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Política & Economía Nacional

Proponen un aumento del 16,5% en la energía eléctrica desde de junio para usuarios residenciales.

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El aumento de la factura final del servicio de energía eléctrica a partir del primero de junio será de 16,5% para los usuarios residenciales que no tengan tarifa social, con lo que en el año acumulará un alza de 42,72%; y del 6,8% para aquellos que dispongan de ese beneficio y un acumulado de 21,2%, en base a la propuesta presentada hoy por la Secretaría de Energía en audiencia pública.

El desarrollo de las audiencias para la actualización tarifaria de los servicios de gas y electricidad es seguido de cerca por el Gobierno nacional y, en ese marco, allegados al presidente Alberto Fernández dejaron trascender que se trata de “una decisión política” y que, “si alguien no puede tomarla, no va a poder seguir en el Gobierno”, en alusión a los funcionarios del área de energía.

Fernández, esta tarde desde Alemania tras el encuentro que mantuvo con el canciller Olaf Scholz, defendió la actualización tarifaria de los servicios de gas y electricidad y la segmentación de las mismas, al considerar que actualmente “se está subsidiando energía al 10 por ciento más rico del país, lo que no es justo en términos igualitarios”. “Lo que estamos planteando es que la Argentina deje de subsidiar a los sectores más ricos del país”, dijo el jefe de Estado en referencia al debate que se espera para mañana en audiencia pública -a partir de las 10, de forma virtual-, donde se expondrá la segmentación tarifaria para los usuarios gas natural y de energía eléctrica para el bienio 2022-2023.

La propuesta oficial

El Presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, defendieron en las últimas horas la metodología adoptada para la revisión tarifaria en marcha, para las cual se determinó que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial, y del 80% para quienes no gozan de ese beneficio.

De esta forma, con un CVS en 2021 del 53,4%, esos ajustes para todo el año deberían ser del 21,3% y 42,7%, respectivamente, tal como se destacó nuevamente hoy en la apertura de la audiencia para el tratamiento de los nuevos precios de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), aplicables a partir del 1° de junio

La jornada -a la que se inscribieron para participar 49 oradores y finalmente expusieron 23- fue presidida por el subsecretario de Coordinación Institucional de la Secretaría de Energía, Guillermo Usandivaras, que dio a conocer el informe con la propuesta oficial basado en datos de la Subsecretaría de Planeamiento Energético.

Allí se destacó que el Estado nacional afrontará en el primer trimestre del año subsidios en el orden del 81,85% del costo total de la electricidad para abastecer a la demanda residencial.

En base al criterio de ajustar las tarifas según el Coeficiente de Variación Salarial de 2021, un usuario sin el beneficio de tarifa social que pagó en enero $1.315 de factura final (con impuestos), le correspondió abonar $1.610 en marzo y tendrá que desembolsar $1.876 a partir del 1 de junio.

En el caso de aquellos que tengan el beneficio de tarifa social, los pagos de la factura final con impuestos serán de $743, $ 843 y $901, respectivamente.

Los debates en audiencia

La audiencia pública de este miércoles fue la segunda, luego de que el martes se iniciaran las exposiciones para la definición de los nuevos precios que estarán vigentes a partir del 1 de junio para el gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), oportunidad en que la Secretaría de Energía propuso un aumento promedio del 20% en el servicio.

La tercera audiencia, prevista para este jueves, debatirá la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado a los usuarios del servicio de gas natural y de energía eléctrica para el bienio 2022-2023.

Durante el desarrollo del debate, Fernando Antognazza, representante de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera) dijo que hay un “desfasaje entre los montos remunerados y la evolución de los costos derivo en la imposibilidad de llevar a cabo mantenimientos mayores, comprometiendo operatividad y disponibilidad” de los equipos.

Al respecto, precisó que cerca del 60% de la energía que se produce en el país en el marco de la Resolución 31/2020, “redujo y pesificó los valores de la energía eléctrica y la potencia asociada, y luego ajustó esos valores en un 67,7% a la fecha, período en el cual la inflación superó el 128%”, lo que aseguró “impactará en la disponibilidad de equipos ante requerimientos y necesidad del sistema”.

Por su parte, el gerente de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Adeera), Claudio Bulacio, propuso la “sanción de un precio estacional único y sostener los subsidios para los usuarios vulnerables”, pero aclaró que “dada la gran diferencia actual entre el precio y el costo, este proceso debe ser gradual y previsible para los usuarios y para el sector”.

“En forma simultánea se deben adecuar los ingresos de las distribuidoras (VAD)” agregó Bulacio, al asegurar que “en los últimos años el ajuste fue inferior a la inflación”, a la par que las distribuidoras “experimentaron un aumento de la morosidad y las pérdidas, lo cual impacta en los ingresos pero no en los costos”.

Diego Mielnicki, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, planteó que “las distribuidoras, con tarifas congeladas, con tarifazos, o con cualquier esquema tarifario, siempre han prestado un servicio deficiente”.

“Venimos de un tarifazo del Gobierno anterior y eso genera aumento en la morosidad y el endeudamiento de los usuarios, las empresas esto no lo dicen como tampoco dicen cómo son sus planes de pago”, cuestionó Mielnicki.

Por otra parte, reclamó que se aumente la cantidad de kilovatios/hora consumidos para determinar el tope de tarifa social, y elevar de dos a tres salarios mínimos los ingresos necesarios para percibir el beneficio.

En otro orden, Mariana Grosso, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, objetó la presentación inicial de la Secretaría de Energía, ya que “no hace referencia al PEST sino a la segmentación de la tarifa, que es objeto de la audiencia de mañana”.

Política & Economía Nacional

Salario mínimo: no hubo acuerdo y el Gobierno volverá a definir los aumentos por su cuenta

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Según fuentes de la Secretaría de Trabajo, en los próximos tres días hábiles, debería publicarse el laudo con los nuevos valores.

La reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) finalizó sin acuerdo y deberá volver a definir la Secretaría de Trabajo a través de un laudo el nivel de ajuste que llevará a cabo.

Los actuales $202.800 con base de marzo son producto de la decisión unilateral del gobierno de Javier Milei de otorgar un aumento y volverá a ocurrir lo mismo para los próximos tres meses.

Según fuentes de la Secretaría de Trabajo, en los próximos tres días hábiles, debería publicarse el laudo con los nuevos valores.

La CGT y las dos CTA pugnaban por un ajuste de hasta 80% del SMVM, contra un 8% de mayo y 5% en junio que propusieron las centrales obreras. Ante tanta diferencia, no hubo acercamiento posible y deberá decidir el Gobierno.

Hugo ”Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, se expresó mediante su cuenta de X (antes Twitter): “Las tres centrales sindicales unificamos las propuestas en $377.000 para el mes de abril que equivale un 80% de aumento y para estar por encima de la canasta de la indigencia. Sin embargo, los empresarios propusieron insólitamente un aumento del 8% para el mes de mayo y un 5% para junio”.

“Como no hubo acuerdo, el gobierno y los empresarios de la UIA, la CAME y la Sociedad Rural impidieron el pleno funcionamiento del Consejo y obligaron a un final bochornoso en el cual el gobierno decidirá, una vez más por decreto, y seguramente en contra de los intereses de los trabajadores“, agregó.

El monto que solicitan las centrales obreras busca dejar el Salario mínimo por encima de la canasta de indigencia. En cambio el Gobierno, podría aplicar aumentos en base a las inflaciones proyectadas, lo cual sería un monto mucho mas cercano a los deseos de las centrales empresariales.

El Consejo reúne a los representantes sindicales y de las cámaras empresariales, entre quienes se encuentran dirigentes de la CGT y la CTA y empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA). La definición del nuevo piso salarial sirve como referencia para el salario inicial docente, además de ser un indicador para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas.

El último encuentro fue el 15 de febrero, momentos en que el SMVM se encontraba en $156.000, valor fijado durante la administración de Alberto Fernández. El encuentro no llegó a buen puerto y el incremento fue establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

En aquel entonces, la CGT emitió un duro comunicado, en el que acusó a la administración de Javier Milei de “hacer fracasar” la reunión. “Rompiendo una larga tradición de diálogo social tripartito y acuerdos colectivos en el ámbito del Consejo del Salario en nuestro país, el gobierno impidió el normal desarrollo de la reunión”, consignó el documento.

El salario mínimo, vital y móvil cayó más del 34% desde que asumió Javier Milei

El salario mínimo, vital y móvil muestra un descenso muy fuerte desde la asunción de Javier Milei como presidente a hoy y su valor, que se había fijado para el mes de diciembre, quedó absolutamente por debajo del aumento de precios del 25,5% de ese mes, pero, a su vez, cuando se convocó tardíamente al Consejo de Salario, resultó claro que no había pretensiones por parte del gobierno de recuperar el poder de compra perdido.

La Secretaría de Trabajo definió allí una suba total de 30% en tramos, según un informe del Centro de Investigación y Formación (CIFRA) de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), hizo que el salario profundizara su caída “ante la inédita ausencia de propuestas por parte de la representación empresaria en dicho Consejo”.

Los salarios aumentan por detrás de la inflación

El Salario Mínimo se fijó en $202.800 desde marzo y, de este modo, entre noviembre de 2023 y abril de este año, aumentó nominalmente 38,9% frente a una inflación que puede estimarse en más de 110%. “Se consumó así en pocos meses una reducción real de 34,1%”, informa el CIFRA.

Dadas las reducciones previas que ya habían tenido lugar, en abril de 2024 el poder adquisitivo del salario mínimo se ubica 44,7% por debajo del nivel que tenía en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos, y 57,7% por debajo del de noviembre de 2015.

@ámbito

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Política & Economía Nacional

Se frena el aumento del impuesto al combustible: ¿Subirá en las estaciones?

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En un intento por mitigar el impacto de la inflación en los próximos meses, el Gobierno Nacional decidió postergar la actualización del impuesto a los combustibles que estaba prevista para mayo. Esta medida busca evitar un incremento en el precio de la nafta y el gasoil, que podría reflejarse en una escalada general de precios.

Según un comunicado del Ministerio de Economía, se emitirá un decreto que será publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual se diferirá hasta el 1° de junio de 2024 la actualización correspondiente al cuarto trimestre de 2023 de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Esta decisión asegura que no habrá aumento por dichos conceptos durante el mes de mayo.

Originalmente, los aumentos en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) estaban programados para implementarse este miércoles 1° de mayo. Estos incrementos son parte de una política habitual de ajuste trimestral que afecta directamente los precios al consumidor de nafta y gasoil. Sin embargo, con la inflación aún en niveles preocupantes, el Gobierno ha optado por suspender temporalmente estos ajustes.

Esta medida se alinea con otras acciones similares tomadas por el Ejecutivo, como la no aplicación de la indexación en las tarifas de gas y electricidad para mayo, en un esfuerzo coordinado para controlar la inflación y sus efectos en la economía doméstica.

El Ministerio de Economía ha expresado que esta postergación es parte de un enfoque integral para garantizar la previsibilidad económica y ayudar a mitigar el impacto de la inflación en los bolsillos de los argentinos. La decisión de aplazar la actualización impositiva también busca proporcionar un alivio a los consumidores y mantener estabilidad en los sectores económicos más sensibles a variaciones en el precio del combustible.

@DiarioElZonda

/Fuente de imagen: Diario El Zonda

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Política & Economía San Juan

Un nuevo operativo territorial llegó a más de 400 angaqueros

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La actividad interministerial se realizó en la Unión Vecinal del departamento. Tal como ya lo hizo en otros operativos, el gobernador Marcelo Orrego, recorrió el lugar para hablar con la gente.

Durante este lunes 29 de abril, se llevó a cabo un nuevo operativo territorial organizado por el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en Angaco.

Esta iniciativa, que ya se realizó en otros departamentos, tiene que ver con poner en práctica estrategias en materia de derechos permiten una mayor inserción, colaboración y satisfacción de las comunidades alejadas, demostrando que es posible ofrecer servicios efectivos en cualquier lugar.

En este marco, el gobernador Marcelo Orrego dijo: “Fue una jornada muy nutrida. Estuve escuchando las distintas situaciones de la gente y eso es lo importante, estar cerca. Una vez más el Centro Cívico llegó a otro departamento de la provincia”.

Cabe destacar que los Operativos Integrales son una herramienta que busca llevar el estado provincial con sus distintos ministerios y áreas a distintas zonas de la provincia. Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano es que se impulsaron los operativos en conjuntos con los demás ministerios para delinear acciones para poder brindar soluciones a las distintas comunidades sobre todo las alejadas.

Estuvieron además, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, el intendente de Angaco, José Castro; la directora de Políticas para la Equidad, Nathalia Sánchez; directora de emergencias y políticas alimentarias, Cristina Cardozo.

@SiSanJuan.

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