La Cámara Civil acusó a los supremos de afectar la división de poderes. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional también rechazan el fallo.

Una verdadera rebelión judicial jaquea por estos días a la Corte Suprema en rechazo a la aplicación del fallo con el que, en el último acuerdo de 2024, le dio facultades al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para revisar las causas que tramitan en los fueros civil, laboral, penal y comercial, que son nacionales. Una acordada firmada este martes por la Cámara Civil acusa a los supremos de afectar la división de poderes, alterar el funcionamiento de los tribunales, generar demoras, mayores costos quienes presentan recursos, perturbar al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y, en definitiva, dice el texto, violar «la garantía constitucional del acceso a la jurisdicción, del debido proceso y la seguridad jurídica». Pero la de este tribunal no es la primera expresión que se alza contra aquella sentencia: la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional presentó un planteo de revocatoria para 16 causas, entre las cuales está la de la deuda del Correo de la familia Macri; y el Procurador General interino, Eduardo Casal, le pidió al alto tribunal que suspenda lo decidido ya que los fiscales nacionales no pueden litigar en los tribunales porteños. 

Este miércoles la Cámara del Trabajo tiene acuerdo general y es posible que siga el mismo camino que la Civil. También se reunirá para tratar el tema la Cámara del Crimen y la Cámara Comercial ya tuvo un encuentro informal. Todas objetan el fallo de los cortesanos que determinó que los recursos extraordinarios que cuestionen sus decisiones vayan a parar al alto tribunal porteño, que como es conocido está integrado por una mayoría de jueces afines al macrismo. 

La cocina suprema

En la Corte Suprema se veían venir el malestar pero no una reacción tan amplia. Creyeron que iban a amortiguar los efectos al firmar sentencia después de la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados, que es la entidad gremial que representa a jueces/zas, fiscales/as y defensores/as. La idea era ahorrarse un mal momento. Además en el evento sería homenajeado Juan Carlos Maqueda, quien finalmente se jubiló al promediar diciembre y, de hecho, firmó junto con Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti el caso «Levinas» que desató todo este revuelo, y una serie de resoluciones calcadas que aplican el mismo criterio. Una de ellas fue un verdadero regalo para Mauricio Macri y el grupo SOCMA, que querían a toda costa que la quiebra del Correo sea revisada por los supremos de la Ciudad. La quiebra de por sí quedó en suspenso con el recurso extraordinario que presentó la firma. La Corte le dio incluso tres años de oxígeno sin tratar el tema. El grupo Macri al parecer confía en eludir con ayuda de jueces porteños el pago de la deuda millonaria que tiene con el Estado desde 2001. 

«Levinas»,que resultó ser el leading case, se originó con demanda civil de la familia del artista plástico León Ferrari contra el panelista Gabriel Levinas, a quien le había dado unos cuadros para exponer en París en 2008, no se los devolvió, dijo que los vendió «por razones de urgencia» y tampoco le dio el dinero. Un fallo ordenaba pagarle a sus herederos 88.000 dólares y la Cámara Civil lo confirmó. Para apelar esa sentencia, Levinas hizo el intento que luego copiaron con esperanza los Macri: apeló el fallo directamente ante el TSJ porteño para llevarlo a esa jurisdicción, donde esperaba revertir si situación. El TSJ disputó la competencia y la discusión desembocó en la Corte. 

En el máximo tribunal ahora crece la preocupación. Tratarán el tema en el acuerdo de este jueves, aunque no es seguro que lleguen tan pronto a alguna conclusión y, eventualmente, a una decisión. Por el momento, parece difícil que a la Asociación de Magistrados le reconozcan legitimación para pedir la revocatoria. En cambio podrían considerar alguna clase de respuesta al planteo del procurador Casal. Como sea hoy por hoy al ser tres los ministros de la Corte no hay mayoría ya que Rosenkrantz había firmado en disidencia, a menos que Rosatti y Lorenzetti se dispongan a revisar su posición. 

¡Objeción!

El texto de la acordada de la Cámara Civil, que firmaron todos sus integrantes menos tres que faltaron, es lapidario. Arranca con el «rechazo» al fallo que convirtió a la corte porteña en una instancia de revisión nacional. O, de otro modo, que aplicó un traspaso de hecho de la justicia nacional a la Ciudad. Dice: «Ningún Tribunal de Justicia cuenta con facultades para atribuir jurisdicción a un tribunal local a fin de revisar resoluciones o sentencias de Tribunales Nacionales, alterando la estructura del funcionamiento del Poder Judicial de la Nación, afectando la división de poderes y provocando una situación de incertidumbre en los litigantes, demoras injustificadas en el trámite de los procesos, mayores costos derivados del pago de depósitos para recurrir, perturbando el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y, en suma afectando la garantía constitucional del acceso a la jurisdicción, del debido proceso y la seguridad jurídica». Al final recuerda que estas cuestiones están reservadas al Congreso, que ellos como camaristas «han jurado defender». 

En la Cámara Civil hay, además, pedidos en dos de sus salas para que se convoque a un plenario para tratar dos casos que están afectados por el fallo de la Corte. Todo indica que la reunión se haría el martes y que podrían firmar un «fallo plenario». Se trata de una resolución que toman las Cámaras para fijar una postura que es obligatoria para todos los juzgados de primera instancia del fuero y todas las salas de la propia Cámara. En este caso sería desoyendo lo establecido por el alto tribunal. Por ejemplo, Cámara Civil lo ha hecho en otros temas jurídicos, como la definición del plazo de prescripción (la Corte decía diez años y la Cámara fijó cinco). De todos modos es la primera vez que se plantea una oposición tajante en un tema de relevancia institucional como el que esta vez está en juego. Todo apunta a que será una decisión extendida en la justicia nacional declarar inaplicable el fallo supremo. 

El primer indicio del conflicto en puerta lo dio un fallo de una jueza de feria de la Cámara del Trabajo, Beatriz Ferdman, que rechazó un planteo del Estado Nacional que quería mandar al TSJ porteño la causa iniciada por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) por los despidos en la exAFIP, ahora ARCA. El argumento puntual de la magistrada fue que no puede intervenir la justicia de la Ciudad en un caso referido a un organismo nacional. Una medida cautelar concedida por la Cámara también durante la feria había ordenado que gobierno se abstenga de adoptar medidas que afecten la estabilidad laboral de los empleados y funcionarios del ente recaudador. 

El último día de la feria se conoció la presentación del Procurador Casal ante la Corte donde le pide que suspenda la aplicación del fallo «Levinas» ya que, explicó, «se vería impedido de cumplir sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan ante el fuero nacional, en detrimento de los intereses por los que tiene que velar». Advertía que si el Ministerio Público Fiscal quiere impugnar sentencias de las Cámaras Nacionales no podrá, porque solo tiene «legitimidad procesal» para intervenir ante los tribunales nacionales. Ese problema, fundamentaba Casal, no se puede resolver mediante una instrucción general de al Procuración, y eso perjudica «los intereses sociales que debe defender». 

Esta semana entró abiertamente en escena la Asociación de Magistrados, que preside el juez de tribunal oral Andrés Basso, quien ya había convocado a una reunión extraordinaria a todos los presidentes de las Cámaras, representantes de tribunales orales, fiscales y defensores, el 30 de diciembre, tres días después de que salió el fallo de la discordia. En ese momento la Asociación recordó que se opone desde el vamos al traspaso de la justicia nacional a la Ciudad. Aluden a un problema constitucional, pero es conocido que lo interpretan como una suerte de degradación. Después de reuniones de consejo directivo y con gremios, la entidad presentó –como representante de sus asociados– un recurso de revocatoria ante la Corte Suprema, es decir, un pedido para que revise su decisión en 16 expedientes donde resolvió que el TSJ porteño intervenga en causa de la justicia ordinaria nacional. 

El escrito de 40 páginas dice que en circunstancias excepcionales la Corte ha admitido enmendar errores y que este debería ser el caso. Remarca que la Constitución no prevé el traspaso sino que lo supedita una ley, y hasta cita un dictamen del exprocurador Rodolfo Barra en contra de la inclusión de esta cuestión en la Ley Bases que llevó a que Diputados lo excluyera con el argumento de que requiere un tratamiento específico. La Asociación fundamentó que la Corte se contradijo con sus propios precedentes, sumó el problema para el Ministerio Público, recordó que una ley porteña que habilitó al TSJ a revisar fallos nacionales (cuando Macri buscaba llevar allí el caso Correo) está bajo análisis del fuero contencioso. Y acusó a los supremos de legislar con sus sentencias.

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