«No queremos neoliberalismo. Queremos, como soñaron los y las 30 mil, que el pueblo vuelva a ser feliz», afirmaron este jueves los organismos de Derechos Humanos en el documento cuya lectura cerró el acto de conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la Plaza Mayo.

En el documento, titulado «A 46 años del golpe genocida, reafirmamos la lucha», se apuntó a los «responsables económicos, grupos empresariales y militares, que contaron con el apoyo eclesiástico y de la corporación judicial que, hoy como ayer, representa los intereses de las clases poderosas».

El pronunciamiento fue firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

A continuación el documento completo:

A 46 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA REAFIRMAMOS LA LUCHA

24 DE MARZO DE 2022

MEMORIA para defender la soberanía

VERDAD por los y las 30.000

JUSTICIA para el pueblo

A 46 años del golpe genocida, y luego de dos años de cuidar y cuidarnos, volvemos a marchar a la Plaza de Mayo, nuestra Plaza, como se está haciendo hoy a lo largo y ancho del país. Una vez más, llegamos con las fotos de quienes fueron víctimas del genocidio. Sus ausencias nos siguen doliendo, pero traemos en alto sus banderas, sus rostros, sus nombres, sus historias, sus vidas y militancias, y los hacemos presentes.

Hace 46 años, los genocidas, militares y civiles, tomaron el poder en la Argentina para imponer la miseria planificada. Así lo denunciaba Rodolfo Walsh en una carta abierta que cumple 45 años. Antes, la Triple A ya había instalado el horror y el miedo, y por esos crímenes seguimos reclamando Juicio y Castigo.

Ese 24 de marzo de 1976, como parte del Plan Cóndor, con la embajada de Estados Unidos operando en toda la región y con la Doctrina Francesa encarnada en nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad, cobra sistematicidad y dimensión un tiempo sin antecedentes en nuestro país atravesado por persecuciones, torturas, asesinatos, terror, desapariciones forzadas y centros clandestinos de detención y exterminio. Esas marcas perduran hasta hoy.

Todo el pueblo padeció el terrorismo de Estado. Por eso las deudas en materia de Memoria, Verdad y Justicia son con toda la sociedad.

Reafirmamos hoy que ¡son 30.000!, porque viven en la memoria, pero también porque los insistentes discursos negacionistas vuelven necesario recordar que no se trata sólo de un número: son las historias de las miles y miles de familias, organizaciones, sindicatos, centros de estudiantes, fábricas, barrios y colegios. Son también las 10.000 presas y presos políticos, miles de personas forzadas al exilio.

Son 30 mil, en tiempo presente, porque los seguimos buscando y exigiendo justicia. Son 30 mil, y seguimos preguntando: ¿DÓNDE ESTÁN?

Reivindicamos todas sus luchas que formaron parte de la militancia como herramienta de transformación de la realidad en organizaciones del Peronismo Revolucionario, como Montoneros, la FAP, o el movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo; la tradición guevarista del PRT; y las tradiciones socialistas y comunistas: Partido Comunista, Vanguardia Comunista y PCR, por nombrar sólo a algunas de las tantas organizaciones y espacios de participación política, sindical, estudiantil y social, luchando por ideales de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social.

El aniquilamiento del llamado enemigo interno y el disciplinamiento de la sociedad tienen responsables económicos, grupos empresariales y militares, que contaron con el apoyo eclesiástico y de la corporación judicial que, hoy como ayer, representa los intereses de las clases poderosas.

Las grandes transformaciones económicas que el neoliberalismo requería eran imposibles de materializar sin intentar quebrar y destruir la organización del movimiento obrero. La clase trabajadora argentina era un cuerpo potente y resistente que daba pelea a esos cambios. El modelo de exclusión y ajuste, con destrucción de la industria nacional, requería de toda la contundencia y la crueldad para destruir derechos, conciencia y solidaridad.

Hoy, en esta plaza, preguntamos: ¿DÓNDE ESTÁN LOS RESPONSABLES DE LA MISERIA PLANIFICADA EN LA DICTADURA? ¿DÓNDE ESTÁN LOS QUE SE ENRIQUECIERON CON EL HAMBRE NUESTRO PUEBLO? Por el empobrecimiento de nuestro pueblo también exigimos Juicio y Castigo.

Una vez recuperada la democracia, durante décadas sufrimos las políticas de ajuste y la presión internacional de una deuda externa que siguió creciendo y condicionando nuestra soberanía económica y política. La miseria planificada se siguió profundizando llegando en los años noventas a altísimos niveles de desocupación y a la pauperización de los sectores populares que hicieron crisis en 2001. Frente a la insostenible situación económica, nuestro pueblo dijo basta y salió a las calles en las gestas históricas del 19 y 20 de diciembre de 2001 en las que las Fuerzas de Seguridad asesinaron a 39 compatriotas, mientras los poderosos de siempre fugaban el dinero del pueblo fuera del país.

También sobre ellos preguntamos: ¿dónde están los responsables de la crisis del 2001?

En el año 2006, el Presidente Néstor Kirchner canceló la deuda con el FMI, y con ella, ese modo de injerencia directa sobre las políticas públicas nacionales. Pero con la llegada de los sectores concentrados de poder al gobierno de la mano de Mauricio Macri, volvió el endeudamiento internacional. En cuatro años de gobierno, el macrismo nos endeudó en US$ 44 mil millones, sin pasar por el Congreso Nacional. Tuvo al FMI como cabecera de puente, dispuesto no sólo a facilitar la fuga de capitales, sino a sostener de su mano las políticas neoliberales que permitieran seguir arrasando nuestras riquezas. Eso les aseguraba someter a generaciones de argentinos y argentinas. Pero eso creemos necesario destacar que, sea como sea, la deuda contraída no se puede ni se debe pagar a costa de más sacrificio y hambre de nuestro pueblo, cuando, una vez más, estamos frente al intento del Fondo Monetario Internacional de dictar nuestro destino.

Nuestro país pasó cuatro años de un gobierno que empobreció, persiguió, reprimió, atacó derechos, fugó capitales, generó impunidad para los genocidas (como el beneficio del 2×1), perdió soberanía y endeudó al pueblo a niveles sin precedentes. Fue el macrismo. Fue un gobierno para pocos, con hambre para muchos. Como sociedad, perdimos mucho. Su ministerio de economía fue una nueva versión de la miseria planificada, con una deuda fugada, despidos, una reforma previsional, el ataque y persecución a sindicatos y organizaciones, que hasta incluyó escuchas ilegales, causas armadas y encarcelamiento.

Todo el aparato del Estado estuvo al servicio de un sistema de gobierno presidido por las corporaciones. En ese plan se buscó destruir no solamente lo logrado por las luchas sociales, sino también por las políticas de Estado, atacando una de las que mayor ejemplo constituyen ante el mundo: las de Memoria, Verdad y Justicia. Fueron el gobierno del negacionismo, tanto en la Nación como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta.

Una vez más, gritamos que ¡SON 30.000 Y ESTÁN PRESENTES!

Están presentes porque jamás abandonamos nuestra lucha contra la impunidad. La anulación de las leyes de punto final y obediencia debida permitieron que volvieran los tiempos de justicia. 16 años de juicios efectivos por delitos de lesa humanidad con 1.058 condenados son una conquista que nunca debemos minimizar. 273 sentencias dictadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales el 15 por ciento incluyen condenas por abusos sexuales como delitos autónomos.

Hoy, como ayer, ese proceso está sostenido en el inmenso esfuerzo de sobrevivientes, ex presos y presas políticas, familiares, de la sociedad que aporta información, como es el caso de los ex colimbas, porque los responsables siguen sosteniendo los pactos de silencio.

Nos preocupa el incremento de beneficios otorgados a condenados y detenidos con prisiones preventivas. Actualmente, 579 tienen el beneficio del arresto domiciliario. Del total de personas investigadas en este momento, hay 764 personas detenidas, mientras que 1.532 permanecen en libertad.

En este marco, consideramos urgente la sanción de un marco normativo que promueva la prevención y ponga límites a las prácticas negacionistas y discursos de odio.

¿DÓNDE ESTÁN? ¿Dónde están los cuerpos de las víctimas de desapariciones forzadas? ¿DÓNDE ESTÁ JORGE JULIO LÓPEZ?.

Valorando el camino recorrido en materia de justicia, seguimos exigiendo JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES Y CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA. Por eso, a pesar de todo lo logrado, vamos por más, porque aún es mucho lo que falta y tenemos 30.000 razones para no bajar los brazos.

Hay una deuda enorme respecto al enjuiciamiento del poder económico, que no dudó en llevar adelante el plan de exterminio. Para ellos también queremos Juicio y Castigo. Por eso seguimos reclamando la puesta en funcionamiento de la comisión bicameral de investigación de la participación civil en el terrorismo de Estado.

Los tiempos del Poder Judicial no son los del pueblo. Esto también se sabe y se siente en las causas contra los genocidas. Y no es biológica la impunidad: es política y judicial. Por eso seguimos reclamando respuestas y denunciando las medidas dilatorias puestas al servicio de la impunidad.

Es necesario que se resuelva de modo urgente la designación de jueces y juezas; que se refuercen los recursos para profundizar el trabajo de investigación en la etapa de instrucción; que se incorpore la perspectiva de género y diversidades a la mirada judicial; que se acelere la etapa de oralidad sumando días de audiencias; que se terminen los tiempos sin fin en las vías recursivas ante Casación y la Corte.

Si de deudas de la democracia se trata, de las más urgentes es resolver la aparición de los niños y niñas arrebatados de sus madres en los centros clandestinos de detención y apropiados por los genocidas.

¿Dónde están las nietas y nietos que buscan las Abuelas, que buscan sus hermanos y hermanas, sus familias?

A 46 años del último golpe genocida, seguimos reclamando saber la Verdad.

La pregunta sobre la identidad está instalada en la sociedad, muestra de ello es que sólo en tiempos de aislamiento, desde Abuelas de Plaza de Mayo se atendieron alrededor de 1.500 consultas de personas con dudas sobre su origen. Ninguno, hasta ahora, resultó ser hijo o hija de desaparecidos, pero hoy podemos celebrar que el derecho a la identidad es reconocido como tal.

Hace apenas unas semanas, en el juicio conocido como Pozos que juzga un tribunal de La Plata, un sobreviviente aportó información que permitió identificar a una mujer embarazada y su compañero. Una vez más, no fueron los que estaban en el banquillo quienes brindaron información, sino el trabajo memorioso de las propias víctimas y la sociedad, echando luz sobre el período más sangriento de nuestra historia. Por eso seguimos pidiendo a quienes tienen información o sospechan que un amigo, compañero de trabajo, primo, prima, tío, tía puede ser hijo o hija de desaparecidos, que acerquen esos datos o sencillamente se lo digan, porque ellos tienen derecho a saber la verdad sobre su origen. Decimos que «los estamos buscando para que puedan encontrarse».

El próximo 22 de agosto se cumplirán los 50 años de la Masacre de Trelew, en la que la Armada Argentina asesinó a 16 militantes de Montoneros, FAR y PRT-ERP. Hubo tres sobrevivientes, quienes denunciaron la masacre y su encubrimiento, quienes luego fueron víctimas del terrorismo de Estado del golpe del 76.

Seguimos reivindicando sus luchas y exigiendo Juicio y Castigo para todos los culpables de la masacre. Esto implica el reconocimiento del juicio histórico realizado hace 10 años en el que se condenó por delitos de lesa humanidad a los fusiladores, pero también el reclamo por la extradición de Roberto Bravo desde Estados Unidos para ser juzgado en la Argentina.

Rubén Bonet, Jorge Ulla, José Mena, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Delfino, Alberto Del Rey, Eduardo Capello, Clarisa Lea Place, Ana María Villareal de Santucho, Carlos Astudillo, Alfredo Kohon, María Angélica Sabelli, Susana Lesgart, Mariano Pujadas, María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Haidar: ¡PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

El próximo 2 de abril se cumplirán los 40 años de la guerra por Malvinas y seguimos reclamando por la soberanía de nuestras Islas y acompañando el reclamo de justicia de los ex combatientes que sufrieron torturas y estaqueamientos por integrantes del Ejército. A 15 años de iniciada la vía judicial, solamente hay cuatro personas procesadas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue sin pronunciarse en esta causa, mientras hay sobrevivientes esperando justicia. Son 40 años de impunidad, pero con la bandera muy alta: ¡Las Malvinas son argentinas! ¡Memoria Verdad Justicia y Soberanía!

Seguimos acompañando a las familias que sufrieron pérdidas ante una guerra que no hizo más que aumentar los daños del terrorismo de Estado. Los responsables de la crueldad, sufrimiento de nuestros pibes son los mismos que sostuvieron el genocidio en nuestro país. Para ellos: JUICIO Y CASTIGO .

Hoy volvemos a esta plaza después de dos años en que no pudimos estar por los necesarios cuidados ante la pandemia del COVID 19. La situación sanitaria comienza a mejorar, pero deja una situación compleja para los pueblos de todo el mundo y para el nuestro en particular.

La realidad golpea duro en los hogares del pueblo argentino. Los efectos del macrismo y de la pandemia del COVID-19 fueron y son devastadores para los sectores más humildes y clase media.

Nos preocupa ver cómo nuestros ingresos se licúan y evaporan cada vez que compramos en un almacén, carnicería, verdulería o supermercado. Los pocos empleos que se generan no son estables y, muy por el contrario, son cada vez más precarizados. Por eso, el gobierno que elegimos para resolver todos estos graves problemas tiene que dar soluciones firmes aquí y ahora.

Queremos una Patria inclusiva, solidaria y de movilidad social ascendente.

Que se asimile el trabajo genuino al empleo formal y se lo contraponga a la ayuda social que necesariamente tiene que proveer el Estado a aquellas familias marginadas por el macrismo, es inaceptable.

Lo digno es que el salario permita cubrir las necesidades y las expectativas de la vida diaria, como así también tener el merecido espacio para el descanso y las vacaciones. Siempre con la premisa de la movilidad social ascendente.

Nuestra democracia tiene deudas urgentes, como la erradicación de la violencia institucional.

Nos preocupa la repetición de casos de violencia institucional a lo largo y ancho de nuestro país. La muerte de jóvenes a manos de las policías y Fuerzas de Seguridad, la persecución y hostigamiento de personas en situación de vulnerabilidad, por su condición de migrante, por su identidad de género, por consumir estupefacientes, por su edad o su condición socioeconómica. La impunidad con que se manejan en el uso de la fuerza, muchas veces avalados por actores judiciales, incentivados, además, por los discursos de odio que limitan, obstaculizan y vulneran los derechos de ciertos sectores de nuestra sociedad. Necesitamos implementar una seguridad que sea el instrumento para la plena vigencia de los derechos humanos. La seguridad es un derecho ciudadano sin cuyo cumplimiento la ciudadanía no está protegida. Es fundamental impulsar reformas legislativas para desnaturalizar las prácticas violentas del Estado y evitar que la historia se repita.

También nos preocupa la compra que hizo la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich de armas taser, picanas eléctricas a las que el macrismo insiste desde hace más de 10 años en implementar, cuando constituyen un elemento de tortura condenado a nivel internacional por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Son armas con capacidad de ser letales. Son incompatibles con la democracia.

No podemos verlo como algo aislado en lo que fue la política represiva del macrismo, como tampoco podemos olvidar que la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodriguez Larreta también pretende usar estas armas, en contradicción con todos los pedidos que hemos realizado desde los organismos de derechos humanos. Una ciudad cada vez más desigual, busca también armas de tortura para reprimir.

En Argentina el poder real, que ayer llevó adelante el genocidio y hoy encuentra un un sector del Poder Judicial con la Corte Suprema de Justicia a la cabeza, el brazo ejecutor que desde el año 2016 inició la persecución y el armado de causas a quienes conformaron la oposición al macrismo. El poder real controla un sistema de justicia que les es funcional a sus intereses y cuenta con los medios masivos de comunicación y periodistas que son verdaderos operadores del lawfare.

Es imperioso democratizar no sólo la Corte Suprema de Justicia, cuyo desprestigio es absolutamente notorio, sino todo el Poder judicial en la Argentina. Un poder independiente de los poderes fácticos y el poder político de turno, que nos permita cimentar una sociedad más igualitaria. Que vele efectivamente por el bien común de todos y todas.

Necesitamos que esa gran transformación de la Justicia sea atravesada también por la perspectiva de género. Una justicia inclusiva y respetuosa de la diversidad. Por eso es urgente democratizarla. Vemos con estupor cómo siguen aún hoy en sus cargos quienes sin vacilación alguna sentenciaron violentando la Constitución y las leyes vigentes para asegurarles las mayores ventajas y privilegios a los grupos de poder concentrados y no trepidaron en subordinarse a sus órdenes a la hora de perseguir a quienes se animaron a enfrentar las políticas de saqueo y arrasamiento impuestas durante el macrismo.

Hay aún hoy en nuestro país, decenas de presas y presos políticos, víctimas de causas armadas a pedido, hostigados y perseguidos, ilegal y arbitrariamente, sometidos al modelo represivo que supo instalar Macri y sus aliados, que sorprendentemente sigue vigente, con la complicidad de un sistema de justicia inmune a cualquier intento de revisión. Sin duda alguna, el más evidente y emblemático es el de la dirigente social y política Milagro Sala.

Una vez más, exigimos la inmediata libertad y el desprocesamiento de las y los referentes y militantes populares, encarcelados.

Nuevamente, exigimos terminar para siempre con los «sótanos de la democracia», esos que, en connivencia con el poder real y la prensa hegemónica, hicieron del lawfare y la guerra jurídica, el medio para regir nuestros destinos.

Esa persecución y represión también llegó a las comunidades originarias. Lo vimos con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel como casos representativos del accionar de las políticas de Patricia Bullrich. Acompañamos el reclamo por justicia y el pedido de la familia Maldonado para que el Poder Ejecutivo Nacional conforme un grupo de expertos independientes que pueda investigar qué hicieron con Santiago. Exigimos a los distintos jueces que intervienen en la causa que lleguen a la verdad.

Necesitamos lograr una respuesta profunda para las causas y los reclamos de las comunidades originarias. En particular, el año pasado hemos acompañado las acciones de las comunidades frente al Congreso de la Nación por el reconocimiento de la propiedad comunitaria de las tierras.

A pesar del Decreto de Necesidad y Urgencia con el cual el Gobierno Nacional prorrogó la ley nacional 26160 para impedir los desalojos, una serie de conflictos territoriales conmueve y amenaza en forma cotidiana la vida de las comunidades.

Creemos imprescindible el despliegue de políticas públicas para concretar los relevamientos territoriales comunitarios y consagrar la entrega formal de títulos a las comunidades, estrategia central para empezar a saldar la deuda histórica que tiene el Estado Argentino y la sociedad con las comunidades.

Los procesos de voracidad inmobiliaria y la actividad extractivista en la megaminería y el desmonte, violentando los mecanismos de consulta obligatorios por la legislación vigente, tienen el efecto de dañar profundamente a las comunidades campesinas e indígenas, empujándolas al desarraigo y a las migraciones forzadas. A su vez, generan un profundo daño ambiental de peligrosas y todavía imprevisibles consecuencias para la salud del conjunto de la sociedad y fortalecen los procesos de concentración de la riqueza y la desigualdad social y regional.

En este contexto mundial, los pueblos volvemos a ponernos de pie, siguiendo el ejemplo de nuestras Madres, que como ellas mismas dicen, a pesar de los bastones y las sillas de ruedas siguen dando pelea contra el olvido y el silencio.

Los pueblos de nuestro continente se levantan y se enfrentan a las derechas. Saludamos al hermano pueblo chileno que ha elegido como presidente a Boric y que se propone la construcción de un Chile popular, el proceso de recuperación democrática en Bolivia luego de la sangrienta dictadura que derrocó al compañero Evo Morales. Saludamos a nuestro hermano pueblo de Brasil, que se recompone para darle pelea a Bolsonaro.

Saludamos a todos los pueblos hermanos que defienden la soberanía popular y con los que nos encontramos luchando contra todo tipo de imperialismo e injerencia extranjera.

El próximo año cumpliremos 40 años de democracia. Algo más que destacable en un país signado continuamente por los golpes de Estado. Pero no podemos festejar una democracia plena, porque aún convivimos con la violencia institucional, porque hay presos políticos, porque contamos con un Poder Judicial que no ha sido reformado y, sobre todo, porque el 50% de nuestros compatriotas están bajo los niveles de la pobreza. Como militantes, nos queda una gran tarea por delante. No queremos neoliberalismo. Queremos, como soñaron los y las 30 mil, que el pueblo vuelva a ser feliz. Como lo hemos hecho siempre, seguimos apostando a la unidad del campo nacional y popular para salir adelante. Aprendamos de nuestras Madres, Abuelas y Familiares, quienes aún en los peores momentos siguieron de pie. No bajemos los brazos jamás, porque como dicen nuestras Madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona.

Sabemos que hoy están en las plazas del país muchas personas que vienen por primera vez, que se identifican con las 30.000 luchas y las nuestras, que los ataques que sufrió nuestra democracia entre el 2015 y el 2019 motivó su participación. Desde que se fue ese gobierno, es el primer 24 que llegamos a esta Plaza.

A 46 años del golpe genocida, estamos en esta Plaza de Mayo mientras en tantas plazas del país al mismo tiempo se está gritando la principal consigna que nos moviliza hoy: ¡30.000 PRESENTES!

Para muchas familias es un día de recuerdo, de búsqueda, de lucha. Estamos acá con nuestros pañuelos, con nuestras historias, con los barbijos para cuidarnos con memoria, con las banderas de tantas militancias, con la convicción de no permitir retrocesos en nuestra democracia, como lo demostramos con el pañuelazo contra el 2×1 para genocidas en 2017, con mucho presente y futuro por defender, con una Patria Grande que nos sigue abrazando en un mismo camino.

Somos la fuerza de las luchas que nacieron en esta Patria para que sea justa. libre y solidaria. Somos la identidad de un pueblo que sigue construyendo Memoria, Verdad y Justicia, que defiende la soberanía e independencia. No vamos a permitir ningún daño a la democracia. Desde que la recuperamos, este pueblo la cuida para siempre.

Restitución de la identidad de las nietas y nietos.

Libertad a las y los presos y presas políticas.

Juicio y castigo al poder económico, poder judicial cómplice y a la cúpula de la iglesia.

¡NUNCA MÁS EL SILENCIO!

¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS!: ¡PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS!: ¡PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS!: ¡PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!