Tras varios meses de análisis, finalmente se cerró el acuerdo para el traspaso de la firma mendocina fundada en 1907. Los futuros dueños pidieron tiempo hasta fin de enero para renegociar con acreedores la deuda por más de US$570 millones.

El Gobierno concretó la primera privatización al preadjudicar a una empresa de EEUU las acciones de Impsa
Tras varios meses de análisis, finalmente se cerró el acuerdo para el traspaso de la firma mendocina fundada en 1907. Los futuros dueños pidieron tiempo hasta fin de enero para renegociar con acreedores la deuda por más de US$570 millones.
El gobierno de Javier Milei logró concretar su primera privatización. Lo hizo al preadjudicar a la firma ARC Energy la mayoría del paquete accionario de la metalúrgica mendocina Impsa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó este miércoles el traspaso de la empresa a la firma estadounidense en un posteo en sus redes sociales. “Privatizamos Impsa. Gran trabajo en equipo de Juan Pazo, Pablo Lavigne y el gobernador (de Mendoza) Alfredo Cornejo”, escribió el jefe del Palacio de Hacienda.
Desde el Ejecutivo, indicaron que ARC Enegy ofertó 27 millones de dólares “en concepto de aporte de capital, sujeto a un cronograma de integración de acuerdo con las necesidades de la empresa” y solicitó un plazo hasta el 31 de enero para obtener el refinanciamiento de la deuda con los acreedores de Impsa por US$576 millones.

El comité que preside la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, y conforman también el Fondep y la provincia de Mendoza, evaluó “la única oferta presentada para la adquisición de las acciones, la cual mejoró en forma significativa las condiciones de la oferta inicial”, se remarcó en un comunicado oficial.

Por eso, concluyó que “se acreditaron las condiciones de idoneidad, capacidad económica y financiera de los principales accionistas para cumplir con la capitalización que requiere Impsa y su gerenciación; que se mantuvo la vigencia del seguro de caución para garantizar la oferta que se realizó; y que se adecua a las necesidades que presenta la empresa para que esté en marcha y operativa”.

Para sellar de manera definitiva el traspaso, desde Economía remarcaron que ARC Energy “deberá obtener la conformidad de los acreedores para su renegociación, y en caso de que se cumpla con la condición, se procederá a la redacción del contrato de compra-venta de acciones y su posterior transferencia”.

Por su parte, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo celebró la privatización de la histórica metalúrgica y agradeció el trabajo de la gestión libertaria. “Con la privatización, IMPSA volverá a tener accionistas privados”, escribió en X. “El cambio de rumbo económico que lleva adelante Javier Milei y su equipo dan certezas que permiten estos avances”, cerró el mandatario provincial.

Cómo fueron negociaciones para privatizar la histórica metalúrgica Impsa
La privatización de Impsa fue lanzada a principios de octubre. La intención oficial era cerrarla antes de fines de 2024, pero la oferta del único que se presentó al proceso de licitación, la estadounidense ARC Energy, y algunas condiciones no convencieron al Gobierno, por lo que la operación se demoró.

ARC Energy había propuesto una capitalización de US$27 millones en la metalúrgica a mediano plazo y pidió poder renegociar los contratos que Impsa tiene con otras empresas con participación estatal, como YPF, Yacyretá, Nucleoeléctrica -que gestiona las centrales nucleares- y el Ministerio de Defensa.

Según los datos del Gobierno, Impsa arrastra una deuda de más de US$570 millones, principalmente con el Banco Nación, el BICE y el BID, que los inversores estadounidenses buscan renegociar y tener un principio de acuerdo para el mes próximo.

/DC

La Resolución 1/25 del Ministerio de Economía, que oficializa esta medida, fue anticipada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, una hora antes de su publicación en el Boletín Oficial.

El Gobierno dio luz verde a la primera adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto aprobado es el Parque Solar El Quemado, que se desarrollará en Mendoza con una inversión que supera los u$s200 millones.

La Resolución 1/25 del Ministerio de Economía, que oficializa esta medida, fue anticipada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, una hora antes de su publicación en el Boletín Oficial.

De acuerdo con el artículo 1° de la normativa, el proyecto, presentado por “Luz de Campos S.A.”, contará con una capacidad instalada total de 305 megavatios (MW) y estará ubicado en Jocolí, en el departamento mendocino de Las Heras.

En el segundo artículo de la disposición emitida por la dependencia encabezada por Luis Caputo, se estableció como “fecha de adhesión al RIGI el 16 de diciembre de 2024”.

Además, se dispuso que “durante el primer y segundo año contados desde la notificación de esta resolución, el Vehículo de Proyecto Único (VPU) deberá acreditar haber completado un monto de inversión en activos computables igual o superior al 40% del monto de inversión mínima, tal como lo prevén los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 173 de la ley 27.742”.

Qué se sabe sobre el proyecto Parque Solar El Quemado

Según lo proyectado, en su primera etapa el Parque Solar El Quemado contará con una capacidad instalada de 200 MW e incluirá la construcción de una nueva subestación eléctrica de 220 kV en la línea Cruz de Piedra-San Juan.

El proyecto, diseñado originalmente por la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) en bloques de desarrollo de 100 MW cada uno, fue asumido por YPF Luz en 2023. Esta última estimó una inversión de 230 millones de dólares para la primera etapa, y se prevé que comience a operar durante el primer semestre de 2026.

El 23 de diciembre, el ministro Caputo anunció la aprobación de esta iniciativa, la primera enmarcada en el RIGI: “El Comité Evaluador aprobó el primer proyecto RIGI presentado hace menos de dos meses. Se trata de un parque fotovoltaico de 305 MW de YPF Luz en Mendoza, con una inversión de u$s211 millones. Hay otros 6 proyectos en evaluación y varios más próximos a ser presentados”, publicó en su cuenta de X hace dos semanas.

El proyecto original, anunciado en julio y formalmente presentado en octubre, será desarrollado en dos etapas por YPF Luz, el brazo energético de la petrolera nacional, hasta alcanzar una capacidad instalada total de 305 MW, según indicaron desde la compañía.

/ámbito

La movida libertaria y los exfuncionarios del PRO terminaron confirmando que usaron el organismo para acosar a dirigentes y empresarios cercanos al peronismo y kirchnerismo.

El extitular de la AFIP durante el gobierno de Alberto Fernández, Carlos Castagneto, puso blanco sobre negro y recordó las auditorías que se hicieron en el organismo recaudador durante su gestión y la de Mercedes Marcó del Pont. En ambos casos, se denunciaron a la justicia una increíble cantidad de irregularidades y delitos cometidos por las administraciones macrista de Alberto Abad y Leandro Cuccioli, entre 2016 y 2019.

“La supuesta red de protección por parte de AFIP a empresarios kirchneristas -describió Castgneto- no es más que la descripción de la actuación que llevaron adelante funcionarios alineados a la gestión macrista, que usó al organismo como laboratorio y usina de espionaje y acopio de datos protegidos y tutelados por el secreto fiscal con el único fin de armar causas penales contra los que pensaban diferente. La causa 4262/2016 (hoy bajo la órbita del juez Julián Ercolini) donde el organismo se constituyó como querellante, pinta de cuerpo entero el accionar. En esta causa obran los cientos de miles de accesos indebidos a información sensible y protegida de jueces, fiscales, periodistas, empresarios, políticos, figuras públicas. Todo por orden y armado de los macristas. Nosotros denunciamos, aportamos las pruebas y en la justicia no hay avance alguno”.

* Se constató, por ejemplo, que entraron 700 veces por semana al sistema para indagar sobre datos fiscales de dirigentes y empresarios. Se hacía sin fundamento, sin que medie un expediente y sin notificar, como corresponde, al contribuyente.

* En buena parte de los ingresos irregulares al sistema, se borraron después los registros, porque no tenían forma de explicar el espionaje sobre los supuestos opositores.

* Hicieron un simulacro de notificaciones. Es decir que no notificaban a los investigados al domicilio fiscal sino en domicilios inexistentes. Así seguían el expediente, acusaban y negaron el derecho a la defensa.

* ”Usaron todo para perseguir -detalló Castagneto-. La AFIP, la Unidad de Información Financiera, el Banco Central y, por supuesto, la trama se completó con fiscales, jueces e incluso periodistas”.

* ”El objetivo no fue sólo perseguir. También quedarse con empresas, amedrentar”.

No los protegimos, los perseguimos

Ante la acusación emitida desde la Casa Rosada de que la lista se hizo para proteger peronistas, salieron a la cancha algunos exfuncionarios de Mauricio Macri. “Es un insulto que me digan que yo establecí una red de protección de empresarios kirchneristas -afirmó Alberto Abad, uno de los dos titulares de la AFIP durante el macrismo-. Nosotros los investigamos. Es insólito que desde la Casa Rosada sostengan que se buscó proteger a exfuncionarios y empresarios kirchneristas”. Como se ve, Abad no negó la existencia de la lista. 

Los voceros mileístas redoblaron la apuesta durante el día, siempre utilizando sus cuentas de X. A la exfuncionaria y ultra macrista, María Eugenia Talarico, le enrostraron: “si la lista secreta de la AFIP que vos manejabas no era para encubrir a los empresarios kirchneristas ¿para qué era? ¿Estás confesando que elaboraron una lista de persecución en la AFIP? Es un escándalo esto”. La acusación provino de una cuenta adjudicada al asesor presidencial, Santiago Caputo. “Es imperativo que las autoridades de la AFIP del período 2016-2019 aclaren si la lista secreta que se conoció de empresarios kirchneristas era para garantizarles impunidad o para perseguirlos. ¡La Patria se los demanda! ¡Esto es un escándalo nacional!”.

La exnúmero dos de la AFIP durante el macrismo, Jimena De la Torre, contestó casi a los gritos: “jamás hubo pacto de impunidad con los K. Todo fue denunciado”. O sea, no desmintió la existencia de la lista, sólo argumentó que no fue para proteger. Es decir que la lista fue para perseguir. En su momento, Marcó Del Pont, ante la justicia, había señalado que la AFIP tiene un deber de neutralidad, o sea de considerar que todos los contribuyentes son iguales y las investigaciones deben abarcar a todos, no a quienes se considera opositores. Por lo tanto, la lista exhibe en sí misma una ilegalidad.

La interna está que arde

La difusión de la lista de 51 empresas es interpretada como una denuncia contra el macrismo y también un mensaje en la interna del ente recaudador. Desde la Casa Rosada, indisimuladamente, mencionan a los exfuncionarios de Mauricio Macri como los que armaron la nómina: este lunes lo filtraron haciendo un show y diciendo que fue para proteger kirchneristas, pero en X mostraron lo que verdaderamente todos saben, que fue para perseguir opositores. De manera que la lista es realmente un episodio más en la confrontación Milei-Macri. Son tiempos en que los libertarios están en una fuerte ofensiva para quedarse con todo lo que puedan del PRO.

Pero en el escándalo también hay vínculos con lo que está sucediendo ahora en el organismo recaudador. El mensaje fue “ahora que nosotros, los libertarios, estamos en la ARCA (el nuevo nombre de la AFIP) las cosas son diferentes a cuando estaban los macristas. Somos rectos y ordenados”. El tiro por elevación, en la interna del ente recaudador, es contra Juan Pazo, el titular de ARCA, que según señalan está aliado a lo que queda del aparato macrista dentro de lo que era la AFIP. Todos dicen que Pazo está en línea con Luis «Toto» Caputo, el ministro de Economía, que ya estuvo en ese cargo con Macri, y que estaría pactando -dicen los libertarios puros- con los exfuncionarios macristas. En la otra vereda se ubicarían, justamente, los libertarios puros, acaudillados por el número 2 de ARCA, Andrés Vázquez, quien fue respaldado por Milei ante la acusación de que ascendió a su esposa dentro del organismo. Entre aliados de Pazo y de Vázquez vuelan las acusaciones, sobre todo poniendo énfasis en que tienen bienes no declarados en la Argentina y en el exterior. Es otra interna que arde.

La justicia no

A última hora de este martes, en el gobierno hicieron saber que no habría denuncia judicial de ARCA por la lista, sino una especie de sumario interno. Eso exhibe que todo se trata de internas, contra el macrismo y dentro de la propia ARCA, contra lo que queda del equipo de Macri. 

No obstante, esta especie de todos contra todos termina echando luz sobre lo que fue el uso de del aparato del estado para perseguir opositores. Nuevamente aparece sobre la superficie que tenían listas, grupos de tareas que entraban clandestinamente al sistema, que espiaban y, lo más grave, apuntaron con todos los cañones a meter a opositores presos y a quitarles las empresas si las tenían. En la superficie posaban de republicanos.