El Bitcoin se acercó al umbral histórico de los u$s100.000 y finalizó una semana increíble con una suba de 196% tras cerrar en u$s99.000. Este repunte está impulsado, en las últimas horas, por el anuncio de la renuncia de Gary Gensler, presidente de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de Estados Unidos, quien dejará su cargo el próximo 20 de enero, coincidiendo con la investidura de Donald Trump para su segundo mandato presidencial.
NacionalPolítica & Economía
La provincia de Buenos Aires va a la justicia para pedir la suspensión del megaDNU de Milei
El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, impugnó judicialmente el decreto 70/2023 ante los tribunales federales platenses. El planteo recayó en el juzgado de Alberto Recondo.
La Provincia de Buenos Aires (PBA) presentó su propio pedido de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, su consiguiente nulidad absoluta y, al mismo tiempo, que se ordene una protección cautelar, suspendiendo de inmediato los efectos del megadecreto de Javier Milei. El planteo recayó en el juez federal de La Plata Alberto Recondo, quien tendrá que decidir, tal vez antes del viernes, cuando el DNU entre en vigencia. El texto de 44 páginas está firmado por Guido Lorenzino, defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, facultado por la constitución bonaerense a ejercer la representación de los habitantes de esa provincia. “La decisión del Presidente de la Nación de modificar aproximadamente 300 leyes de contenido múltiple y heterogéneo, algo expresamente prohibido por el artículo 99 de la Constitución Nacional, nos pone ante una situación institucional grave, inédita, excepcionalísima para uno de los pilares de nuestra Constitución: la forma republicana de gobierno”
Una presentación decisiva
El escrito bonaerense tiene un peso enorme, en primer lugar, porque representa al distrito de mayor envergadura de la Argentina y al 40 por ciento de la población nacional. Es por eso, que al principio mismo del escrito se pide explícitamente ser excluido de cualquier otro proceso, porque en forma tácita se sostiene que el pueblo de la Provincia de Buenos Aires no puede estar representado, por ejemplo, por una ONG de CABA. La referencia es a la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, que presentó el primer amparo y que recayó en el juez Esteban Furnari. Es evidente que Lorenzino respeta a esa ONG, pero afirma que el pueblo bonaerense, por dimensiones y entidad propia, no es abarcado por ninguna otra presentación.
En base a ese planteo, el pedido de inconstitucionalidad recayó en uno de los tres jueces federales de La Plata, Recondo, y será tratado por ese magistrado. Como se sabe, la falta de fecha del DNU motivó que la mayoría de los constitucionalistas dictaminaran que entra en vigencia el 29 de diciembre, ocho días después de la publicación. Habrá que ver si Recondo dicta una cautelar antes de esa fecha, es decir antes del viernes. Una medida de esa naturaleza dejaría suspendidos los efectos del DNU en todo el país, al menos hasta que el Congreso se pronuncie.
El núcleo de la inconstitucionalidad
Lorenzino sostiene que la Constitución de la PBA lo ha «envestido de la calidad suficiente para abogar por la defensa de los derechos y garantías de todos los ciudadanos que habitan el territorio provincial, defendiendo y haciendo respetar el sistema representativo, republicano y democrático de gobierno. El fin último de esta petición es la defensa de la Constitución Nacional”.
“El decreto 70/23 es manifiestamente inconstitucional –se afirma en la página 14– porque el Poder Ejecutivo usurpó atribuciones por fuera de las causas expresa y restrictivamente enumeradas por la Constitución: ‘podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia solamente cuando circunstancias excepciones hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen material penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos’. El DNU viola de modo flagrante los presupuestos y las condiciones constitucionales de emisión. La inconstitucionalidad resulta patente, evidente o manifiesta, por cuanto no exige medidas de prueba para comprobar la falta de adecuación del mismo con las reglas y principios fijados expresamente por la Constitución”.
Los puntos clave
Señala el defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires:
*El DNU es inconstitucional porque se dictó por meras razones de conveniencia y con el objetivo de eludir la participación del Congreso;
*Es inconstitucional por cuanto se dictó para atender cuestiones permanentes y no meramente coyunturales o transitorias;
*Viola la separación de poderes, así como el orden democrático en tanto suprime la función del Congreso nacional;
*Es irrazonable y arbitrario por cuanto, en un solo decreto legislativo, ha derogado y modificado leyes que corresponden a las más variadas materias;
*El decreto no demuestra ni acredita que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor;
*No se justifica en cada una de las múltiples materias reguladas que exista urgencia objetiva que deba ser solucionada inmediatamente;
*La prueba inequívoca de que el Congreso está en condiciones de reunirse es que el 21 de diciembre se convocó a sesiones extraordinarias;
*Los considerandos del DNU sólo contienen un diagnóstico de la situación del país y un pronóstico de las calamidades que habría que esperar, pero nada dice de las exigencias de la Constitución para dictar un DNU, la imposibilidad de acudir al Congreso y la justificación de la necesidad y la urgencia;
*El Poder Ejecutivo así, por mandato celestial o divino, se constituye en una super-legislatura unipersonal.
El pedido de cautelar
Sobre la base de todos esos fundamentos, que Lorenzino extiende a lo largo de más de 30 páginas, se le pide al juez “la suspensión de los efectos del decreto de necesidad y urgencia número 70/23” o al menos “la suspensión de sus efectos hasta tanto las Cámaras del Congreso se expidan por la aceptación o rechazo del decreto”. Este último pedido tiene que ver, justamente, porque la ley vigente entiende que un DNU pierde vigencia o si explícitamente las dos Cámaras lo rechazan; si el Congreso opta por el silencio o si una única Cámara lo avala, el decreto es válido.
El escrito menciona el peligro de demora, por cuanto los efectos son irreparables. “Sin demasiado esfuerzo se advierte que la derogación de la ley de abastecimiento, de góndolas, de alquileres, la liberalización de los servicios de salud, nuevas causales de injuria laboral, habrán de producir efectos inmediatos irreversibles”.
Si el juez Recondo admite la cautelar y suspende los efectos del DNU será un golpe demoledor a una norma que todos los juristas y académicos han considerado inconstitucional. En el mundo entero causó estupor, porque no se registran antecedentes de un gobernante, salvo en dictaduras, avance de esa manera sobre los demás poderes democráticos. Es casi seguro que si Recondo suspende el DNU, la Casa Rosada apelará la decisión del juez, con lo que los planteos llegarán a la Cámara Federal de La Plata. Y, de una manera u otra, la batalla final se dará en la Corte Suprema. Pero es decisivo que al máximo tribunal se llegue con los efectos del DNU suspendidos y no produciendo el perjuicio que ya está produciendo en la mayoría de los argentinos.
@Página12.
/Imagen principal: Archivo/
NacionalPolítica & Economía
Bitcoin voló casi 200% en la semana y quedó a un paso de los u$s100.000
Con este panorama, el mercado se mantiene atento a los movimientos políticos y económicos que podrían seguir impulsando el ascenso meteórico de la mayor criptomoneda del mundo.
En una carta oficial, Gensler destacó el compromiso de la SEC con su misión de proteger a los inversores y garantizar la transparencia en los mercados. Sin embargo, su salida podría marcar un punto de inflexión en el enfoque regulatorio hacia los criptoactivos. Con Trump en la Casa Blanca, se espera una postura más flexible que facilite el desarrollo del sector y atraiga mayores inversiones.
Con este panorama, el mercado se mantiene atento a los movimientos políticos y económicos que podrían seguir impulsando el ascenso meteórico de la mayor criptomoneda del mundo.
Qué analiza el mercado cripto
Desde las elecciones en EEUU, el precio del BTC experimentó un crecimiento acelerado, respaldado por el optimismo en torno a la política pro-cripto del presidente electo, Trump. Según Matt Britzman, analista sénior de mercados de Hargreaves Lansdown, «alcanzar los u$s100.000 parecía un sueño hace unos meses, pero ahora es una posibilidad tangible».
Además, Naeem Aslam, experto de Zaye Capital Markets, vislumbra un futuro aún más prometedor: «Mientras todos miran los u$s100.000 como el objetivo clave, los inversores más estratégicos ven más allá. Si Estados Unidos expande sus reservas de BTC, podríamos ver la criptomoneda alcanzar los u$s200.000 en el mediano plazo».
Con este panorama, el mercado se mantiene atento a los movimientos políticos y económicos que podrían seguir impulsando el ascenso meteórico de la mayor criptomoneda del mundo.
Ambito Financiero
NacionalPolítica & Economía
El ministro de Justicia pidió ordenar y aniquilar este Estado
«La Argentina es un entramado deliberado para nombrar gente. Nos han abusado, hay que ordenar y aniquilar este Estado que debe ser eficiente», sostuvo el funcionario en declaraciones televisivas.
En ese sentido, agregó: «Nosotros somos servidores del Estado. Tenemos que venir a darles un servicio, no esta porquería que descubrimos».
Estas declaraciones del ministro se dan en el marco del hallazgo de un boliche clandestino que, según denunciaron desde la administración libertaria, funcionaba en un piso cedido por el Estado a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.
Al respecto, el titular de la cartera de Justicia declaró: «Me da vergüenza. Lo que han hecho es un papelón por eso hay que tener en cuenta quién es quién».
«La decisión de Javier Milei es que cambiemos la justicia, la mejoremos y cuidemos el patrimonio de los argentinos. Ahí teníamos un montón de inmuebles, los fuimos revisando, achicando, muchos entregamos al Administrador de Bienes y el Estado (ABE) y otros los fuimos juntando. Sacamos viáticos, horas extras, redujimos plantas. En esa tarea de investigación encontramos muchos edificios destruidos, pero ninguno como este», insistió luego.
Fue en la misma línea que sostuvo que tras el allanamiento del edificio ubicado en avenida Rivadavia N°2749/ 89 y Pueyrredón N°19, se comprobó un hecho de malversación dolosa. «Ahora vamos por los autores que son dos«, prometió.
«No podemos permitir que el delito se siga consumando. Pedí que se haga el allanamiento, ordene el desalojo y devuélvalo al Estado para que se lo entregue al ABE para que disponga del inmueble», manifestó.
Mariano Cúneo Libarona buscará crear un registro automotor único, digital y simple: «Soy el enemigo número uno de los registros»
Por otro lado, remarcó la premisa de achicar el Estado para alcanzar en déficit, al tiempo que se jactó de ser la cartera que más redujo su planta. En adhisión a eso, prometió cambios en la ley, y manifestó su intención de crear un registro automotor único, digital y simple.
«Soy el enemigo número uno de los registros. Doy la batalla cultural, mil peleas, y quiero achicar los registros porque es un sistema perverso, que incrementa el precio de un vehículo y yo lo reduje a uno», concluyó en diálogo con LN+.
Ambito Financiero
NacionalPolítica & Economía
Legislatura de Córdoba: la oposición de JxC y el PJ empantanados en la discusión por los “cinco minutos” del uso de la palabra en el recinto
No sólo los halcones sino también las “palomas” del interbloque Juntos por el Cambio (JxC) se quejaron en la sesión de ayer ante lo que consideraron una actitud “prepotente” del oficialismo al “coartarles” el uso de la palabra en el recinto. El PJ negó tal situación y se amparó en la letra dura del reglamento interno de la cámara.
El ala halcón de JxC, aunque esta vez se sumaron voces de “palomas” cambiemistas, volvieron a chocar con las espadas peronistas por no poder pronunciarse en el recinto respecto a temas sensibles que golpean al gobierno provincial, por caso la inseguridad y la tarea bajo la lupa de la Senaf. En el fondo de la cuestión afloran las demandas de renuncia de los ministros Juan Pablo Quinteros (Seguridad) y Liliana Montero (Desarrollo Humano).
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Ante los pedidos de tratar sobre tablas casi una veintena de proyectos, la fuerte pulseada pasa por el pedido de reconsideración que fogonean los halcones cambiemistas que choca con la negativa de los “generales” del gobierno en la Unicameral. En concreto, la oposición se queja porque no se les concede los cinco minutos para argumentar su replanteo en los diversos temas.
Desde el oficialismo contragolpean en que JxC “desvirtuó” este mecanismo. “La oposición utiliza los cinco minutos para despotricar”, afirmó el presidente provisorio, Facundo Torres, al tiempo que señaló que “se presentan de 17 a 29 pedidos de tratamiento sobre tablas” por sesión.
En medio del cruce de acusaciones, los cambiemistas apuntan sus cañones al jefe del bloque del PJ, Miguel Siciliano, quienes los acusa de “sólo poner palos en la rueda” al gobernador Martín Llaryora.
En su jugada, el peronista erosiona el poco margen de maniobra que aún queda entre ambas partes para buscar acuerdos parlamentarios. Es la segunda vez que Siciliano solicita aprobar el rechazo en conjunto de un paquete de proyectos que JxC reclama debatir sobre tablas.
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De esta manera, el PJ con sus votos y de los aliados trunca esa posibilidad y, además, bloquea el acceso a los cinco minutos de reconsideración amparado en su posición reglamentarista al dejar de lado los usos y costumbre de la cámara.
Fuego cruzado
En su intervención, el juecista Walter Nostrala le atribuyó al peronismo una actitud “prepotente” y “no democrática” en medio de la falta de acuerdo en Labor Parlamentaria en torno a la discusión de este mecanismo de poder expresarse al momento de la reconsideración que la oposición sostiene en su demanda.
El halcón del Frente Cívico rechazo de plano que “se dé los cinco minutos de acuerdo a la cara del cliente y de lo que le conviene o no al oficialismo”. Esto se debe a que el PJ propuso dar luz verde a algunas iniciativas y a otras no. Afuera quedaban los pedidos de informes por la inseguridad y la tarea bajo la lupa de la Senaf.
Así se refirió a lo que se habló en la reunión de jefes de bloques, antes del plenario, al que asistió la radical Alejandra Ferrero en reemplazo de su par de bancada Matías Gvozdenovich. Esta jugada radical acordada en el seno del bloque opositor molestó al PJ que no pudo desactivarla. O sea, la deloredista fue en calidad de vicepresidenta de la bancada UCR y no como jefa del interbloque JxC.
Esta pulseada en medio del choque de fuerzas se convirtió en una constante que genera un desgaste en la dinámica legislativa. Tras dejar en clara la postura del oficialismo rechazando que se le “limite” la palabra a la oposición, Torres reconoció que la situación está “empantanada”. El próximo martes habrá una reunión de pre-Labor para ver si desde la política “podemos desempantanar este tema”, advirtió el presidente provisorio.
Narcotráfico y transporte
En lo concreto, el PJ evitó que se discuta en el hemiciclo legislativo los temas sensibles referidos a la inseguridad y a la Senaf, a través de los cuales la oposición le factura al gobierno su “falta de políticas”.
De todos modos, Ferrero pudo colar su pedido de renuncia a Quinteros cuando se debatió el proyecto de Rodrigo Agrelo por la habilitación de la Sociedad Comercial Supermarket Nepper S.A.S en la Inspección de Sociedades Jurídicas. Se trata de la empresa de la familia política del narcotraficante Fabio “Calavera” Pelozo, hoy detenido en la cárcel de Ezeiza, que “corona una larga lista de bienes que esta cúpula narco tiene en Córdoba”, según los dichos del vecinalista.
A su turno, Ferrero resaltó: “Los delincuentes están libres y la gente encerrada. Vayan a los barrios… dejen de improvisar”, y fustigó: “En San Francisco quema el narcotráfico y no lo combatimos”. En su contragolpe, Nadia Fernández le dijo a la oposición que “hacer política con el narcotráfico es un error”.
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“Vienen a pedirle la renuncia a Quinteros que goza del apoyo de (Patricia) Bullrich. La ministra le ha demostrado que con esto no se juega”, remarcó al aludir al trabajo conjunto entre la Nación y Córdoba que arrojó una nueva foto con la inauguración de la base de Prefectura Naval Argentina en Embalse.
El otro duro cruce se produjo por la preocupación del nuevo aumento del boleto del transporte público de la capital, que ya registra una suba del 180% en lo que va del año, motorizado por Miguel Nicolás. “Dato mata relato. Y yo le di los datos”, lanzó el radical al repasar también el costo del transporte interurbano.
Siciliano fue el encargado de devolver el golpe. El peronista fue durísimo. Acusó a los cambiemistas de moverse en base a la “especulación política”. “Están pensando si van a ir juntos con (Javier) Milei” en el próximo turno electoral. “No lo quieren putear… No es ponerle palos al presidente, es perder el miedo, defender a Córdoba”, fustigó.
“Son disputados de Córdoba no de Milei. Necesitamos que los políticos de Córdoba, peleen por Córdoba. Que el presidente nos dé los fondos que nos pertenecen”, contraatacó el jefe del bloque oficialista al apuntar contra Rodrigo de Loredo, pero también al senador Luis Juez, en su demanda por los subsidios al transporte y la deuda con la Caja de Jubilaciones.
Otros proyectos
Durante la sesión se aprobó la ley que regula la actuación de los profesionales y establecimientos de salud en los casos de defunción fetal. La norma promueve los derechos de las personas gestantes. Por otro lado, se declaró de Interés Cultural, Religioso y Turístico la traza denominada «El Camino de Brochero».
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