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Política & Economía Latinoamérica

Pasaportes, chats y renuncias: lo que hay detrás de la crisis que golpea al Gobierno de Uruguay.

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Pasaportes, chats y renuncias: lo que hay detrás de la crisis que golpea al Gobierno de Uruguay.

Escuchas telefónicas y chats en que se acuerda ocultar pruebas a la justicia llevaron a la renuncia de dos ministros y sumieron al Gobierno de Luis Lacalle Pou en una «crisis política». Analistas coincidieron en que las renuncias no saldan la preocupación por posibles vínculos entre política y narcotráfico.El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aún no puede dejar atrás la crisis política desatada en los primeros días de noviembre y que, además de motivar las renuncias de su canciller Francisco Bustillo y su ministro del Interior Luis Alberto Heber, podría llevarlo a declarar ante la justicia por irregularidades en el otorgamiento de un pasaporte a un narcotraficante que sigue prófugo.El caso salió a la luz a finales de 2021, cuando Montevideo entregó un pasaporte al uruguayo Sebastián Marset, nacido en el país rioplatense y detenido en Emiratos Árabes Unidos por portar un pasaporte falso de Paraguay.Si bien Marset no tenía antecedentes en Uruguay, sí era buscado en el Estado guaraní, donde se lo consideraba un peligroso narcotraficante.El escándalo político por haber entregado el pasaporte, lo que facilitó que Marset saliera de prisión en Dubái y continuara prófugo, incluyó interpelaciones a los ministros Bustillo y Heber en 2022. En aquel momento, el oficialismo respaldó a los secretarios de Estado, considerando que el Gobierno uruguayo no sabía antes de entregarle el documento de identificación que el sujeto era un narcotraficante señalado por peligroso.Un año después, grabaciones de llamadas y chats presentados ante la justicia por la ex vicecanciller Carolina Ache demostraron que los ministerios conocían el perfil de Marset y que incluso hubo gestiones para ocultar al parlamento que el Gobierno estaba al tanto de su historial delictivo.La grabación de Bustillo pidiendo a Ache «perder el celular» para evitar brindar sus chats a la justicia y la cita a una reunión en la sede del poder ejecutivo para borrar los mensajes profundizaron las sospechas.El 4 de noviembre, a su regreso de una visita a Washington, el presidente Lacalle Pou confirmó la renuncia de los ministros Bustillo y Heber, aunque consideró que no habían cometido ilegalidades en la gestión del pasaporte.El mandatario sudamericano también confirmó que su secretario de prensa, Roberto Lafluf, convocó a una reunión a metros de su despacho, en la Torre Ejecutiva, aunque negó que el Gobierno hubiera eliminado pruebas requeridas por la justicia.»Las renuncias eran una señal que todos esperaban, pero son insuficientes. No se puede pensar que la crisis está terminada cuando todavía hay muchas preguntas por responder», dijo a el politólogo uruguayo Antonio Cardarello.El analista consideró que las explicaciones de Montevideo no logran desactivar las dudas que se mantienen sobre el episodio. «Está la posibilidad de que sea solo un error político que se quiso tapar con una serie de irregularidades, la posibilidad de que haya sido un hecho de corrupción aislado o que exista una corrupción generalizada, lo que sería más grave», apuntó.

Narcotráfico y política

Cardarello advirtió sobre las preocupaciones que persisten ante posibles vínculos entre la política y el narcotráfico, y que puedan surgir a partir del otorgamiento del pasaporte a Marset, al que suma otros incidentes, como la fuga de una cárcel uruguaya del mafioso italiano Rocco Morabito en 2019 —aún con el Frente Amplio en el Gobierno— y otros cinco narcotraficantes que evadieron su prisión domiciliaria y se fugaron en 2023, según datos del propio Ministerio del Interior.»Parecen ser llamados de alerta de que el narco tiene redes adentro de Uruguay y que el país no es una isla. Lo que hay que hacer es actuar rápido y dar señales a la población de que se está tomando en cuenta que esto es un peligro», opinó el politólogo, para quien el sistema político uruguayo debería avanzar en una ley de financiamiento de partidos políticos que sigue sin ser aprobada.El también politólogo Martín Freigedo aseguró que lo sucedido puede ser calificado como una «crisis política» que no afectó solamente al Gobierno, sino que también «tuvo repercusiones en el poder legislativo y el poder judicial».Para Freigedo, no hay dudas de que el caso «seguirá teniendo repercusiones» en la política uruguaya ya que, si bien el oficialista Partido Nacional y la coalición de partidos que lo sustentan —integrada por el Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente— han buscado dar el tema por saldado, «ni la justicia ni la oposición en el parlamento han dado vuelta la página».De hecho, la coalición izquierdista Frente Amplio intentó el martes 7 de noviembre que el asunto sea abordado en el Senado, generando una nueva discusión con el oficialismo, que en contraparte buscó evitar su tratamiento.Mientras los miembros de la coalición gobernante se plegaron a la postura del presidente Lacalle Pou, el Frente Amplio buscó mostrarse más cauto y evitó el camino de un juicio político al presidente, mencionado en los chats investigados por la justicia.Freigedo sostuvo que un juicio político contra el presidente sí podría dar lugar a una «crisis institucional» y atribuyó la cautela de la oposición a la estrategia que la fuerza política de izquierda comienza a desplegar de cara a las elecciones de octubre de 2024.»Creo que se explica por la proximidad de las elecciones y la estrategia de atraer a cierto votante que vea al FA no como un partido de quiebre o radical, sino con un discurso moderado que ha primado», aseveró.

A un año de las elecciones, ¿cómo afecta el escándalo?

Ambos analistas coinciden en que el escándalo desatado en torno al pasaporte de Marset tendrá impacto en el próximo proceso electoral, que comenzará en junio de 2024 con las elecciones internas de los partidos.De todos modos, aclararon que aún no puede medirse de qué manera impactarán negativamente en el oficialismo o si alcanzarán a porciones importantes del electorado.»Tenemos que pensar que esto afecta a un público que está informado, que le interesa y sobre todo que tiene un voto que es pensado. Puede repercutir en un sector muy pequeño, pero a su vez muy volátil, y que se vuelve muy importante porque la última elección se definió por menos de un punto», apuntó Freigedo.Para el analista, las preferencias electorales de los uruguayos parecen «no haber cambiado mucho» con respecto al balotaje de 2019, cuando los partidos que hoy conforman la coalición gobernante totalizaron 50,79% y superaron estrechamente al Frente Amplio, con el 49,21%.Cardarello, en tanto, sumó al análisis otros episodios que golpearon al Gobierno en el 2023, como el procesamiento del jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, o la condena por varios delitos de abuso sexual infantil al senador oficialista Gustavo Penadés.»La sucesión de hechos puede generar desconfianza, a pesar de que la mayoría de la ciudadanía no sigue el día a día el acontecer político al detalle. Si la gente percibe que hay mentiras y hay corrupción se genera un descreimiento en toda la política, pero en particular en los sectores que están en el Gobierno», interpretó el analista.@Sputnik/ Imagen principal: © AP Photo / Matilde Campodonico

Latinoamérica

México: 10 años sin respuestas desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

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México: 10 años sin respuestas desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Hasta ahora, solo se han identificado los restos de tres jóvenes a partir del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), mientras la lucha de los familiares por la verdad y la justicia sigue firme.

A pocos días de cumplirse diez años desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el caso sigue siendo una herida abierta en México. A pesar de las promesas de justicia y las múltiples investigaciones, las familias de los jóvenes siguen exigiendo respuestas mientras los hechos no terminan de esclarecerse. Si bien el 26 de septiembre es la fecha oficial de la desaparición, las movilizaciones y actividades conmemorativas comenzaron en los últimos días. 

La previa al aniversario

El viernes, los familiares de los estudiantes desaparecidos y alumnos actuales realizaron un acto frente a un cuartel del Ejército mexicano en Guerrero, en el que denunciaron el rol de las Fuerzas Armadas en el caso. Más tarde, un grupo de manifestantes encapuchados lanzó petardos y provocó incendios en los alrededores del lugar.

El jueves, madres de las víctimas participaron en una misa en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que celebró el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio. De acuerdo a la revista mexicana Proceso, en la homilía las madres hicieron un llamado: “A las personas que se llevaron a nuestros hijos, que operaron esa noche del 26 de septiembre de 2014, que se les ablande el corazón y que hablen y que nos digan a donde están nuestros hijos”.

En diálogo con Página/12, el sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, una de las varias organizaciones que apoyan a los padres en su lucha, indicó que al cumplirse 10 años desde la desaparición de los jóvenes, el sentimiento predominante es la impotencia, aunque destacó: «Al final, lo que sigue motivando a los padres es el amor que tienen por sus hijos, y también creo que el compromiso que adquirieron al hacer pública su exigencia. Es el compromiso de toda una nación. Esto dañó y afectó a un país como México, porque demuestra el grado de impunidad, de violencia, de colusión de las autoridades con el crimen organizado, y el nivel de descomposición social que existe». Y agregó: «Resolver este caso no es solo conocer la verdad y encontrar a sus hijos, sino también sanar una herida que en México hemos tenido abierta por muchos, muchos años».

El miércoles miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Chilpancingo, en Guerrero, para exigir respuestas sobre los 43 estudiantes. «Decir que han pasado 10 años es fácil, pero caminar, luchar y exigir no lo ha sido. Nos ha costado mucho trabajo, pero aquí estamos, impulsados por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos», expresó Cristina Bautista, madre de uno de los desaparecidos, a la agencia de noticias AFP.

Melitón Ortega, otro de los padres, añadió: «Esperamos que la nueva presidenta pueda retomar el caso Ayotzinapa de manera integral, abarcando las líneas de investigación, las extradiciones, nuevas carpetas, detenciones, entre otras cosas», refiriéndose a Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia el próximo 1 de octubre.

La caída de la «verdad histórica»

Los estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían al municipio de Iguala para tomar un colectivo hacia Ciudad de México y participar en la manifestación anual en conmemoración de la masacre de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, cometida por militares el 2 de octubre de 1968.

Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se negó cualquier participación de militares en los hechos y se defendió la denominada «verdad histórica», que sostiene que los jóvenes fueron detenidos por policías locales de Iguala, en complicidad con criminales, y entregados al cártel Guerreros Unidos. Según esa versión, los estudiantes habrían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en un basural en Cocula.

Mientras tanto, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuya participación fue clave para el avance de la investigación, comenzó a trabajar como perito independiente a pedido de los familiares de los desaparecidos. Este equipo, al igual que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso, no coincidió con la «verdad histórica» debido a inconsistencias en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y la falta de evidencias que respaldaran esta versión. En 2016, los investigadores de EAAF indicaron que era imposible que un fuego pudiera incinerar completamente a los estudiantes como se afirmaba.

La versión de la PGR se derrumbó definitivamente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la identificación de los restos no calcinados de dos víctimas: Christian Alfonso Rodríguez en 2020 y Jhosivani Guerrero de la Cruz en 2021, ambos encontrados en la barranca de la Carnicería, a 800 metros del basural de Cocula. Estas identificaciones se sumaron a la de Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron hallados en el río San Juan en 2014. Hasta ahora, son los únicos tres identificados entre los 43 desaparecidos.

La salida del GIEI

López Obrador creó por decreto una «Comisión para el Acceso a la Verdad», reconoció la responsabilidad de los militares, autorizó la apertura de archivos que revelan su participación en el caso e incluso se llevaron a cabo algunas detenciones. Sin embargo, el GIEI se retiró hace un año del caso Ayotzinapa, tras ocho años de investigación, denunciando obstrucciones significativas en su acceso a información crucial, especialmente la relacionada con el Ejército. En su último informe, manifestaron que hubo un ocultamiento sistemático que ha dificultado el esclarecimiento del paradero de los 43 estudiantes.

Miembros del grupo de expertos, como Carlos Beristáin y Ángela Buitrago, señalaron que la falta de cooperación por parte de las autoridades y el Ejército fue un obstáculo constante. Aunque se lograron algunos avances, como la detención de militares involucrados, insistieron en que no se entregó toda la documentación necesaria para avanzar en la investigación, y que aún queda mucho por hacer para llegar a la verdad sobre las desapariciones.

El presidente saliente defendió el trabajo del gobierno y las Fuerzas Armadas, asegurando que se realizaron esfuerzos significativos para esclarecer el caso. «No hay impunidad y se está actuando. Respeto su punto de vista (del GIEI) pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es precisamente por la colaboración de la Marina y Defensa», sostuvo en una de sus ruedas de prensa diaria, tras conocerse el informe.

Próximo gobierno

La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en julio por primera vez con las familias de los 43 estudiantes, ocasión en la que la se comprometió a dar seguimiento en la búsqueda de la verdad y la justicia del caso.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 estudiantes, informó tras el encuentro en el Museo de la Ciudad de México que los padres pidieron a la próxima mandataria que el caso Ayotzinapa ocupe un lugar central en su Gobierno. Ante la prensa, Sheinbaum reafirmó su compromiso, asegurando: «Vamos a seguir trabajando con ellos, vamos a encontrar un método de trabajo que nos permita cumplir con lo que están pidiendo: verdad, justicia y saber dónde están los jóvenes».

Aunque han pasado casi diez años, la determinación de los padres no ha disminuido. Su lucha se mantiene firme, impulsada por la esperanza de que algún día conocerán el destino de sus hijos. A pesar del tiempo y los obstáculos, siguen alzando la voz, recordando al país que la justicia aún está pendiente.

@Página12 // Informe: Axel Schwarzfeld

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Los presidentes de Bolivia y Brasil asistirán a la cumbre de los BRICS en octubre en Kazán (Rusia)

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Los presidentes de Bolivia y Brasil asistirán a la cumbre de los BRICS en octubre en Kazán (Rusia)

El dirigente boliviano, Luis Arce, así como su homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, tomarán parte en la XIV Cumbre de los BRICS que se celebrará en octubre en la ciudad rusa de Kazán, informaron a Sputnik los embajadores de los países latinoamericanos en Rusia.

«El presidente de Bolivia fue invitado a la cumbre de los BRICS en Kazán y aceptó con placer esta invitación del presidente [ruso, Vladímir] Putin», aseguró.

Al mismo tiempo, el embajador de Brasil en Rusia, Rodrigo Baena Soares, confirmó la participación de Luiz Inacio Lula da Silva en la cumbre.

«Ahora lo estamos organizando incluso con otros mandatarios que vendrán aquí [a Kazán]. Por supuesto, prepararemos una reunión con el presidente Putin», agregó.

Ambos presidentes planean reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, al margen de ese evento, agregaron los representantes de los países.

Rusia asumió el 1 de enero pasado la presidencia rotatoria del grupo BRICS para 2024, año que empezó con la admisión de nuevos miembros. Además de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, a los que el grupo debe sus siglas, ahora lo integran también Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Rusia organiza más de 250 eventos en 11 regiones en el marco de su presidencia, incluida la XIV Cumbre de los BRICS que tendrá lugar en la ciudad de Kazán del 22 al 24 de octubre.

Sputnik/

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A 51 años del golpe de Estado en Chile 

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A 51 años del golpe de Estado en Chile 

El golpe militar Chile que marcó un antes y un después en la política latinoamericana

Un día como hoy, el 11 de septiembre de 1973, Chile sufrió un golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet, el cual puso fin al Gobierno socialista de Salvador Allende y marcó el inicio de 17 años de dictadura.

Tres años antes del fin de su mandato constitucional, el gobierno de Salvador Allende terminó abruptamente el 11 de septiembre de 1973 debido al golpe de Estado del que participaron las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el cuerpo de Carabineros.

Ese mismo día, después de que el Palacio de La Moneda fuese bombardeado por aviones y tanques, Salvador Allende se suicidó. Tras el fin de su gobierno, el general Augusto Pinochet encabezó una dictadura militar que se extendió por casi 17 años.

Cuando el Palacio de La Moneda estaba rodeada por los militares, a las 10:15, a través de Radio Magallanes —la única favorable al gobierno que aún no era silenciada— Allende emitió su último mensaje a la Nación. “Colocado en el tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, y les digo que tengan la certeza de que la semilla que entregamos a la conciencia de miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente… Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas, por donde pasará el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!”, dijo Allende.

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