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Política & Economía
Los sindicatos se presentarán como querrellantes y denunciarán ante la OIT a la «Gestapo» de Cambiemos.
Dirigentes de las centrales de trabajadores CGT y CTA repudiaron este jueves el mecanismo de persecución gremial planteado en el video en el que el exministro de Trabajo bonaerense del gobierno de Cambiemos en la provincia, Marcelo Villegas, habla de una «Gestapo» para «terminar con los gremios« y anunciaron que se presentarán como querellantes ante la justicia nacional y que denunciarán el caso en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
«Vamos a presentar y hacer todas las denuncias en la justicia nacional y en la OIT», dijo Pablo Moyano, uno de los secretarios generales de la CGT.
Durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la CTA de los Trabajadores, en Piedras al 1000, los dirigentes sindicales indicaron que se trató de un plan de «inusitada gravedad» que equipararon con prácticas de la última dictadura militar.
De esta forma, los principales sindicatos del país buscan sumarse e impulsar la denuncia presentada esta semana por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, ante la justicia federal de La Plata luego de que encontrara en ese organismo un disco que contenía una grabación realizada el 15 de junio de 2017, en la que funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal y agentes de inteligencia orquestaban una persecución y armado de causas a organizaciones sindicales.
En el video aparecían, entre otros, el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense; Juan Pablo Allan, senador provincial; y el intendente de La Plata, Julio Garro, además de empresarios y los agentes de inteligencia Sebastián De Stefano, director de jurídicos de la AFI y Darío Biorci, por entonces cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI.
Pablo Moyano indicó que este plan de persecución sindical «no fue hacia dos o tres dirigentes, sino que el objetivo era destruir el movimiento obrero».
«¿Qué diferencia hay entre Villegas y el exministro de Trabajo de la dictadura militar Horacio Liendo, si en el 76 desaparecían las comisiones internas y en 2017 este animal de Villegas dice que hay que desaparecer a los sindicatos?«, se preguntó Moyano.
Recordó asimismo que «cuando en 2017 salimos a confrontar el modelo económico del espía Mauricio Macri logramos que la única ley que no pudo aprobar el Congreso fue la reforma laboral».
El dirigente de la CGT exigió que la Justicia “actúe de inmediato”, ante las pruebas de público conocimiento. Responsabilizó a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal, como “los ideólogos políticos” de este entramado, mientras que “el ideólogo judicial” de toda esta operación “fue Julio Conte Grand”, hoy Procurador de la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, el Secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, dijo que las declaraciones del exministro Villegas implican «la orquestación de un operativo para perseguir al sindicalismo e iniciar causas».
«Se habló de la necesidad de una Gestapo para confrontar con el movimiento sindical y eso le da inusitada gravedad al hecho. Esto no puede quedar impune ni pasar como un hecho menor», argumentó Yasky.
El referente gremial remarcó que «resulta atronador el silencio de (la exgobernadora bonaerense) Vidal, es complicidad pero también reconocimiento».
En tanto, Vanesa Siley, diputada nacional y representante de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, indicó que el Gobierno de Cambiemos montó «este aparato de persecución como lo hizo la dictadura» y calificó lo ocurrido como «una barbaridad».
«Si no llenaban las tapas de diarios con presos y presas no hubieran podido tomar la deuda externa que tomaron ni endeudarnos, ni bajar el poder adquisitivo como lo hicieron en un 20% y la desocupación por arriba del 10%«, manifestó.
A su turno, Mario Manrique, Secretario adjunto Smata y secretario gremial de CGT, afirmó que «estas son las formas y herramientas que utiliza el PRO y la derecha más rancia de la Argentina para lograr su objetivo». Manrique agregó que si el sindicalista Juan Pablo «Pata» Medina «se equivocó y pagó con la cárcel, a Macri le corresponde lo mismo».
Desde el Suteba, su secretario general, Roberto Baradel, señaló que hubo «un plan sistemático (para perseguir trabajadores) y responsabilizó a «Vidal y a Macri».
«A los que no nos podían procesar nos perseguían y amenazaban. Hacían un linchamiento mediático», concluyó.
El dirigente sindical docente confirmó que los sindicatos se presentarán como querellantes hoy en la causa judicial impulsada por la AFI ante los tribunales federales de La Plata.
«Vamos a pedir que renuncien absolutamente todos los involucrados que tengan cargos institucionales y vamos a exigir el juicio político a (Julio) Conte Grand», agregó, Baradel en alusión al Procurador General de la Suprema Corte Bonaerense.
En la presentación también estuvieron presentes otros dirigentes gremiales como Roberto Pianelli (subtes); Luis Clemente (marítimos); Claudio Marín (telefónicos); José Pasotti (trabajadores del caucho); Graciela Aleñá (trabajadores viales) y Adriana Monje (docentes bonaerenses), entre otros.
San JuanPolítica & Economía
Diputados aprobaron un proyecto para prevenir adicciones
Este miércoles 27 de noviembre, la Cámara de Diputados inició una sesión especial para debatir un proyecto de ley destinado a prevenir la ludopatía infantil y regular las ciberapuestas, un fenómeno creciente en la sociedad actual. La iniciativa, impulsada por sectores de la oposición, propone una actualización en las medidas para combatir la adicción al juego, que afecta especialmente a los jóvenes, y establece restricciones a la publicidad de juegos de azar en medios digitales y tradicionales.
La sesión comenzó a las 12:15 con la presencia de 133 legisladores, bajo la presidencia de Martín Menem. El quórum se conformó con representantes de diversos bloques políticos, incluidos Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la UCR y la izquierda. La discusión se centra en cómo establecer un marco legal que proteja a los menores de edad frente a los riesgos derivados de la exposición a juegos de azar y apuestas en línea.
El proyecto establece medidas restrictivas, tales como la limitación de anuncios publicitarios relacionados con juegos de azar y apuestas, especialmente en plataformas digitales, que son las más accesibles para los niños y adolescentes. Según la propuesta, las campañas publicitarias deben adaptarse para no incitar al consumo de estas actividades, promoviendo en su lugar la responsabilidad y el cuidado de la salud mental.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta un fuerte lobby por parte de las empresas de apuestas, que han ejercido presión para que no se avance en el tratamiento de este proyecto, argumentando que las restricciones podrían afectar su actividad económica. La presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Mónica Frade, denunció públicamente la influencia de estos sectores y destacó la importancia de avanzar en una legislación que proteja a los más vulnerables.
Este debate, que podría marcar un hito en la legislación sobre adicciones en el país, se encuentra en un momento crucial. El proyecto busca obtener media sanción y continuar su trámite en el Senado, donde podría enfrentarse a nuevos desafíos en su implementación.
El fenómeno de la ludopatía, especialmente entre los jóvenes, se ha visto exacerbado por el acceso a las ciberapuestas a través de dispositivos móviles y redes sociales. Con el avance de la tecnología, el acceso a estos juegos es más fácil y rápido, lo que ha generado una creciente preocupación sobre el impacto de esta adicción en la salud mental de los menores.
La iniciativa pretende ser una respuesta integral a un problema complejo, con el objetivo de proteger a las generaciones más jóvenes de una adicción que afecta su bienestar y desarrollo.
DH
NacionalPolítica & Economía
Cómo reaccionó el Gobierno al comunicado de los gobernadores
En una devolución de gentilezas, el Gobierno se mostró permeable a la demanda de gobernadores por la discusión del Presupuesto 2025. Si bien todavía no definió si lo incluirá en un llamado a sesiones extraordinarias, la postura del Ejecutivo se volvió más flexible luego de que en el Congreso se cayera la sesión para tratar el proyecto que buscaba rechazar el DNU 846/2024, que flexibiliza las condiciones para que Luis Caputo realice canjes de deuda en moneda extranjera sin aval del Congreso.
El martes, antes de que los gobernadores difundieran un comunicado exigiendo la sanción de la ley de leyes, hubo una reunión clave de la mesa chica en Casa Rosada. Durante casi dos horas se dieron cita la Secretaria de Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; el viceministro del Interior, Lisandro Catalán; el vicejefe de gabinete, José Rolandi; y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Durante el encuentro, los funcionarios abordaron los reclamos de los gobernadores de destrabar las negociaciones, y se acordó convocar a dialogar de manera individual a quienes estén dispuestos. La intención del Ejecutivo es poder negociar mano a mano en función de las necesidades de cada provincia, quebrando la unidad de los mandatarios.
Por eso en Balcarce 50 cayó mal el comunicado impulsado por gobernadores de Juntos por el Cambio, a los que puertas adentro apodaron «Juntos por el Comunicado». «Muy lindo el texto, pero nos siguen dando argumentos para no tratar el tema», señaló a este medio una fuente de diálogo directo con el presidente Javier Milei.
Según pudo reconstruir este medio, el Gobierno ya estableció contactos con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Corrientes, Gustavo Valdés (UCR); de Entre Ríos, Rogelio Frigerio (PRO); y por Catamarca, Raúl Jalil (UxP). En Casa Rosada siguen repitiendo que los cinco puntos que exigen los gobernadores «son incumplibles», pero analizan en su defecto rever las deudas que las provincias tienen con Nación.
En una negociación que se actualiza minuto a minuto, en las próximas horas podría haber nuevos contactos. De hecho, el martes el gobernador de Chaco, Leandro Zdero estuvo reunido con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Presupuesto 2025: Javier Milei tiene la última palabra
Pese a los puentes que parecen tenderse con las provincias, en el entorno del Presidente señalan que la última palabra es la suya. En ese sentido, en plena discusión con los mandatarios el jefe de Estado publicó en sus redes sociales un mensaje que hace dudar de las intenciones de llegar a un acuerdo. «Me puse a pensar sobre las medidas del gobierno para lo que será el 2025… Ante el paisaje confirmo que seguiré a full con la motosierra… VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!», reza el texto difundido.
Colaboradores del mandatario señalan que no dará el brazo a torcer pese a los reclamos por mayores partidas presupuestarias, e insisten en el objetivo del déficit cero como premisa de las cuentas públicas. En ese sentido, señalan que pese a que se destrabó el diálogo con los gobernadores, todavía no tienen los votos para la aprobación del Presupuesto.
A su vez, en el Ejecutivo dan por sentado que en caso de convocar a sesiones extraordinarias, también se incluirán los proyectos de la eliminación de las PASO, modificación del financiamiento de partidos políticos y privatización de Aerolíneas Argentinas.
El documento difundido por los gobernadores lleva la firma de Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). En el texto, los mandatarios locales parafrasean a Milei y aseguran que «el equilibrio fiscal es innegociable, tanto como el cumplimiento de la ley».
Ambito Financiero
NacionalPolítica & Economía
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Ambito Financiero
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