La ola de reformas neoliberales que restauraron una suerte de thatcherismo tropical en Brasil desde la caída de Dilma Rousseff en 2016 busca ser amortiguada o revisada por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en caso de vencer en las elecciones de octubre de 2022, para lo cual necesitará de una articulación política inédita capaz de lograr una mayoría en el Congreso.

El primer paso fue dado esta semana por el propio Lula, quien participó de una reunión con dirigentes españoles para aprender del proceso de revisión de la reforma laboral que en ese país que lleva adelante el presidente del gobierno Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Todo se inició cuando Lula destacó la semana pasada en Twitter el proyecto de revisión de la reforma laboral española votada por el expresidente del gobierno Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP), para intentar hacer lo mismo en Brasil con la reforma laboral que se implementó en Brasil en 2017, bajo el gobierno de Michel Temer.

Temer, exvicepresidente de Rousseff, convocó en aquel momento a la antigua oposición del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y así anunció haber logrado “enterrar la era Getulio Vargas”, una promesa incumplida en los ’90 por el gobierno neoliberal de Fernando Henrique Cardoso.

Las dos principales conquistas del gobierno de Temer fueron legalizar el trabajo intermitente (con lo cual el trabajador solo cobra lo que trabaja estando incluso en relación de dependencia), que es el empleo que más creció en Brasil, y eliminar la contribución obligatoria del 3% que cada trabajador aportaba mensualmente a su sindicato a través de su recibo de sueldo a su sindicato.

La reforma laboral de 2017 en Brasil elimina también la figura del sindicato como mediador, dejando la negociación paritaria en manos del empleador y del empleado, sin posibilidad de judicializar las relaciones laborales.

La contrarreforma laboral española que llevó adelante el PSOE fue presentada el martes, en Brasil, en una conversación virtual liderada por Lula y el titular de la Fundación Perseu Abramo (centro de estudios del Partido de los Trabajadores), el exministro Aloizio Mercadante, quienes estuvieron acompañados por líderes de seis centrales sindicales.

Del lado español estuvo José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, y representantes de sindicatos ibéricos.

La flexibilización laboral española fue realizada al calor de la crisis global de 2008 mientras que la de 2017 en Brasil se realizó en medio de la peor recesión de la democracia brasileña, cuando la agenda del sector financiero irrumpió en el Palacio del Planalto de la mano de Temer y de la antigua oposición a Rousseff.

Lula propuso en la reunión que la mejor manera de Brasil poder recuperar algunos derechos laborales y sindicales es con la realización de una mesa tripartita entre sindicatos, empresarios y el gobierno.

Según contó a Télam uno de los asistentes a la conferencia virtual con los españoles, Lula aseguró en su exposición que es necesario crear un marco legal para los trabajadores de aplicaciones digitales como los entregadores en moto o bicicleta, o los choferes de automóviles que trabajan por cuenta propia bajo el régimen de la llamada ‘uberización’ (por la plataforma Uber).

Durante esa charla, el titular de la Central Única de Trabajadores (CUT, la mayor de Brasil, fundada por Lula en 1980), Sergio Nobre, recordó que el índice de desocupación en 2014, año de la reelección de Rousseff, era de 4,8 por ciento.

Cuando Rousseff dejó el cargo en medio de una crisis política y de quiebra de contratos de infraestructura y petroleros por la operación Lava Jato, el desempleo había trepado al 11 por ciento.

El índice de trabajadores desempleados, informales que no buscan empleo, o directamente los desalentados, saltó de 52 millones en 2017 a 61,3 millones en 2021.

Según los sindicatos brasileños, la reforma laboral de Temer redujo costos al empresariado pero no generó empleo.

Al contrario, el índice de desocupación no paró de aumentar incluso desde antes de la pandemia, un crecimiento que las estadísticas oficiales vienen registrando a pesar de que en Brasil al trabajador intermitente legalizado se lo contabiliza como un empleo aunque trabaje apenas una hora por mes.

Ese panorama se completa con la contundencia de las cifras: en 2017 el desempleo en Brasil alcanzó el 12,7%; en 2018 se mantuvo en 12,2%; en 2019 la tasa de desocupación se redujo levemente y llegó a 11,9%; en 2020, el año de la pandemia, subió a 13,5%; para finalmente estabilizarse en 12,6% en 2021.

Al referirse a la reforma laboral que se implementó durante su Presidencia, el propio Michel Temer la calificó como una “modernización” y reconoció que su línea fue seguida por Bolsonaro.

De hecho, el relator del proyecto de ley que promovía la reforma laboral de 2017, Rogerio Marinho, del PSDB, es el actual ministro de Desarrollo Regional de Bolsonaro.

La intención de Lula de revisar legislación en materia laboral que redujo el peso de los sindicatos y concentró en el trabajador en tanto individuo la negociación de sus condiciones de trabajo ante el empresario fue repudiada por el propio Bolsonaro (“es duro ser patrón en Brasil”, suele decir ante auditorios empresarios) y por los precandidatos de derecha confirmados para octubre, el gobernador paulista, Joao Doria, y el exjuez Sérgio Moro.

La convicción de Lula es que, sin alianzas con la derecha moderada o liberal de cuño social, no se podrá tener un número robusto en el Congreso para lanzar esas contrarreformas en materia laboral.

Es por eso que la coalición de izquierda que acompaña a Lula en este retorno de lleno a la centralidad política ha lanzado el nombre del exgobernador paulista Geraldo Alckmin, un conservador que formó parte del PSDB, como posible compañero de fórmula por algún partido aliado en una eventual fórmula encabezada por el exmandatario brasileño.

Al ministro español, Lula le dijo en la videoconferencia que “si fuera por algunos sectores poderosos de Brasil habría que revocar la Ley Áurea”, en referencia la norma que el 13 de mayo de 1888 terminó con la esclavitud legalizada.

La llamada Ley Áurea abolió la esclavitud en todo el territorio brasileño y se promulgó el 13 de mayo de 1888 a través de un decreto de la princesa regente Isabel I de Braganza, hija del emperador Pedro II, ante la ausencia de este por viaje, por lo cual Brasil es considerado el último país del mundo en prohibir la esclavitud.

En la videoconferencia con los funcionarios del PSOE, Lula coincidió con el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social en que la calificación de la mano de obra, salarios por encima de la inflación y no la reducción de los ingresos deben ser la clave de la competitividad económica, según relataron testigos de la disertación.

Dentro del PT existe una agenda que se prepara para ser lanzada en el primer tramo de un eventual Gobierno en el caso de que Lula gane las elecciones en primera vuelta, es decir, con un capital político que le permita realizar contrarreformas como eliminar el techo de gasto público fijado a través de una enmienda constitucional por 20 años, como también eliminar la independencia del Banco Central.

El techo del gasto fue una enmienda constitucional impulsada por Temer apenas asumió con una amplia mayoría del Congreso, con la que que dio una señal a los mercados de que se impediría a futuro ampliar la inversión pública en los sectores estratégicos por dos décadas, más allá de la actualización inflacionaria.

Bolsonaro, con la pandemia y su plan de reelección, logró sortear este techo para 2022 pero el límite presupuestario volverá a regir en 2023.

El fin del techo del gasto público es, tal vez, el asunto con más consenso en la clase política aunque no en la Avenida Faria Lima (nuevo centro financiero de San Pablo), como se define al mercado financiero en los medios y la política brasileña.

La otra discusión que circula en el ámbito partidario apunta contra una señal fuerte hacia el sistema financiero que dieron Bolsonaro y el titular de Economía, Paulo Guedes, cuando en 2021 lograron sancionar una ley que establece la independencia del Banco Central.

En Brasil, el mandato del presidente del Banco Central -y, por lo tanto, también la política monetaria- es independiente del jefe del Estado que los ciudadanos eligen a través del voto.

En ese sentido, el diputado Carlos Zarattini, del PT, sostuvo que un Gobierno sin un Banco Central “está de manos atadas” para hacer política económica.

“Con la nueva ley el presidente del Banco Central actual (el bolsonarista ultraliberal Roberto Campos Neto) deberá quedarse los dos primeros años de un eventual Gobierno de Lula “, advirtió Zarattini.

Lula había dicho que la independencia del Banco Central “apenas le interesa al mercado financiero y no al trabajador que se quedó desempleado porque Ford abandonó el país”.

En el inicio de este año, en el área económica Lula se apoyó en los economistas Guido Mantega (exministro de Hacienda entre 2006-2015), Aloizio Mercadante (quien durante los gobiernos del PT ocupó las carteras de Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación; y el Ministerio de la Presidencia o Casa Civil) y Nelson Barbosa (exministro de Hacienda y de Planificación).

/Télam.