Organizaciones de derechos humanos repudiaron este lunes la «represión contra el pueblo mapuche», condenaron la muerte de Elías Garay y reclamaron que se identifique a los responsables del fallecimiento del joven mapuche, ocurrido ayer en un confuso episodio en las inmediaciones de una comunidad originaria cercana a la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro.

En tanto, desde el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), su vicepresidente, Luis Pilquiman, atribuyó «a la policía de Río Negro» que custodiaba el paraje Cuesta del Ternero -donde la comunidad mapuche Quemquemtrew sostiene un asentamiento destinado a recuperar un territorio ancestral- la responsabilidad por el hecho en el que resultó muerto Garay y otro joven mapuche fue herido.

Por otra parte, la secretaria de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor, reiteró hoy que la policía de la provincia «no tuvo intervención» en Cuesta del Ternero.

Garay -de 29 años- recibió dos disparos con armas de fuego, mientras Gonzalo Cabrera, de 26, recibió tres disparos en el abdomen y fue operado en el hospital del Bolsón, donde permanece internado en grave estado, aseguró hoy la vocera de la lof Quemquentreu Soraya Maicoño a Tv Pública.

El ataque ocurrió en un paraje cercano a El Bolsón, cuando dos hombres armados, vestidos de civil, ingresaron al predio de Cuesta del Ternero, donde está asentada la comunidad Quemquemtrew.

«Entendemos que es la policía de Río Negro y la provincia la que deben brindar seguridad a los ciudadanos rionegrinos y eso no pasó. Estos individuos pasaron por las narices de los policías y no los vieron; no entendemos qué pasó», detalló el vicepresidente del INAI, Luis Pilquimán.

El hecho que causó la muerte de Garay mereció el fuerte repudio de distintos organismos de derechos humanos y organizaciones gremiales que reclamaron el esclarecimiento del fallecimiento del joven mapuche, ocurrido a cinco días de un nuevo aniversario de la muerte de Rafael Nahuel, a orillas del lago Mascardi, en 2017, y mientras organizaciones indígenas reclaman que se prorrogue la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial.

Esa ley habilita la suspensión de desalojos en territorios en conflicto, y permite que las comunidades puedan tramitar ante el Estado su titularidad.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresó su «más enfático repudio al homicidio» de Garay y exigió conocer la identidad de los responsables.

En un comunicado de prensa, la APDH responsabilizó, a la gobernadora Carreras «por el clima que fue instalándose para el ejercicio de la violencia, con su reconocida beligerancia antimapuche y posicionamientos racistas».

En el mismo sentido, el premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, repudió la «represión contra el pueblo mapuche», condenó la muerte del joven y también apuntó a la mandataria rionegrina, quien, según dijo, «se niega a dialogar y su opción es la represión».

«Denunciamos la violencia de la policía de Río Negro y las permanentes amenazas contra la comunidad mapuche», remarcó Pérez Esquivel en declaraciones a Télam y enfatizó que el Serpaj, la APDH, pero también la Universidad del Comahue, el obispo de Bariloche y representantes de iglesias evangélicas vienen reclamando «la pronta solución al conflicto en la región Patagonia antes que sea tarde y aumente la violencia».

En ese sentido, planteó la necesidad de que el Congreso de la Nación sancione «una ley territorial de los pueblos originarios» que de respuestas al «problema central que es el reconocimiento de las tierras comunitarias».

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro se sumó a los repudios y en un comunicado exigió al Gobierno de la provincia que «brinde en forma urgente información oficial» sobre la muerte y «las circunstancias en que fue herido a tiros con munición de plomo otro miembro de la comunidad».

Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), Valeria Mustoni juzgó que «las comunidades mapuches vienen denunciando el hostigamiento permanente por parte de las fuerzas de seguridad represivas desde hace meses».

«Hace tiempo que las fuerzas de seguridad están intentando desalojar esos territorios de diversas maneras. Lo que pasó ayer fue un ataque a la comunidad que tiene que ver con ese operativo. Que actúen vestido de civil no es ningún elemento para deducir que no se trata de la policía», apuntó.

Mustoni reclamó que se «empiece a investigar» la muerte de Garay y denunció un intento por instalar la «versión oficial» de que «se trató de cazadores (los que en habrían agredido al joven mapuche) desvinculando a las fuerzas de seguridad de este hecho».

Desde la Fiscalía de Estado de Río Negro informaron a Télam que «se esperan los resultados del cuerpo de fiscales que están realizando la investigación correspondiente» y que durante estas horas se está trabajando en el retiro del cuerpo del lugar.

En tanto, referentes de la comunidad mapuche pidieron al fiscal Martín Lozada que permita despedir los restos del joven y ordene el retiro de las fuerzas del Cuerpo de Operaciones Especial de Rescate (COER) para que pueda acceder al territorio la familia y allegados de la víctima.

«Lo que estamos exigiendo es que se nos brinde ese derecho humano básico para despedir a nuestro peñi (hermano), que las comunidades podamos acceder al lugar, que se desmilitarice, porque ellos pusieron este retén de seguridad con el COER y este es el resultado», expresó Mauro Millán, vocero de la comunidad.

Además de volver negar la participación de la policía local en el hecho, la secretaria de Seguridad provincial informó que personal del Ministerio Público Fiscal rionegrino, «se encuentra en el lugar desde hoy a la mañana», donde realiza tareas «un equipo de investigación».

Reseñó que en el lugar del hecho rige desde «hace casi 60 días» una medida cautelar del juez Ricardo Calcagno, que «se está cumpliendo de manera deficiente desde el momento que fue ordenada, con una medida de no innovar».

La muerte del joven mapuche tuvo como reacción anoche un corte con protesta en el ingreso de la ciudad del Bolsón para reclamar por el inmediato esclarecimiento del hecho.

Al respecto Minor dijo: «Entiendo que en las últimas horas de anoche, la jueza que está subrogando en la justicia federal dio la orden de descomprimir y levantar el corte de ruta, eso se hizo aproximadamente a las dos de la madrugada».

Confirmó además que en la Comisaría del Bolsón se registraron denuncias de roturas de vidrios de automóviles de algunos turistas, que «fueron elevadas al Ministerio público para dar conocimiento».

Minor dijo además que se solicitó la intervención de la Justicia Federal lo más rápido posible y que también las autoridades provinciales mantuvieron una comunicación con el Ministerio de seguridad de la Nación, «para que se descomprima la situación en la ruta y evitar cualquier tipo de conflicto, pero eso sucedió recién a las dos de la madrugada».

En tanto, el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Aníbal Fernández, emitió una notificación en la que dijo: «Atento al hecho de público conocimiento ocurrido hoy en Cuesta del Ternero (RP 6), Río Negro, destacamos que Gendarmería Nacional no tiene presencia en el lugar, encontrándose en El Bolsón (Escuadrón 35), a aproximadamente 38 km por RN 40.