Política & Economía Latinoamérica
Lula hará frente a las reformas neoliberales de Temer y Bolsonaro.
La ola de reformas neoliberales que restauraron una suerte de thatcherismo tropical en Brasil desde la caída de Dilma Rousseff en 2016 busca ser amortiguada o revisada por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en caso de vencer en las elecciones de octubre de 2022, para lo cual necesitará de una articulación política inédita capaz de lograr una mayoría en el Congreso.
El primer paso fue dado esta semana por el propio Lula, quien participó de una reunión con dirigentes españoles para aprender del proceso de revisión de la reforma laboral que en ese país que lleva adelante el presidente del gobierno Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Todo se inició cuando Lula destacó la semana pasada en Twitter el proyecto de revisión de la reforma laboral española votada por el expresidente del gobierno Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP), para intentar hacer lo mismo en Brasil con la reforma laboral que se implementó en Brasil en 2017, bajo el gobierno de Michel Temer.
Temer, exvicepresidente de Rousseff, convocó en aquel momento a la antigua oposición del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y así anunció haber logrado «enterrar la era Getulio Vargas», una promesa incumplida en los ’90 por el gobierno neoliberal de Fernando Henrique Cardoso.
Las dos principales conquistas del gobierno de Temer fueron legalizar el trabajo intermitente (con lo cual el trabajador solo cobra lo que trabaja estando incluso en relación de dependencia), que es el empleo que más creció en Brasil, y eliminar la contribución obligatoria del 3% que cada trabajador aportaba mensualmente a su sindicato a través de su recibo de sueldo a su sindicato.
La reforma laboral de 2017 en Brasil elimina también la figura del sindicato como mediador, dejando la negociación paritaria en manos del empleador y del empleado, sin posibilidad de judicializar las relaciones laborales.
La contrarreforma laboral española que llevó adelante el PSOE fue presentada el martes, en Brasil, en una conversación virtual liderada por Lula y el titular de la Fundación Perseu Abramo (centro de estudios del Partido de los Trabajadores), el exministro Aloizio Mercadante, quienes estuvieron acompañados por líderes de seis centrales sindicales.
Del lado español estuvo José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, y representantes de sindicatos ibéricos.
La flexibilización laboral española fue realizada al calor de la crisis global de 2008 mientras que la de 2017 en Brasil se realizó en medio de la peor recesión de la democracia brasileña, cuando la agenda del sector financiero irrumpió en el Palacio del Planalto de la mano de Temer y de la antigua oposición a Rousseff.
Lula propuso en la reunión que la mejor manera de Brasil poder recuperar algunos derechos laborales y sindicales es con la realización de una mesa tripartita entre sindicatos, empresarios y el gobierno.
Según contó a Télam uno de los asistentes a la conferencia virtual con los españoles, Lula aseguró en su exposición que es necesario crear un marco legal para los trabajadores de aplicaciones digitales como los entregadores en moto o bicicleta, o los choferes de automóviles que trabajan por cuenta propia bajo el régimen de la llamada ‘uberización’ (por la plataforma Uber).
Durante esa charla, el titular de la Central Única de Trabajadores (CUT, la mayor de Brasil, fundada por Lula en 1980), Sergio Nobre, recordó que el índice de desocupación en 2014, año de la reelección de Rousseff, era de 4,8 por ciento.
Cuando Rousseff dejó el cargo en medio de una crisis política y de quiebra de contratos de infraestructura y petroleros por la operación Lava Jato, el desempleo había trepado al 11 por ciento.
El índice de trabajadores desempleados, informales que no buscan empleo, o directamente los desalentados, saltó de 52 millones en 2017 a 61,3 millones en 2021.
Según los sindicatos brasileños, la reforma laboral de Temer redujo costos al empresariado pero no generó empleo.
Al contrario, el índice de desocupación no paró de aumentar incluso desde antes de la pandemia, un crecimiento que las estadísticas oficiales vienen registrando a pesar de que en Brasil al trabajador intermitente legalizado se lo contabiliza como un empleo aunque trabaje apenas una hora por mes.
Ese panorama se completa con la contundencia de las cifras: en 2017 el desempleo en Brasil alcanzó el 12,7%; en 2018 se mantuvo en 12,2%; en 2019 la tasa de desocupación se redujo levemente y llegó a 11,9%; en 2020, el año de la pandemia, subió a 13,5%; para finalmente estabilizarse en 12,6% en 2021.
Al referirse a la reforma laboral que se implementó durante su Presidencia, el propio Michel Temer la calificó como una «modernización» y reconoció que su línea fue seguida por Bolsonaro.
De hecho, el relator del proyecto de ley que promovía la reforma laboral de 2017, Rogerio Marinho, del PSDB, es el actual ministro de Desarrollo Regional de Bolsonaro.
La intención de Lula de revisar legislación en materia laboral que redujo el peso de los sindicatos y concentró en el trabajador en tanto individuo la negociación de sus condiciones de trabajo ante el empresario fue repudiada por el propio Bolsonaro («es duro ser patrón en Brasil», suele decir ante auditorios empresarios) y por los precandidatos de derecha confirmados para octubre, el gobernador paulista, Joao Doria, y el exjuez Sérgio Moro.
La convicción de Lula es que, sin alianzas con la derecha moderada o liberal de cuño social, no se podrá tener un número robusto en el Congreso para lanzar esas contrarreformas en materia laboral.
Es por eso que la coalición de izquierda que acompaña a Lula en este retorno de lleno a la centralidad política ha lanzado el nombre del exgobernador paulista Geraldo Alckmin, un conservador que formó parte del PSDB, como posible compañero de fórmula por algún partido aliado en una eventual fórmula encabezada por el exmandatario brasileño.
Al ministro español, Lula le dijo en la videoconferencia que «si fuera por algunos sectores poderosos de Brasil habría que revocar la Ley Áurea», en referencia la norma que el 13 de mayo de 1888 terminó con la esclavitud legalizada.
La llamada Ley Áurea abolió la esclavitud en todo el territorio brasileño y se promulgó el 13 de mayo de 1888 a través de un decreto de la princesa regente Isabel I de Braganza, hija del emperador Pedro II, ante la ausencia de este por viaje, por lo cual Brasil es considerado el último país del mundo en prohibir la esclavitud.
En la videoconferencia con los funcionarios del PSOE, Lula coincidió con el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social en que la calificación de la mano de obra, salarios por encima de la inflación y no la reducción de los ingresos deben ser la clave de la competitividad económica, según relataron testigos de la disertación.
Dentro del PT existe una agenda que se prepara para ser lanzada en el primer tramo de un eventual Gobierno en el caso de que Lula gane las elecciones en primera vuelta, es decir, con un capital político que le permita realizar contrarreformas como eliminar el techo de gasto público fijado a través de una enmienda constitucional por 20 años, como también eliminar la independencia del Banco Central.
El techo del gasto fue una enmienda constitucional impulsada por Temer apenas asumió con una amplia mayoría del Congreso, con la que que dio una señal a los mercados de que se impediría a futuro ampliar la inversión pública en los sectores estratégicos por dos décadas, más allá de la actualización inflacionaria.
Bolsonaro, con la pandemia y su plan de reelección, logró sortear este techo para 2022 pero el límite presupuestario volverá a regir en 2023.
El fin del techo del gasto público es, tal vez, el asunto con más consenso en la clase política aunque no en la Avenida Faria Lima (nuevo centro financiero de San Pablo), como se define al mercado financiero en los medios y la política brasileña.
La otra discusión que circula en el ámbito partidario apunta contra una señal fuerte hacia el sistema financiero que dieron Bolsonaro y el titular de Economía, Paulo Guedes, cuando en 2021 lograron sancionar una ley que establece la independencia del Banco Central.
En Brasil, el mandato del presidente del Banco Central -y, por lo tanto, también la política monetaria- es independiente del jefe del Estado que los ciudadanos eligen a través del voto.
En ese sentido, el diputado Carlos Zarattini, del PT, sostuvo que un Gobierno sin un Banco Central «está de manos atadas» para hacer política económica.
«Con la nueva ley el presidente del Banco Central actual (el bolsonarista ultraliberal Roberto Campos Neto) deberá quedarse los dos primeros años de un eventual Gobierno de Lula «, advirtió Zarattini.
Lula había dicho que la independencia del Banco Central «apenas le interesa al mercado financiero y no al trabajador que se quedó desempleado porque Ford abandonó el país».
En el inicio de este año, en el área económica Lula se apoyó en los economistas Guido Mantega (exministro de Hacienda entre 2006-2015), Aloizio Mercadante (quien durante los gobiernos del PT ocupó las carteras de Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación; y el Ministerio de la Presidencia o Casa Civil) y Nelson Barbosa (exministro de Hacienda y de Planificación).
/Télam.
Latinoamérica
México: 10 años sin respuestas desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
Hasta ahora, solo se han identificado los restos de tres jóvenes a partir del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), mientras la lucha de los familiares por la verdad y la justicia sigue firme.
A pocos días de cumplirse diez años desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el caso sigue siendo una herida abierta en México. A pesar de las promesas de justicia y las múltiples investigaciones, las familias de los jóvenes siguen exigiendo respuestas mientras los hechos no terminan de esclarecerse. Si bien el 26 de septiembre es la fecha oficial de la desaparición, las movilizaciones y actividades conmemorativas comenzaron en los últimos días.
La previa al aniversario
El viernes, los familiares de los estudiantes desaparecidos y alumnos actuales realizaron un acto frente a un cuartel del Ejército mexicano en Guerrero, en el que denunciaron el rol de las Fuerzas Armadas en el caso. Más tarde, un grupo de manifestantes encapuchados lanzó petardos y provocó incendios en los alrededores del lugar.
El jueves, madres de las víctimas participaron en una misa en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que celebró el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio. De acuerdo a la revista mexicana Proceso, en la homilía las madres hicieron un llamado: “A las personas que se llevaron a nuestros hijos, que operaron esa noche del 26 de septiembre de 2014, que se les ablande el corazón y que hablen y que nos digan a donde están nuestros hijos”.
En diálogo con Página/12, el sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, una de las varias organizaciones que apoyan a los padres en su lucha, indicó que al cumplirse 10 años desde la desaparición de los jóvenes, el sentimiento predominante es la impotencia, aunque destacó: «Al final, lo que sigue motivando a los padres es el amor que tienen por sus hijos, y también creo que el compromiso que adquirieron al hacer pública su exigencia. Es el compromiso de toda una nación. Esto dañó y afectó a un país como México, porque demuestra el grado de impunidad, de violencia, de colusión de las autoridades con el crimen organizado, y el nivel de descomposición social que existe». Y agregó: «Resolver este caso no es solo conocer la verdad y encontrar a sus hijos, sino también sanar una herida que en México hemos tenido abierta por muchos, muchos años».
El miércoles miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Chilpancingo, en Guerrero, para exigir respuestas sobre los 43 estudiantes. «Decir que han pasado 10 años es fácil, pero caminar, luchar y exigir no lo ha sido. Nos ha costado mucho trabajo, pero aquí estamos, impulsados por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos», expresó Cristina Bautista, madre de uno de los desaparecidos, a la agencia de noticias AFP.
Melitón Ortega, otro de los padres, añadió: «Esperamos que la nueva presidenta pueda retomar el caso Ayotzinapa de manera integral, abarcando las líneas de investigación, las extradiciones, nuevas carpetas, detenciones, entre otras cosas», refiriéndose a Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia el próximo 1 de octubre.
La caída de la «verdad histórica»
Los estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían al municipio de Iguala para tomar un colectivo hacia Ciudad de México y participar en la manifestación anual en conmemoración de la masacre de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, cometida por militares el 2 de octubre de 1968.
Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se negó cualquier participación de militares en los hechos y se defendió la denominada «verdad histórica», que sostiene que los jóvenes fueron detenidos por policías locales de Iguala, en complicidad con criminales, y entregados al cártel Guerreros Unidos. Según esa versión, los estudiantes habrían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en un basural en Cocula.
Mientras tanto, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuya participación fue clave para el avance de la investigación, comenzó a trabajar como perito independiente a pedido de los familiares de los desaparecidos. Este equipo, al igual que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso, no coincidió con la «verdad histórica» debido a inconsistencias en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y la falta de evidencias que respaldaran esta versión. En 2016, los investigadores de EAAF indicaron que era imposible que un fuego pudiera incinerar completamente a los estudiantes como se afirmaba.
La versión de la PGR se derrumbó definitivamente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la identificación de los restos no calcinados de dos víctimas: Christian Alfonso Rodríguez en 2020 y Jhosivani Guerrero de la Cruz en 2021, ambos encontrados en la barranca de la Carnicería, a 800 metros del basural de Cocula. Estas identificaciones se sumaron a la de Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron hallados en el río San Juan en 2014. Hasta ahora, son los únicos tres identificados entre los 43 desaparecidos.
La salida del GIEI
López Obrador creó por decreto una «Comisión para el Acceso a la Verdad», reconoció la responsabilidad de los militares, autorizó la apertura de archivos que revelan su participación en el caso e incluso se llevaron a cabo algunas detenciones. Sin embargo, el GIEI se retiró hace un año del caso Ayotzinapa, tras ocho años de investigación, denunciando obstrucciones significativas en su acceso a información crucial, especialmente la relacionada con el Ejército. En su último informe, manifestaron que hubo un ocultamiento sistemático que ha dificultado el esclarecimiento del paradero de los 43 estudiantes.
Miembros del grupo de expertos, como Carlos Beristáin y Ángela Buitrago, señalaron que la falta de cooperación por parte de las autoridades y el Ejército fue un obstáculo constante. Aunque se lograron algunos avances, como la detención de militares involucrados, insistieron en que no se entregó toda la documentación necesaria para avanzar en la investigación, y que aún queda mucho por hacer para llegar a la verdad sobre las desapariciones.
El presidente saliente defendió el trabajo del gobierno y las Fuerzas Armadas, asegurando que se realizaron esfuerzos significativos para esclarecer el caso. «No hay impunidad y se está actuando. Respeto su punto de vista (del GIEI) pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es precisamente por la colaboración de la Marina y Defensa», sostuvo en una de sus ruedas de prensa diaria, tras conocerse el informe.
Próximo gobierno
La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en julio por primera vez con las familias de los 43 estudiantes, ocasión en la que la se comprometió a dar seguimiento en la búsqueda de la verdad y la justicia del caso.
Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 estudiantes, informó tras el encuentro en el Museo de la Ciudad de México que los padres pidieron a la próxima mandataria que el caso Ayotzinapa ocupe un lugar central en su Gobierno. Ante la prensa, Sheinbaum reafirmó su compromiso, asegurando: «Vamos a seguir trabajando con ellos, vamos a encontrar un método de trabajo que nos permita cumplir con lo que están pidiendo: verdad, justicia y saber dónde están los jóvenes».
Aunque han pasado casi diez años, la determinación de los padres no ha disminuido. Su lucha se mantiene firme, impulsada por la esperanza de que algún día conocerán el destino de sus hijos. A pesar del tiempo y los obstáculos, siguen alzando la voz, recordando al país que la justicia aún está pendiente.
@Página12 // Informe: Axel Schwarzfeld
InternacionalPolítica & Economía Latinoamérica
Los presidentes de Bolivia y Brasil asistirán a la cumbre de los BRICS en octubre en Kazán (Rusia)
El dirigente boliviano, Luis Arce, así como su homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, tomarán parte en la XIV Cumbre de los BRICS que se celebrará en octubre en la ciudad rusa de Kazán, informaron a Sputnik los embajadores de los países latinoamericanos en Rusia.
«El presidente de Bolivia fue invitado a la cumbre de los BRICS en Kazán y aceptó con placer esta invitación del presidente [ruso, Vladímir] Putin», aseguró.
Al mismo tiempo, el embajador de Brasil en Rusia, Rodrigo Baena Soares, confirmó la participación de Luiz Inacio Lula da Silva en la cumbre.
«Ahora lo estamos organizando incluso con otros mandatarios que vendrán aquí [a Kazán]. Por supuesto, prepararemos una reunión con el presidente Putin», agregó.
Ambos presidentes planean reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, al margen de ese evento, agregaron los representantes de los países.
Rusia asumió el 1 de enero pasado la presidencia rotatoria del grupo BRICS para 2024, año que empezó con la admisión de nuevos miembros. Además de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, a los que el grupo debe sus siglas, ahora lo integran también Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
Rusia organiza más de 250 eventos en 11 regiones en el marco de su presidencia, incluida la XIV Cumbre de los BRICS que tendrá lugar en la ciudad de Kazán del 22 al 24 de octubre.
Sputnik/
Política & Economía Latinoamérica
A 51 años del golpe de Estado en Chile
El golpe militar Chile que marcó un antes y un después en la política latinoamericana
Un día como hoy, el 11 de septiembre de 1973, Chile sufrió un golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet, el cual puso fin al Gobierno socialista de Salvador Allende y marcó el inicio de 17 años de dictadura.
Tres años antes del fin de su mandato constitucional, el gobierno de Salvador Allende terminó abruptamente el 11 de septiembre de 1973 debido al golpe de Estado del que participaron las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el cuerpo de Carabineros.
Ese mismo día, después de que el Palacio de La Moneda fuese bombardeado por aviones y tanques, Salvador Allende se suicidó. Tras el fin de su gobierno, el general Augusto Pinochet encabezó una dictadura militar que se extendió por casi 17 años.
Cuando el Palacio de La Moneda estaba rodeada por los militares, a las 10:15, a través de Radio Magallanes —la única favorable al gobierno que aún no era silenciada— Allende emitió su último mensaje a la Nación. “Colocado en el tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, y les digo que tengan la certeza de que la semilla que entregamos a la conciencia de miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente… Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas, por donde pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!”, dijo Allende.
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