El Congreso de Perú votó la destitución de Pedro Castillo y designó como presidenta a su vice, Dina Boluarte, quien se convirtió en la primera mandataria mujer del país.La votación se dio poco después que el ahora exmandatario intentara disolver el Parlamento y anunciara una instauración de un gobierno de emergencia. La Policía de Perú detuvo a Castillo, que se cree que pedirá asilo político en una embajada.

Dina Boluarte juró como primera presidenta mujer en la historia de Perú, en una sesión convocada de urgencia por el Congreso, que horas antes había aprobado la destitución del mandatario Pedro Castillo.

Durante la mañana, Castillo había disuelto el Congreso y dijo que gobernaría por decreto, lo que fue considerado como un “auto golpe de Estado” por dirigentes de varias extracciones políticas, quienes se reunieron de inmediato en sesión especial en el Parlamento y aprobaron la vacancia del mandatario.

El debate en el Parlamento

El Congreso de Perú, dominado por la derecha, convocó para votar una moción de destitución de Castillo por “incapacidad moral permanente”, una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos mandatarios desde 2018.

Para remover a un presidente, la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la que en principio no disponía la oposición, pero la decisión de Castillo de disolver el cuerpo cambió radicalmente el panorama y finalmente la destitución del mandatario cosechó 101 voluntades.

La decisión de Castillo de disolver el Congreso y decretar un estado de excepción fue considerada como un “golpe de Estado” por congresistas de varias bancadas, que de inmediato trazaron un paralelo con el autogolpe que protagonizó el expresiente Alberto Fujimori en 1992.

La sesión convocada por Williams comenzó poco después de las 13.00 (15.00 de Argentina). Un paneo por las posiciones en el Congreso anticipaban al inicio de esa sesión el probable cambio de posición de muchos congresistas.

La primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano, consideró que la disolución del Congreso de la República anunciada por el Presidente “es ilegal”, es un golpe de Estado y solo confirmaría la culpabilidad de los hechos de corrupción que se le imputan al mandatario.

Además, dijo que el Congreso debería continuar reuniéndose y sesionando. “Para mí todo debe continuar”, manifestó mientras las puertas del Legislativo estaban siendo cerradas, reportó el diario El Comercio.

Por su parte, Héctor Ventura, presidente de la comisión de Fiscalización, consideró que las Fuerzas Armadas deben respetar el orden democrático. “Aquí vamos emplazar a las Fuerzas Armadas para que garanticen el orden constitucional en todos sus extremos”, indicó y mencionó que continuarán realizando su labor en el Congreso.

Jorge Montoya, de Renovación Popular, pidió por su parte que se someta a votación la vacancia por incapacidad permanente lo antes posible.

La congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático, partido de izquierda que antes no había votado a favor de la vacancia, señaló que se debe respetar el orden democrático y que, tras una disolución ilegal, Dina Baluarte debe asumir la presidencia. “El presidente Castillo ha decidido socavar la democracia”, dijo en declaraciones a RPP.

Héctor Valer, legislador que llegó a ser presidente del Consejo de ministros de Pedro Castillo, indicó que este puede ser acusado por disolver el Congreso y que ahora, en consecuencia “la Fiscalía de la Nación debe tomar las medidas y ordenar la captura del presidente de la República”.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este miércoles que disuelve el Congreso, horas antes de que el órgano legislativo debatiera una moción de destitución en su contra, y declaró un “Gobierno de excepción” y un “toque de queda a nivel nacional”, lo que motivó inmediatamente la renuncia de ministros y acusaciones de la oposición de un “golpe de Estado”.

En un mensaje televisado, Castillo convocó “en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley”.

“En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de derecho y democracia, a cuyo efecto se dictan las medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, manifestó.

El presidente acusó al órgano legislativo de “destruir el Estado de derecho, democracia y equilibrio de poderes”.

Además, el mandatario de izquierda decretó un “toque de queda a nivel nacional” a partir de hoy, desde las 22 hasta las 4 horas del día siguiente. También declara en reorganización el sistema de justicia: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional.

Ola de renuncias

El anuncio del mandatario motivó inmediatamente una serie de renuncias en el Gabinete.

“En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del Presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución”, indicó César Landa en su cuenta de Twitter.

“Condeno enérgicamente este autogolpe de Estado e invoco a la comunidad internacional a ayudar al re-encausamiento democrático en Perú. Castillo tomó esta decisión sin mi conocimiento ni apoyo”, agregó.

“Habiéndose vulnerado el Estado de Derecho y en la línea con mis principios democráticos, presento mi renuncia irrevocable al cargo”, manifestó en sintonía Kurt Burneo, hasta ahora ministro de Economía y Finanzas.

“Coherente con mis principios y con pleno respeto a la democracia, he presentado mi renuncia al Gabinete Ministerial”, indicó Alejandro Salas, al dejar la titularidad de la cartera de Trabajo.

También dimitieron otros funcionarios como el ministro de Educación, Rosendo Serna, y el embajador del país ante las Naciones Unidas, Manuel Rodríguez Cuadros, e incluso el abogado del presidente, Benji Espinoza, comunicó su “renuncia irrevocable” a continuar al frente de la defensa legal.

“Estamos frente a un golpe de Estado”, apuntó por su parte la diputada fujimorista Martha Moyano, una de las voces de la oposición que criticó el anuncio de Castillo.

En la misma línea se pronunció la exjefa de Gabinete Mirtha Vásquez: “En un estado de derecho no se puede permitir un golpe de Estado. Castillo está replicando el modelo Fujimori que pone en serio riesgo la democracia; ni el rol nefasto de este congreso, ni las investigaciones por corrupción pueden justificar estas decisiones autoritarias”.

Más reacciones

El anuncio de Castillo tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.

La congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático, partido de izquierda que antes no había votado a favor de la destitución, señaló que se debe respetar el orden democrático y que, tras una disolución ilegal, la vicepresidenta Dina Baluarte debe asumir el Ejecutivo. “El presidente Castillo ha decidido socavar la democracia”, dijo en declaraciones al medio local RPP.

También hubo una reacción del procurador general del Estado, Daniel Soria, quien anunció que interpondrá una denuncia penal contra Castillo al que acusa de “violar flagrantemente la Constitución”.

Por su parte, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señaló su “rechazo de manera enfática” a “todo quebrantamiento del orden constitucional”, y exhortó al mandatario a “respetar la Constitución, el Estado de derecho y la democracia que tanto nos ha costado”.

Alonso Cárdenas, uno de los principales politólogos del país, indicó a Télam que “no hay ninguna figura legal que ampare lo que hizo el presidente. La Constitución es clara en que para disolver el Congreso se necesitan dos negativas a mociones de confianza, como hizo Martín Vizcarra, que en este caso no se da”.

“Al final dependerá de la actitud de las Fuerzas Armadas. Estamos esperando un comunicado en el que digan que no respaldan (al golpe). Eso es obvio, ellos no se van a comprometer con una acción ilegal que después podría llevarlos a la cárcel”, apuntó.

El debate en el Congreso

La decisión de Castillo fue comunicada horas antes de que el Parlamento, controlado por la oposición de derecha, se dispusiera a debatir una moción de destitución contra el mandatario por “permanente incapacidad moral”.

La “moción de vacancia” es la tercera contra Castillo en 16 meses en el poder. En marzo, no alcanzó los votos para removerlo y en diciembre de 2021, el Congreso la desestimó antes de debatirla.

“Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador”, indicó Williams al iniciar el debate y anticipó que mantendrá el debate por la moción que plantea la vacancia presidencial “por incapacidad moral permanente”.

El diputado nacional salió a respaldar a la expresidenta y apuntó contra el Poder Judicial: “Son unos mafiososos”, sostuvo en una radio nacional.

Luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner fuera condenada a seis años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos por el Tribunal Oral Federal 2, referentes de todo el arco político oficialista salieron a respaldar a la expresidenta.

Uno de ellos fue el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja. quien sostuvo que “quieren cortarle las alas a Cristina (Kirchner)”, y calificó a la Justicia argentina como “mafiosa”.

En diálogo con AM750, el diputado se mostró consternado por el fallo en la causa Vialidad y aseguró que lo que “tanto Néstor y Cristina como Perón y Evita nos enseñaron es que el peronismo tiene mucho de corazón, además de racionalidad y doctrina”.

“Cuando se ven estas injusticias dan ganas de patear todo, pero es cuando tenemos que poner mucha cautela y mucho compromiso militante para ver si podemos hacer cambiar la decisión de Cristina de ser candidata a la presidencia”, remarcó.

Y agregó: “Tenemos que pasar este momento complicado en donde la impotencia o la bronca no nos dejan pensar”.

Asimismo, el exgobernador de San Juan resaltó que “estos jueces no pueden andar por la calle”, porque parece que todos “tienen la misma mision: cortarle las alas a Cristina”.

En tanto, aseguró que la oposición está “tratando de embarrar la cancha para sacar provecho”, por lo que consideró que “desde el Frente de Todos hay que juntarse y hacerse sentir”.

“Tenemos que encolumnarnos en una cruzada para decir la verdad y reivindicar la figura de Cristina Kirchner”, concluyó.