NacionalSociedad Actualidad
La Asociación Nacional del Rifle en el poder
Para evitar engorrosas discusiones, Javier Milei recurrió a un decreto para pasar de 21 años a 18 el momento en que se puede tener acceso legal a armas de uso civil.
De 21 a 18 años: empeñado en hacer crecer el mercado y el uso de armas de fuego en el país, el gobierno de Javier Milei decretó este martes la baja de la edad mínima para adquirir, tener y portar armas como «legítimo usuario» en Argentina. Lo hizo modificando un artículo de la reglamentación de la Ley de Armas y con el argumento de que el piso etario debe adecuarse a la actual mayoría de edad. Especialistas advierten a Página 12, sin embargo, que los jóvenes de esa edad no están en condiciones de manejar armas, que la decisión oficial «sólo amplía los riesgos de asesinato» y que se inscribe en una serie de movimientos que el gobierno viene dando para ampliar el acceso a las armas.
«El que quiera estar armado, que ande armado«, supo decir hace ya seis años Patricia Bullrich, entonces como ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Su firma, también como ministra, pero ahora de Javier Milei, cierra el decreto publicado en el Boletín Oficial con el que el Ejecutivo dispuso reducir la edad mínima legal para tener y portar armas de fuego. Aquella vez, la ministra argumentaba su posición asegurando que «la Argentina es un país libre«. En el país libre de Milei, ahora se podrá tramitar la tenencia y portación legal de armas a partir de los 18 años.
El decreto es corto y conciso. Tiene sólo dos páginas y, en lo resolutivo, se limita a modificar el primer inciso de un artículo de la reglamentación de 1975 de la Ley N° 20.429 de Armas y Explosivos. Se trata del Artículo N° 59, que hasta el lunes mantenía la edad mínima en los 21 años. Desde este martes, sin embargo, el requisito etario para ser considerado «legítimo usuario» quedó fijado en “ser mayor de 18 años”. Esto incluye «la adquisición o transmisión de cualquier título, uso, tenencia y portación de armas de uso civil«.
El argumento técnico de la medida aparece en el decreto bajo el objetivo de «armonizar la legislación vigente«, es decir acomodar la ley de armas a la mayoría de edad prevista por el Código Civil y Comercial actual. Sostiene que la reglamentación de la ley fue escrita cuando la mayoría era de 21 años, y que ahora, ya modificado eso, el piso para la tenencia de armas debe ser actualizado para igualarlo con la actual mayoría.
Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y miembro de la Red Argentina para el Desarme, sostiene en diálogo con este diario que ese argumento no corre: «En varios países se han diferenciado ambas edades, estableciendo que para el acceso a las armas de fuego debe exigirse una edad mayor, dados los particulares riesgos que conllevan«, sostiene y ejemplifica con el caso de Brasil, «que requiere una edad de 25 años». Incluso algunos estados de Estados Unidos, señala, «exigen tener 21 años pese a tener la mayoría en 18». «Esto responde a que una persona de 18, 19 o 20 todavía está en desarrollo, incluso en términos cognitivos, y su disposición a utilizar un arma de fuego en forma inadecuada es mayor«, alerta.
También Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, indica que el decreto no muestra «mayores fundamentaciones» y advierte sobre el hecho de que se haya tomado la decisión esquivando al Congreso. Allí se encuentran en discusión proyectos sobre el tema, como la prórroga del plan de desarme o, en sentido opuesto, la iniciativa oficial que busca flexibilizar las condiciones para la tenencia legal y que la especialista califica como «una suerte de amnistía para los que tienen credenciales irregulares«. El Gobierno, sin embargo, decidió no incluir la ampliación de la edad allí sino hacerlo pasar directamente por decreto.
Darraidou subraya otros «movimientos» que se vienen llevando adelante y que tienden a «flexibilizar los controles«, como decisiones administrativas de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) con respecto a los controles de idoneidad para los casos de credenciales vencidas. «Ya desde la campaña electoral se escucha a representantes del actual oficialismo sobre la aceptación de la tenencia de armas de fuego por parte de civiles y ahora se viene instalando de a poco esta idea de mayor flexibilidad», indica la integrante del Cels.
La desregulación de la tenencia de armas no sólo estaba en la plataforma electoral de Milei y Victoria Villarruel sino que el propio presidente, en sus tiempos de diputado, había manifestado públicamente su postura: «Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes las usan igual y hay más delincuencia, por eso estoy a favor de la libre portación de armas«, llegó a decir e incluso a arriesgar que «aquellos estados que tienen libre portación de armas tienen muchos menos delitos«. Alfie apunta que esa afirmación no está sostenida por ningún dato y que este tipo de políticas «ya demostraron su fracaso en otros países como Estados Unidos» .
Alfie coincide con ese diagnóstico y señala que «más del 70 por ciento de la sociedad argentina se opone al uso civil de armas de fuego en todas las encuestas realizadas» porque «la población sabe bien que un país armado es un país violento, dispuesto a resolver sus problemas a través de la muerte». Asegura incluso que esto obligó a Milei y Villarruel a «modificar la postura inicial«, aunque sí coincide con Darraidou en que el gobierno viene dando movimientos que califica de «cautos» para ampliar el acceso legal a las armas de fuego. Recuerda que, para una liberalización más profunda, el tema debería pasar sí o sí por el Congreso, «en donde confiamos que esa clara conciencia comunitaria de que una sociedad armada es una sociedad más peligrosa pese más que cualquier intento de un grupo minoritario y violento«.
El integrante de Inecip asegura que el gobierno «no tiene en consideración que cuantas más armas legales circulen en una sociedad, más riesgos hay de que cualquier discusión derive en un asesinato, que cualquier hecho de violencia de género escale hacia un femicidio, o que esa arma termine siendo desviada, por robo o por venta, al mercado ilegal, favoreciendo otras formas de criminalidad». Eso sin contar, subraya, con el impacto directo de la ampliación del acceso de armas en las tasas de suicidios, ya que ahora «se habilita a acceder a un grupo etario con particular riesgo de suicidio, en un marco de crecientes problemas vinculados a la salud mental».
El punto de la posible «desviación» de las armas de uso legal hacia el mercado ilegal también lo destaca Darraidou: «Hay un gran peligro de que que se deriven al mercado ilegal. Todas las armas de fuego nacen en la legalidad y luego son desviadas hacia la ilegalidad, tanto las que están en manos de funcionarios estatales como en las de civiles, por eso es necesario tener estrictísimos controles», afirma y añade que «regular y reducir el mercado de armas de fuego legales debería ser un eje central a la hora de pensar en la reducción de la violencia, pero este gobierno no tiene esa mirada». «Hoy Argentina no es un país que se caracterice por la proliferación de armas de fuego por parte de la sociedad civil. Fomentar que empecemos a tener este problema sería algo muy grave«, concluye.
/P12
Sociedad Actualidad
Reclamo desesperado: «Si pago la boleta de la luz no como», dijo una usuaria de 9 de Julio
Dos usuarios de energía eléctrica se vieron sorprendidos por el monto de la boleta de la luz que les llegó. En el primero de los casos, es en 9 de julio, casi 446 mil pesos, el segundo en Albardón tiene que pagar más de 1.7 millones de pesos. La respuesta es pague, luego se revisa. Los usuarios se preguntan ¿cómo?
Los casos de facturas de la luz con montos exorbitantes siguen llegando y hoy para el común de las personas los días previos a la llegada de la factura son de terror. Esto les ha pasado a dos usuarios.
En el primero de los casos, la factura está a nombre de Jesús Miguel Quiroga, docente de escuela primaria. La esposa del hombre, Eliana García, contó que en diciembre les llegó la primera boleta de más de 446 mil pesos, el tema es que hicieron el reclamo, pero ya les llego la segunda con el mismo monto. La mujer expresó que es imposible poder pagar lo que dice, ya que tienen heladera, dos ventiladores y los focos comunes de la casa. Vale aclarar que el monto que venían pagando por el costo de la energía era de un poco más de 19 mil pesos.
De esa forma saltó el consumo de 285 kilovatios a 2600 kilovatios.
Es por ello, que el primer reclamo lo hicieron ante Naturgy por una posible mala facturación. Pero para sorpresa de quienes estaban haciendo el reclamo, el día 8 de enero recibieron una notificación de la empresa distribuidora donde dice que no registran errores de facturación.
Ante esta situación, la familia Quiroga, cuando fueron los técnicos de Naturgy a la casa, les sugirieron que el problema podría estar en el cableado interno de la casa. Por lo que hicieron los cambios respectivos, con un costo cercano a los 100 mil pesos. Pero nuevamente volvió a llegar una boleta con idéntico monto, al que reclamaron. Por ello, la actual deuda que tienen es de más de 990 mil pesos, que con el salario familiar que percibe el hombre por su trabajo es imposible de hacerle frente. «Nos llevan más del 80% del sueldo de mi marido. Mi esposo gana $600 mil y si pagamos $446 mil nos queda 150 mil pesos para vivir», expresó Eliana Garcia.«¿Cómo hago para vivir con $150 mil con tres hijos?», se pregunta la mujer.
Con este panorama es que hicieron la denuncia ante el EPRE, bajo el expediente 550.7060/24. Pero la respuesta no llegó e incluso les dijeron que la resolución puede demorar entre tres y seis meses. Esto lleva a que si quieren preservar el servicio eléctrico le tienen que hacer frente al pago.
Vale marcar que les sugirieron que se acojan a un plan de pagos. Pero, si hoy no pueden pagar el monto de 446 mil pesos, difícilmente puedan hacerlo cuando le llegue un valor superior a raíz de la cuota del plan de pagos.
Por último, y ante la falta de una respuesta satisfactoria para estos usuarios, recurrieron a Defensoría del Pueblo. El caso lo tomaron y les respondieron que en los próximos 10 días iban a tener una resolución al respecto.
El otro caso
Es en el departamento de Albardón que cuya boleta corresponde al usuario Roque Monárdez el monto asciende a 1.76 millones de pesos. Lo que llevó a que el usuario haga la denuncia en la empresa y esta tiene 10 días para responder si hay un error de facturación. Luego el paso lógico es el EPRE, donde dan un expediente y hay que esperar que es lo que resuelve el ente de control.
/DZ
Sociedad Actualidad
El marido de la sanjuanina que murió en Santa Cruz está en estado crítico
El siniestro ocurrió cuando Gabriel y Julieta viajaban en su vehículo por la Ruta 43. Hasta el momento, las causas del accidente siguen siendo una incógnita.
La vida de Gabriel Yañez cambió en un instante. El piloto de carreras de 37 años continúa internado en estado crítico en el Hospital Zonal de Caleta Olivia luego del grave accidente que sufrió en la Ruta 43, en el tramo que une Fitz Roy con Pico Truncado. En el siniestro, su pareja, Julieta Sarmiento, perdió la vida. La mujer era sanjuanina radicada en aquella zona.
Raúl Gómez, padre de Gabriel, compartió su angustia con La Opinión Zona Norte, relatando la difícil situación que atraviesan. Según explicó, su hijo se encuentra en coma y fue sometido a una cirugía de urgencia. “Anoche le sacaron el bazo y, gracias a la generosidad de la comunidad, logramos obtener la sangre necesaria para la intervención”, expresó.
El siniestro ocurrió cuando Gabriel y Julieta viajaban en su vehículo por la Ruta 43. Hasta el momento, las causas del accidente siguen siendo una incógnita. Su padre expresó su desconcierto: “No sé si venían de una fiesta o qué pasó. Gabriel estuvo con nosotros hasta las 10 de la noche y no tenía idea de que saldrían hacia Truncado”.
Ambos residían en Puerto Deseado, donde eran muy queridos por sus vecinos. Julieta, de 27 años, trabajaba en la estación de servicio de Tres Cerros, y Gabriel era reconocido en el ámbito del automovilismo por su responsabilidad al volante. “Él no era de andar ligero, siempre fue responsable en la ruta”, aseguró su padre.
La pareja se había casado en diciembre, y en febrero Julieta cumpliría 28 años. Ahora, su repentina partida dejó un vacío irreparable en su familia y amigos. “No hay palabras para describir el dolor que sentimos. La vida de Gabriel y Julieta cambió en un instante”, lamentó Raúl.
El último parte médico indica que Gabriel sigue internado en Terapia Intensiva, en estado crítico, con apoyo respiratorio y transfusión de sangre. Los médicos aún evalúan si sufrió daño neurológico, lo que podría definir su futuro.
“La familia espera noticias positivas, pero es una situación muy delicada”, indicaron fuentes cercanas.
El caso es investigado por la División Comisaría Primera de Pico Truncado, en conjunto con la División Accidentología Vial. Las autoridades trabajan para determinar las causas del siniestro, analizando si hubo exceso de velocidad, una falla mecánica o si el estado de la ruta pudo haber influido en el desenlace fatal.
Asimismo, se aguardan los resultados de la autopsia de Julieta Sarmiento para precisar la causa exacta de su fallecimiento.
/C13
Política & Economía Actualidad
Crecen rumores sobre el fin de la producción de Nissan en Argentina
Desde el gremio de SMATA comunicaron a los operarios de la automotriz que este año podría dejar de fabricar en el país
La situación industrial en la planta cordobesa de Santa Isabel, donde se producen las pickups Nissan Frontier y Renault Alaskan, es cada vez más delicada. La información que llega desde autopartistas y el sindicato, señala que la salida fabril de la automotriz japonesa en este predio parece inevitable.
Si bien el establecimiento pertenece a la compañía francesa, donde produce los modelos Logan, Sandero y Stepway, desde hace unos años, el motor fabril estaba centrado en la inversión que realizó Nissan para montar la línea de producción de Frontier – en el marco de la alianza mundial que tenían en ese momento, pero que hoy fue disuelta – y fabricarle «a pedido» unidades «mellizas: de Alaskan.
La mala perfomance en ventas y exportaciones del modelo japonés llevó a que esa línea de producción trabajara con paradas permanentes durante los últimos dos años. Desde hace unas semanas los rumores fueron creciendo.
El jueves pasado, el sitio especializado ARodarPost publicó que había tres escenarios para la salida fabril de Nissan en la Argentina, que contemplaban plazos desde este año hasta 2027.
La idea que se maneja es que se deje de fabricar la Frontier en la Argentina y que la comience a importar desde Mexico.
De esta manera, la automotriz quedaría como marca importadora, con la oferta de productos que hoy llegan desde distintos mercados, más la Frontier mexicana. El viernes surgió una información nueva que confirma lo mencionado y pone fecha a una posible resolución.
Delegados del SMATA recorrieron la línea de producción, donde realizaron asambleas con los operarios para informarle la situación, según informó ese portal.
Fuentes que participaron de esos encuentro relataron que el gremio anunció que el 31 de diciembre de este año se pondrá fin al contrato que vincula a las dos empresas y marcará el levantamiento de la producción de las pickups.
Incluso, los gremialistas explicaron que la intención de la marca japonesa era de terminar la producción antes, pero que el SMATA consiguió postergar la decisión.
Otras fuentes explicaron que Nissan tenía que avisarle a Renault la decisión de dejar de producir con seis meses de anticipación, más allá de que la fecha del contrato sea por más tiempo.
El clima laboral es tenso dentro de la planta. Hay personal suspendido y otros que estaban trabajando en un turno en tareas de mantenimiento. El gremio decidió el viernes iniciar una medida de fuerza con quite de colaboración, por lo que la producción está paralizada.
También se dice que la actividad durante febrero y marzo estará restringida a una programa de una semana de actividad y dos de paradas, con suspensiones rotativas de personal.
Hay malestar entre los trabajadores efectivos debido a que muchos están suspendidos, mientras que hay contratados que están trabajando y cobrando el salario completo. Estos últimos, según se comenta en Santa Isabel, habrían entrado a la empresa a través del sindicato y, algunos, serían familiares de los delegados.
En los últimos tiempos, se fue reduciendo el personal afectado a producción a través de retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas.
El programa de retiros sigue abierto, pero se comenta que el departamento de Recursos Humanos hará una nueva propuesta en los próximos días. En la línea de producción hay unos 180 operarios, de los cuales unos 120 están suspendidos.
A estos hay que agregarle otra cantidad de trabajadores de la automotriz que están asignados al autopartista Maxion Montich, que produce chasis para las camionetas, y está instalada en el mismo predio.
Esta compañía correría la misma suerte que la parte industrial de Nissan. Al parecer, tiene suficiente stock producido de chasis, por lo que la actividad también sería recortada.
Lo concreto es que es la primera vez que se pone fecha de finalización de la producción de Nissan en Argentina y es el propio gremio el que la comunica. «Lo que nos dijeron los delegados es que a fin de año se dejan de fabricar las camionetas», señaló a este medio un participante de esas asambleas. Los delegados no mencionaron la posibilidad de que la producción se traslade a otra planta.
El jueves pasado, ante las versiones de un levantamiento fabril. Nissan Argentina señaló lo siguiente: «Nissan estudia regularmente posibles oportunidades para optimizar sus operaciones de fabricación. No hemos anunciado ningún cambio en nuestros planes de producción en Argentina».
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