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Sociedad Sucesos

Los puntos claves para entender porque se rechazó la cautelar presentada por el hombre para impedir el aborto de su ex pareja.

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La jueza Amanda Díaz del Décimo Primer Juzgado de Civil, quien debía resolver sobre la cautelar solicitada por Franco, el hombre que busca evitar que su ex pareja aborte, fue escueta pero también directa al rechazar el planteo judicial. La jueza atacó por todos lados la presentación.

En la primera parte, la magistrada cuestionó la existencia del derecho invocado por el accionante o la supuesta violación a sus derechos. Al respecto, destacó que ni siquiera se acredita la identidad de la mujer en cuestión, dado que en las copias de uno de los documentos se cita un apellido y en otro aparece uno distinto. También señaló que tanto el acta de matrimonio como la copia de una ecografía nada prueban sobre la supuesta decisión de la accionada de no continuar con el embarazo denunciado.

Desde la dudosa documentación que presentó, la falta de precisión en los fundamentos para cuestionar la ley y hasta la actitud relajada del denunciante para agilizar el proceso. Estos fueron los puntos que criticó la jueza civil Amanda Díaz y por los cuales rechazó y tiró por tierra la medida cautelar que solicitó el sanjuanino para impedir que su ex esposa interrumpa su embarazo.

En cuanto a la nota presentada por el accionante ante la Obra Social Provincia, ésta constituye una expresión unilateral de voluntad del propio peticionante y sin contestación alguna. Por lo que nada prueba con relación a terceros”, indicó la jueza.

En otra parte, además, pone en duda la autenticidad de las capturas de pantalla de un celular sobre una supuesta charla mantenida entre el hombre y la mujer, y que presentó como prueba de la disputa entre ellos sobre el embarazo.

Otro punto que objetó la jueza Díaz fue que “el presentante no cuestionó en forma precisa la constitucionalidad y/o aplicación al caso concreto de la ley nacional Nº 27.610. Por lo que resulta, conforme lo presentado y peticionado, totalmente infundado y ajeno a derecho privar en esta instancia a cualquier persona gestante de la posibilidad de ejercer su derecho conforme la norma antes citada”.

Como si todo eso no fuera suficiente, la jueza también criticó el interés que demostró esta persona y sus abogados.  “Corresponde destacar la pasividad procesal que ha mantenido el actor junto con sus letrados con relación a la medida para mejor resolver, dictada el día que ingresó el expediente a este Juzgado”, indicó.

Es que el 23 del corriente mes ordenó una serie de medidas y pedidos de informe, pero “llamó poderosamente la atención de que ninguno de los profesionales quisiera retirar los respectivos instrumentos para diligenciarlos en las oficinas correspondientes. Máxime cuando se ordenó, tal como ellos lo solicitaran, habilitación de día y hora inhábil”, destacó, a la vez que reflexionó que “no puede pasarse por alto esta conducta relajada del accionante con respecto a la carga de urgir toda medida tendiente a obtener una resolución favorable. Su accionar resulta totalmente contradictorio a la supuesta urgencia e imperiosa necesidad por él mismo alegada, y exigida por el ordenamiento procesal”.

Con esos argumentos y pese a aclarar que en esta etapa no correspondía expedirse sobre el fondo del asuntó, la juez civil rechazó la medida cautelar solicitada por este ciudadano y los abogados Mónica Lobos y Martín Zuleta.

El caso abrió la polémica en la provincia y en el país en los últimos días y volvió a poner en el tapete la disputa de los que están a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en diciembre de 2020 y promulgada en enero de este año, y los llamados Pro Vida.

Acá el protagonista fue un sanjuanino que intentó por todos los medios, torcer la voluntad de su ex pareja de querer abortar. Así, hizo un reclamo en la Obra Social Provincia, posteriormente hizo una presentación en la Justicia y salió por los medios de comunicación con la intención de buscar el adeptos a su reclamo.

Sociedad Sucesos

Extienden hasta el 2028 la condena por abuso al sacerdote Julio César Grassi.

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La condena por abuso al sacerdote Julio César Grassi que en principio regía hasta el 7 de agosto del 2026, fue extendida hasta el 30 de mayo del 2028 tras una apelación presentada por la querella a raíz del mal cálculo de la pena y la inaplicabilidad del beneficio del llamado “dos por uno“, informó el abogado Juan Pablo Gallego.

El letrado, que representa el Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn) destacó que “se había aplicado la pena tomando en cuenta la fecha del 23 de octubre de 2002, cuando la Policía fue a buscar a Grassi y se profugó de un estudio de televisión”

“Luego la defensa de Grassi presenta recursos, lapso durante la cual el sacerdote no tiene prisión preventiva, y recién se logra su detención en el año 2013, por lo que no rige el beneficio del llamado dos por uno”, agregó.

El recurso de apelación a la condena inicial de Grassi fue presentado ante la Cámara de Apelaciones de Morón, que dio lugar a la petición y ordenó extender hasta el 30 de mayo del 2028 la condena.

De esta manera, los 15 años por los cuales el sacerdote fue condenado comienzan a regir desde 2013.

/Télam

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Sociedad Sucesos

Le robaron el caballo y solicita la colaboración de toda la sociedad para poder encontrarlo.

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En los últimos días se viralizó en las redes sociales un desesperado pedido de ayuda a la sociedad para dar con el paradero de un caballo robado que es intensamente buscado por sus dueños.

Ahora San juan se comunicó con el dueño del animal para conocer con exactitud lo sucedido con el caballo.

“El caballo desapareció de la zona del Medanito cerca de la calle 5. Esto sucedió durante la noche del viernes 24 y la madrugada del sábado 25 “, contó el dueño y agregó que “aparentemente dos personas lo han sustraído porque se veían huellas de dos personas“.

“Rompieron parte de los alambrados de la finca para sustraerlo” comenta el dueño con cierta indignación de lo sucedido.

“El caballo actualmente tiene 15 años. Nació en mi casa, por lo tanto no tiene marca de fuego simplemente tiene señas particulares”, aclara el dueño.

Esas señas particulares que tiene el caballo son:

– Una atrofia cerca del cuello producto de un accidente que tuvo cuando era potrillo.

– Una verruga en el lado izquierdo entre la tabla del cogote y la paleta izquierda.

– Otra atrofia muscular de la pata izquierda trasera arriba del garrón.

– Mancha visible del lado izquierdo de la mitad del estómago. Es una mancha redonda.

– El caballo tiene tres patas blancas y la pata derecha delantera es negra. La frente es blanca.

– El caballo es un bayo gateado.

*Se solicita la colaboración de toda la sociedad para encontrar al caballo. En caso de identificarlo llamar inmediatamente al 911.

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Sociedad Sucesos

Caso Guadalupe: ordenan una reconstrucción de los momentos previos al día que fue vista por última vez.

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Amás de un año del día en que Guadalupe Lucero fue vista por última vez, jugando en un cumpleaños familiar en el barrio 544 Viviendas, al sur de la provincia de San Luis, integrantes del equipo de fiscales a cargo de la causa ordenaron que se realice una reconstrucción de las circunstancias que rodean el caso.

Así lo informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) en diálogo con la agencia Télam, donde detallaron que la medida está prevista para las próximas semanas con el objetivo de contribuir al “esclarecimiento del hecho” y a la adopción de “nuevas diligencias probatorias tendientes a dilucidar aquellos puntos que surjan durante su desarrollo”.

Los solicitantes fueron el titular de la Fiscalía Federal de San Luis, Cristian Rachid, el fiscal federal Leonel Gómez Barbella, y los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano Marcelo Colombo, quienes integran el equipo a cargo del caso de Guadalupe, la niña de 6 años de quien se investiga su paradero hace más de un año.

En cuanto al operativo de reconstrucción, estará a cargo de la División Criminalística de la Gendarmería Nacional Argentina, con la colaboración del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

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