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La criminalización de la protesta no se bajó de la Ley Ómnibus.

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La criminalización de la protesta no se bajó de la Ley Ómnibus.

Advierten que el nuevo texto sobre Seguridad sigue siendo «alarmante»

«Puede haber existido una mala interpretación, denlo por retirado», había anticipado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre el artículo 331 de la Ley Ómnibus que proponía calificar como «manifestación» a la congregación de más de tres personas. Entre las modificaciones que el Gobierno aceptó, en negociación con la oposición amigable, se confirma la quita de ese artículo, pero el capítulo de «Seguridad Interior», entre el artículo 326 y el artículo 344, quedó intacto con propuestas que criminalizan el derecho a la protesta, ordenan pedir permiso al Ministerio de Seguridad para cualquier movilización y habilitan a las fuerzas de seguridad a disparar por la espalda, bajo argumentos como la «obediencia debida». 

«Se elimina el articulo 331 para evitar interpretaciones incorrectas sobre el corte.» Esa es la única modificación que figura en el nuevo texto en materia de «Seguridad». En el proyecto original el Capítulo I se denomina «Seguridad interior» y tiene tres secciones: «Organización de las Manifestaciones», «Atentado a la resistencia y la autoridad», y «Legítima defensa». 

Las tres secciones están coordinadas para criminalizar la protesta con el aumento de penas –que dejarán de ser excarcelables– para quienes protestan en la vía pública y  incorporación de la figura de «organizador», que habilita la imputación de una persona aunque no haya participado de la manifestación.  Y, al mismo tiempo, blindar el uso de la fuerza contra los manifestantes incrementando las penas de la figura de «resistencia a la autoridad» y habilitando la «legítima defensa». 

En caso de que la oposición amigable acompañe el nuevo texto del Gobierno en un dictamen de mayoría y luego con su voto en la Cámara de Diputados, estará avalando todo este andamiaje de modificaciones legales sobre los que organismos de derechos humanos como el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) pusieron en alerta a los legisladores tanto en el debate en comisiones como con documentos de análisis que llegaron a los despachos. 

Propuesta de régimenes totalitarios

La sección I dedicada a la «organización de manifestaciones» es la que contiene el tan mencionado artículo 331, pero entre el artículo 326 al 341, la sección propone otros cambios alarmantes que quedaron intactos. Se trata de modificaciones al artículo 194 del Código Penal, a la incorporación de un artículo bis; y a la modificación de Ley Nacional de Tránsito. 

«La modificación del artículo 194 del Código Penal y la incorporación del 194 bis, amplia los sujetos alcanzados por estos, que ya no serán solo quienes marchan. Los organizadores y coordinadores de una marcha, las personas que difunden la convocatoria, quienes trasladan a la gente, quienes provean material logístico, los que pasen lista o registren por cualquier medio el evento, serán también alcanzados por el castigo penal», advirtió la CPM en un documento de 60 páginas enviado a los diputados y diputadas. 

Según el CPM, la posible aprobación y aplicación de estas modificaciones «produciría graves restricciones de derechos fundamentales en nuestro país, al ya mencionado de peticionar a las autoridades, se suman el de reunión pacífica y de libertad de expresión, derechos que se encuentran protegidos de cualquier injerencia arbitraria del Estado en la Constitución Nacional».

Por su parte, el CELS calificó de propuestas de «regímenes totalitarios» a las modificaciones impuestas en la Ley Ómnibus para lograr que «la protesta social deja de ser entendida como parte de la vida democrática, y pasa a ser un delito contra el orden público al que el Estado responde con un abordaje penal y sancionatorio». 

«El proyecto no tiene referencias a la protección de derechos de quienes se manifiestan. Por el contrario, lo que busca es imponer múltiples restricciones que amplían la posibilidad de criminalizar manifestantes, referentes y organizaciones», denunció el CELS. 

Además de incrementar las penas para las personas que realizaran protestas con cortes de tránsito y la creación de la figura de «organizador»; el CELS advierte que «la gestión de todas las tareas queda a cargo del Ministerio de Seguridad, porque las protestas son evaluadas como afectaciones al orden público y la seguridad más que como expresión de conflictos sociales que deben abordar otras agencias del Estado».

Los artículos que habilitan el uso excesivo de la fuerza policial

Tanto el CPM como el CELS incorporan como parte de un mismo objetivo de criminalización de la protesta las otras dos secciones que quedaron intactas tras la negociación con la oposción amigable, y son las que modifican la «resistencia a la autoridad» y la «legítima defensa», expresadas en los artículos 342, 343 y 344 del proyecto de ley original.   

En los dos primeros artículos del proyecto oficial se propone suprimir modificar los artículos 237 y 238 del Código Penal, agravando las penas del delito de atentado y resistencia a la autoridad. La escala penal anterior de 6 meses a 2 años de prisión, pasa a ser de 4 a 6 años, lo que implica que deja de ser un delito excarcelable. Para incrementar la pena de 4 a 6 años, el Gobierno vuelva a utilizar la figura de «si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas», que quitó en el repetido artículo 331. 

El CELS señala que, en la práctica, significaría la modificación de estos artículos que regulan una figura penal que suele ser utilizada «para detener a personas de manera arbitraria». «Con los agravantes del proyecto, ahora podrían quedar detenidas. En estos casos la única prueba generalmente es el testimonio policial. Con el aumento de la pena y un estándar probatorio tan bajo, lo que sigue es la convalidación de causas armadas«, alertó el organismos de derechos humanos. 

Respecto de la última sección, sobre «legítima defensa», el CPM indicó que al ampliar los márgenes con los que la ley considera «cumplimiento del deber de los agentes», modifica uno de los elementos constituyentes de la legítima defensa, que es la proporcionalidad. 

«Esto instituye que la proporcionalidad del medio empleado en la legítima defensa debe ser interpretada siempre en favor de quien actúa en cumplimiento de un deber, autoridad o cargo. Es decir que, en caso de duda, se debe favorecer al agente que decidió disparar al presunto agresor, para eximirlo de responsabilidad penal», señaló el organismo bonaerense sobre una de las modificaciones que las negociaciones de la oposición amigable podría dejar pasar. 

En tanto, desde el CELS señalaron que «a contramano de la normativa internacional, las policías y fuerzas de seguridad en lugar de tener una responsabilidad agravada por portar un arma de fuego tendrán una inmunidad especial». Por último, el organismo de derechos humanos señaló que el texto propone, además, que las víctimas de violencia institucional y sus familiares pierdan sus derechos a demandar justicia, reparación o sanción, si se presume que la persona asesinada estaba cometiendo un delito. 

Se trata del inciso 7 de la modificación propuesta al artículo 34 del Código Penal sobre «legítima defensa», en el que se propone que: «Quien comete un delito, aun en grado de tentativa, así como sus parientes, en caso de fallecimiento, carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida». 

 «Este tipo de reforma penal no impacta en la reducción del delito, pero sí en el aumento de la violencia», sostiene el CELS. 

@Página12.

/Imagen principal: Guadalupe Lombardo/

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El ministro de Justicia pidió ordenar y aniquilar este Estado

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El ministro de Justicia pidió ordenar y aniquilar este Estado

«La Argentina es un entramado deliberado para nombrar gente. Nos han abusado, hay que ordenar y aniquilar este Estado que debe ser eficiente», sostuvo el funcionario en declaraciones televisivas.

En ese sentido, agregó: «Nosotros somos servidores del Estado. Tenemos que venir a darles un servicio, no esta porquería que descubrimos».

Estas declaraciones del ministro se dan en el marco del hallazgo de un boliche clandestino que, según denunciaron desde la administración libertaria, funcionaba en un piso cedido por el Estado a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

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El Ministerio de Justicia denunció el funcionamiento de un boliche clandestino en un edificio cedido por el Estado a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo.

Al respecto, el titular de la cartera de Justicia declaró: «Me da vergüenza. Lo que han hecho es un papelón por eso hay que tener en cuenta quién es quién».

«La decisión de Javier Milei es que cambiemos la justicia, la mejoremos y cuidemos el patrimonio de los argentinos. Ahí teníamos un montón de inmuebles, los fuimos revisando, achicando, muchos entregamos al Administrador de Bienes y el Estado (ABE) y otros los fuimos juntando. Sacamos viáticos, horas extras, redujimos plantas. En esa tarea de investigación encontramos muchos edificios destruidos, pero ninguno como este», insistió luego.

Fue en la misma línea que sostuvo que tras el allanamiento del edificio ubicado en avenida Rivadavia N°2749/ 89 y Pueyrredón N°19, se comprobó un hecho de malversación dolosa. «Ahora vamos por los autores que son dos«, prometió.

«No podemos permitir que el delito se siga consumando. Pedí que se haga el allanamiento, ordene el desalojo y devuélvalo al Estado para que se lo entregue al ABE para que disponga del inmueble», manifestó.

Mariano Cúneo Libarona buscará crear un registro automotor único, digital y simple: «Soy el enemigo número uno de los registros»

Por otro lado, remarcó la premisa de achicar el Estado para alcanzar en déficit, al tiempo que se jactó de ser la cartera que más redujo su planta. En adhisión a eso, prometió cambios en la ley, y manifestó su intención de crear un registro automotor único, digital y simple.

«Soy el enemigo número uno de los registros. Doy la batalla cultural, mil peleas, y quiero achicar los registros porque es un sistema perverso, que incrementa el precio de un vehículo y yo lo reduje a uno», concluyó en diálogo con LN+.

Ambito Financiero

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Legislatura de Córdoba: la oposición de JxC y el PJ empantanados en la discusión por los “cinco minutos” del uso de la palabra en el recinto

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Legislatura de Córdoba: la oposición de JxC y el PJ empantanados en la discusión por los “cinco minutos” del uso de la palabra en el recinto

No sólo los halcones sino también las “palomas” del interbloque Juntos por el Cambio (JxC) se quejaron en la sesión de ayer ante lo que consideraron una actitud “prepotente” del oficialismo al “coartarles” el uso de la palabra en el recinto. El PJ negó tal situación y se amparó en la letra dura del reglamento interno de la cámara.

El ala halcón de JxC, aunque esta vez se sumaron voces de “palomas” cambiemistas, volvieron a chocar con las espadas peronistas por no poder pronunciarse en el recinto respecto a temas sensibles que golpean al gobierno provincial, por caso la inseguridad y la tarea bajo la lupa de la Senaf. En el fondo de la cuestión afloran las demandas de renuncia de los ministros Juan Pablo Quinteros (Seguridad) y Liliana Montero (Desarrollo Humano).

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Ante los pedidos de tratar sobre tablas casi una veintena de proyectos, la fuerte pulseada pasa por el pedido de reconsideración que fogonean los halcones cambiemistas que choca con la negativa de los “generales” del gobierno en la Unicameral. En concreto, la oposición se queja porque no se les concede los cinco minutos para argumentar su replanteo en los diversos temas.

bloque oficialista en la Legislatura de Córdoba

Desde el oficialismo contragolpean en que JxC “desvirtuó” este mecanismo. “La oposición utiliza los cinco minutos para despotricar”, afirmó el presidente provisorio, Facundo Torres, al tiempo que señaló que “se presentan de 17 a 29 pedidos de tratamiento sobre tablas” por sesión.

En medio del cruce de acusaciones, los cambiemistas apuntan sus cañones al jefe del bloque del PJ, Miguel Siciliano, quienes los acusa de “sólo poner palos en la rueda” al gobernador Martín Llaryora.

En su jugada, el peronista erosiona el poco margen de maniobra que aún queda entre ambas partes para buscar acuerdos parlamentarios. Es la segunda vez que Siciliano solicita aprobar el rechazo en conjunto de un paquete de proyectos que JxC reclama debatir sobre tablas.

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De esta manera, el PJ con sus votos y de los aliados trunca esa posibilidad y, además, bloquea el acceso a los cinco minutos de reconsideración amparado en su posición reglamentarista al dejar de lado los usos y costumbre de la cámara.

Fuego cruzado

En su intervención, el juecista Walter Nostrala le atribuyó al peronismo una actitud “prepotente” y “no democrática” en medio de la falta de acuerdo en Labor Parlamentaria en torno a la discusión de este mecanismo de poder expresarse al momento de la reconsideración que la oposición sostiene en su demanda.

El halcón del Frente Cívico rechazo de plano que “se dé los cinco minutos de acuerdo a la cara del cliente y de lo que le conviene o no al oficialismo”. Esto se debe a que el PJ propuso dar luz verde a algunas iniciativas y a otras no. Afuera quedaban los pedidos de informes por la inseguridad y la tarea bajo la lupa de la Senaf.

Bloque opositor en la Unicameral de Córdoba

Así se refirió a lo que se habló en la reunión de jefes de bloques, antes del plenario, al que asistió la radical Alejandra Ferrero en reemplazo de su par de bancada Matías Gvozdenovich. Esta jugada radical acordada en el seno del bloque opositor molestó al PJ que no pudo desactivarla. O sea, la deloredista fue en calidad de vicepresidenta de la bancada UCR y no como jefa del interbloque JxC.

Esta pulseada en medio del choque de fuerzas se convirtió en una constante que genera un desgaste en la dinámica legislativa. Tras dejar en clara la postura del oficialismo rechazando que se le “limite” la palabra a la oposición, Torres reconoció que la situación está “empantanada”. El próximo martes habrá una reunión de pre-Labor para ver si desde la política “podemos desempantanar este tema”, advirtió el presidente provisorio.

Narcotráfico y transporte

En lo concreto, el PJ evitó que se discuta en el hemiciclo legislativo los temas sensibles referidos a la inseguridad y a la Senaf, a través de los cuales la oposición le factura al gobierno su “falta de políticas”.

De todos modos, Ferrero pudo colar su pedido de renuncia a Quinteros cuando se debatió el proyecto de Rodrigo Agrelo por la habilitación de la Sociedad Comercial Supermarket Nepper S.A.S en la Inspección de Sociedades Jurídicas. Se trata de la empresa de la familia política del narcotraficante Fabio “Calavera” Pelozo, hoy detenido en la cárcel de Ezeiza, que “corona una larga lista de bienes que esta cúpula narco tiene en Córdoba”, según los dichos del vecinalista.

A su turno, Ferrero resaltó: “Los delincuentes están libres y la gente encerrada. Vayan a los barrios… dejen de improvisar”, y fustigó: “En San Francisco quema el narcotráfico y no lo combatimos”. En su contragolpe, Nadia Fernández le dijo a la oposición que “hacer política con el narcotráfico es un error”.

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“Vienen a pedirle la renuncia a Quinteros que goza del apoyo de (Patricia) Bullrich. La ministra le ha demostrado que con esto no se juega”, remarcó al aludir al trabajo conjunto entre la Nación y Córdoba que arrojó una nueva foto con la inauguración de la base de Prefectura Naval Argentina en Embalse.

El otro duro cruce se produjo por la preocupación del nuevo aumento del boleto del transporte público de la capital, que ya registra una suba del 180% en lo que va del año, motorizado por Miguel Nicolás. “Dato mata relato. Y yo le di los datos”, lanzó el radical al repasar también el costo del transporte interurbano.

Siciliano fue el encargado de devolver el golpe. El peronista fue durísimo. Acusó a los cambiemistas de moverse en base a la “especulación política”. “Están pensando si van a ir juntos con (Javier) Milei” en el próximo turno electoral.  “No lo quieren putear… No es ponerle palos al presidente, es perder el miedo, defender a Córdoba”, fustigó.

Son disputados de Córdoba no de Milei. Necesitamos que los políticos de Córdoba, peleen por Córdoba. Que el presidente nos dé los fondos que nos pertenecen”, contraatacó el jefe del bloque oficialista al apuntar contra Rodrigo de Loredo, pero también al senador Luis Juez, en su demanda por los subsidios al transporte y la deuda con la Caja de Jubilaciones.

Otros proyectos

Durante la sesión se aprobó la ley que regula la actuación de los profesionales y establecimientos de salud en los casos de defunción fetal. La norma promueve los derechos de las personas gestantes. Por otro lado, se declaró de Interés Cultural, Religioso y Turístico la traza denominada «El Camino de Brochero».

Perfil

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Cristina descongeló el pliego de Lijo y ordenó a Corpacci que lo firme

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Cristina descongeló el pliego de Lijo y ordenó a Corpacci que lo firme

Las últimas horas del jueves trajeron una novedad explosiva para el peronismo en el Senado: la catamarqueña Lucía Corpacci, cercana a Cristina Kirchner, firmó el dictamen favorable al pliego de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema.

Este medio venía contando que los gobernadores estaban muy dispuestos a darle el voto a Lijo, sin que Milei haya abierto la negociación por la ampliación de la Corte, la inclusión de una mujer o la designación del procurador, como reclamaba el kirchnerismo.

LPO

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