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Política & Economía Nacional

Le darán tres años de vigencia al pedido de juicio contra la Corte Suprema de Justicia.

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El proyecto de ley no será presentado con la firma del Presidente sino de los diputados, para extender a tres años su vigencia.

El proyecto de ley de Juicio Político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia entrará a la cámara de Diputados esta semana, más probablemente hoy. Pero no será, al menos en lo formal, el mismo que firmaron el presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores del PJ. Es que para mantener viva la chance de enjuiciar a los magistrados del Tribunal Supremo, la Casa Rosada y los legisladores del Frente de Todos cambiaron la estrategia: El proyecto de ley que irá al Congreso tendrá la firma de los diputados de la Comisión de Juicio Político y no la del Presidente, principal impulsor de la embestida a la cúpula del Poder Judicial, para poder así extender la vigencia de la iniciativa a tres años parlamentarios y no uno si ingresa con la rúbrica del Jefe de Estado.

Esto abre otras ventanas de oportunidades para que el kirchnerismo mantenga latente la posibilidad de aprobar el juicio político por tres años y no limitarse a casi un seguro fracaso en la votación en el recinto de Diputados cuando llegue el momento de decidir la apertura del juicio político. En esta instancia clave, el oficialismo necesitar+á dos tercios de los legisladores presentes en la sesión para avanzar con la embestida a la Corte. Desde la oposición, Juntos por el Cambio ratificó que dará quórum y que se el FdT consigue abrir la sesión, ellos bajarán para votar en contra. Así las cosas, será difícil para el oficialismo plasmar el juicio político a los . Sin embargo, si se mantiene vigente el proyecto por tres años, el FdT podría revertir en las próximas elecciones de octubre su desventaja en Diputados, entonces el escenario sería otro: ahí seguramente nada impedirá el inicio del proceso.

De todos modos, según adelantó en declaraciones radiales el diputado Rodolfo , miembro de la comisión, el texto que presentarán los legisladores no se apartará de los lineamientos principales del documento que firmó el jefe de Estado y los once gobernadores justicialistas que acompañan la embestida contra el máximo tribunal.

Pero en terreno de ampliar chances, en el oficialismo no descartan incorporar nuevos hechos en el pedido de juicio político a los ya esbozados por el presidente Fernández. El primer mandatario basó sus acusaciones contra los jueces del máximo tribunal en dos ejes claves: el fallo que dispuso fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires y la decisión de declarar inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura sancionada en 2006 para luego la ley orgánica anterior, que había sido derogada por el Congreso. En este último caso, el principal apuntado es Horacio Rosatti, presidente de la Corte y titular del Consejo de la Magistratura tras resucitar la vieja ley del Consejo de la Magistratura.

Los oficialistas analizan la posibilidad de incorporar nuevos elementos a la acusación basándose en pedidos de juicio políticos presentados anteriormente contra el máximo tribunal. Uno de ellos es el que formuló la diputada Vanesa -miembro de la comisión- por el cual acusó de mal desempeño en sus funciones al juez Carlos Rosenkrantz por su actuación en causas sobre delitos sobre lesa humanidad que se tramitaron en la Corte. También está pendiente un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti, por la Coalición Cívica de Elisa Carrió, por el manejo administrativo del máximo tribunal mientras ejerció la presidencia.

Toda esta nueva estrategia fue analizada ayer vía Zoom por parte de 16 legisladores del FdT que integran la Comisión de Juicio Político, que tienen mayoría propia para emitir dictamen y abrir la investigación, por lo que se descarta que durante 60 días los magistrados de la Corte Suprema de Justicia estarán bajo fuego.

El proceso de investigación para intentar abrir el juicio político a la Corte, según precisaron fuentes parlamentarias, podría comenzar en la semana del 23 de enero y demandaría entre tres y cuatro meses de debate. Esa fecha está atada al llamado de sesiones extraordinarias que hará en los próximos días el Poder Ejecutivo que se había planteado una convocatoria para la segunda quincena de enero para dar tiempo a los legisladores a volver de sus vacaciones. Las fuentes parlamentarias del oficialismo señalaron que el proceso estará centrado en la investigación sobre la actuación del máximo tribunal en relación al Consejo de la Magistratura y al reclamo de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación que le quitó Alberto.

Política & Economía Nacional

Diputados de Unión por la Patria pidieron una sesión especial para derogar el mega DNU

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Tal como había anticipado Germán Martínez, Unión por la Patria presentó formalmente el pedido de una sesión especial para tratar el DNU 70/23.

El bloque de diputados de Unión por la Patria pidió formalmente ante la Cámara baja que se lleve adelante una sesión especial para tratar el DNU Para la Reconstrucción de la Economía Argentina, tal como había anticipado este jueves el presidente del bloque, Germán Martínez.

El pedido de la bancada opositora plantea la convocatoria a una sesión especial para este martes 30 de abril, con el fin de derogar el DNU firmado por el presidente Javier Milei. El documento difundido en redes fue firmado por todos los integrantes del bloque.

El comunicado se publicó un día después de que el Gobierno obtuviese el dictamen de la ley ómnibus para debatirlo en el recinto el próximo lunes. Fue allí, luego de votar en contra, que Martínez se explayó: “Si van hacer añicos a la democracia y la economía argentina con la ley ómnibus, permítanse al menos tener una disidencia y vengan a construir el quórum y votar en contra del DNU que está haciendo pelota la vida de 45 millones de argentinos“.

El DNU fue emitido el 20 de diciembre por el jefe de Estado, y fue rechazado en el Senado en marzo pasado. No obstante, aún sigue en vigencia debido que es necesario que se rechace también en la Cámara baja, motivo por el cual UP pidió que sea tratado en una sesión especial el próximo martes.

La Comisión Bicameral trató los primeros DNU de la era Javier Milei

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo volvió a reunirse este jueves y comenzó a tratar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgados durante los primeros meses de gobierno del presidente Javier Milei. Además, también debatieron 67 decretos con objeto cumplido de la gestión de Alberto Fernández. Fue en simultáneo al plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, donde se discutía los detalles finales de la Ley de Bases y el paquete fiscal.

Por el lado de Milei, por el momento sólo se trataron dos de sus decretos. Uno de ellos fue el que modificó las funciones en la Procuración del Tesoro de la Nación y sus requisitos para acceder al cargo, lo que permitió la designación de Rodolfo Barra en el organismo.

@Ámbito.

/Imagen principal: Archivo/

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Citarían a comisiones provinciales como previa al Pacto de Mayo.

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El Ejecutivo tiene en agenda la convocatoria de la comisión económica integrada por ministros provinciales, como paso previo a la firma del Pacto de Mayo. La intención es reunirlos bajo la coordinación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para definir los aspectos tributarios, económicos y previsionales del acuerdo que Javier Milei buscará consensuar con los gobernadores en la ciudad de Córdoba.

Según fuentes gubernamentales consultadas por TN, esta convocatoria se plantea como la mejor vía para esclarecer los detalles de las reformas que se intentarán acordar en los próximos años. “La idea es llevar a cabo esta reunión si el tiempo lo permite”, expresó un funcionario.

La citación de los ministros económicos provinciales a la sede gubernamental está estrechamente vinculada al estado parlamentario de la Ley Ómnibus y el paquete fiscal que el oficialismo buscará aprobar en la Cámara de Diputados la próxima semana.

En este sentido, la Casa Rosada tiene como objetivo discutir ambos proyectos en un plenario de comisiones del Senado durante la segunda semana de mayo, para luego llevarlos al recinto en la tercera semana. La reunión de la comisión económica se realizaría en los días previos al 25 de mayo en caso de que los proyectos sean sancionados.

Además, se está evaluando la posibilidad de sustituir uno de los diez temas propuestos por Javier Milei a los gobernadores en la apertura de sesiones ordinarias. Este cambio afectaría al punto 9, que aborda una reforma política destinada a alinear los intereses de los representantes y los representados.

La postura de la Casa Rosada es mantener el enfoque del pacto en aspectos exclusivamente económicos, descartando discusiones sobre educación y producción en esta etapa. Según un funcionario consultado por TN, “no es el momento adecuado para debatir temas educativos; esa discusión debe posponerse”.

El Gobierno enfatiza que su prioridad es alcanzar una tasa de inflación mensual de un solo dígito y promover un plan de reactivación económica en colaboración con los gobernadores. Las discusiones sobre educación y política se dejarían para etapas posteriores.

Entre las propuestas del Ejecutivo se incluyen la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público hasta el 25% del PBI y una reforma tributaria orientada a disminuir la presión impositiva. También se plantea la revisión del sistema de coparticipación federal de impuestos, el compromiso de las provincias en la explotación de recursos naturales, una reforma laboral y previsional que permita la opción de un sistema privado de jubilación, así como una mayor apertura al comercio internacional.

La Casa Rosada espera la presencia de la mayoría de los gobernadores en la reunión de Córdoba, a pesar de las diferencias económicas y políticas. No se descarta la participación de Axel Kicillof (Buenos Aires) si muestra interés en discutir la coparticipación.

Respecto al lugar de encuentro, se ha descartado el Centro de Convenciones de Córdoba debido a su amplitud, considerándose la Universidad Nacional de Córdoba o el Palacio de Justicia como alternativas viables.

@TN

/Fuente de imagen: TN

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Tarjetas de crédito: el Gobierno modifica parte del régimen y avanza en la desregulación.

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Por medio del decreto 361/2024 publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno ratificó el rumbo de la desregulación de la economía argentina. En ese sentido, menciona que es necesario tomar medidas urgentes para abordar la crisis económica y social que enfrenta el país.

Propone así la reconstrucción de la economía mediante la eliminación de barreras y restricciones estatales que obstaculizan su desarrollo normal, “al mismo tiempo que se busca promover una mayor inserción en el comercio mundial”, según consigna el Decreto.

El texto oficial señala que se implementará un amplio plan de desregulación para eliminar los obstáculos introducidos por diversas leyes que interfieren en el funcionamiento libre de los mercados “debido a la intervención estatal indebida”. El texto oficial lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro de Economía, Luis Andrés Caputo.

Tarjetas de crédito: qué dice la norma

En particular, se menciona la modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito para desregular y simplificar el mercado de tarjetas de crédito, adaptándolo a los cambios en las modalidades de relacionamiento y las tecnologías de digitalización.

@Ámbito

/Fuente de imagen: Ámbito

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