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Política & Economía Nacional

La oposición, dividida frente a la propuesta del FdT para que los jueces paguen Ganancias.

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El artículo incluido por el oficialismo de la Cámara de Diputados para que en el proyecto de Presupuesto 2023 se contemple el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los integrantes del Poder Judicial divide posiciones dentro de Juntos por el Cambio (JxC) y en otros bloques opositores en torno a la postura que deberían adoptar en la sesión del martes, cuando esta iniciativa se debata en el recinto.

Desde algunos sectores opositores se animan a especular con que la inclusión del tema en el debate del Presupuesto haga peligrar la sesión prevista para las 12.30.

Pero en la bancada oficialista se muestran confiados en que la sesión se realizará y que estarán los votos necesarios para aprobar el artículo en cuestión.

La propuesta realizada por el oficialista Marcelo Casaretto en la reunión de la comisión de Presupuesto del pasado jueves -en la que se emitió el dictamen- consiste en modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales, para recaudar unos 237.000 millones de pesos más a los recursos”, según las estimaciones realizadas.

En 2017, una ley dispuso que los jueces que ingresen al Poder Judicial paguen ganancias, pero como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron, son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta el cobro de este impuesto de sus haberes.

El artículo incorporado al proyecto fija que “en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones”.

Conocido el texto, desde el PRO, el referente jurídico del bloque, Pablo Tonelli, señaló en declaraciones a DiputadosTV: “Es muy justo que paguen, pero implicaría una disminución en la remuneración que iría en contra del artículo 110 de la Constitución”.

“Aunque sea más lenta y a algunos le pueda parecer injusta, soy partidario de seguir con la fórmula de ahora y que paguen los nombrados desde 2017. Esto se aplicó en Estados Unidos en los años ’30 y al cabo de un tiempo todos los jueces (de ese país) llegaron a pagar el impuesto a las Ganancias. Aunque sea más lenta y a algunos le pueda parecer injusta, soy partidario de seguir con esa fórmula y no innovar”, sostuvo Tonelli.

Desde la Unión Cívica Radical (UCR), en cambio, mantienen más cautela sobre el tema y mientras algunos de sus integrantes opinan que “se trata de un nuevo capítulo de la disputa del kirchnerismo con la Justicia” otros no quieren “votar en el recinto en contra de la eliminación de los privilegios del Poder Judicial”.

En ese escenario, la abstención aparece por estas horas como la alternativa que prevalece en la bancada presidida por el cordobés Mario Negri.

Es una posición que difiere de la que sostienen los doce integrantes de Evolución Radical, que son partidarios de votar a favor del artículo en cuestión.

La Coalición Cívica (CC), cuarto espacio en volumen del interbloque JxC, con once miembros, ya había expresado una posición más crítica sobre el Presupuesto en general.

Esta bancada, por ahora, ni siquiera analiza por ahora el punto por punto del proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo.

Más allá de las definiciones que surjan de JxC, este fin de semana el diputado Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal, se refirió al tema en sus redes sociales.

“El oficialismo vuelve a cometer los mismos errores. Sin tratar en comisión, y a horas de que el proyecto vaya al recinto, el FdT quiere incluir a jueces en el Impuesto a las Ganancias. Si hay que generar cambios, deben ser por diálogo y consenso ¿Quieren o no un presupuesto?”.

La pregunta final se torna importante si se toma en cuenta que surge del presidente del bloque que representa al oficialismo cordobés, y que con sus tres integrantes es la mayor fuerza del interbloque Federal, tercer espacio de la Cámara con ocho miembros.

Los otros dos socios del espacio, Identidad Bonaerense y el socialismo santafesino, aún no se expidieron sobre el tema.

Una reunión de urgencia

A las posiciones existentes entre los bloques de la Cámara, se sumó en las últimas horas una reunión de urgencia de tres de los cuatro ministros de la Corte Suprema para analizar el tema, y el rechazo de diferentes asociaciones de jueces, magistrados y empleados judiciales a través de una serie de comunicados advirtiendo, casi coincidentemente, sobre la “inconstitucionalidad” de la propuesta legislativa.

Bajo la consigna “No hay épica en esta medida”, el Sistraju, sindicato que cuenta entre sus líderes con la diputada nacional Vanesa Siley, del FdT, se manifestó contrario a esta iniciativa y convocó a un paro para el próximo martes.

Por su parte, La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) también realizará el mismo día una medida de fuerza con movilización a la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, la asociación civil Justicia Legítima se pronunció a favor de que el Impuesto a las Ganancias también alcance a jueces, fiscales y funcionarios judiciales, y les pidió a los integrantes de este Poder “dejar de lado toda mezquindad” para que de ese modo puedan “honrar” sus lugares de trabajo con el propósito de “transformarlos en auténtico sostén del sistema democrático, republicano, representativo y federal”.

Mientras tanto, a los argumentos que expuso el jueves en la reunión de comisión, el diputado Casaretto sumó en las últimas horas otros elementos para defender la inclusión de ese punto en el Presupuesto.

Tras poner énfasis en que “de lo recaudado por este ítem el 70 por ciento iría a becas educativas y al incentivo docente y el 30 restante a un programa específico para combatir la inseguridad en Rosario”, el entrerriano recurrió a dos datos del archivo.

Sobre el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, el legislador recordó que tiene una sentencia a favor de que los jueces paguen Ganancias cuando actuó como conjuez del máximo tribunal, en 2006 en el caso “Gutiérrez Oscar contra Anses”.

En cuanto a otro integrante de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Casaretto reseñó que en su presentación en la audiencia pública del Senado para defender su pliego para sumarse al máximo tribunal, el actual magistrado expresó: “Estoy dispuesto a pagar los impuestos y voy a militar para que el Poder Judicial pague impuestos”.

Política & Economía Nacional

Inflación: laboratorios acordaron congelar precios de medicamentos por 30 días

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La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) representa a 41 compañías, pero cada laboratorio asociado ejercerá la facultad de adherir individualmente a la iniciativa.

Durante el primer trimestre del año quedó en evidencia el recorte en el flujo de fondos hacia organismos y hospitales, lo cual tuvo un impacto significativo en las firmas del sector de la salud y en medio de una altísima inflación. Apenas días después de su asunción, el presidente Javier Milei anunció que las cuotas de las prepagas se moverían sin intervención oficial, pero tan solo cuatro meses más tarde, se vio obligado a regularlas y se encuentra al borde de llevar el tema a la Justicia. En medio de esto, el plan de déficit cero adquirió un ritmo vertiginoso, y la salud pública no fue uno de los sectores que salieron ilesos de estos movimientos.

Según la ejecución presupuestaria del primer trimestre, el ítem Salud representó solo el 3,8% del gasto total, lo que marcó una disminución del 35% en comparación con el mismo período del año anterior, totalizando $572.999 millones, según se desprende del último informe la consultora Centro de Economía Política (CEPA).

En ese contexto, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que representa a 41 compañías de innovación farmacéutica que investigan, desarrollan y comercializan medicamentos en el país, manifestó su disposición para acompañar las medidas destinadas a fortalecer el sistema de salud argentino, congelando los precios de los medicamentos por un período de 30 días, a partir del día de la fecha, en consonancia con la política de estabilización de las variables de la economía argentina.

La entidad, que agrupa a 41 laboratorios principalmente de capitales extranjeros, pero deja librado a cada firma la facultad de adherir a la iniciativa. Algunos de los laboratorios que forman parte de Caeme son: Abbot, Abbvie, Alcon, Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bausch+Lomb, Bayer, Merk, GSK, Roche, Sanofi, MSD, Lilly, Novartis, entre otros.

En función de lo expuesto, cada laboratorio asociado ejercerá la facultad de adherir individualmente a esta iniciativa.

“CAEME reitera su compromiso por contribuir y promover el acceso oportuno y equitativo por parte de los pacientes a medicamentos y tratamientos innovadores en un marco de sustentabilidad y transparencia”, concluye el comunicado.

@Ámbito.

/Imagen principal: Archivo/

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Política & Economía Nacional

Gobierno eliminaría la reforma política del Pacto de Mayo.

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Según fuentes cercanas al Gobierno, se está evaluando la posibilidad de eliminar un punto clave del Pacto de Mayo en medio de las negociaciones con los gobernadores. Este punto en cuestión es el noveno, que propone una reforma política destinada a modificar el sistema actual y realinear los intereses de los representantes con los representados.

La iniciativa de reemplazar este punto surge como respuesta al deseo del Ejecutivo de mantener el enfoque estrictamente económico del acuerdo nacional, excluyendo otros temas como educación y producción, solicitados por algunos mandatarios provinciales para su inclusión en el debate programado para el 25 de mayo en la ciudad de Córdoba.

“Se está considerando su reemplazo porque queremos que el acuerdo sea puramente económico y no político. No es el momento adecuado para abordar cuestiones educativas”, señaló un funcionario a TN.

La prioridad declarada en la Casa Rosada es alcanzar una cifra de inflación mensual de un solo dígito y estimular la reactivación económica. Para ello, el Ejecutivo busca acelerar el tratamiento de la Ley Ómnibus, que incluye desregulaciones y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Entre los puntos propuestos por Javier Milei para el Pacto de Mayo se encuentran la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público al 25% del PBI y una reforma tributaria que alivie la presión impositiva.

El Gobierno sostiene su compromiso con el pacto incluso si la Ley Ómnibus y el paquete fiscal no son aprobados en el Congreso, e independientemente de la asistencia de pocos gobernadores.

Se está considerando la convocatoria a una comisión económica liderada por el secretario de Hacienda, Carlos Guibert, compuesta por ministros económicos provinciales de los gobernadores que se adhieran al Pacto de Mayo. Esta comisión tendría como objetivo delinear los puntos tributarios, económicos y previsionales a ser firmados en la ciudad de Córdoba.

El Gobierno cuenta con el respaldo de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio y de otros mandatarios provinciales como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), y busca sumar a Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Se espera que la firma del acuerdo evidencie una marcada división entre gobernadores aliados y opositores a las iniciativas del oficialismo, y no se descarta la presencia de gobernadores de la oposición dura, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa), este último especialmente relevante en la discusión sobre la coparticipación, según señaló un alto funcionario a TN.”

@DiarioLaProvincia

/Fuente de imagen: Archivo Google

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Política & Economía San Juan

Gutierrez visualizó una inflación de un 9% para abril.

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El ministro de Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, habló sobre la situación económica del país y cómo repercute en la provincia pero adelantó que prevén, por cómo se van desarrollando lo números, que la inflación para abril girará en torno al 8,9 o 9 por ciento.

En este sentido, en micrófonos del programa Claridad en las noticias, el funcionario del Gobierno de Marcelo Orrego explicó que “la inflación va bajando en las últimas dos semanas; los precios de alimentos y bebidas tuvo 0,4% de incremento en la semana y eso te va marcando una fuerte desaceleración de la inflación”.

“Todo converge a menores valores. Es un reacomodamiento de precios relativos, como se les llama, que cumple con la primera etapa de las medidas económicas con el fin de tener un país normalizado y estabilizado”, cerró.

@Diario De Cuyo

/Fuente de imagen: Archivo Google

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