Distintos sectores de la oposición están de acuerdo en la idea de modificar la ley que regula el uso de los decretos de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo, pero por ahora no logran llegar a una idea unificada sobre los plazos y las condiciones, situación agravada por las diferencias internas que están manteniendo los espacios que no son libertarios.
¿Tienen que ser las dos Cámaras las que se expidan sobre la validez de un DNU o alcanza con una sola? ¿Cuánto tiempo es prudente dar al Congreso para que analice el decreto firmado por el Presidente? ¿sesenta o noventa días es suficiente? Estas son algunas de las discrepancias que surgen en el seno de las distintas fuerzas y que por los ajustados plazos del año parlamentario complicaría su sanción definitiva antes del 30 de noviembre.
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Sobre estos interrogantes sobrevuela la confirmación de que el presidente Javier Milei está dispuesto a volver a ejercer su poder de veto porque considera que constituye una modificación de las reglas de juego sin el aval del propio oficialismo. Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, lo expuso durante el último plenario de comisiones en el que señaló que los DNU han sido “una tradición constitucional y una herramienta para incentivar al Congreso a que legisle frente a determinados casos de urgencia”.
Es decir, que si el Parlamento no toma las decisiones a tiempo, es lógico que el Presidente tenga la posibilidad de resolverlo por su cuenta, siempre que no sea sobre materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos.
La paradoja aquí es que la ley que defiende con todas sus fuerzas el oficialismo fue sancionada en 2006 a instancia de la entonces senadora Cristina Kirchner. El mismo debate surge en el PRO, donde la voluntad de acompañar al Gobierno está presente pero no de manera incondicional, como ya lo planteó el propio Mauricio Macri tanto a nivel interno como en las conversaciones con el Ejecutivo.
“La ley que promulgó el kirchnerismo vulneraba las competencias que este Congreso tenía que tener porque creíamos que estaba dirigido a obviar cierta discusión”, sostuvo la diputada del PRO Silvana Giúdici en la reunión, donde abogó por no tomar el tema “a la ligera” porque “estamos tocando el andamiaje institucional de una república”. En otras palabras, que el PRO no comparte el apuro de fuerzas como Encuentro Federal que encabezaron el emplazamiento para ponerle fecha a la firma del dictamen.
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El tema ya había logrado una media sanción en Diputados en 2010 con la autoría del autodenominado “Grupo A”, pero no superó la instancia del Senado y quedó cajoneado. “La mayoría que fuerza derogar esta ley es la mayoría que resistió durante estos casi veinte años mejorar la calidad institucional de este Congreso”, le retrucó Giúdici al kirchnerismo, que no pierde las esperanzas de encarar una movida para finalmente rechazar el megadecreto 70/2023 que ya tuvo un primer rechazo en el Senado.
En ese sentido, Carolina Gaillard, de Unión por la Patria, sostuvo que “es hora de que nos pongamos de acuerdo y a la vez que tratamos la modificación de esta norma, podamos tratar la derogación del DNU 70/2023”, una empresa que cuanto más ambiciosa es, más distante parece de poder ser concretada.
En el radicalismo, en tanto, aclaran que ni la ley vigente ni el DNU son inconstitucionales, lo que también pone una duda sobre si es necesario encarar la discusión bajo presión. “Despejemos los fantasmas porque parece que tuvimos 18 años de ilegalidad y nada que ver”, dijo Carla Carrizo, del nuevo bloque Democracia para Siempre.
El próximo miércoles 30 de octubre sería el último plazo para dictaminar sobre la cuestión, de acuerdo al pedido de emplazamiento que realizó el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño durante la sesión en la que la oposición no pudo frenar el veto de Milei al financiamiento universitario.
Por el ritmo de invitados desarrollado en las dos primeras reuniones, el debate no parece estar zanjado por lo que la opción sería reducir la cantidad de especialistas o postergar el plazo de resolución del tema.
