Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Mar del Plata dieron prisión perpetua a Matías Farías por considerarlo responsable de abusar sexualmente y asesinar a la joven en 2016. El jurado entendió que Juan Pablo Offidani actuó como “partícipe secundario” y le aplicaron un pena de 15 años unificada con una condena previa.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Mar del Plata condenaron a Matías Farías (29) y Juan Pablo Offidani (48) por considerarlos culpables del abuso sexual y posterior femicidio de Lucía Pérez.

Farías fue condenado a prisión perpetua por ser considerado “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida en concurso ideal con femicidio ocurrido el 8 de octubre de 2016”. 

En tanto, Offidiani recibió una pena de 8 años -que se suman a otra condena y hacen un total de 15– por considerarlo “partícipe secundario penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes”.

En la sentencia, que se leyó pasadas las 14.30 de este jueves, los jueces también pidieron al Ministerio Público Fiscal que investigue “la posible presencia de terceras personas” en el domicilio de Farías que puedan haber ocultado pruebas claves en la escena del crimen.

La resolución final de los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone fue por unanimidad, salvo en la calificación legal correspondiente a Farías, que fue por mayoría con los votos de Falcone y Simaz.

El fallo se dio a conocer en el sexto piso de los tribunales marplatenses sin la presencia de los acusados, Matías Farías (29) y Juan Pablo Offidani (48), quienes en el proceso anterior habían sido absueltos de los cargos por el crimen pero condenados a 8 años por venta de drogas en la puerta de un colegio.

“Si no hubiésemos hecho todo lo que hicimos, Lucía hoy no tendría justicia”

La mamá de Lucía Pérez, Marta Montero, agradeció a quienes se acercaron a escuchar la sentencia y la acompañaron en su lucha durante los últimos años. “Es importantísimo seguir una lucha y estar unidos (…) Armemos estrategias como lo hemos hecho, porque si no hubiésemos hecho todo lo que hicimos, Lucía hoy no tendría justicia”, dijo rodeada de militantes. 

“Les puedo asegurar que con esta perpetua que conseguimos para Farías, hoy todo cambió, porque hasta ayer no sabíamos ni si se iba a hacer o no esta audiencia. No sabíamos si esta sentencia se iba a dar”, continuó, y siguió, visiblemente emocionada: “Ahora ningún narco, ningún dealer le va a romper el culo a ninguna piba más como se lo hicieron a Lucía”.

“A Lucía la destrozaron, a Lucía la destruyeron internamente, la violaron hasta 15 minutos antes de su muerte, la violaron hasta que su cuerpo terminó muriéndose”, lamentó Montero. 

“Gracias a Dios”, finalizó luego de criticar a “quienes dijeron que a Lucía no le pasó nada y que fue con su consentimiento y dijo ‘cojanme hasta matarme'”, los jueces “tuvieron esa certeza de poder leer estrofa por estrofa y ver todo lo que le hicieron a Lucía” y “dar cuenta de que esto era un femicidio”. 

El primer juicio por Lucía Pérez

El primer juicio tuvo lugar a fines de 2018 en el Tribunal Oral Federal 1, a cargo de Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale. Los jueces fueron duramente cuestionados antes y después de la sentencia.

Ese fallo fue apelado por la fiscalía y la familia de la víctima. En agosto de 2020, la Sala IV del Tribunal de Casación bonaerense revocó esas absoluciones, dispuso la “nulidad” del juicio y ordenó la realización de uno nuevo.

La resolución fue apelada por la defensa de los victimarios, pero sin embargo fue ratificada por la Suprema Corte provincial, que le puso fecha al nuevo proceso que finalizó esta tarde.

Más tarde, los jueces de la absolución, Gómez Urso y Viñas, fueron suspendidos en sus funciones para ser sometidos a un jury. Carnevale, por su parte, renunció a su cargo para jubilarse y así evitó ser sometido a un jurado de enjuiciamiento.

El informe los cuestionó la absolución de los autores “del gravísimo delito de abuso sexual con acceso carnal agravado” posterior al “suministro de estupefacientes”.

También se los acusó de “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, como su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter y en distinguir la conducta de los imputados y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

El caso

De acuerdo con la instrucción de la causa, Lucía había conocido a ambos acusados un día antes de su muerte, cuando se acercaron a la Escuela Media 3 para venderle drogas prohibidas.

Según se acreditó, en la tarde del 8 de octubre de 2016, la joven fue llevada sin vida a una sala de salud de la zona sur de la ciudad. Luego se comprobó que anteriormente había estado en la casa de Farías, ubicada en Racedo al 4800, en el barrio Alfar, donde fue abusada.

Los peritos que declararon en el juicio señalaron que la principal hipótesis sobre la causa de su muerte apunta a una falla cardíaca vinculada al consumo de cocaína. Pero la clave del caso fue la violencia machista que llevó a eso y al abuso previo por parte de los acusados, según sostiene la familia.

Hace dos semanas, el presidente Alberto Fernández recibió en la residencia oficial de Chapadmalal al padre y la madre de la adolescente. Marta Montero calificó a la charla como “muy amena y también comprometida”. El mandatario “se comprometió a acompañarnos y estar, y para nosotros, una familia que le han matado una hija, es muy importante. Porque para enfrentar a estas mafias, porque eso es lo que son, es importante que también el Estado esté”, aseguró.

@Página12.

/Imagen principal: Archivo/

Pidieron prisión preventiva para los acusados, por tratarse de un delito con penas más graves.

Como cierre a dos jornadas muy intensas en el juicio por desaparición de Raúl Tellechea, los fiscales del Ministerio Público, Francisco Maldonado y Dante Vega solicitaron la ampliación del requerimiento de elevación a juicio (desaparición forzada) al considerar que, basado en la declaración de los testigos, según lo cual “Tellechea está muerto”.  Por esa razón, solicitaron el cambio de carátula de la causa a la denominación de “desaparición forzada seguida de muerte” y pidieron la prisión preventiva de los diez acusados.

Así, expresaron que es un delito de consumación permanente, y que también la víctima sea una persona mayor de 70 años (Tellechea tendría 73 en la actualidad). El delito debe ser considerado permanente mientras sus autores continúen ocultando su paradero, ósea que aún se encuentran en ejecución, por lo que consideramos que el agravante procede de forma alternativa al del resultado muerte”.

A lo planteado, agregaron que “habiendo transcurrido 18 años y seis meses de la desaparición, nos permite afirmar que ‘Tellechea está muerto’”. Continuaron argumentando que “fruto de todos los testimonios referidos hasta el momento en el ámbito del debate, surge a criterio del Ministerio Público palmariamente el resultado muerte”.

Por su lado Dante Vega solicitó de manera complementaria “revisar las medidas de coerción, porque frente a la ampliación de acusación, los imputados enfrentan la pena de prisión perpetua, lo que aumenta el riesgo de fuga y el riesgo de que varios de ellos intenten amedrentar testigos en el proceso del juicio, por lo que solicito prisión preventiva para los acusados”. No sin antes ofrecer, como prevé el Código Penal, “reducción de la pena si aportan datos sobre la desaparición de Tellechea”.

Esta intervención de los fiscales originó que los abogados defensores debatieran en privado con los imputados para analizar nuevas estrategias de defensa, de lo que surgió que el único imputado que quiso declarar espontáneamente en ese momento fuera Sebastián Cortés Páez, el resto lo hará oportunamente como estaba previsto desde el inicio del juicio. También surgió el pedido de los abogados defensores de recusar – apartar- a los miembros del ministerio público fiscal por considerar que “estos obraban con mala fe, falta de objetividad y que estarían usando mecanismos extorsivos”.

Posteriormente el imputado Sebastián Cortés Páez declaró y argumentó que todo fue una fábula que inventó con el propósito de sacarle dinero a la familia a cambio de información “falsa”. Se disculpó públicamente de haber involucrado al resto de los imputados y también lo hizo con la familia por haber jugado con sus sentimientos.

Finalmente, el tribunal decidió establecer la próxima audiencia para el próximo 3 de abril, difiriendo el tratamiento y la resolución del cambio de carátula y prisión preventiva para esa fecha, como así también la recusación de los fiscales. No obstante, establecieron que los imputados no podrán salir del país.  

Los testimonios

Los testimonios que dieron origen a la ampliación de la acusación -según la fiscalía- fueron en primer lugar los dados por la familia de la víctima, “todos evidenciaron que tenía excelente relación con sus hijos y por esa razón no podría haberse ausentado voluntariamente o atentado contra su vida. Además, otros testimonios de allegados del desaparecido, dieron cuenta que éste tenía en curso proyectos laborales o personales que lo entusiasmaban mucho”.

Por otro lado, el día anterior el Ingeniero Alberto Grasso en su declaración se refirió a episodios en que diversos abogados o funcionarios policiales le manifestaron que “Tellechea nunca aparecería”, o peor aún se referían al desaparecido como alguien muerto, aconsejándoles “buscar el cadáver o el cuerpo de Raúl”. En total de estos dos días (20 y 21 de marzo) de debate oral y público, hubo 9 testigos que prestaron declaración: Alberto Grasso, Benito Carrizo, Sebastián García, Andrea Verónica Atencio, Jorge Luis Anskber, Adrián Villegas, Miguel Ángel Morandi, Andrés Lage y Mario Narváez .

@prensaunsj

/Imágen principal: foto archivo/

Los gendarmes fueron advertidos por unos tornillos removidos en el guardabarros trasero y descubrieron el estupefaciente debajo de las chapa de la caja de carga.

Efectivos de la Sección “Joaquín V. González”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta”, efectuaron un procedimiento sobre la Ruta Provincial N° 46, a la altura del Paraje Alto Alegre, al momento de detener la marcha de un vehículo Ford tipo pick up que circulaba desde la ciudad salteña de Las Lajitas con destino la provincia de San Juan.

Los uniformados llevaron a cabo el registro del sector trasero de la camioneta y observaron que los tornillos de sujeción del guardabarros trasero izquierdo se encontraban removidos, por lo que intensificaron la inspección.

Seguidamente, los gendarmes levantaron la cobertura plástica de la caja de carga y divisaron unos cortes rectangulares realizados sobre la chapa, los cuales estaban sujetos con tornillos.

Al detectar un doble fondo, el personal de la Fuerza extrajo del mismo un total de 116 “ladrillos” característicos a los utilizados para el transporte de estupefaciente, que fueron sometidos a las pruebas de campo Narcotest, arrojando resultado positivo para cocaína.

La Unidad Fiscal Federal de Salta intervino orientando la detención del conductor y el secuestro de la doga, que totaliza en 122 kilos 280 gramos.

@PrensaGendarmería.

/Imagen principal y contenido: PrensaGendarmería/