La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) denunció este jueves que «una vez más, la ilegalidad es la regla en un Gobierno de Juntos por el Cambio, en este caso en el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la CABA», al criticar con dureza el funcionamiento del sistema de reconocimiento facial de prófugos de la administración porteña, que fue suspendido esta semana por la Justicia.

«Una vez más la ilegalidad es la regla en un gobierno de Juntos por el Cambio, en este caso en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la CABA», apuntaron desde la conducción de la APDH en un documento difundido este jueves bajo el título: «El espionaje y la represión no paran. La transformación no es para el pueblo de la CABA».

Esta semana, la Justicia porteña suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó, entre otras medidas, el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio de Barracas.

En un documento firmado por la conducción de la ADPD, encabezada por Mariana Lamorgia, Ramiro Gerber, Enrique Rocatti, se denunció «tres gravísimos hechos presentado en esta semana en distintos ámbitos» porteños.

«El primero de ellos, el tatuado de niñxs con logos y propaganda del Gobierno de la Ciudad en una escuela. En segundo lugar, otro ministro de Larreta, el de Seguridad, Marcelo D´Alesandro accedió de manera ilegal a datos que comprometen la seguridad y la intimidad de distintos opositores al signo del PRO, incluyendo funcionarios públicos, entre ellos el señor Presidente (Alberto Fernández) y la señora vicepresidenta de la Nación» Cristina Fernández de Kirchner, dice el documento.

«Entonces, tal parece que la Gestapo no ha quedado desarticulada del todo y que desde lo institucional el PRO sigue ejerciendo la persecución, el hostigamiento y la violación de los derechos de opositores políticos en la Ciudad de Buenos Aires», remarcaron.

«El tercer hecho a mencionarse -agregaron- es la represión ejercida días pasados por la policía de la CABA a los manifestantes en el Incaa, que culminara con la detención indebida y arbitraria de un estudiante de cine».

Para los dirigentes de la APDH, «cada uno de estos actos atenta contra los principios de la democracia y la plena vigencia de los Derechos Humanos, y como APDH-CABA queremos hacer propio nuestro más enérgico repudio. Es de esta manera como Juntos por el Cambio (JxC) y Rodríguez Larreta ejecutan y ejercen el control social en la CABA: tatuando y violentando los derechos de los niñxs, reprimiendo a estudiantes, y espiando a referentes políticos y sociales opositores».

Finalmente advirtieron que estas prácticas desde el Gobierno local «forman parte de una real vergüenza, donde se utiliza al Estado para la ilegalidad y que además se trate de justificar prácticas que se ejecutaban en las épocas más oscuras de la historia de la humanidad y de nuestro país. Toda una afrenta a la República, a las instituciones y a la democracia que tanto nos costo reconquistar en la Argentina».