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Política & Economía Latinoamérica

Los indígenas de Ecuador ratifican sus reclamos pero se sentaron a negociar.

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El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) -conformada por 53 organizaciones, 18 pueblos y 15 nacionalidades indígenas de Ecuador- mantuvieron un segundo acercamiento desde que comenzaron las protestas hace 15 días – ya 16-, en las que murieron cinco manifestantes y más de 400 personas resultaron heridas, entre policías y aborígenes.

Desde el movimiento indígena se exige el cumplimiento de un pliego de diez demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas estatales y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía

Lasso, un banquero conservador en el poder desde hace un año, anunció una reducción de los precios de combustibles, aunque en un porcentaje menor al que reclaman miles de indígenas que protestan, entre otras reclamos, por un mayor presupuesto educativo para una comunidad que representan un millón de los 17,7 millones de la población ecuatoriana.

En casi un año, el diésel subió en Ecuador un 90% (a 1,90 dólares) y la gasolina un 46% (a 2,55).

Ecuador exporta petróleo, pero importa combustibles a precios internacionales para venderlos más barato en el mercado local, por lo que destina alrededor de 3.000 millones de dólares en subsidios, de acuerdo con el Gobierno.

Una rebaja como demandan los pueblos originarios involucraría otros 1.000 millones de dólares en subsidios al país, en una crisis económica agravada por la pandemia

El anuncio de Lasso se produce un día después de que el mandatario levantara el estado de emergencia impuesto en seis provincias y de que los funcionarios del Gobierno mantuvieran conversaciones iniciales con los líderes de las protestas,

Al menos 14.000 indígenas, la mayoría concentrados en Quito, protestan en todo el país con bloqueos de vías y tomas de infraestructura pública.

Política & Economía San Juan

Marcelo Orrego anunció que la planta política no cobrará el bono de $35 mil

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El Gobierno de la provincia de San Juan informó que, por decisión del gobernador Marcelo Orrego, la planta política no percibirá el bono que fue otorgado a la administración pública provincial. 

Este viernes se confirmó que el Gobierno de la provincia de San Juan, por decisión del gobernador Marcelo Orrego, no pagará el bono de 35 mil pesos a la planta política, que fue otorgado a la administración pública provincial.

Cabe destacar que esta iniciativa se encuentra enmarcada en la línea de austeridad que la administración provincial lleva adelante.

@PrensaGob.

/Imagen principal: Archivo/

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Política & Economía Nacional

Inflación: laboratorios acordaron congelar precios de medicamentos por 30 días

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La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) representa a 41 compañías, pero cada laboratorio asociado ejercerá la facultad de adherir individualmente a la iniciativa.

Durante el primer trimestre del año quedó en evidencia el recorte en el flujo de fondos hacia organismos y hospitales, lo cual tuvo un impacto significativo en las firmas del sector de la salud y en medio de una altísima inflación. Apenas días después de su asunción, el presidente Javier Milei anunció que las cuotas de las prepagas se moverían sin intervención oficial, pero tan solo cuatro meses más tarde, se vio obligado a regularlas y se encuentra al borde de llevar el tema a la Justicia. En medio de esto, el plan de déficit cero adquirió un ritmo vertiginoso, y la salud pública no fue uno de los sectores que salieron ilesos de estos movimientos.

Según la ejecución presupuestaria del primer trimestre, el ítem Salud representó solo el 3,8% del gasto total, lo que marcó una disminución del 35% en comparación con el mismo período del año anterior, totalizando $572.999 millones, según se desprende del último informe la consultora Centro de Economía Política (CEPA).

En ese contexto, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que representa a 41 compañías de innovación farmacéutica que investigan, desarrollan y comercializan medicamentos en el país, manifestó su disposición para acompañar las medidas destinadas a fortalecer el sistema de salud argentino, congelando los precios de los medicamentos por un período de 30 días, a partir del día de la fecha, en consonancia con la política de estabilización de las variables de la economía argentina.

La entidad, que agrupa a 41 laboratorios principalmente de capitales extranjeros, pero deja librado a cada firma la facultad de adherir a la iniciativa. Algunos de los laboratorios que forman parte de Caeme son: Abbot, Abbvie, Alcon, Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bausch+Lomb, Bayer, Merk, GSK, Roche, Sanofi, MSD, Lilly, Novartis, entre otros.

En función de lo expuesto, cada laboratorio asociado ejercerá la facultad de adherir individualmente a esta iniciativa.

“CAEME reitera su compromiso por contribuir y promover el acceso oportuno y equitativo por parte de los pacientes a medicamentos y tratamientos innovadores en un marco de sustentabilidad y transparencia”, concluye el comunicado.

@Ámbito.

/Imagen principal: Archivo/

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Política & Economía Nacional

Gobierno eliminaría la reforma política del Pacto de Mayo.

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Según fuentes cercanas al Gobierno, se está evaluando la posibilidad de eliminar un punto clave del Pacto de Mayo en medio de las negociaciones con los gobernadores. Este punto en cuestión es el noveno, que propone una reforma política destinada a modificar el sistema actual y realinear los intereses de los representantes con los representados.

La iniciativa de reemplazar este punto surge como respuesta al deseo del Ejecutivo de mantener el enfoque estrictamente económico del acuerdo nacional, excluyendo otros temas como educación y producción, solicitados por algunos mandatarios provinciales para su inclusión en el debate programado para el 25 de mayo en la ciudad de Córdoba.

“Se está considerando su reemplazo porque queremos que el acuerdo sea puramente económico y no político. No es el momento adecuado para abordar cuestiones educativas”, señaló un funcionario a TN.

La prioridad declarada en la Casa Rosada es alcanzar una cifra de inflación mensual de un solo dígito y estimular la reactivación económica. Para ello, el Ejecutivo busca acelerar el tratamiento de la Ley Ómnibus, que incluye desregulaciones y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Entre los puntos propuestos por Javier Milei para el Pacto de Mayo se encuentran la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público al 25% del PBI y una reforma tributaria que alivie la presión impositiva.

El Gobierno sostiene su compromiso con el pacto incluso si la Ley Ómnibus y el paquete fiscal no son aprobados en el Congreso, e independientemente de la asistencia de pocos gobernadores.

Se está considerando la convocatoria a una comisión económica liderada por el secretario de Hacienda, Carlos Guibert, compuesta por ministros económicos provinciales de los gobernadores que se adhieran al Pacto de Mayo. Esta comisión tendría como objetivo delinear los puntos tributarios, económicos y previsionales a ser firmados en la ciudad de Córdoba.

El Gobierno cuenta con el respaldo de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio y de otros mandatarios provinciales como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), y busca sumar a Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Se espera que la firma del acuerdo evidencie una marcada división entre gobernadores aliados y opositores a las iniciativas del oficialismo, y no se descarta la presencia de gobernadores de la oposición dura, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa), este último especialmente relevante en la discusión sobre la coparticipación, según señaló un alto funcionario a TN.”

@DiarioLaProvincia

/Fuente de imagen: Archivo Google

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