La secretaria de Energía, Flavia Royón, brindó detalles sobre cuánto deberán pagar los usuarios una vez que se quiten los subsidios de forma escalonada. “El aumento promedio en materia de energía, sumando electricidad y gas, va a estar alrededor de 1.200 pesos”, dijo la funcionaria.

La Secretaría de Energía anunció este martes los detalles del nuevo esquema de subsidios al consumo de gas, electricidad y agua, que incluye la segmentación de acuerdo a los ingresos de los usuarios, con una diferenciación según la región del país de que se trate, y un tope de referencia para incentivar la eficiencia y el ahorro energético. El formulario permanece abierto para quienes no solicitaron el subsidio o para rectificar información. La secretaria de Energía, Flavia Royón, dijo que “el aumento promedio en materia de energía, sumando electricidad y gas, va a estar alrededor de 1.200 pesos” y detalló que “un hogar promedio se estima que debería consumir 250 kilovatios hora por mes y el corte que se hizo es en 400”.

La quita del beneficio comenzará de forma progresiva en septiembre, en el caso del gas y luz, luego en noviembre y enero, mientras que en agua se hará por etapas en noviembre, enero y marzo.

En tanto, la titular de Aysa, Malena Galmarini, señaló que “en el caso del agua en promedio el aumento entre noviembre (de 2022) y junio del año que viene será de 1.000 pesos”.

“Necesitamos concientizarnos que la energía y el agua es un recurso que hay que utilizarlo racional y sustentablemente”, afirmó Royón. La funcionaria señaló que “esta segmentación ha sido pensada con un criterio de una distribución basada en la justicia social y equidad” ya que “hoy el 50 por ciento de la población de mayores ingresos recibe el 60 por ciento de los subsidios”. 

“Lo que tratamos de plantear es que llegue el subsidio a quien más lo necesita”, dijo. Además, agradeció a quienes no solicitaron subsidios y aseguró que el Estado está trabajando para identificar a aquellos usuarios que no se inscribieron todavía pero necesitan el subsidio.

Royón añadió que en el nivel 1 (que comprende a los usuarios de mayores ingresos) “estaba previsto quitar de forma paulatina los subsidios en 3 tramos”. “Originalmente eran tres tramos iguales, pero hemos tomado la decisión de que el primer tramo se va a hacer una quita del 20 por ciento del subsidio y en los otros dos bimestres, el 80 por ciento restante, en 2 etapas iguales. Entonces primer tramo se quita el 20 por ciento, el segundo el 40 por ciento y el tercero el 40 restante”, puntualizó.

Tanto en gas como en energía eléctrica, afirmó la secretaria de Energía, no se perderá todo el subsidio si se superan los topes de consumo, “sino que en razón a la progresividad sobre el incremento al tope se va a hacer la quita del subsidio”.

La exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, aseguró este martes que “parece que en la causa por presunta corrupción en la obra pública contra la vicepresidenta Cristina Kirchner ya está todo hecho”. “La sentencia ya está hecha incluso antes de que se termine el juicio”, señaló.

En este sentido, consultada por AM750 sobre si la exmandataria tendrá, a su entender, acceso a una verdadera Justicia antes de que termine el proceso, señaló: “Con este Poder Judicial que tenemos, que juega con el establishment, neoliberal, no tenemos ninguna posibilidad”.

Caamaño aclaró que no habla de “la Justicia”, sino del “Poder Judicial”, porque no es todo al aparato en su totalidad el que funciona de forma irregular. “Hay un sector de ese Poder que tiene que ser encausado de alguna manera. Hay una persecución judicial que sigue a dirigentes populares”, señaló.

“Acá está la Justicia, están los políticos neoliberales, los grupos económicos concentrados, los medios de comunicación hegemónicos y antes estaba la AFI. Eso es lo único que podemos festejar. Que no está más la AFI en esa mesa”, dijo, con firmeza, la exencargada de la inteligencia en el país.

Los ingresos de Mola a la AFI

En tanto, señaló que en lo personal esta situación, el accionar de “esta justicia corporativa”, le da “vergüenza”. Lo hizo para referirse a los ingresos del fiscal por la denominada Causa Vialidad, Sergio Mola, a la sede de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri.

Es que, a través de un pedido de acceso a la información pública, Página/12 pudo constatar que el fiscal Mola no sólo ingresó a la casa de gobierno en junio de 2016, sino que tiene dos ingresos a la sede de la central de espías, uno el 22 de abril de aquel mismo año y otro el 15 de febrero de 2018.

“Es como si cuando yo era fiscal y necesitaba que la Policía hiciera una medida, fuera en persona a la comisaría y hablara con el comisario. El tipo me iba a decir que mande un oficio firmado diciendo qué necesito. Si voy a la comisaría a pedirle algo en secreto al comisario es, evidentemente, porque no le estoy pidiendo algo legal”, explicó Caamaño.

Y señaló: “Estuve el fin de semana leyendo lo que significa la imparcialidad. Lo que dice la doctrina es que el mero temor a sospecha de parcialidad es causal suficiente para posibilitar la exclusión de la tarea de juzgar el caso. O sea, no habla de que tiene que probar algo. El mero hecho de sospechar”.

“Acá no se está hablando ni siquiera de la honestidad del juez y el fiscal. No pasa por ahí. Es justamente la sospecha y no la seguridad de que podría suceder una situación así lo que hace que se tengan que apartar”, concluyó.

/Página12.

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta arribó a San Juan para cumplir una nutrida agenda que incluyó encuentros con empresarios y sindicatos para interesar sobre el paso del programa Potenciar Trabajo a empleos formales.

El gobernador Sergio Uñac destacó sobre otorgar trabajo formal a los beneficiarios de planes que “es un reclamo de la sociedad y estamos a tono con ello y con el pedido del gobierno nacional. A propósito, vamos a informarle de nuestro programa “Vincular” y de que entregamos certificados a quienes se han capacitado a través de la Unión Industrial, la UOCRA y la Cámara de Comercio. En la tarde tendremos reunión con la UNSJ y visita a la sala de capacitación de un colegio”.

 Zabaleta destacó que “es imposible llevar adelante políticas públicas desde la Nación sin articular trabajos en conjunto con las provincias como San Juan. Entre ellas, las auditorías que llevaremos adelante por Potenciar Trabajo, la certificación y evaluación de los beneficiarios. Es intención lograr que los beneficiarios pasen a tener un empleo formal y que puedan fortalecerse en el trabajo. Vamos a conversar sobre ello con cámaras y sindicatos”.

Las auditorías, a un ritmo planificado de 10 mil por día a nivel país, tienen que ver “con ir a territorio, en convenio con las universidades nacionales, para certificar el trabajo que hacen así como para garantizar que continuarán esa tarea, saber cómo se encuentran y construir el camino al empleo”. Sobre ello destacó en relación a las Pymes que “son motores y generadores de empleo y está en marcha un decreto, impulsado por el ministro de Economía, para reducción al 100% de las cargas patronales por el plan Potenciar Trabajo por un año”.

El funcionario marcó que se apuesta a la capacitación y por ello, se irá a las unidades de gestión. “Si no desempeñan actividades, se les propondrá que desempeñen a tono con los oficios que tengan; ver sus condiciones laborales y capacitar y tener terminalidad educativa, con programas especiales. Si no hay voluntad, se dará de baja a los planes. Iremos informando a la población los resultados de los avances”.

También reafirmó que los beneficiarios de los planes “no deben aportar plata a organizaciones, ni asistir a marchas. Nadie está obligado a ir a un acto político si no quiere. Tenemos que cuidar al beneficiario para que trabaje y se encamine al empleo registrado”.