Sus colegas Guillermo Yacobucci y Diego Barroetaveña rechazaron la recusación que había presentado la abogada Valeria Carreras. 

Mariano Borinsky, uno de los jueces que lo visitaban asiduamente al expresidente en la Quinta de Olivos, será uno de los encargados de decidir la suerte de Mauricio Macri en la causa por el espionaje a las familias de los tripulantes del submarino ARA San Juan. Así lo decidieron sus colegas Guillermo Yacobucci y Diego Barroetaveña, que rechazaron la recusación que había planteado la querella.

Semanas atrás, Macri se anotó su victoria más importante. Logró correr de la Sala II al juez Alejandro Slokar. De esa forma, solo quedaron Yacobucci y Ángela Ledesma para decidir su suerte en la causa de espionaje. Borinsky salió sorteado para sumarse a los otros dos jueces.

Después de su incorporación, la abogada querellante Valeria Carreras lo recusó. Recordó que el juez se había reunido en más de quince oportunidades con Macri mientras ejercía la Presidencia y que incluso el líder del PRO había reconocido que jugaban juntos al tenis.

Sin embargo, para los dos jueces que debían analizar si Borinsky podía intervenir, esos argumentos no eran lo suficientemente fuertes, sino que eran manifestaciones genéricas o conjeturales. “No indican, aportan o demuestran la existencia de motivos serios u objetivos suficientes que den cuenta de una razonable sospecha de parcialidad o temor a una actuación alcanzada por esa cualificación. Ello, en la medida en que ciertos contactos de tipo personal por sí solos no alcanzan a sostener razonablemente el temor subjetivo expresado por las querellas”, escribieron Yacobucci y Barroetaveña.

Los dos camaristas también dieron otro mensaje: le otorgaron la razón al extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas cuando dijo que Ledesma no podía resolver si Borinsky se quedaba o no. Arribas había pedido apartar a la jueza de esa decisión porque ella había sido crítica de las reuniones de sus colegas con Macri. Si bien Ledesma se excusó en ese incidente, Yacobucci y Barroetaveña prefirieron aceptar la recusación del exjefe de los servicios macristas.

Yacobucci y Barroetaveña tenían una recusación más para revisar: la que había presentado Carreras contra Gustavo Hornos. Este camarista había sido convocado para resolver si se apartaba a Borinsky del expediente pero se daba la paradoja de que él mismo estaba en una situación similar a la de su colega: también había sido denunciado por visitar a Macri, lo que había ocasionado un verdadero escándalo en la Casación. Como con sus votos les alcanzó para sostener a Borinsky, Yacobucci y Barroetaveña dijeron que tratar el pedido de apartamiento de Hornos era inoficioso.

De esta forma, los jueces que sellarán la suerte de Macri y del resto de los imputados en la causa del espionaje a las familias del ARA San Juan serán Yacobucci, Borinsky y Ledesma. Ellos deberán decir si confirman el sobreseimiento que el expresidente consiguió el año pasado en la Cámara Federal porteña, donde los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia sostuvieron que efectivamente la AFI espió a los parientes, pero que estaba justificada tal intrusión porque estaban en riesgo la seguridad del entonces Presidente y la seguridad interior del país.

«Esta querella no es igual ante la ley porque no tiene jueces amigos, porque los jueces que juegan pádel, los jueces que se visitano los jueces nombrados a dedo solo fallan a favor de su amigo», le dijo Carreras a Página/12 después de conocerse la resolución de la Casación.

Las reglas de Comodoro Py

En los tribunales de Retiro, la resolución de la Casación no pasó inadvertida. Algunos comentaban con sorna que no se aplican las enseñanzas de Claus Roxin, el profesor de derecho penal. “El temor de parcialidad se configura, entre otras situaciones, cuando el juez juega al tenis con el imputado y después se van a comer juntos”, escribió Roxin. La cita del jurista ya había sido recordada por Cristina Fernández de Kirchner en un planteo contra Borinsky y Hornos.

La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) tampoco parece tener demasiada prédica dentro de Comodoro Py. En 2021, después de que se conocieran las visitas de sus colegas a Macri, la jueza Ledesma le pidió una opinión al organismo. La CIEJ respondió entonces: «Resulta desaconsejable de manera terminante una familiaridad y una regularidad en los intercambios y en la presencia de jueces en los organismos gubernamentales. En estas condiciones, se deberán tomar las previsiones requeridas para garantizar la transparencia y publicidad de dichos encuentros y velar para que no se celebren reuniones en privado que puedan generar algún tipo de sospecha».

Un derrotero a pedir de Macri

En el pasado, Casación jugó un rol clave para torcer la suerte de la causa de espionaje contra Macri. Veinte días después de que el juez federal Martín Bava procesó a Macri, la Cámara Federal de Casación Penal le sacó todas las causas de espionaje que tramitaban en la jurisdicción de Dolores. De esa forma, viajaron hacia los tribunales de Comodoro Py los expedientes del ARA San Juan, del Proyecto AMBA y el que orbita alrededor del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio.

La principal consecuencia de esa decisión de la Cámara de Casación fue no solo la paralización de las investigaciones sino que todos los procesamientos quedaron en manos de la Cámara Federal porteña para ser revisados. En ese tribunal, Macri y sus aliados pisan fuerte: sus integrantes no solo justificaron la vigilancia ilegal sobre las familias de los submarinistas, sino que también consagraron la teoría de que los espías no respondían a órdenes de la superioridad sino que actuaban por su propia cuenta y por su propio beneficio.

En las próximas semanas, la Cámara de Casación deberá convocar a una audiencia para escuchar a las partes. Tanto la fiscalía como las querellas pidieron dejar sin efecto el sobreseimiento de Macri y del resto de los imputados –todos jerarcas o agentes de la AFI implicados en el espionaje sobre las familias de los marinos–.

Casación aún tiene pendiente un planteo que efectuó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para intervenir en la causa como amicus curiae (amigo del tribunal). Tanto Yacobucci como Carlos Mahiques le cerraron la puerta con el argumento de que el CELS no tiene expertise en el tema, como si el espionaje no fuera una violación a los derechos humanos –tema al que está dedicado desde su creación en 1979–. El organismo quiere que sea la Corte Suprema la que resuelva su petición, pero antes deberá decidir Casación si le concede el recurso.

@Página12 // Luciana Bertoia.

/Imagen principal: Archivo/