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Política & Economía Latinoamérica

Ecuador: los militares asumieron el control de provincias en estado de sitio por la violencia narco.

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Ecuador: los militares asumieron el control de provincias en estado de sitio por la violencia narco.

Unos 9.000 militares y policías tomaron el sábado a la noche control de las tres provincias de Ecuador más golpeadas por el narcotráfico y la criminalidad, causa de más de 1.200 muertes en lo que va del año y de que el Gobierno decretara en ellas el estado de sitio.

La medida rige desde el sábado y por 60 días en las costeras Guayas, Manabí y Esmeraldas -esta última, fronteriza con Colombia- e incluye un toque de queda nocturno para las zonas con localidades con mayor violencia, como Guayaquil, que es capital de Guayas.

Ya bajo el estado de emergencia, un cabo segundo de la policía fue muerto el sábado a tiros en esa ciudad portuaria, la más poblada del país, informó la Policía Nacional en su cuenta de Twitter.

«Paz en la tumba del cabo segundo Carlos Cortéz», tuiteó el sábado a la noche el ministro del Interior ecuatoriano, Patricio Carrillo, en memoria del policía asesinado.

«No es tarea sencilla recuperar la seguridad», agregó el ministro, añadiendo que «la falta de escrúpulos y los sórdidos motivos de los delincuentes no se impondrá.

Las autoridades no han presentado un balance global de los operativos, que según reportes dispersos dejan detenidos y el decomiso de armas y drogas.

La fuerza pública incursionó en convulsas y deprimidas zonas, donde el acceso era difícil para los agentes.

El gobernador de Guayas, Pablo Arosemena, dijo a la agencia de noticias AFP que la prioridad es restablecer el orden en áreas controladas por mafias.

«Necesitamos intervenciones prolongadas y sostenidas para que los índices de inseguridad se estabilicen y decrezcan» anotó.

El sábado se realizaron varios operativos en el empobrecido Guasmo, en el sur de Guayaquil. «Esperamos que ellos (uniformados) ayuden a limpiar la ciudad de tanta gente mala», dijo Mercedes Ortiz, de 67 años, en la puerta de su vivienda, a AFP.

En su guerra declarada al narcotráfico, el presidente conservador Guillermo Lasso volvió a ordenar el viernes el estado de excepción en Guayas, Manabí y Esmeralda a causa de una grave conmoción interna por la inseguridad.

De la mano del narcotráfico ha crecido la criminalidad en Ecuador, con 1.255 muertos -entre ellos decapitados y mutilados- en el primer cuatrimestre de este año frente a los 2.500 de todo 2021 y 1.400 de 2020.

Cerca de 440 crímenes se han producido en Guayaquil y la vecina Durán, ambas las más inseguras. Un 60% del total de homicidios ha ocurrido en las tres de las 24 provincias ecuatorianas que ahora son patrulladas por militares.

Empero, el abogado guayaquileño Xavier Flores, especializado en derechos humanos, consideró que la movilización de las Fuerzas Armadas no será la panacea contra el crimen organizado.

«Si se piensa que es la solución al narcotráfico es un error de concepto porque esto es mucho más complejo que entrar a reprimir con militares. Estamos hablando de problemas estructurales, donde se necesitan políticas públicas e inversión del Estado para el desarrollo de estos sectores muy empobrecidos», dijo el excatedrático universitario a AFP.

Durán, con más de 300.000 habitantes, es considerada una bodega de drogas y donde el microtráfico, de acuerdo con autoridades, mueve hasta 1,8 millones de dólares al mes.

En esa localidad aparecieron en febrero dos cadáveres suspendidos de cuerdas de un puente peatonal, al estilo de los crímenes de los cárteles mexicanos.

Fronterizo con Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína en el mundo, Ecuador sirve de punto de salida de grandes cargamentos de droga principalmente por Guayaquil, el mayor puerto, por el que se exporta sobre todo a Estados Unidos y Europa.

En 2021, el país decomisó el récord anual de 210 toneladas de droga, fundamentalmente cocaína. En lo que va de 2022, las confiscaciones llegaron a 75 toneladas.

«Nuestra sociedad no será sometida, nuestra paz jamás será sacrificada ante los sucios negocios de nadie», expresó Lasso al anunciar el estado de excepción.

«Vamos a llevar el combate a los delincuentes hasta el mismo territorio donde intentan ocultarse, ellos y sus sucias mercancías», prometió.

Diversas bandas del narcotráfico se enfrentan en las calles y las cárceles de Ecuador por el control del almacenamiento, mercados y rutas para el envío de cocaína a Estados Unidos y Europa.

En varias penitenciarias se han producido cruentos choques armados entre presos miembros de organizaciones del narco, con 350 muertos desde febrero de 2021 en masacres que han pasado a ser de las peores de Latinoamérica.

Latinoamérica

México: 10 años sin respuestas desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

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México: 10 años sin respuestas desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Hasta ahora, solo se han identificado los restos de tres jóvenes a partir del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), mientras la lucha de los familiares por la verdad y la justicia sigue firme.

A pocos días de cumplirse diez años desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el caso sigue siendo una herida abierta en México. A pesar de las promesas de justicia y las múltiples investigaciones, las familias de los jóvenes siguen exigiendo respuestas mientras los hechos no terminan de esclarecerse. Si bien el 26 de septiembre es la fecha oficial de la desaparición, las movilizaciones y actividades conmemorativas comenzaron en los últimos días. 

La previa al aniversario

El viernes, los familiares de los estudiantes desaparecidos y alumnos actuales realizaron un acto frente a un cuartel del Ejército mexicano en Guerrero, en el que denunciaron el rol de las Fuerzas Armadas en el caso. Más tarde, un grupo de manifestantes encapuchados lanzó petardos y provocó incendios en los alrededores del lugar.

El jueves, madres de las víctimas participaron en una misa en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que celebró el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio. De acuerdo a la revista mexicana Proceso, en la homilía las madres hicieron un llamado: “A las personas que se llevaron a nuestros hijos, que operaron esa noche del 26 de septiembre de 2014, que se les ablande el corazón y que hablen y que nos digan a donde están nuestros hijos”.

En diálogo con Página/12, el sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, una de las varias organizaciones que apoyan a los padres en su lucha, indicó que al cumplirse 10 años desde la desaparición de los jóvenes, el sentimiento predominante es la impotencia, aunque destacó: «Al final, lo que sigue motivando a los padres es el amor que tienen por sus hijos, y también creo que el compromiso que adquirieron al hacer pública su exigencia. Es el compromiso de toda una nación. Esto dañó y afectó a un país como México, porque demuestra el grado de impunidad, de violencia, de colusión de las autoridades con el crimen organizado, y el nivel de descomposición social que existe». Y agregó: «Resolver este caso no es solo conocer la verdad y encontrar a sus hijos, sino también sanar una herida que en México hemos tenido abierta por muchos, muchos años».

El miércoles miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Chilpancingo, en Guerrero, para exigir respuestas sobre los 43 estudiantes. «Decir que han pasado 10 años es fácil, pero caminar, luchar y exigir no lo ha sido. Nos ha costado mucho trabajo, pero aquí estamos, impulsados por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos», expresó Cristina Bautista, madre de uno de los desaparecidos, a la agencia de noticias AFP.

Melitón Ortega, otro de los padres, añadió: «Esperamos que la nueva presidenta pueda retomar el caso Ayotzinapa de manera integral, abarcando las líneas de investigación, las extradiciones, nuevas carpetas, detenciones, entre otras cosas», refiriéndose a Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia el próximo 1 de octubre.

La caída de la «verdad histórica»

Los estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían al municipio de Iguala para tomar un colectivo hacia Ciudad de México y participar en la manifestación anual en conmemoración de la masacre de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, cometida por militares el 2 de octubre de 1968.

Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se negó cualquier participación de militares en los hechos y se defendió la denominada «verdad histórica», que sostiene que los jóvenes fueron detenidos por policías locales de Iguala, en complicidad con criminales, y entregados al cártel Guerreros Unidos. Según esa versión, los estudiantes habrían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en un basural en Cocula.

Mientras tanto, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuya participación fue clave para el avance de la investigación, comenzó a trabajar como perito independiente a pedido de los familiares de los desaparecidos. Este equipo, al igual que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso, no coincidió con la «verdad histórica» debido a inconsistencias en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y la falta de evidencias que respaldaran esta versión. En 2016, los investigadores de EAAF indicaron que era imposible que un fuego pudiera incinerar completamente a los estudiantes como se afirmaba.

La versión de la PGR se derrumbó definitivamente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la identificación de los restos no calcinados de dos víctimas: Christian Alfonso Rodríguez en 2020 y Jhosivani Guerrero de la Cruz en 2021, ambos encontrados en la barranca de la Carnicería, a 800 metros del basural de Cocula. Estas identificaciones se sumaron a la de Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron hallados en el río San Juan en 2014. Hasta ahora, son los únicos tres identificados entre los 43 desaparecidos.

La salida del GIEI

López Obrador creó por decreto una «Comisión para el Acceso a la Verdad», reconoció la responsabilidad de los militares, autorizó la apertura de archivos que revelan su participación en el caso e incluso se llevaron a cabo algunas detenciones. Sin embargo, el GIEI se retiró hace un año del caso Ayotzinapa, tras ocho años de investigación, denunciando obstrucciones significativas en su acceso a información crucial, especialmente la relacionada con el Ejército. En su último informe, manifestaron que hubo un ocultamiento sistemático que ha dificultado el esclarecimiento del paradero de los 43 estudiantes.

Miembros del grupo de expertos, como Carlos Beristáin y Ángela Buitrago, señalaron que la falta de cooperación por parte de las autoridades y el Ejército fue un obstáculo constante. Aunque se lograron algunos avances, como la detención de militares involucrados, insistieron en que no se entregó toda la documentación necesaria para avanzar en la investigación, y que aún queda mucho por hacer para llegar a la verdad sobre las desapariciones.

El presidente saliente defendió el trabajo del gobierno y las Fuerzas Armadas, asegurando que se realizaron esfuerzos significativos para esclarecer el caso. «No hay impunidad y se está actuando. Respeto su punto de vista (del GIEI) pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es precisamente por la colaboración de la Marina y Defensa», sostuvo en una de sus ruedas de prensa diaria, tras conocerse el informe.

Próximo gobierno

La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en julio por primera vez con las familias de los 43 estudiantes, ocasión en la que la se comprometió a dar seguimiento en la búsqueda de la verdad y la justicia del caso.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 estudiantes, informó tras el encuentro en el Museo de la Ciudad de México que los padres pidieron a la próxima mandataria que el caso Ayotzinapa ocupe un lugar central en su Gobierno. Ante la prensa, Sheinbaum reafirmó su compromiso, asegurando: «Vamos a seguir trabajando con ellos, vamos a encontrar un método de trabajo que nos permita cumplir con lo que están pidiendo: verdad, justicia y saber dónde están los jóvenes».

Aunque han pasado casi diez años, la determinación de los padres no ha disminuido. Su lucha se mantiene firme, impulsada por la esperanza de que algún día conocerán el destino de sus hijos. A pesar del tiempo y los obstáculos, siguen alzando la voz, recordando al país que la justicia aún está pendiente.

@Página12 // Informe: Axel Schwarzfeld

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Los presidentes de Bolivia y Brasil asistirán a la cumbre de los BRICS en octubre en Kazán (Rusia)

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Los presidentes de Bolivia y Brasil asistirán a la cumbre de los BRICS en octubre en Kazán (Rusia)

El dirigente boliviano, Luis Arce, así como su homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, tomarán parte en la XIV Cumbre de los BRICS que se celebrará en octubre en la ciudad rusa de Kazán, informaron a Sputnik los embajadores de los países latinoamericanos en Rusia.

«El presidente de Bolivia fue invitado a la cumbre de los BRICS en Kazán y aceptó con placer esta invitación del presidente [ruso, Vladímir] Putin», aseguró.

Al mismo tiempo, el embajador de Brasil en Rusia, Rodrigo Baena Soares, confirmó la participación de Luiz Inacio Lula da Silva en la cumbre.

«Ahora lo estamos organizando incluso con otros mandatarios que vendrán aquí [a Kazán]. Por supuesto, prepararemos una reunión con el presidente Putin», agregó.

Ambos presidentes planean reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, al margen de ese evento, agregaron los representantes de los países.

Rusia asumió el 1 de enero pasado la presidencia rotatoria del grupo BRICS para 2024, año que empezó con la admisión de nuevos miembros. Además de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, a los que el grupo debe sus siglas, ahora lo integran también Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Rusia organiza más de 250 eventos en 11 regiones en el marco de su presidencia, incluida la XIV Cumbre de los BRICS que tendrá lugar en la ciudad de Kazán del 22 al 24 de octubre.

Sputnik/

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A 51 años del golpe de Estado en Chile 

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A 51 años del golpe de Estado en Chile 

El golpe militar Chile que marcó un antes y un después en la política latinoamericana

Un día como hoy, el 11 de septiembre de 1973, Chile sufrió un golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet, el cual puso fin al Gobierno socialista de Salvador Allende y marcó el inicio de 17 años de dictadura.

Tres años antes del fin de su mandato constitucional, el gobierno de Salvador Allende terminó abruptamente el 11 de septiembre de 1973 debido al golpe de Estado del que participaron las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el cuerpo de Carabineros.

Ese mismo día, después de que el Palacio de La Moneda fuese bombardeado por aviones y tanques, Salvador Allende se suicidó. Tras el fin de su gobierno, el general Augusto Pinochet encabezó una dictadura militar que se extendió por casi 17 años.

Cuando el Palacio de La Moneda estaba rodeada por los militares, a las 10:15, a través de Radio Magallanes —la única favorable al gobierno que aún no era silenciada— Allende emitió su último mensaje a la Nación. “Colocado en el tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, y les digo que tengan la certeza de que la semilla que entregamos a la conciencia de miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente… Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas, por donde pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!”, dijo Allende.

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