Las limitaciones del gobierno de Santa Fe y el trabajo conjunto con Nación. El rol de la policía local. La estrategia fallida de «la guerra contra el narcotráfico» y el oportunismo de JxC.

El ataque a balazos contra el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo y las amenazas que sufrió el futbolista Lionel Messi instalaron en la agenda política la violencia y el crimen organizado en Rosario. “Cada vez estoy más débil y la organización criminal crece más”, reconoció el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Tras el impacto que generó la balacera, el gobierno nacional y el santafesino firmaron un convenio para la adquisición de 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación para Rosario y la habilitación para que las fuerzas de seguridad de la provincia puedan usar un sistema de identificación biométrica inmediata y segura de prófugos o personas con antecedentes penales. En un año signado por la contienda electoral, Juntos por el Cambio aprovechó la oportunidad para hacer campaña con el discurso de mano dura. “La guerra contra el narcotráfico como consigna y como política fracasó en el mundo y se demostró que lo único que logra es escalar los niveles de violencia sin solucionar ninguno de los problemas que pretende solucionar, con lo cual es una estrategia fallida que sigue existiendo porque es redituable para algunos políticos”, plantea Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

La presidenta del PRO y precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, escribió en sus redes: “Hace dos días lo dije en Rosario: hay que usar todas las fuerzas para recuperar la ciudad del dominio narco. Pensar que algunos todavía se niegan a hacerlo”. Para capitalizar el discurso de mano dura agregó: “No hay lugar para soluciones a medias y respuestas graduales. La lucha contra el narcotráfico tiene que ser de frente y sin cuartel. Debemos usar todos los medios del Estado para derrotarlos, incluyendo a las Fuerzas Armadas”. El otro precandidato opositor, Horacio Rodríguez Larreta, también se puso en “modo campaña” a través de las redes sociales. “Mi propuesta es un Gobierno Nacional presente y ocupado en recuperar la calle, con 3000 gendarmes persiguiendo a los narcos mientras las FFAA blindan nuestras fronteras”, expresó Larreta, quien viajó a la ciudad santafesina y se reunió con el intendente local, Pablo Javkin, ante quien se comprometió, si es elegido presidente, “mudar a Rosario la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación, para empezar a ver de cerca lo que pasa acá”.

Los números de la violencia

En Rosario hubo 288 asesinatos en 2022 vinculados con el crimen organizado, la cifra más alta desde 2012. Solamente en enero se cometieron 26 homicidios, y en lo que va de 2023 fueron 58 asesinatos asociados con la violencia narco. Perotti se quejó porque la estructura de jueces y fiscales es la misma que hace 30 años y destacó “la necesidad imperiosa de contar con una estructura nueva en la justicia federal”. El mandatario provincial le reclama al Congreso que sancione las leyes que necesita Santa Fe para combatir el delito, como la puesta en marcha de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Reforma del Código Procesal Penal que habilitaría el sistema acusatorio.

Sabina Frederic, exministra de Seguridad, dice que la firma del convenio para implementar el sistema de reconocimiento facial suma, aunque “va a demorar porque hay que hacer una licitación, con lo cual es una medida de mediano plazo que tiene sus limitaciones porque muchas veces (los criminales) actúan con la cara cubierta, porque tiene margen de error, porque estos sistemas son más útiles para el esclarecimiento que la prevención”, precisa Frederic a Página/12 y puntualiza que una pregunta fundamental para pensar la cuestión es cómo se organiza el crimen en Rosario. “Hay varios niveles, no hay sólo dos bandas, los Cantero y los Alvarado, hay muchos clanes de gran informalidad además de ilegalidad; son precarios, no es la mafia napolitana lo que vemos en las causas que tramitan en el juzgado federal por narcotráfico”.

Desde el CELS, Tufró discute sobre la efectividad del convenio firmado entre el gobierno nacional y santafesino y el pedido de Perotti. “Los sistemas de reconocimiento facial están siendo muy discutidos en todo el mundo por la cantidad de fallas, problemas y arbitrariedades que presenta, por la falta de control que por lo general acompaña su implementación”, advierte Tufró, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires especializado en el estudio de las políticas de seguridad ciudadana. “Tener un sistema judicial más rápido y eficaz o tener un sistema de reconocimiento facial, si está orientado a perseguir a pequeños vendedores, gente que está en el narcomenudeo, va a provocar una intensificación de lo que ya viene sucediendo hace años: la explosión de la sobrepoblación carcelaria, sin solucionar el problema de la violencia asociada a los mercados ilegalizados. Esas miles de personas que ocupan los lugares menos relevantes de las estructuras criminales son rápidamente reemplazadas y por el modo en que funcionan hoy las cárceles esas personas siguen participando de las estructuras criminales y van a seguir participando cuando salgan porque tampoco hay ninguna política para solucionar los problemas pospenitenciarios”. Para el director de Justicia y Seguridad del CELS la efectividad de las medidas anunciadas depende de cuál es la política criminal en la que se inscriben. “Si van a estar orientadas a perseguir las manifestaciones más violentas de estos mercados, nos parece que seguiría una política criminal adecuada. Si van a estar orientada a la lógica de la guerra contra el narcotráfico, como la que se viene haciendo hasta ahora, simplemente apunta a llenar la cárcel de personas que ocupan lugares muy menores en las estructuras del crimen organizado”.

Ventajas del sistema acusatorio

El abogado Guido Croxatto contextualiza el abordaje judicial. “El sistema acusatorio es el único sistema constitucional. El sistema que tenemos, el inquisitivo, en muchos aspectos le da al juez un doble rol, y eso es inconstitucional porque el juez es a su vez un juez instructor y en definitiva viola garantías del debido proceso. Julio Maier y todos los penalistas modernos creen que el único sistema compatible con la Constitución Argentina es el sistema acusatorio; por eso es un deber implementarlo en todo el país, más allá del problema del narcotráfico”. Croxatto, director de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado, pondera que el sistema acusatorio es “más expeditivo” y tiene “una división más clara de los roles” durante el proceso. “El juez es juez y el fiscal es fiscal. Si cada uno cumple mejor su tarea, habrá una administración de justicia más eficiente, más rápida y más cercana a la ciudadanía. Esto es beneficioso para todos los problemas que enfrenta la justicia penal, no solo para resolver el problema del narcotráfico. Pero el mero cambio al sistema acusatorio no va a resolver el problema del narcotráfico en Santa Fe, que tiene dimensiones que exceden lo jurídico. Creer que un cambio de normas va a solucionar un problema social profundo es de una enorme ingenuidad y no tenemos que caer en ese error”.

“El Estado perdió el control de la calle”

Para Frederic es necesario mejorar el diagnóstico sobre el crimen organizado en Rosario. “No hay una relación causal directa entre negocios ilegales de ventas de drogas, lo que se llama narcotráfico, y violencia. Buenos Aires tiene un mercado de drogas muchísimo más amplio, de mayor cantidad de consumidores, compradores y vendedores, y sin embargo la tasa de homicidios baja desde hace varios años. Esto no ocurre en Santa Fe, donde hay otras dinámicas de la violencia que son círculos viciosos que potencian la lógica de la venganza. Todo eso ocurre también porque el Estado perdió el control de la calle. La policía de Santa Fe no sólo no está sino que es un obstáculo al trabajo de las fuerzas federales; por lo tanto aumentar el envío de fuerzas federales, aumentar el número, no es el punto principal”, explica la autora Las trampas del pasado. Las Fuerzas Armadas y su integración al estado democrático (Fondo de Cultura Económica). Frederic propone que las fuerzas de seguridad dispongan de más facultades. “Esto quiere decir que el patrullaje de las calles y el manejo de las comunicaciones y por lo tanto la inteligencia y la investigación en algunos delitos, sobre todo de homicidio, sea potestad de las fuerzas federales y que la policía de Santa Fe en Rosario quede relegada al trabajo administrativo en las comisarías”, destaca la exministra de Seguridad.

El sociólogo Javier Auyero opina que el ataque al supermercado del suegro de Messi pone de relieve tres temas cruciales: el tráfico de drogas criminalizadas, el papel del Estado en la producción de la violencia dentro del mercado de drogas criminalizadas, y la relación de complicidad entre partes del Estado y organizaciones criminales. “Argentina está teniendo un papel cada vez más importante en el tráfico de drogas. Por su ubicación estratégica y por razones históricas y políticas, Rosario ocupa una posición particular en ese tráfico. No solo se ha expandido significativamente su mercado interno -el consumo de cocaína se triplicó en Argentina entre 2001 y 2011-, sino que el país también se ha convertido en un importante punto de partida para los envíos de cocaína a Europa. El clorhidrato de cocaína entra desde Bolivia y Perú y se envía a Europa desde el principal puerto de Argentina. El volumen de cocaína incautada se duplicó solo entre 2006 y 2013. Entonces hay un contexto macro que está más allá de lo que haga este o aquel gobernante que hay que tener en cuenta”.

Ley y violencia en los mercados de las drogas

Auyero, autor de La política de los pobres, Pacientes del Estado y Vidas beligerantes, entre otros libros, señala que un factor clave que distingue los mercados clandestinos pacíficos de los violentos es la frecuencia de los esfuerzos de la aplicación de la ley. “Los agentes estatales intervienen abiertamente en el comercio de drogas arrestando y asesinando a los participantes del mercado, asignando patrullas de larga duración a zonas de alta actividad con el fin de disuadir el comercio, allanando lugares de almacenamiento, estableciendo puestos de control y registrando medios de transporte, y realizando labores de vigilancia, entre otras actividades. Estas intervenciones producen violencia en el mercado de drogas al menos de tres maneras principales: fomentan la profesionalización y militarización de las organizaciones del mercado de drogas, producen disputas territoriales al debilitar a algunos grupos del mercado o desplazarlos geográficamente, y crean conflictos al alterar las normas, jerarquías y relaciones establecidas dentro y entre los grupos de mercado. La aplicación activa de la ley tiende a desencadenar la violencia en los mercados de drogas, mientras que en ausencia de cualquier intervención, los mercados pueden estabilizarse y funcionar pacíficamente. Me parece que quienes piensan que la política de saturación de los territorios con fuerzas policiales y militares es la solución deberían tener esto en cuenta. En Argentina, y en buena parte de América Latina, es aún más complicado porque muchos actores de esas fuerzas participan clandestinamente en ese mercado”.

¿Qué hacer?

Lo primero que sugiere Auyero es “erradicar el lenguaje bélico” y dejar de hablar de guerra contra las drogas, “una guerra que lleva más de dos décadas en la región y que ha tenido resultados desastrosos”. “Responder al tráfico y a la violencia con represión estatal (con fuerzas, además, que están implicadas en la regulación del tráfico) seguirá produciendo catástrofes”, anticipa el sociólogo y subraya que “la colusión entre actores estatales y extralegales, un fenómeno regular, generalizado y perdurable en la Argentina y en todas partes del mundo, implica una significativa amenaza a la estabilidad de las instituciones democráticas”. Auyero expresa que es necesario que surjan acuerdos dentro del campo político porque “lo que está sucediendo en las sombras del Estado va a terminar deglutiéndose a los actores políticos, no importa las orientaciones ideológicas que tengan o digan tener”. Y menciona como ejemplo el movimiento antimafia en Italia, que reunió a activistas, políticos y jueces con ideologías muy diferentes que lograron construir “confianza mutua para poder denunciar la corrupción del Estado”.

Como representante del CELS, Tufró observa que no se anunció desde ninguna instancia (nacional, provincial o municipal) medidas que apunten a la reconstrucción del tejido social y comunitario en los barrios más violentos en Rosario, una acción que sería fundamental “no tanto para terminar con las drogas, que es una consigna absurda, sino para reducir la violencia, que debería ser el objetivo” y recomienda pensar también “políticas de atención a las personas con problemas de consumo”. Además enfatiza un asunto prioritario: empezar una discusión seria para sacarle al mercado ilegal la regulación de las drogas. “Todas estas medidas no se pueden pensar en un contexto de extrema polarización política en el que cualquier problema es inmediatamente explotado con fines electorales. De un contexto así no va a salir una política seria para abordar estos problemas”, concluye el director de Justicia y Seguridad del CELS.

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