Sociedad Sucesos
Juicio por el crimen de Lucio Dupuy: Declararon culpables a Magdalena Espósito Valenti y a su pareja Abigail Páez.
La madre de Lucio Dupuy y su pareja fueron declaradas culpables este mediodía en la ciudad pampeana de Santa Rosa por un tribunal que consideró asesinaron al niño de 5 años en noviembre del 2021, por lo que recibirán una pena de prisión perpetua.
La sentencia fue dictada pasadas las 12 por el Tribunal de Audiencias de La Pampa, que declaró a la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, autora material del «homicidio triplemente calificado por el ensañamiento, por la alevosía y por el vínculo», pero fue absuelta por el abuso sexual, mientras que los jueces entendieron que su pareja Abigail Páez fue autora material del «homicidio calificado por ensañamiento y alevosía y por abuso sexual gravemente ultrajante» de Lucio.
Si bien el tribunal no dio a conocer el monto de la pena que recibirán las condenadas, el delito que le imputaron a ambas estipula como única opción la pena de «prisión perpetua».
Las acusadas Espósito Valenti y Páez no estuvieron presentes en la sala de audiencias del Centro Judicial de Santa Rosa y escucharon la lectura del veredicto de manera virtual en su lugar de alojamiento, en el Centro de Detención de la provincia de San Luis.
Apenas finalizada la audiencia, el abogado querellante José Mario Aguerrido se manifestó ante los periodistas «sorprendido» por la absolución de Espósito Valenti del delito de «abuso sexual» y expresó que aguardará la lectura de los fundamentos de la sentencia para analizar y, luego, apelar.
La lectura comenzó cerca de las 12 en una sala colmada y en la que estuvieron presentes el padre de Lucio, Christian Dupuy, y el abuelo Ramón, quienes escucharon la lectura en silencio y con lágrimas en los ojos, y debieron ser asistidos por médicos tras sufrir una descompensación.
Justo a ellos se hallaban representantes de distintas organizaciones de defensa de los derechos del Niño y Adolescentes, entre ellas representantes de las Madres del Dolor y la religiosa Martha Pelloni, quienes se abrazaron con los familiares apenas culminó la audiencia.
En los alegatos, el equipo de fiscales integrado por Walter Martos, Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Máximo Paulucci, había acusado a la madre de Lucio por los delitos de «abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía».
Respecto a Páez, habían pedido que sea condenada por el «abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía».
El abogado querellante Aguerrido había pedido que las mujeres sean condenadas por los mismos delitos, pero que también se les impute el «odio de género», algo que los jueces tampoco hicieron lugar.
Lucio Dupuy (5) fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021 en la vivienda de la calle Allan Kardec al 2300 de la ciudad de Santa Rosa, donde residía con su madre y la pareja de ella.
Su mamá, Espósito Valente, fue acusada por el equipo de fiscales integrado por Walter Martos, Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Máximo Paulucci, de los delitos de «abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía».
A Páez, en tanto, el MPF le imputa el «abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía».
La defensora oficial de Páez, Silvina Blanco Gómez, consideró por su parte que no existió un homicidio agravado sino un homicidio preterintencional, es decir que no tuvo intencionalidad, ya que la imputada -que admitió haberle pegado a Lucio- no buscó asesinarlo.
Por ese motivo, en su alegato, enumeró siete conductas que la imputada ejecutó para evitar la muerte del niño: la práctica de RCP para reanimarlo, su traslado a la posta sanitaria del barrio Atuel, la búsqueda de ayuda en la policía y haberlo llevado al hospital Evita, entre otras.
«Son conductas que deben ser valoradas como que no quiso matar», les manifestó la defensora a los jueces el tribunal, ante quienes, a su vez, cuestionó las conclusiones de la autopsia practicada a Lucio.
La defensa aseveró que «ninguna de las tres agravantes» planteadas por el MPF para el homicidio quedaron probadas y agregó que en el peor escenario pudo existir un homicidio simple con dolo eventual.
Con respecto a la acusación de abuso sexual, Blanco Gómez, pidió la absolución de Páez por el beneficio de la duda, al tiempo que aseveró que la mediatización del caso provocó un «estado de indefensión» en la imputada.
Por su parte, el defensor oficial Pablo De Biasi pidió la absolución de la madre de Lucio por ambos delitos, ya que «en el lugar de los hechos hubo una persona y no dos», al descartar la coautoría del homicidio.
«La única testigo fue Abigail», acotó, al tiempo que descartó cualquier responsabilidad de la madre por omisión.
En su alegato, el defensor planteó que, en forma subsidiaria, si la madre de Lucio fuera hallada culpable, solo podría imputársele una conducta preterintencional.
También manifestó que la fiscalía y la querella efectuaron «muchos recortes» a los hechos para encuadrarlos en sus teorías y agregó que durante el proceso se diluyó la responsabilidad del padre en el cuidado de Lucio.
El médico forense que hizo la autopsia al cuerpo de Lucio contó antes del juicio que «en 27 años de profesión» y tras haber intervenido en «32 casos de niños golpeados» nunca vio algo así.
En tanto, la familia paterna del niño, representada por el abogado Mario Aguerrido, adelantó a Télam que denunciará al Ministerio de Salud provincial por no haber actuado ante situaciones de violencia previas sufridas por el niño y atendidas en hospitales de la provincia, al tiempo que pidió el juicio político para la jueza Ana Clara Pérez Ballester, quien le dio la tenencia del niño a su madre a pesar de que estuvo ausente dos años.
A raíz del caso de Lucio, a fines de noviembre pasado, un plenario de comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano del Senado dio dictamen favorable a un proyecto de ley que crea un Plan Federal de capacitación para el personal del Estado sobre derechos de niñas, niños y adolescentes.
Y el 26 pasado, mediante la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional decretó la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias para incluir el tratamiento del proyecto, denominado «Ley Lucio».
Además, casi 148 mil personas adhirieron a una petición que fue lanzada en la plataforma Change.org (Change.org/JusticiaPorLucio) que exige «¡Justicia por Lucio! Condenen a toda la cadena de responsables del crimen».
San JuanSucesos
Recuperaron siete vehículos en diferentes puntos de San Juan, cuatro con pedidos de secuestro de Mendoza
A través del SIFCOP, descubrieron que algunos rodados habían sido sustraídos de la vecina provincia.
Durante diferentes operativos, personal policial logró recuperar al menos siete vehículos con pedido de secuestro. Entre ellos, cuatro son de Mendoza.
El detalle:
En Rawson, secuestraron una camioneta Chevrolet S10 que tenía una chapa patente que no correspondía a dicho rodado. Tras inspeccionar el vehículo, confirmaron mediante el número de chasis que tenía pedido de secuestro de Mendoza, desde el 6 de julio del 2023 por el delito de Hurto agravado.
En Capital, más precisamente en Salta y Rivadavia, advirtieron la presencia de un auto y tras el pedido de datos, descubrieron que tenía pedido de secuestro de Godoy Cruz, Mendoza, desde el 20 de agosto del 2023.
Por tal motivo, se presentó un mecánico quien explicó que un hombre dejó el rodado en su taller y no había regresado a retirarlo.
En Rawson, recuperaron una Motomel Blitz, con pedido de secuestro por el delito de Hurto desde el 23 de abril del 2024, dependiente de la Comisaría 6ta.
En Rawson, inspeccionaron una moto con su estética nueva pero chapa patente vieja. Cuando verificaron el motor, la estampa se encontraba desgastada y los números no originales de fábrica. En consecuencia, radiaron la moto.
En un control en calle Sarmiento y La Laja, Albardón, un hombre que iba en una camioneta Ford F100, que no tendría papeles por cuestiones judiciales.
/DC
Sucesos
María Cash: un abogado involucrado en la causa fue imputado por falso testimonio
Un abogado que está involucrado en la causa que investiga la desaparición de María Cash, la joven de 29 años vista por última vez en Salta en julio de 2011, fue imputado este miércoles por falso testimonio.
Se trata de Carlos Enzo Cuellar, un hombre que al comienzo de la investigación, hace ya 13 años, aseguró haber visto a la joven en la gruta Difunta Correa en General Güemes, Salta, cerca de las 17 horas del 8 de julio de 2011.
Sin embargo, las antenas de telefonía celular demostraron que Cuellar no se encontraba en ese sitio a esa hora, por lo que resulta inverosímil su declaración.
“Es falso que la vieron porque sus líneas telefónicas impactaban a esa hora en otro lugar”, dijo una fuente de la investigación sobre la declaración del ahora imputado y su hijo Hugo, quien había respaldado la versión de su padre.
El relato de Cuellar avalaba la versión del camionero Héctor Romero, quien sostiene que ese 8 de julio levantó a María a un costado de la Ruta Nacional N°34 -en la rotonda del cruce de Torzalito, en General Güemes, donde la joven de 29 años hacía “dedo”-, la dejó en el sector conocido como la Difunta Correa en el Paraje Palomitas, y luego siguió camino a Joaquín V. González.
Además de ser imputado por falso testimonio, Cuellar fue citado a indagatoria a pedido de la fiscalía que investiga el caso, en un expediente bajo la firma del Juzgado Federal de Garantías N°2 de Salta, a cargo de Mariela Giménez.
La indagatoria a Cuellar es parte de las nuevas medidas impulsadas en las últimas dos semanas por la fiscalía. Se requirieron, además, las declaraciones de ocho testigos que vieron a María Cash el 8 de julio de 2011, el día en que fue vista por última vez, o supieron de sus movimientos aquel día.
Si bien “Romero (el camionero) fue la última persona que mantuvo contacto con María Cash”, aún no existen elementos suficientes para aseverar que él sea responsable de un crimen, señalan los investigadores, al tiempo que creen que se necesita de una hipótesis firme para investigar.
Por otro lado, los fiscales también ponen lupa sobre el testimonio de Miguel Segura, empleador de Romero, ya que sospechan que lo habría beneficiado con su declaración.
María Cash, diseñadora de indumentaria oriunda de Buenos Aires, desapareció en julio de 2011, cuando tenía 29 años. Tomó un colectivo en la terminal de Retiro con destino a Jujuy, y fue vista por última vez en Salta, el 8 de julio.
/P12
San JuanSucesos
Médano de Oro: un policía pasado de copas atropelló de atrás a un ciclista y lo dejó mal herido
El policía estaba en horario de trabajo. El siniestro fue el domingo por la noche. Ahora está preso a la espera de la audiencia en su contra.
Este domingo por la noche, cerca de las 23 horas, un ciclista fue atropellado de atrás por un automovilista en Médano de Oro. Este último terminó ser un agente de policía y un dato aún más grave, es que conducía en estado de ebriedad en su horario de trabajo.
Según informaron fuentes judiciales a Tiempo de San Juan, el agente de Policía Maximiliano Ochoa tenía 0.95g/l (gramos de alcohol por litro de sangre). Es más, este siniestro ocurrió cuando estaba trabajando. La información que tiene UFI Delitos Especiales es que estaba cumpliendo con un adicional en una escuela de las inmediaciones.
Este caso, que está en manos de la ayudante fiscal Gemma Cabrera y el fiscal Francisco Pizarro de UFI Delitos Especiales N°2, tiene otros datos muy relevantes. Uno de ellos son las explicaciones que dio el uniformado tras el siniestro.
Según dijeron desde la UFI, el policía manifestó que él había salido de su adicional para “ir a buscar agua caliente a su casa” y que el ciclista venía por el sentido contrario, algo que no cuadra para los investigadores porque con la información hasta ahora, Criminalística dice que la bicicleta recibió el impacto de atrás.
Fuera de toda la polémica del policía, un dato por demás importante es el estado de salud del ciclista, identificado como José Luis Salazar. Está internado en el Hospital Rawson en estado crítico, informaron. Sufrió un traumatismo encéfalo craneal (TEC) moderado con perdida de conciencia y politraumatismos.
/TSJ
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