Con excepción de la Boleta Única de Papel, el Gobierno reconoce una realidad: desde la ley Bases económica, no pudo conseguir el avance de ninguna de sus iniciativas en el Congreso y sus triunfos legislativos en el segundo semestre del año fueron ratificaciones de vetos presidenciales. Mientras se aleja la posibilidad -e incluso la prioridad oficialista- de consensuar el Presupuesto 2025, una de las expectativas libertarias es la sanción de reformas de seguridad que representan sustanciales transformaciones penales.

Después de haber convertido en ley la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, la prioridad se está debatiendo en el Senado: el régimen de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado (o ley Antimafias) que define penalmente lo que es una organización criminal en nuestro país, colectiviza las condenas (el peor delito de cualquier miembro para todo el grupo) y brinda potestades extraordinarias a las fuerzas de seguridad (como la posibilidad de detención por 15 días por averiguación de antecedentes) en territorios determinados.

Dos funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Manfroni y Fernando Soto, fueron los encargados de responder las preguntas en el plenario del Senado, que no contó con la participación de ningún legislador peronista. Soto explicó el decomiso anticipado: consideró que «está bien que un juez, con la precaución debida, tome la decisión de hacerlo y si por alguna eventualidad la persona es absuelta se le devuelve el bien o el valor del bien», pero admitió que «hay un choque constitucional. Es inocente y no tiene condena, es verdad, pero no es el único estatuto que afecta garantías fundamentales y constitucionales sin sentencia firme».

Manfroni abarcó otro de los puntos imprecisos de la redacción: cómo se interpreta que una persona integra una mafia. «Puede determinarse cuando realiza actos propios de lo que estipula la ley o cuando se han comprobado vínculos con personas que realicen estos actos», dijo. Además, reconoció que «es verdad que en Rosario hemos podido avanzar sin contar todavía con un instrumento como éste, pero también es cierto que si hubiéramos contado con este instrumento la tarea la hubiésemos tenido mucho más adelantada y estaríamos cerca de darla por concluida» y remarcó que «esta ley nos resulta imprescindible porque necesitamos de estas facultades«.

El último senador que intervino en la sesión fue el riojano Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), que aceptó que «esto probablemente tenga sus errores pero tenemos que caminar» e interpretó que «el narcoterrorismo es una realidad en América Latina» y que «la situación en Nicaragua ha hecho eclosión en Rosario, la Villa 1-11-14 y en varios otros lugares más«. Ámbito dialogó con dos referentes de seguridad en provincias con amplias fronteras internacionales para conocer cómo gestionan sus propias herramientas en sus distritos.

Seguridad: los casos de Mendoza y Misiones

Al constituir los hechos que siempre se denuncian e implican una investigación criminal, los homicidios dolosos suelen ser utilizados como unidad de medida de los índices de seguridad de un territorio. El último informe del Sistema Nacional de Información Criminal reveló que uno de los distritos que contó con una reducción más sustancial, contemplando cantidad de casos, fue el de Misiones con una caída del 38,7% en el número de asesinatos (de 71 a 44).

“Esto tiene mucho que ver con el trabajo que hace un tiempo se está realizando con la formación de las fuerzas de seguridad”, fue el primer argumento que presentó en diálogo con este medio Marcelo Pérez, ministro de Gobierno de Misiones. “Para vestir el uniforme, se requiere un título terciario -en el caso de los suboficiales- y un título universitario -en el caso de los oficiales-. Hemos reestructurado todo el sistema educativo de las fuerzas de seguridad, que antes era solamente un instituto y ahora pasó a ser una universidad”, detalló y apuntó a la siguiente prioridad: «Hay que optimizar el recurso humano y hacerlo trabajar con la tecnología de manera amigable».

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Marcelo Pérez, ministro de Gobierno de Misiones, el área provincial encargada de las políticas de seguridad.

El funcionario misionero recalcó que «hay un abordaje social de contención en los barrios» porque «el mismo equilibrio de orden social que hay ayuda y no hay una pobreza que lleve a un delito». A su vez, remarcó la perspectiva penitenciaria tras la inauguración de un nuevo pabellón en la cárcel de Oberá: “Tenemos un bajo índice de reincidencia y eso demuestra primero la capacitación del recurso humano del servicio penitenciario provincial que tiene la misma formación que la policía. Eso hace que se concentren en que aquel que ha cometido un delito vuelva a la sociedad en mejores condiciones para no volver a reincidir y reinsertarse con educación y deportes».

Las políticas carcelarias también fueron remarcadas por Mercedes Rus, ministra de Seguridad de Mendoza, que encabezó una reforma en el Sistema Penitenciario provincial este mismo año. “Pasamos de tener cuatro complejos en Mendoza a, en pocos años, tener 22 unidades penitenciarias”, cuantificó y señaló que “si vos no tenés espacio donde hacer talleres, vos no podés llevar al preso, por más buena voluntad que tenga, ni a estudiar, ni a trabajar, ni podés hacer buenos convenios”. “Queremos que realmente las empresas vengan y se instalen en la cárcel; que traigan sus máquinas. Por eso es importante la infraestructura para ver dónde podemos meter talleres y que después esos presos puedan concretar una producción mayor y a mayor escala para después generar un negocio”, analizó.

Si bien remarcó la prioridad de la presencia policial en el territorio, aclaró que «no es sólo tirar a la calle a un policía en un móvil. Nuestros efectivos llevan un sistema biométrico, que identifican a alguien si tiene pedido de captura; hay cámaras inteligentes con lectores de patente; tienen patrulleros tecnológicos con computadora a bordo”. Asimismo, hizo énfasis en las políticas de prevención y destacó los avances que podrían conseguir a partir del acuerdo rubricado con San Juan y San Luis para «tener la primera base regional de datos para que todas nuestras alertas estén conectadas. Antes por cuestiones políticas no se había dado, lo cual es un error porque la seguridad tiene que ser una política de Estado”.

Ambos ministros respondieron sobre la presencia de mafias en sus distritos, lo que el senador Pagotto generalizó al señalar: «Rosario, la Villa 1-11-14 y varios otros lugares más». “Definitivamente no hay crimen organizado ni una violencia que se exprese así, porque cuando vos tenés bandas está metida la policía, parte de la política y la justicia, con una mecánica de lavado de activos”, respondió Rus. «Acá no existen esos conflictos territoriales o bandas criminales en disputa«, indicó Pérez y continuó: «La mayoría de los crímenes que hay aquí se originan en cuestiones domésticas o vecinales. Los homicidios suelen ser situaciones aisladas, más que un delito premeditado y planificado”.

Políticas penitenciarias sociolaborales, inversión en tecnología, formación policial, inserción barrial con alternativas económicas para la comunidad, estrategias de seguimiento del dinero, procesos de investigación de la connivencia de la dirigencia política y de las fuerzas de seguridad: nada de eso se encuentra presente en el discurso y en la redacción del proyecto más ambicioso del oficialismo, que sí acrecienta las penas, establece más controles en zonas que se determinarán discrecionalmente y dispone la saturación policial sin precisar el presupuesto que implicará el equipamiento de efectivos y la demanda de más plazas para detenidos en las cárceles.

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Mercedes Rus, ministra de Seguridad de Mendoza.

Ley Bases de Seguridad

Dentro del paquete de reformas del Código Penal y otras iniciativas legislativas que conforman la agenda de seguridad y Justicia, el oficialismo otorgó prioridad a los siguientes proyectos:

• Ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual: se extraerá material genético para integrar el registro a todas las personas procesadas por delitos contemplados por el Código Penal. Se convirtió en ley.
• Reforma de Ley 26.216 de Armas de Fuego: Flexibilización del protocolo para el acceso legal a tenencia de armas de fuego. Prórroga por cuatro años del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que permite entrega anónima de armamento para su destrucción. Obtuvo media sanción en Diputados.
• Régimen de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado: agravamiento y unificación de penas para quienes sean considerados miembros de una organización criminal, establecimiento de facultades especiales a fuerzas de seguridad en “Zonas Sujetas a Investigación Especial” y decomiso anticipado. Obtuvo media sanción en Diputados.
• Modificación del Régimen Penal Juvenil: baja de edad de imputabilidad (de 16 a 13 o 14 años, según el proyecto) y determinación de nuevas responsabilidades institucionales del Estado con respecto a los adolescentes judicializados. Se encuentra en debate en comisiones.
• Reforma de Ley N° 20.429 de Armas y Explosivos: establece un plazo máximo de seis meses para definir el restituir o destruir munición o armamento incautado. Se encuentra en debate en comisiones.
• Sanción de ley de Bien Restituido: establecimiento de los parámetros de distribución a la sociedad civil de los bienes incautados a narcotraficantes y organizaciones criminales. Se encuentra en debate en comisiones.
• Ley de Seguridad Interior: habilita a las Fuerzas Armadas a participar en actividades de seguridad interior sin necesidad de acudir a la declaración de estado de sitio; su accionar no puede ser punible. Se encuentra en debate en comisiones.
• Derecho a la legítima defensa y cumplimiento del deber: reformas de los regímenes existentes. Inicia en noviembre su debate en comisiones.