeiza repudió “enérgicamente la reciente puesta en venta de la propiedad donde el 24 de mayo de 1977 se llevó a cabo el fusilamiento de 16 compatriotas en un aberrante suceso conocido como la ‘Masacre de Monte Grande’, postularon en un comunicado que consensuaron apenas se enteraron de la situación y difundieron durante la semana.

El juzgado federal número 3, a cargo de Daniel Rafecas y al frente de la investigación sobre los hechos, dispuso una inspección ocular para mediados del mes que viene para definir si aplica una medida de no innovar.

Supieron de la puesta a la venta del inmueble cuando pasaron por el lugar y vieron los carteles de venta. Chequearon en internet: más de una inmobiliaria lo ofrecía: Importante lote sobre avenida en venta”,gran terreno, 900 m2”. Avisos en buscadores inmobiliarios, en Mercado Libre. 

Ninguno, por supuesto, aclaraba que el lugar había sido escenario de una masacre durante la dictadura.

En el comunicado, los colectivos exigen a la Justicia que actúe. Tras enterarse de la posible venta del lugar, Pablo Llonto, uno de los abogados querellantes en la instrucción de la causa que investiga el hecho, insistió ante el juez Rafecas para que el inmueble sea “protegido” con una medida de no innovar.

Tras la reconstrucción de la masacre que se llevó a cabo en el marco del primer juicio de lesa humanidad por los crímenes de Vesubio, el lugar fue modificado: sus ocupantes construyeron dos locales al frente que ocultan el chalet escenario de la matanza de 16 militantes. Con el fin de analizar “la viabilidad” de la medida requerida por el abogado, Rafecas ordenó la realización de una “inspección ocular” en el lugar el próximo 13 de mayo a las 11.

En tanto, la Mesa de DDHH de Echeverría y Ezeiza insistió a las autoridades municipales, provinciales y nacionales para que declaren el lugar como sitio de memoria. Desde el Observatorio de Derechos Humanos de Echeverría, una de las agrupaciones que integran la mesa, sueñan con que finalmente el lugar sea convertido en Espacio de Memoria, para que pueda rehabitarse con el fin de aportar al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, aunque saben que “el primer paso es declararlo como sitio para preservarlo”, apuntó una de sus integrantes Alicia Perelló.

La masacre.

Era mayo de 1977 y El Vesubio, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio bajo la órbita del Ejército, funcionaba a pleno. La noche del 23 de mayo un grupo de detenidos desaparecidos en aquel centro clandestino fueron llamados por represores que actuaban en el lugar.

Luis María Gemetro, Luis Alberto Fabbri, Catalina Juliana Oviedo de Ciuffo, Daniel Jesús Ciuffo, Luis Eduardo de Cristófaro, María Cristina Bernat, Julián Bernat, Claudio Julio Giombini, Elisabeth Käsemann, Rodolfo Goldín, Mario Augusto Sgroi, Silvestre Esteban Andreani, Miguel Ángel Harasymiw, Nelo Antonio Gasparini y dos mujeres que aún no pudieron ser identificadas, en su mayoría militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO) y la Juventud Universitaria Peronista (JUP), fueron “manguereados” y vestidos con ropa limpia.

Según les informaron, iban a participar de una conferencia de prensa donde debían declararse culpables, para luego pasarlos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Era mentira.

En realidad, fueron llevados al chalet ubicado en Boulevard Buenos Aires, en ese entonces Uriburu, 1151, en Luis Guillón. Allí, según la instrucción, “se habría producido un operativo fraguado y/o enfrentamiento simulado en el que resultaron asesinadas las víctimas, encontrándoselas luego fallecidas en el lugar”. En el operativo fraguado participó personal del Ejército e, incluso, soldados conscriptos que entonces cumplían el Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento de Infantería 3 de La Tablada, lindero a El Vesubio.

Daniel Casinelli, que la noche del 24 de mayo de 1977 era bombero voluntario en la zona y estaba de guardia, trasladó los cuerpos de las víctimas de la casa de Bv Buenos Aires 1151 hasta el cementerio de Monte Grande.

En el marco del debate de 2010 por los hechos de Vesubio, Casinelli declaró que el cuartel quedaba aproximadamente a quince cuadras de la casa aunque “no escuchó ningún disparo”; indicó que “al ingresar a la morada, lo primero que vio fueron cadáveres en el patio delantero y trasero, como así también en distintas habitaciones (…) había un auto Ford Falcon que en su interior tenía dos o tres personas muertas, aunque “el rodado no presentaba vidrios rotos o señales de disparos”. Sostuvo que depositaron los cuerpo en “el lugar de los NN” que habia “en el fondo” del cementerio local.

Los diarios Clarín, La Razón y La Nación informaron al otro día la muerte de los y las militantes a través de un comunicado firmado por Guillermo Suárez Mason, jefe del 1° Cuerpo del Ejército.

Algunos restos de las 16 víctimas asesinadas en el hecho, como el de la ciudadana alemana Käsemann, fueron identificados. 

Sociedad Sucesos

Extienden hasta el 2028 la condena por abuso al sacerdote Julio César Grassi.

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La condena por abuso al sacerdote Julio César Grassi que en principio regía hasta el 7 de agosto del 2026, fue extendida hasta el 30 de mayo del 2028 tras una apelación presentada por la querella a raíz del mal cálculo de la pena y la inaplicabilidad del beneficio del llamado “dos por uno“, informó el abogado Juan Pablo Gallego.

El letrado, que representa el Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn) destacó que “se había aplicado la pena tomando en cuenta la fecha del 23 de octubre de 2002, cuando la Policía fue a buscar a Grassi y se profugó de un estudio de televisión”

“Luego la defensa de Grassi presenta recursos, lapso durante la cual el sacerdote no tiene prisión preventiva, y recién se logra su detención en el año 2013, por lo que no rige el beneficio del llamado dos por uno”, agregó.

El recurso de apelación a la condena inicial de Grassi fue presentado ante la Cámara de Apelaciones de Morón, que dio lugar a la petición y ordenó extender hasta el 30 de mayo del 2028 la condena.

De esta manera, los 15 años por los cuales el sacerdote fue condenado comienzan a regir desde 2013.

/Télam

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Sociedad Sucesos

Le robaron el caballo y solicita la colaboración de toda la sociedad para poder encontrarlo.

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En los últimos días se viralizó en las redes sociales un desesperado pedido de ayuda a la sociedad para dar con el paradero de un caballo robado que es intensamente buscado por sus dueños.

Ahora San juan se comunicó con el dueño del animal para conocer con exactitud lo sucedido con el caballo.

“El caballo desapareció de la zona del Medanito cerca de la calle 5. Esto sucedió durante la noche del viernes 24 y la madrugada del sábado 25 “, contó el dueño y agregó que “aparentemente dos personas lo han sustraído porque se veían huellas de dos personas“.

“Rompieron parte de los alambrados de la finca para sustraerlo” comenta el dueño con cierta indignación de lo sucedido.

“El caballo actualmente tiene 15 años. Nació en mi casa, por lo tanto no tiene marca de fuego simplemente tiene señas particulares”, aclara el dueño.

Esas señas particulares que tiene el caballo son:

– Una atrofia cerca del cuello producto de un accidente que tuvo cuando era potrillo.

– Una verruga en el lado izquierdo entre la tabla del cogote y la paleta izquierda.

– Otra atrofia muscular de la pata izquierda trasera arriba del garrón.

– Mancha visible del lado izquierdo de la mitad del estómago. Es una mancha redonda.

– El caballo tiene tres patas blancas y la pata derecha delantera es negra. La frente es blanca.

– El caballo es un bayo gateado.

*Se solicita la colaboración de toda la sociedad para encontrar al caballo. En caso de identificarlo llamar inmediatamente al 911.

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Caso Guadalupe: ordenan una reconstrucción de los momentos previos al día que fue vista por última vez.

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Amás de un año del día en que Guadalupe Lucero fue vista por última vez, jugando en un cumpleaños familiar en el barrio 544 Viviendas, al sur de la provincia de San Luis, integrantes del equipo de fiscales a cargo de la causa ordenaron que se realice una reconstrucción de las circunstancias que rodean el caso.

Así lo informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) en diálogo con la agencia Télam, donde detallaron que la medida está prevista para las próximas semanas con el objetivo de contribuir al “esclarecimiento del hecho” y a la adopción de “nuevas diligencias probatorias tendientes a dilucidar aquellos puntos que surjan durante su desarrollo”.

Los solicitantes fueron el titular de la Fiscalía Federal de San Luis, Cristian Rachid, el fiscal federal Leonel Gómez Barbella, y los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano Marcelo Colombo, quienes integran el equipo a cargo del caso de Guadalupe, la niña de 6 años de quien se investiga su paradero hace más de un año.

En cuanto al operativo de reconstrucción, estará a cargo de la División Criminalística de la Gendarmería Nacional Argentina, con la colaboración del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

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