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Las últimas palabras de Julio De Vido antes de la sentencia de la Causa Vialidad.

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Las últimas palabras de Julio De Vido antes de la sentencia de la Causa Vialidad.

«Si hay una banda que perseguir, es la que rescindió los contratos, la que impulsa el ‘lawfare’ con los empresarios del denominado círculo rojo», sentenció el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal 2 que lo juzga por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros 11 imputados. Este viernes también pronunció últimas palabras el empresario Lázaro Baez.

En su exposición, De Vido remarcó que «no hubo direccionamiento de la obra pública» en Santa Cruz sino que, por el contrario, se llevó adelante un plan de obra estratégico para cumplir con lo prometido en la plataforma electoral del fallecido ex presidente Néstor Kirchner en 2003.

«Me obligan a reiterar estos conceptos que formaron parte de la plataforma política del presidente Kirchner para todo el pueblo argentino. Por ende, no puede ser nunca una banda formada para delinquir», sostuvo De Vido en relación a las acusaciones de los fiscales Diego Luciani Sergio Mola, quienes pidieron una condena de diez años contra el ex funcionario.  

«Me solidarizo con todos los imputados e imputadas, en particular los que siempre soportaron esta injusta persecución que concluye con esta política judicial denominada ‘lawfare’. Somos compañeros, así nos llamamos los peronistas, no somos socios, no tenemos negocios ni negociados«, dedicó el ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner a la propia vicepresidenta y el resto de los acusados, después de varios años de diferencias. 

Los fiscales tuvieron espacio para hacer las réplicas a los alegatos de las defensas y dar sus últimas palabras hace diez días y decidieron ignorar las exposiciones de los abogados defensores para demoler la posición del Ministerio Público. “El alegato de la fiscalía se sostiene en sí mismo. No tenemos nada que replicar”, sostuvo Luciani para buscar avanzar en una rápida sentencia. 

En el marco del juicio, el martes próximo a las 9.30 tendrá oportunidad de exponer, si lo desea, la vicepresidenta Cristina Kirchner, en un cronograma que incluye a otros imputados y, luego, el TOF2 anunciaría fecha para el veredicto. La ex presidenta ya hizo uso de la palabra durante los alegatos, cuando consideró que «quedaron a la luz del día las arbitrariedades que se han cometido en este juicio». 

«Vino el cambio de Gobierno y el gobierno de Macri procedió tal cual sospechábamos, abandonaría el plan estratégico territorial y rescindiría todas las obras.
 Ese abandono de obras en todo el país que causó perjuicio a todos los ciudadanos es el que debía estar investigándose, señores jueces, porque todos en algún momento lo vamos a pagar», advirtió De Vido al hablar ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

«Todos sabemos que esta acusación ha sido siempre insostenible, injusta», continuó y dijo a los jueces: «Deben elegir una condena inmoral o el resguardo del estado de derecho. Esa es la única opción. La historia nos juzgará a todos, quizás también a ustedes».

La audiencia comenzó a las 9.30 con las palabras finales del dueño de «Austral Construcciones», Lázaro Báez, quien sólo dijo que su defensa expuso «la realidad y la verdad» en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Las últimas palabras de Baez y otros imputados 

«No voy a hacer uso de la palabra, quería agradecer a mi defensa que ha expresado con claridad todo lo que ha sucedido a lo largo de este tiempo en que hemos sido privados de nuestra libertad», dijo Báez a los jueces del Tribunal Oral Federal 2, al comienzo de la audiencia.

Conectado de manera virtual, el empresario –que tiene un pedido de 12 años de prisión por parte de la fiscalía y un reclamo de absolución por parte de su abogado defensor Juan Villanueva– consideró que «la defensa ha expuesto la realidad y la verdad».

«Porque la verdad, la única que se preocupó en buscarla fue mi defensa y la del resto de las personas que han sido imputados en esta causa. Nada más, muchas gracias», concluyó.

Luego fue el turno de uno de los exresponsables del distrito de Vialidad Nacional en Santa Cruz, Raúl Daruich, quien se dirigió de manera breve al Tribunal y finalmente del exsubsecretario de Obra Pública Abel Fatala, quien sólo reiteró que su área no tenía intervención en la Dirección Nacional de Vialdad.

El cronograma dispuesto por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini prevé que el martes 29 tengan oportunidad de decir sus palabras finales la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exfuncionario de Vialidad Santa Cruz Héctor Garro, el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner y el exsecretario de Obras Pública José López.

El tribunal deberá fijar luego fecha para dar posibilidad de hablar a los últimos cuatro acusados, y en base a esa decisión se sabrá cuándo pronunciará su veredicto, que debe ser emitido en la misma jornada en que hable el último de ellos.

Se trata de los exresponsables de Vialidad provincial en Santa Cruz Raúl Pavesi, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad en el kirchnerismo, Nelson Periotti.

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez, comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid-19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias. En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se condene a 12 años de prisión a Cristina Kirchner como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de una asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada. Además, solicitaron diez años de cárcel para Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe. Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez.

En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.

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Axel Kicillof: «Tengo la obligación de ponerme al hombro la construcción de un frente»

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Axel Kicillof: «Tengo la obligación de ponerme al hombro la construcción de un frente»

En una mateada masiva con vecinos de la ciudad de La Plata y militantes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo: «Tengo la obligación de ponerme al hombro la construcción de un frente político que sea una alternativa para el futuro».

 En la misma línea, pidió no «bajar los brazos» de cara a las próximas elecciones y salir a recorrer los barrios. Además realizó un balance de gestión del presidente de Javier Milei y aseguró que sus políticas generaron una «desgracia para las grandes mayorías».

Axel Kicillof sostuvo que Javier Milei «está fundiendo al pueblo, al federalismo y destruyendo los derechos, la educación, la salud».  Y enfatizó: «Donde Milei quita, el gobierno de la provincia aparece y acompaña».

«Está prohibido bajar los brazos, quedarse en casa, pensar que esto que pasa hoy va a durar para siempre, creer que esto lo va a resolver otro, lo vamos a resolver nosotros con militancia y organización», aseguró Kicillof. Respecto al panorama actual, afirmó que Argentina «atraviesa una fiesta para muy pocos» donde «hay un modelo de ganadores y perdedores». Y añadió: «Por un lado, la timba, y por el otro, la calle y los barrios que no llegan a fin de mes».

Mientras que de cara a las elecciones legislativas, apuntó: «Yo tengo la responsabilidad de conducir al gobierno de la provincia y también tengo la obligación de ponerme al hombro la construcción de un frente político que sea una alternativa para el futuro«. En esa línea, el máximo mandatario bonaerense habló de construir un «inmenso frente junto a todos los sectores que están en la lucha».

«Esto es un modelo de desigualdad. Milei le metió la mano en el bolsillo y les afanó dos meses de sueldo a los trabajadores», disparó el gobernador Kicillof ante los presentes. En ese sentido, sintetizó: «No hay ventas, no hay comercio, caen las PyMEs, los pequeños productores. Nos están dejando un país donde e consumo masivo se pulveriza».

Ante la caída de la venta de yerba mate, el mandatario remarcó que «Milei le está sacando el mate de la mesa a los argentinos». Mientras que siguiendo la retórica del ajuste, enfatizó que este año significó «pérdida de empleo, de salarios, de derechos laborales y la desgracia para las grandes mayorías». Y remató: «El ajuste lo están pagando los jubilados, las provincias Milei está fundiendo al pueblo, está destruyendo al federalismo y destruyendo los derechos, la educación, la salud«. 

«Nuestra tarea es organizar a todos los sectores que sufren las políticas de Milei y darles voz. Donde Milei quita, el gobierno de la provincia aparece y acompaña: la Nación liquidó 12 mil PyMEs, mientras que nosotros multiplicamos los créditos productivos, invertimos en parques industriales y llegamos a 10 millones de usuarios de Cuenta DNI para apuntar el consumo… Lo mismo ocurre con las universidades, mientras Milei las quiere cerrar, nosotros abrimos centros universitarios en el interior», insistió Kicillof. Y le mandó un mensaje directo al Presidente: «En las urnas le vamos a volver a decir que el topo queda afuera de la provincia».

Por último, Kicillof le reclamó al gobierno nacional para que retome las obras de construcción del Canal Magdalena, además de diversas obras públicas mejoren la infraestructura de la provincia. Ante el discurso oficialista que promueve el uso de redes sociales, contrapuso: «La red más poderosa de la provincia y la Argentina la tenemos nosotros y se llama militancia».

/Eldestape

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El Gobierno empodera a las FFAA y las habilita a actuar en seguridad interior

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El Gobierno empodera a las FFAA y las habilita a actuar en seguridad interior

En menos de 48 horas, Javier Milei modificó las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, que son parte del consenso post-dictadura. Era un viejo objetivo de Patricia Bullrich, que causa preocupación en la oposición y en organismos de DDHH.

En menos de 48 horas, el gobierno de Javier Milei modificó por decreto las leyes de Defensa Nacional (23.554) y de Seguridad Interior (24059) –que son parte del consenso democrático al que se arribó después de la experiencia criminal de la última dictadura. Con esta reforma, la administración de La Libertad Avanza (LLA) da nuevas herramientas legales para que las Fuerzas Armadas tengan mayor presencia y puedan intervenir en cuestiones de seguridad interior. Desde Unión por la Patria (UxP) advirtieron sobre una nueva incursión del Poder Ejecutivo sobre las facultades del Congreso.

“Prometimos, cumplimos”, escribió en sus redes sociales el ministro de Defensa, Luis Petri. Anunciaba así que, gracias al decreto 1112 que reforma el sistema de defensa nacional, Milei había ampliado la capacidad de las Fuerzas Armadas. “Ahora podrán intervenir no solo ante amenazas de otros Estados, sino también frente a actores no estatales como organizaciones terroristas y transnacionales. Además, permite el despliegue en zonas fronterizas para proteger a nuestra Nación donde más se necesita. Estamos jerarquizando y fortaleciendo a nuestras Fuerzas Armadas”, completó Petri.

El punto central del decreto 1112 –celebrado por el ministro de Defensa– es que deroga el decreto 727/2006 de Néstor Kirchner. En ese momento, por impulso de la ministra Nilda Garré, se había reglamentado la ley de Defensa Nacional –aprobada en 1988– diciendo que las Fuerzas Armadas solamente estaban facultadas a intervenir ante agresiones externas de otros Estados.

Durante el gobierno de Mauricio Macri se había derogado el decreto 727, estableciendo que las Fuerzas Armadas podrían intervenir ante agresiones externas, ya no hacía falta que fueran de otros Estados, lo que daba pie a la doctrina de las «nuevas amenazas» que tiene especial impulso desde Estados Unidos. 

Patricia Bullrich, quien logró instalar a Petri en Defensa, es una promotora de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Por el contrario, la vicepresidenta Victoria Villarruel –con quien la ministra sostuvo una trifulca por el gendarme argentino retenido en Venezuela– sostiene su oposición a que los militares se inmiscuyan en el conflicto interno a sabiendas de que no están facultados a “combatir” con civiles.

El jueves, la administración Milei había dado otro paso hacia el borramiento de la distinción entre defensa y seguridad, que guió las últimas décadas de la democracia argentina. A través del decreto 1107, el Presidente decidió que las Fuerzas Armadas pueden ser afectadas a la custodia de “objetivos de valor estratégico”, a los que definió con vagamente como “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia seguridad de la Nación, limitando, posponiendo o impidiendo su desarrollo”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que, a partir de este decreto, el Presidente puede decidir la intervención de las Fuerzas Armadas en un conflicto o problema de seguridad interior. “Es decir, puede militarizar la protección de Vaca Muerta, los aeropuertos y puertos, Plaza de Mayo o la CABA (como centro político y económico del país)”, escribieron en sus redes sociales.

Es que es el Poder Ejecutivo Nacional el que tiene la competencia “exclusiva”para fijar qué es un objetivo de valor estratégico. La decisión, dice el decreto, puede quedar en manos del jefe de gabinete, la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa.

El decreto le da un poder especial a Bullrich, ya que el ministerio de Seguridad puede convocar a las Fuerzas Armadas para custodiar estos objetivos de valor estratégico. En ese supuesto, Bullrich tendría a su cargo a las fuerzas militares y las fuerzas de seguridad.

“Es un paso más que da un proyecto político que viene con esta idea desde hace mucho tiempo”, dice Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS. “No es que se haya verificado alguna situación nueva que planteara un desafío sino una idea que busca poner en práctica un sector que acumula lugares de poder”.

Durante el gobierno de Cambiemos, Bullrich había intentado avanzar en esta línea, pero encontraba resistencias dentro del ministerio de Defensa, que estaba manejado por los radicales. En la administración de LLA pudo avanzar varios casilleros, más incluso de lo que anunciaban algunos de sus asesores en campaña. El coronel retirado Marcelo Rozas Garay, que integraba los equipos de Bullrich y actualmente es subsecretario de Planeamiento de Defensa, había dicho: “Se abandonará el concepto de que (las Fuerzas Armadas) solo actuarán frente a agresiones externas”. Fueron más allá.

“Además, modificaron las atribuciones de las Fuerzas Armadas, que deberían estar reguladas por ley, sin pasar por el Congreso”, destacó Tufró. En esa línea, un grupo de diputados de UxP hizo saber su “profunda preocupación” por los avances del Poder Ejecutivo Nacional sobre las facultades exclusivas e indelegables del Poder Legislativo Nacional. La declaración es impulsada por Ricardo Herrera, Leopoldo Moreau, Paula Penacca, Eduardo Valdés, Blanca Osuna y Eduardo Toniolli, entre otros.

“Lo primero que hay que decir es que no prosperó en el Congreso el proyecto para reformar la ley de Seguridad interior y encontraron una vía alternativa”, hace notar la exministra de Seguridad Sabina Frederic, que expresa su preocupación por el borramiento de los límites entre Seguridad y Defensa. “No solo porque estamos convencidos de seguir en este camino, sino porque, además, no hay nada que justifique ese movimiento”, dice.

“Las fuerzas de seguridad crecieron en todas las jurisdicciones, también a nivel federal. Argentina tiene la mayor tasa de policía en la región. No hay nada que justifique este desplazamiento de las Fuerzas Armadas a cuestiones de seguridad interior. Es ideológico. No está destinado a resolver ningún conflicto y va a tener consecuencias graves sobre las fuerzas. Va a generar un caos porque hace 35 años que Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad están separadas”, dice la antropóloga.

El exministro de Defensa Agustín Rossi explicó en declaraciones a AM750 que el gobierno va en contra de la tendencia mundial. En un contexto mundial de hostilidades políticas y conflictos bélicos en Oriente Medio y Europa, Rossi afirmó que no parece «estratégico» involucrar al Ejército argentino en cuestiones domésticas, y aseguró que debilita la tarea de la defensa nacional ante posibles agresiones externas.

«Ellos vienen insistiendo hace mucho tiempo que un desplazamiento militar, es decir, un convoy de camiones del Ejército que va desde Córdoba a Campo de Mayo se asemeja a un regimiento y que, entonces, ante cualquier agresión, no necesitarían un accionar de las fuerzas de seguridad, sino que podrían accionar por sí mismos», ejemplificó Rossi.

No está claro aún cuán convencidas están las Fuerzas Armadas de emparentarse con las fuerzas de seguridad. La familia militar más rancia se opone. De hecho, después de que Bullrich y Petri anunciaran la reforma en marzo de este año, Cecilia Pando y compañía salieron a reclamarles que antes de involucrar a los militares en el conflicto interno «solucionen» la situación de los que siguen presos por los crímenes que cometieron.

/P12

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Cómo cambiar los dólares que saldrán de circulación

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Cómo cambiar los dólares que saldrán de circulación

En caso de tener alguno de estos ejemplares, es necesario saber cómo canjearlos para que no pierdan su valor.

La autoridades estadounidenses que se encargan del diseño y emisión de billetes están llevando a cabo un proceso de renovación de los billetes de dólares que se encuentran en circulación. Para ello, están tratando de recibir todos los ejemplares que se encuentren mutilados para canjearlos por nuevos papeles en mejor estado.

En ese sentido, tanto la Reserva Federal (FED), como la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) comunicaron cómo hacer para realizar el canje y no perder valor nominal de los billetes. Por otro lado, existe un plazo límite, después del cual ya no serán aceptados en ningún lado.

Departamento del Tesoro

Qué se entiende cómo billete mutilado

Se considera mutilados a todos aquellos billetes que se encuentren manchados, rotos, gastados, mojados, húmedos o sucios a tal punto que su estado parezca dudoso o dificulte su manipulación para el intercambio. Esta condición dificulta la verificación de las medidas de seguridad y abre la puerta a las falsificaciones.

Cada año, el Departamento del Tesoro gestiona aproximadamente 30.000 reclamos y canjea este tipo de billetes por un valor que supera los 30 millones de dólares. Se consideran mutilados, los billetes que estén dañados más del 50% o cuando no sea posible verificar sus medidas de seguridad.

Cómo es el proceso para canje de los billetes

Todas aquellas personas que posean billetes mutilados deberán enviarlos por correo a la BEP, o presentarse personalmente. Allí serán evaluados por expertos que determinarán si califican para el canje o están tan deteriorados que ya no sirven más.

Si al menos el 50% del billete puede ser identificado como verdadero, con sus marcas de seguridad, se procederá al canje. En el caso contrario, si la mutilación fue causada por factores naturales y el dueño del ejemplar puede probarlo, la BEP actuará en base a la evidencia presentada.

Ambito Financiero

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