Tras la convocatoria de los bloques opositores, se espera que este martes se lleve a cabo la sesión especial para tratar la reforma de la ley de DNU y derogar el decreto de canje de deuda en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el oficialismo mantiene la esperanza y junta aliados para que no estén dados los números para alcanzar el quórum reglamentario de 129 presentes.

Está previsto que el debate comience a las 15 horas pero el futuro de la reunión convocada por Encuentro Federal, Unión por la Patria (UP) y Democracia para Siempre todavía es incierto. El PRO ya adelantó que no dará quórum y en caso de que se lleve adelante la sesión no «votará con el kirchnerismo». Lo que está por verse es si se abstendrán o votarán por la negativa. Sólo se despegarán de esa estrategia del PRO los diputados larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi, quienes ya rechazaron el veto a la ley de Universidades.

Desde la oposición aseguran que tienen entre 132 y 135 votos asegurados, lo que les permitiría aprobar el dictamen de mayoría para reformar la ley de DNU, para el que se necesita una mayoría absoluta de 129 votos. También confiaron que tendrán los votos para derogar el decreto 846/24, que permite reestructurar la deuda sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley de Administración Financiera.

Se espera que la UCR vuelva a ir dividida a esta votación y sus diputados se reunirán en las próximas horas para definir su postura. Por un lado, la reforma de la ley de DNU tiene un dictamen propio firmado por la legisladora Karina Banfi. Por el otro, los «radicales con peluca», Mariano Campero, Pablo Cervi, Luis Picat, Mariano Campero y Federico Tournier, ya adelantaron que acompañarán al Gobierno y en esta ocasión, se podría sumar Francisco Monti.

En cuanto a la modificación del régimen de DNU, el presidente Javier Milei ya adelantó que, en caso de que sea aprobada por el Congreso, vetará la ley. Luego de que el PRO haya ratificado su apoyo esta tarde, el Gobierno ya garantiza aliados importantes para blindar ese posible veto.

El Gobierno busca evitar el rechazo al DNU de canje de deuda

El objetivo primordial del Gobierno en estas horas es que la sesión no se lleve a cabo y que no se trate la derogación del canje de deuda ya que está buscando concretar negociaciones de cara a los vencimientos que tendrá que afrontar en 2025 por un monto estimado de u$s17 mil millones.

Por ese motivo, desde La Libertad Avanza (LLA) salieron el jueves pasado a advertir que la caída del decreto de canje perjudicará las negociaciones para acordar los cambios en el Presupuesto 2025 y que eso afectaría, principalmente a las provincias.

Los opositores confían en tener sentados en el recinto a 94 de los 99 diputados de UP, 12 radicales de Democracia para Siempre, 12 de los 16 diputados de Encuentro Federal, los cinco de la izquierda, cinco de seis legisladores de la Coalición Cívica, dos larretistas del PRO, Álvaro González y Héctor Baldassi, y el santacruceño Sergio Acevedo.

También respaldará el dictamen de mayoría el radical Julio Cobos, y los opositores confían en sumar a Fabio Quetglas, Martín Tetaz y Mario Barletta, quien conformó hace poco un monobloque.

Por su parte, los legisladores de izquierda también están pidiendo incorporar a la sesión especial el decreto 70/2023, conocido como mega DNU, pero hasta ahora no tuvo respuesta de los legisladores que convocaron a esa deliberación del cuerpo legislativo.

Sesión especial: debate por la regulación de DNU y canje de deuda

El primer debate de la sesión será por la modificación de la ley 26.122, aprobada a instancias de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, para que los DNU puedan confirmarse con el aval de una sola cámara. El objetivo el limitar la capacidad del presidente Javier Milei de gobernar por DNU.

El proyecto opositor propone que los DNU se caigan en caso de que una sola de las cámaras del Congreso lo rechacen o si no se trata en 90 días desde la promulgación del Poder Ejecutivo.

En segunda instancia, se tratará el DNU que permite al Gobierno renegociar la deuda sin contemplar los requisitos establecidos en la ley de Administración Financiera, que implican cumplir con dos de las tres condiciones, que son mejores plazos, menos intereses y capital y la aprobación del Congreso.