Connect with us

Sociedad Actualidad

La ONU advirtió sobre presiones a la justicia durante el gobierno de Macri.

Published

on

La República Argentina finalizó el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un proceso que el Gobierno definió como «exitoso» y en el que 4 de 287 países hicieron recomendaciones en sintonía con el informe que presentó en Ginebra el secretario de DD.HH de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, e incluso mencionaron presiones a la Justicia durante la gestión de Macri.

«La cuestión de la independencia judicial, reconocida por Argentina como un grave problema para nuestra democracia, fue abordada en 4 recomendaciones (del total de 287) realizadas por Chile, el Estado Plurinacional de Bolivia, Eslovaquia y Alemania», valoró la Secretaría de Derechos Humanos a través de un comunicado.

Y al detenerse en la recomendación de Alemania, la Secretaría remarcó que, «contrariamente a lo sostenido falsamente por algunos medios de comunicación, (ese país) resalta la necesidad de reforzar la independencia del Poder Judicial y proteger a jueces e investigadores de presiones e intimidaciones, en consonancia con una comunicación de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados de 2019, que también fue incorporada por Argentina en su informe».

En esa mención, la Secretaría de DD.HH se refirió al diagnóstico sobre la situación de los jueces y fiscales argentinos y las acciones del Ejecutivo de entonces (el mandato presidencial de Macri, 2015-2019) que el relator de la ONU para la independencia de Magistrados y Abogados, el jurista peruano Diego García-Sayán, presentó en los primeros días de noviembre de 2019.

En aquel informe, García-Sayán había considerado «fiables» una serie de denuncias de entidades de abogados que acusaban a la gestión Cambiemos de llevar adelante un «plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial», y entre otros antecedentes mencionaban el hostigamiento sufrido por la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para forzarla a renunciar.

La denuncia en foros internacionales sobre irregularidades procesales y prácticas violatorias de las garantías constitucionales llevadas a cabo por jueces y fiscales -resumidas en la categoría ‘lawfare’ o guerra jurídica- quedó en primer plano luego de que Pietragalla incorporara un capítulo sobre la actualidad judicial de la Argentina en el Examen Periódico Universal que realizó este lunes en Ginebra, al participar de la sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Allí, Argentina denunció la «pérdida de legitimidad del Poder Judicial», a partir de la práctica del lawfare o guerra jurídica, y pidió el «acompañamiento del Consejo en el impulso de iniciativas y reformas normativas que procuran fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho» en el país.

«Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurría a los golpes de Estado militares, hoy utiliza el Derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública», planteó Pietragalla Corti en su exposición.

La mención a dicha problemática encontró eco en la recomendación que dirigió al país el Estado Plurinacional de Bolivia, cuyos representantes convalidaron los planteos del secretario de Derechos Humanos de la Argentina e incluso exhortaron al país a «aplicar medidas que contrarresten» el lawfare.

«Habiendo identificado el desafío que actualmente enfrenta el país con el fenómeno del lawfare, los alentamos a alcanzar el desarrollo de medidas para contrarrestar este fenómeno y fortalecer el Estado de Derecho», expresó Bolivia, e hizo un llamado a «continuar aplicando medidas que contrarresten y no dejen en impunidad el alto endeudamiento heredado de anteriores gestiones».

Además, la delegación boliviana alentó a Argentina a «adoptar e implementar las medidas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en favor de la señora Milagro Sala».

También en sintonía con los postulados de Argentina, la representación de Chile en el Consejo de DDHH se pronunció a favor de «garantizar la plena independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de sus funciones».

Eslovaquia, de igual manera, apoyó el objetivo argentino de «perseguir eficazmente los principios de independencia del sistema judicial».

En el caso de Alemania, sus representantes aludieron al informe de noviembre de 2019 al recomendar que se refuerce la independencia del sistema judicial, al tiempo que llamaron a «proteger» a los jueces de «presiones e intimidaciones» y a «trabajar con la oposición para completar los puestos vacantes», entre ellos los de la Corte Suprema, que -dato no menor- tiene vacante el lugar que ocupaba su única mujer, Elena Highton.

Con esta presentación, el Estado argentino rindió su cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) -que responde al período 2018-2022- y por el que recibió las recomendaciones de los distintos países miembros, en el marco de un mecanismo en el que cada Estado repasa la situación de los derechos humanos y la implementación de compromisos internacionales asumidos.

«Es el cierre de un productivo intercambio con la comunidad internacional, que destacó los esfuerzos realizados por Argentina en materia de derechos humanos y, en particular, las políticas para combatir la violencia de género y la discriminación contra mujeres y el colectivo LGBTIQ+», analizó la Secretaría de Derechos Humanos.

La gran mayoría de las intervenciones, en términos generales, reconoció los «avances» en las políticas de derechos humanos implementadas en los últimos años y dio muestras de «solidaridad» frente al intento de asesinato a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Pietragalla, por su parte, reivindicó en diálogo con Télam la presentación que la Argentina hizo en el plenario de Comité de DDHH de la ONU, a la que consideró «audaz».

«No es habitual que un país denuncie a uno de sus poderes del Estado, pero también es atípico lo que está sucediendo en la Argentina, en cuanto a que hay un Poder Judicial que está condicionando a los otros y viola claramente las garantías constitucionales», argumentó el lunes en diálogo con esta agencia.

En su evaluación de los últimos acontecimientos, el Ejecutivo evaluó finalmente que la Argentina logró cerrar un «exitoso paso por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU», un ámbito en el que las políticas de género desarrolladas por el Frente de Todos «recibieron la mayor atención», con 64 recomendaciones.

También hubo reconocimiento por la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

«La violencia institucional fue otro de los temas centrales, con la presentación de 31 (11% del total) recomendaciones para tomar las medidas necesarias para erradicar la violencia policial, la tortura y mejorar las condiciones de las cárceles», evaluaron asimismo desde la Secretaría de Derechos Humanos.

De igual modo, los distintos Estados que hicieron recomendaciones a la Argentina se pronunciaron a favor de que el Congreso designe al titular de la Defensoría del Pueblo, como también llamaron a proteger más a los pueblos originarios y a las infancias; otra observación fue que se mejore el acceso a la salud y que se trabaje para erradicar los discursos de odio y la discriminación.

Actualidad

Por unanimidad: el Senado aprobó nuevamente el aumento de las jubilaciones en general

Published

on

Con la vicepresidenta al frente de la sesión, que se retiró al momento de la votación, la oposición sancionó la suba de los haberes previsionales y el bono. Un sector de la UCR, los correntinos y algunas fuerzas provinciales fueron decisivos para reunir el quorum.

Con un tablero que no funcionaba, cada legislador fue expresando su voto con la voz. En tanto, Villarruel se levantó y se retiró de la sesión.

  • 52 afirmativos
  • 4 abstenciones
Continue Reading

Actualidad

Inauguración de un nuevo mástil en el Centro Ambiental Anchipurac

Published

on

En el marco de los festejos previos al Día de la Independencia, el señor vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, participó del acto de inauguración de un nuevo mástil en el Centro Ambiental Anchipurac.

El evento contó con la presencia del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Federico Ríos; la directora de Anchipurac, Jenifer Tudela; el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky; el diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba, y concejales del departamento.

Durante la ceremonia, el Vicegobernador dirigió unas emotivas palabras al público presente, destacando el profundo simbolismo de la bandera argentina y el legado de quienes forjaron nuestra independencia: “Qué bonito es verla flamear. Me lleva a pensar en cuántos argentinos dieron su vida por la patria. Belgrano, por ejemplo, provenía de una familia con recursos, estudió en España, fue abogado, militar, y usó su sueldo para fundar escuelas. Murió pobre, pero con una grandeza que hoy debemos recuperar. Es muy difícil ser como él, pero podemos y debemos esforzarnos por ser buenos ciudadanos: buenos padres, madres, compañeros de trabajo, personas de bien que construyan una patria más justa y solidaria”.

Además, el Vicegobernador subrayó el vínculo entre libertad y responsabilidad, haciendo especial hincapié en el cuidado del ambiente y la importancia de la educación: “Ser libre implica prepararse, estudiar, cuidar nuestra tierra y nuestro entorno”.

/PrensaRivadavia

Continue Reading

Actualidad

El gobierno nacional disolvió la agencia que regulaba el cannabis medicinal y el cáñamo industrial

Published

on

A través del decreto 426/2025, el Ejecutivo oficializó la eliminación de la agencia que regulaba el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, junto a otras dependencias estatales. Las funciones pasarán a manos de ministerios y secretarías.

El Gobierno nacional oficializó una profunda reestructuración del Estado con la publicación del decreto 426/2025, firmado poco antes de que vencieran las facultades delegadas por la Ley Bases. Entre las medidas más destacadas se encontró la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).

Según lo detallado en el decreto, la eliminación del organismo respondió a un informe que detectó una estructura jerárquica sobredimensionada, en relación con la cantidad de personal. Además, se argumentó que el esquema vigente no diferenciaba con claridad entre los usos y productos derivados de la planta de cannabis, lo que generaba trabas regulatorias y afectaba la competitividad de la industria.

Con la disolución de la ARICCAME, las tareas vinculadas al cáñamo industrial y la biomasa quedarán bajo la órbita del Ministerio de Economía, mientras que ANMAT asumirá el control de los productos con fines medicinales.

El mismo decreto también suprimió al Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), cuyas funciones pasarán al Ministerio de Economía, que además ejercerá como autoridad de aplicación de la Ley 27.118. Sólo permanecerán el Registro Nacional de la Agricultura Familiar y algunas tareas básicas de fiscalización.

Otro de los organismos disueltos fue el Instituto Nacional de Semillas (INASE), junto con la Comisión Nacional de Semillas. Sus competencias pasarán a la Secretaría de Agricultura, que ahora contará con un Comité Asesor de carácter honorario para tareas de inspección y control.

En paralelo, el Gobierno decidió transformar el esquema de funcionamiento de otros entes autárquicos. El INTI dejó de operar como organismo descentralizado y pasó a depender directamente de la Secretaría de Industria. En tanto, el INTA y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) fueron convertidos en entes desconcentrados, con el objetivo de mejorar su articulación y eficiencia.

Estas medidas forman parte del plan de reestructuración estatal impulsado por el presidente Javier Milei, centrado en reducir el gasto público, eliminar organismos considerados ineficientes y redirigir funciones a áreas con mayor poder de ejecución dentro del Gabinete.

/C13

Continue Reading

Continue Reading