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Javier Milei carga contra las provincias y crece la tensión con los gobernadores

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Javier Milei carga contra las provincias y crece la tensión con los gobernadores

El Presidente reclamó que las gobernaciones realicen un fuerte ajuste y confirmó la eliminación de subsidios al transporte y del incentivo salarial docente. La respuesta de los mandatarios provinciales y las presentaciones judiciales contra las medidas de Milei.

Como en una serie de suspenso que a cada capítulo incrementa la tensión, el conflicto entre el gobierno nacional y las gobernaciones provinciales escala día a día. Tras la quita de los subsidios al transporte en el interior del país y la eliminación del incentivo salarial para los docentes, entre otras medidas de ajuste, al menos cinco gobernadores recurrieron a la Justicia y otros anunciaron que lo harán en breve. El dato negativo para la Nación es que ese conjunto incluye a muchos que, hace apenas un mes, estaban dispuestos a colaborar con el oficialismo. Lejos de negociar, Javier Milei volvió a arremeter contra los mandatarios y les reclamó que ajusten las cuentas provinciales. «No la ven», los desafió.

El Presidente apeló a ese latiguillo para responsabilizar nuevamente a los gobernadores por la caída de su Ley Ómnibus, el proyecto con el que pretendía desregular la economía y desguazar el Estado y que terminó fracasando en la Cámara de Diputados. “Siguen pensando con la lógica del círculo rojo”, dijo sobre los mandatarios provinciales, a vez que ponderó la quita de subsidios al transporte, reiteró que no le corresponde a la Nación pagar el Fondo de Incentivo Docente y subrayó que tampoco habrá obra pública, a la que calificó de “mecanismo de robo furioso”.

Milei insistió con el discurso que considera «un triunfo rotundo» el derrumbe de su megaley porque puso en evidencia quiénes están «del lado de la libertad y quiénes son los colectivistas” que defienden “intereses particulares” y “privilegios de casta”. El Presidente argumentó que, cuando en la negociación por la Ley Ómnibus bajó el capítulo fiscal, los mandatarios provinciales leyeron ese gesto como un signo de «debilidad» y apostaron a «rapiñar dos puntos del PBI». Según Milei, el gobierno central debió recortar un déficit de 15 puntos mientras las provincias en conjunto deben hacer el esfuerzo por 1 punto, por lo que llamó a los gobernadores a “dejar de hacer recitales a beneficio y pagarles a los docentes”

Para que no dejaran dudas los planteos de Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno no convocará a los gobernadores a reuniones específicas para analizar la situación fiscal, pero, eso sí, dijo que «el diálogo» con las provincias «está abierto». Y el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que el ajuste sobre las gobernaciones no implica «ninguna venganza» contra los distritos por el derrumbe de la Ley Ómnibus, sino al «cumplimiento de la ley para poner el país en orden».

Las palabras de Francos no parecieron condecirse con los dichos del Presidente, en particular con su arremetida contra el mandatario cordobés, Martín Llaryora. “El gobernador de Córdoba se quejaba de que se caían 20 mil millones del subsidio al transporte. Gasta 26 mil millones en pauta oficial para que hablen bien de él”, disparó Milei. El miércoles, Llaryora había cuestionado los insultos y ataques del «libertario» y había expresado que el Presidente debería disculparse con él. Pero el líder de LLA no pensó lo mismo: “Yo no tengo que pedirle disculpas por nada. No estoy en política para resolver problemas psicológicos”, dijo.

Reclamos provinciales

«Encapricharse y tomar actitudes casi infantiles nos está llevando a una situación de crispación e insultos que no conducen a ningún lado», recogió el guante Martín Llaryora y consideró que el Presidente tiene «un desconocimiento supino de lo que es el interior de Argentina», encerrado en una mirada «muy de la Capital».

El cordobés no fue el único gobernador que salió a explicitar las diferencias con el Ejecutivo nacional. «El Gobierno tiene el mismo plan económico que impulsó (Mauricio) Macri durante cuatro años: un programa con tarifas en dólares, apertura de importaciones, ausencia del crédito productivo y caída del salario», dijo Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires. «Prometían hacer algo distinto, pero están llevando adelante un ajuste convencional para destruir la industria nacional. Estas políticas apuntan a volver a una Argentina con una economía primarizada, subordinada y dependiente: propusieron ajustar a la casta y están ajustando a la industria y los trabajadores», dijo Kicillof.

También desde el distrito bonaerense, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, observó que «de distintas formas el gobierno nacional está tratando de asfixiar financieramente a todas las provincias, pero en Buenos Aires es donde más han caído los financiamientos de la Nación». Bianco anunció que la provincia realizará reclamos formales por los recursos que dejó de enviar el Estado nacional y por el «corte intempestivo» del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), «un complemento salarial que se implementó en el ’98» y «desde entonces todos los gobiernos lo han mantenido, por lo que constituye un derecho adquirido de los docentes y maestras de toda la Argentina». De hecho, todas las provincias ya reclamaron por nota a la Secretaría de Educación que se sostenga el Fonid, que representa más del 10 por ciento de los sueldos docentes.

Desde Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro cuestionó la eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público del Interior. «No funciona así un sistema, en el que vos te quedás con todo y repartís nada», avisó. «No estamos mendigando, la provincia de Santa Fe aporta casi tres veces lo que vuelve en subsidios del transporte», detalló Pullaro. «La provincia aporta 3900 millones de pesos por mes» en concepto de impuesto a los combustibles, de los cuales «solamente volvían 1500 millones y el resto quedaba en el AMBA. Si nos dieran lo que aportamos o se eliminara ese impuesto y lo pudiéramos poner nosotros en el sistema, el transporte en la provincia de Santa Fe saldría 0 pesos», dijo.

«Nos plantean que no vamos a recibir fondos nacionales, pareciera que no somos más parte de la Patria, a pesar de todo lo que le aportamos al país», se sumó el neuquino Rolando Figueroa. «¿Qué sería de la Capital Federal sin Neuquén, cómo se calefaccionarían, tendrían energía eléctrica o cómo se movilizaría el campo? —se preguntó—. Los neuquinos no vamos a dejar que toquen a Neuquén», advirtió.

Acciones judiciales

Además de la disputa política entre Nación y provincias, al menos cinco gobernadores recurrieron ya a la Justicia para enfrentar las medidas de la administración Milei. Las asesorías jurídicas de la mayoría de las gobernaciones analizan también los pasos a seguir.

El riojano Ricardo Quintela fue el primero en recurrir a los tribunales, cuando se presentó ante la Corte Suprema para plantear la inconstitucionalidad del DNU 70/2023. En las últimas horas, el chubutense Ignacio Torres solicitó una medida una cautelar ante la Justicia Federal para exigir “el pago del subsidio nacional al transporte público de pasajeros”. También el santiagueño Gerardo Zamora instruyó a la Fiscalía de Estado que inicie acciones legales por el recorte de fondos. “Queda claro que no son los gobiernos provinciales los afectados, son los docentes que dejan de percibir esos montos, son los usuarios del transporte público de pasajeros, son los trabajadores y estudiantes a lo largo y ancho del país”, explicó la gobernación.

Por su parte, el rionegrino Alberto Weretilneck y el neuquino Figueroa intimaron al gobierno nacional a no tomar ninguna medida inconsulta ante el vencimiento de los períodos de transición de las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén, en defensa de los recursos naturales que, recalcaron, «son potestad de las provincias».

@Página12.

/Imagen principal: Archivo/

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Legislatura de Córdoba: la oposición de JxC y el PJ empantanados en la discusión por los “cinco minutos” del uso de la palabra en el recinto

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Legislatura de Córdoba: la oposición de JxC y el PJ empantanados en la discusión por los “cinco minutos” del uso de la palabra en el recinto

No sólo los halcones sino también las “palomas” del interbloque Juntos por el Cambio (JxC) se quejaron en la sesión de ayer ante lo que consideraron una actitud “prepotente” del oficialismo al “coartarles” el uso de la palabra en el recinto. El PJ negó tal situación y se amparó en la letra dura del reglamento interno de la cámara.

El ala halcón de JxC, aunque esta vez se sumaron voces de “palomas” cambiemistas, volvieron a chocar con las espadas peronistas por no poder pronunciarse en el recinto respecto a temas sensibles que golpean al gobierno provincial, por caso la inseguridad y la tarea bajo la lupa de la Senaf. En el fondo de la cuestión afloran las demandas de renuncia de los ministros Juan Pablo Quinteros (Seguridad) y Liliana Montero (Desarrollo Humano).

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Ante los pedidos de tratar sobre tablas casi una veintena de proyectos, la fuerte pulseada pasa por el pedido de reconsideración que fogonean los halcones cambiemistas que choca con la negativa de los “generales” del gobierno en la Unicameral. En concreto, la oposición se queja porque no se les concede los cinco minutos para argumentar su replanteo en los diversos temas.

bloque oficialista en la Legislatura de Córdoba

Desde el oficialismo contragolpean en que JxC “desvirtuó” este mecanismo. “La oposición utiliza los cinco minutos para despotricar”, afirmó el presidente provisorio, Facundo Torres, al tiempo que señaló que “se presentan de 17 a 29 pedidos de tratamiento sobre tablas” por sesión.

En medio del cruce de acusaciones, los cambiemistas apuntan sus cañones al jefe del bloque del PJ, Miguel Siciliano, quienes los acusa de “sólo poner palos en la rueda” al gobernador Martín Llaryora.

En su jugada, el peronista erosiona el poco margen de maniobra que aún queda entre ambas partes para buscar acuerdos parlamentarios. Es la segunda vez que Siciliano solicita aprobar el rechazo en conjunto de un paquete de proyectos que JxC reclama debatir sobre tablas.

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De esta manera, el PJ con sus votos y de los aliados trunca esa posibilidad y, además, bloquea el acceso a los cinco minutos de reconsideración amparado en su posición reglamentarista al dejar de lado los usos y costumbre de la cámara.

Fuego cruzado

En su intervención, el juecista Walter Nostrala le atribuyó al peronismo una actitud “prepotente” y “no democrática” en medio de la falta de acuerdo en Labor Parlamentaria en torno a la discusión de este mecanismo de poder expresarse al momento de la reconsideración que la oposición sostiene en su demanda.

El halcón del Frente Cívico rechazo de plano que “se dé los cinco minutos de acuerdo a la cara del cliente y de lo que le conviene o no al oficialismo”. Esto se debe a que el PJ propuso dar luz verde a algunas iniciativas y a otras no. Afuera quedaban los pedidos de informes por la inseguridad y la tarea bajo la lupa de la Senaf.

Bloque opositor en la Unicameral de Córdoba

Así se refirió a lo que se habló en la reunión de jefes de bloques, antes del plenario, al que asistió la radical Alejandra Ferrero en reemplazo de su par de bancada Matías Gvozdenovich. Esta jugada radical acordada en el seno del bloque opositor molestó al PJ que no pudo desactivarla. O sea, la deloredista fue en calidad de vicepresidenta de la bancada UCR y no como jefa del interbloque JxC.

Esta pulseada en medio del choque de fuerzas se convirtió en una constante que genera un desgaste en la dinámica legislativa. Tras dejar en clara la postura del oficialismo rechazando que se le “limite” la palabra a la oposición, Torres reconoció que la situación está “empantanada”. El próximo martes habrá una reunión de pre-Labor para ver si desde la política “podemos desempantanar este tema”, advirtió el presidente provisorio.

Narcotráfico y transporte

En lo concreto, el PJ evitó que se discuta en el hemiciclo legislativo los temas sensibles referidos a la inseguridad y a la Senaf, a través de los cuales la oposición le factura al gobierno su “falta de políticas”.

De todos modos, Ferrero pudo colar su pedido de renuncia a Quinteros cuando se debatió el proyecto de Rodrigo Agrelo por la habilitación de la Sociedad Comercial Supermarket Nepper S.A.S en la Inspección de Sociedades Jurídicas. Se trata de la empresa de la familia política del narcotraficante Fabio “Calavera” Pelozo, hoy detenido en la cárcel de Ezeiza, que “corona una larga lista de bienes que esta cúpula narco tiene en Córdoba”, según los dichos del vecinalista.

A su turno, Ferrero resaltó: “Los delincuentes están libres y la gente encerrada. Vayan a los barrios… dejen de improvisar”, y fustigó: “En San Francisco quema el narcotráfico y no lo combatimos”. En su contragolpe, Nadia Fernández le dijo a la oposición que “hacer política con el narcotráfico es un error”.

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“Vienen a pedirle la renuncia a Quinteros que goza del apoyo de (Patricia) Bullrich. La ministra le ha demostrado que con esto no se juega”, remarcó al aludir al trabajo conjunto entre la Nación y Córdoba que arrojó una nueva foto con la inauguración de la base de Prefectura Naval Argentina en Embalse.

El otro duro cruce se produjo por la preocupación del nuevo aumento del boleto del transporte público de la capital, que ya registra una suba del 180% en lo que va del año, motorizado por Miguel Nicolás. “Dato mata relato. Y yo le di los datos”, lanzó el radical al repasar también el costo del transporte interurbano.

Siciliano fue el encargado de devolver el golpe. El peronista fue durísimo. Acusó a los cambiemistas de moverse en base a la “especulación política”. “Están pensando si van a ir juntos con (Javier) Milei” en el próximo turno electoral.  “No lo quieren putear… No es ponerle palos al presidente, es perder el miedo, defender a Córdoba”, fustigó.

Son disputados de Córdoba no de Milei. Necesitamos que los políticos de Córdoba, peleen por Córdoba. Que el presidente nos dé los fondos que nos pertenecen”, contraatacó el jefe del bloque oficialista al apuntar contra Rodrigo de Loredo, pero también al senador Luis Juez, en su demanda por los subsidios al transporte y la deuda con la Caja de Jubilaciones.

Otros proyectos

Durante la sesión se aprobó la ley que regula la actuación de los profesionales y establecimientos de salud en los casos de defunción fetal. La norma promueve los derechos de las personas gestantes. Por otro lado, se declaró de Interés Cultural, Religioso y Turístico la traza denominada «El Camino de Brochero».

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Cristina descongeló el pliego de Lijo y ordenó a Corpacci que lo firme

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Cristina descongeló el pliego de Lijo y ordenó a Corpacci que lo firme

Las últimas horas del jueves trajeron una novedad explosiva para el peronismo en el Senado: la catamarqueña Lucía Corpacci, cercana a Cristina Kirchner, firmó el dictamen favorable al pliego de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema.

Este medio venía contando que los gobernadores estaban muy dispuestos a darle el voto a Lijo, sin que Milei haya abierto la negociación por la ampliación de la Corte, la inclusión de una mujer o la designación del procurador, como reclamaba el kirchnerismo.

LPO

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El Gobierno no logra acordar con las provincias y crece el riesgo de que no se vote el Presupuesto

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El Gobierno no logra acordar con las provincias y crece el riesgo de que no se vote el Presupuesto

Las autoridades nacionales se mantienen firmes en que se respete el déficit cero y aseguran que no les preocupa si no se aprueba el proyecto. Los mandatarios locales reclaman que se paguen las deudas, pero insisten en que sea la Casa Rosada la que defina de dónde se sacarán los recursos para eso. Hubo un pedido para reunirse y discutir el asunto en persona, pero no fue contestado

“Un país serio no puede no tener un Presupuesto”, sostuvo el jueves pasado el gobernador de La Pampa, Sergio Zioliotto, al salir de una reunión que mantuvo en la Casa Rosada para avanzar en un acuerdo por la deuda que la Nación mantiene con su provincia.

El mandatario pampeano conversó durante un largo rato con el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, quien impulsó hace algunas semanas un plan para saldar con bienes y tierras estatales los pasivos que el Poder Ejecutivo tiene con los diferentes distritos del país.

Sin embargo, en ese encuentro no se conversó puntualmente del proyecto que el presidente Javier Milei presentó personalmente en el Congreso y que desde ese momento está siendo discutido en las comisiones de la Cámara de Diputados, que no logra acordar un dictamen.

Las autoridades nacionales se mantienen firmes en la idea de que el texto que vaya a votarse en el recinto -si es que llega a esa instancia- respete el principio de “déficit cero”, pero los gobernadores quieren que se incluyan una serie de partidas para sus provincias.

Entre los puntos principales que reclaman los mandatarios provinciales está la coparticipación de los excedentes en el Tesoro Nacional y de lo recaudado por algunos impuestos, además del pago de la deuda por las cajas previsionales, un conflicto que data desde hace más de dos décadas.

El proyecto quedó trabado en el recinto porque la Casa Rosada les exige a los gobernadores que, a través de sus diputados, precisen qué áreas se van a ver afectadas para poder hacer frente a esos gastos que no estaban previstos en la iniciativa original.

Sin embargo, la otra parte, principalmente aquellos que responden a lo que era Juntos por el Cambio, insiste en que debe ser la Nación la que defina cómo financiar el pago de las deudas que, remarcan, la Justicia ya dijo que deben abonar.

“Es responsabilidad del Ejecutivo ver de dónde se sacan los recursos. Para qué son Gobierno si no definen las partidas presupuestarias que corresponden por ley. Nadie está pidiendo un centavo discrecional ni que vuelva el Fonid (fondo de incentivo docente), ni tampoco los subsidios al transporte urbano. Solo estamos pidiendo que cumplan la ley y los pactos preexistentes. Va a terminar todo judicializado”, señaló una fuente cercana a las negociaciones.

En este sentido, los representantes de las provincias indican que la compensación del Pacto Fiscal del 2017, otro de los puntos que solicitan, es una ley aprobada por el mismo Congreso, mientras que la cuestión de las 13 cajas previsionales no transferidas a la Anses ya cuenta con un fallo favorable.

Al respecto, los gobernadores aseguran que todo el conjunto de sus reclamos “de ninguna manera afecta el equilibrio fiscal”, ya que representan apenas el 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y menos del 2% del presupuesto total previsto para el 2025.

Por otra parte, las provincias del interior del país cuestionan que la Nación ya le está pagando a la ciudad de Buenos Aires la deuda que tenía en concepto de coparticipación que se le había quitado durante la gestión de Alberto Fernández, pero que no tienen la misma suerte el resto de las jurisdicciones.

/Infobae

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