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¿Qué hay detrás del discurso de los autoconvocados? ¿Antisindicalismo y macrismo?

NOTA DE OPINIÓN POR JULIO BENEDETTO.
La lógica que está detrás de la palabra “autoconvocados», significa negar la representatividad sindical y negar el rol fundamental de los sindicatos en la defensa de los trabajadores. Intentan destruir a los sindicatos debido a las conducciones que no les agradan. Presionan de una forma completamente antidemocrática en un todo o nada, sin ningún tipo de negociación, y al margen de todas las estructuras que le son beneficiosas. Este espacio de los autoconvocados se produce por la pésima dirigencia sindical. Descalifican a las malas conducciones sindicales, no para democratizarlas y mejorar la lucha gremial, sino para hacer desaparecer los sindicatos. Eso es lo que está en la mente de quienes lideran ideológicamente este fenómeno. El apoyo del macrismo, que en San Juan personifica Orrego, da para plantearse qué hay detrás de todo esto. Los docentes tenían la oportunidad de dar un ejemplo doble: trabajar y luchar. Pero terminan utilizando a los niños, niñas y adolescentes como medida de presión.
Los llamados docentes autoconvocados llevan más de una semana de paro y protestas. Los reclamos de un sueldo digno y de un aumento que llegue antes de lo pactado, se entrecruzan con otras lógicas y cuestiones que están sobre la mesa.
La defensa de los derechos de los trabajadores es algo fundamental en nuestra sociedad. Pedir sueldos más dignos, mejoras de condiciones de trabajo, luchar contra la discriminación laboral son cuestiones que nos han hecho avanzar históricamente. Por ello es algo que resulta tan importante analizar en sus procesos.
A través del método de protesta de los “autoconvocados” se están planteando otras lógicas que no se pueden perder de vista. La crítica a los sindicatos ha ido más allá, tratándose de imponer la negociación dejando a éstos por fuera. ¿A quién beneficia dejar a los sindicatos fuera de la discusión laboral?
Las paritarias son el método definido por ley que su objetivo principal es que el patrón no pueda decidir unilateralmente cuánto quiere pagar. En ellas los sindicatos tienen un papel clave, es dónde pueden defender los derechos de los trabajadores. Las paritarias en lo laboral son fundamentales porque es la herramienta que permite equilibrar la balanza entre las diferencias de poder que se pueden dar entre empleador y trabajadores.
Los docentes autoconvocados se arrogan con la bandera de defender los derechos de los trabajadores, pero lo cierto es que su planteamiento juega en contra de ello. Dejar a los sindicatos fuera es abrir la puerta a una mayor flexibilización laboral. Por ello no es sorpresa para nadie que a estos docentes los apoye tan abiertamente la derecha nucleada alrededor del macrismo y su representeante en San Juan, Orrego. Históricamente a nivel mundial la defensa de los derechos laborales ha sido comandada por la izquierda, pero ahora la derecha más liberal es quien se “solidariza” con los trabajadores, ¿no les parece sospechoso?
Si se rompen los esquemas de negociación fijados por ley y se destrozan los sindicatos lo que queda es una tierra de nadie en la cual cualquier patrón puede elegir lo que le convenga y decir que “negocia” con cualquiera que se autoproclame “representante de los trabajadores”.
Los docentes autoconvocados podrían formar su propio sindicato para luchar por lo que están pidiendo. Cierto es que hubiesen tenido el tiempo para organizarse desde las anteriores protestas, si el problema principal eran los dirigentes sindicales. Así, habrían estado en la mesa de las paritarias y defendido lo que están exigiendo.
Se puede argumentar que es complicado conseguir la personería jurídica para crear el sindicato, pero también habrían podido (siendo gran número según ellos) afiliarse a algún sindicato (UDAP u otro), presentarse a las elecciones, ganarlas, tomar la conducción y estar en las paritarias.
Aquellos que protestan estos días parecen no darse cuenta que desprestigiando a los sindicatos están socavando el derecho de todos los otros trabajadores de defender lo suyo. La lógica que va detrás no es de solidaridad, sino de egoísmo. Deja lugar a que un grupo de personas se autoproclame representante de la totalidad y fuerza a los demás a aceptarlo como legítimo. Imaginen que pasaría si esa lógica se aplica no a un gremio, sino a todos los ciudadanos.
Los “autoconvocados” llevan adelante una pelea cuyo contenido discursivo responde ideológicamente al pensamiento neoliberal. No es de sorprender de que los políticos del macrismo, cuyo referente en San Juan es Orrego, no solo los estén apoyando, sino que además militan y dirigen activamente en todos los planos: políticos, discursivos, mediáticos, logístico y con su aparato de trolls en redes.
“Autoconvocados” parece una forma pensada y usada por el macrismo para destruir las instituciones sindicales, en vez de afiliarse, votar y ganar espacios democráticamente y dentro del marco legal. No les importa, porque lo que más quisieran es que no existan los sindicatos, que los trabajadores queden como parias a la deriva.
La masividad da cuentas clara que hay un problema triple: una dirigencia sindical nefasta y percibida como corrupta, un discurso dominante anti trabajador y anti pobres y una inflación que afecta a todos.
Tampoco se puede dejar de señalar la hipocresía que se manifiesta estos días. La mayoría de los docentes pertenecen al sector medio de la sociedad, que no olvidemos que suelen ser los mismos que después critican (y no se cortan en insultar) cuando son otros quienes cortan la calle. Criticaban a los que reclamaban por ayudas sociales, pero utilizan las mismas técnicas. En el lugar que estaba a la que llamaban “negra planera” ahora se puede ver a una persona cebando mate en un termo de casi cuarenta mil pesos.
Igualmente es imposible que a uno no le haga ruido ciertas contradicciones. Algunos en vez de preocuparse en cómo organizarse mejor para conseguir sus objetivos y exigencias, están más preocupados en que nadie más que ellos se vaya a beneficiar si consiguen algo. Por un lado se llenan la boca hablando de solidaridad pero por otro llevan pancartas con lemas de “Aumento SOLO para docentes”. Exigen el apoyo de la sociedad pero se niegan a que alguien más aparte de ellos se pueda beneficiar del aumento que piden.
La solidaridad ha sido algo cuasi sagrado en la historia de las luchas laborales. No es una palabra para ensuciar mezclándola con egoísmos e intereses electorales de ciertos sectores. No es algo que se pueda forzar a que se les dé, porque la solidaridad es algo que hay que ganarse, pero para ello es necesario tener fuerza moral.
Los docentes por su actividad tienen la responsabilidad de dar ejemplo. Tenían la oportunidad de dar ejemplo doble, continuar con su actividad en las aulas y seguir pidiendo sus mejoras. Trabajar y protestar les habría dado la fuerza moral suficiente como para conseguir ese apoyo que reclaman casi a presión.
Las huelgas (o paros) son una herramienta histórica de lucha laboral. Esto es así, porque de esta forma se presionaba, al darle al patrón dónde más le dolía: en sus beneficios. Pero lo cierto es que ahora estamos viendo algo muy diferente. En la educación pública no hay un patrón que obtenga beneficios, porque los beneficios son para todos. Ahora quienes más están sufriendo son los niños, niñas y adolescentes que se ven privados del derecho a su educación. Ellos son utilizados como lanza principal para presionar. ¿Qué ejemplo pueden dar los docentes usando a los chicos como herramienta de presión?
La lógica que se está planteando por los docentes autoconvocados no sólo amenaza con socavar los derechos de todos los trabajadores, sino que usando la educación de los chicos, es a la sociedad en su conjunto que nos pega donde más nos duele.
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de Ahora San Juan.

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Inauguración de un nuevo mástil en el Centro Ambiental Anchipurac

En el marco de los festejos previos al Día de la Independencia, el señor vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, participó del acto de inauguración de un nuevo mástil en el Centro Ambiental Anchipurac.
El evento contó con la presencia del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Federico Ríos; la directora de Anchipurac, Jenifer Tudela; el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky; el diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba, y concejales del departamento.
Durante la ceremonia, el Vicegobernador dirigió unas emotivas palabras al público presente, destacando el profundo simbolismo de la bandera argentina y el legado de quienes forjaron nuestra independencia: “Qué bonito es verla flamear. Me lleva a pensar en cuántos argentinos dieron su vida por la patria. Belgrano, por ejemplo, provenía de una familia con recursos, estudió en España, fue abogado, militar, y usó su sueldo para fundar escuelas. Murió pobre, pero con una grandeza que hoy debemos recuperar. Es muy difícil ser como él, pero podemos y debemos esforzarnos por ser buenos ciudadanos: buenos padres, madres, compañeros de trabajo, personas de bien que construyan una patria más justa y solidaria”.
Además, el Vicegobernador subrayó el vínculo entre libertad y responsabilidad, haciendo especial hincapié en el cuidado del ambiente y la importancia de la educación: “Ser libre implica prepararse, estudiar, cuidar nuestra tierra y nuestro entorno”.
/PrensaRivadavia
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El gobierno nacional disolvió la agencia que regulaba el cannabis medicinal y el cáñamo industrial

A través del decreto 426/2025, el Ejecutivo oficializó la eliminación de la agencia que regulaba el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, junto a otras dependencias estatales. Las funciones pasarán a manos de ministerios y secretarías.
El Gobierno nacional oficializó una profunda reestructuración del Estado con la publicación del decreto 426/2025, firmado poco antes de que vencieran las facultades delegadas por la Ley Bases. Entre las medidas más destacadas se encontró la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
Según lo detallado en el decreto, la eliminación del organismo respondió a un informe que detectó una estructura jerárquica sobredimensionada, en relación con la cantidad de personal. Además, se argumentó que el esquema vigente no diferenciaba con claridad entre los usos y productos derivados de la planta de cannabis, lo que generaba trabas regulatorias y afectaba la competitividad de la industria.
Con la disolución de la ARICCAME, las tareas vinculadas al cáñamo industrial y la biomasa quedarán bajo la órbita del Ministerio de Economía, mientras que ANMAT asumirá el control de los productos con fines medicinales.
El mismo decreto también suprimió al Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), cuyas funciones pasarán al Ministerio de Economía, que además ejercerá como autoridad de aplicación de la Ley 27.118. Sólo permanecerán el Registro Nacional de la Agricultura Familiar y algunas tareas básicas de fiscalización.
Otro de los organismos disueltos fue el Instituto Nacional de Semillas (INASE), junto con la Comisión Nacional de Semillas. Sus competencias pasarán a la Secretaría de Agricultura, que ahora contará con un Comité Asesor de carácter honorario para tareas de inspección y control.
En paralelo, el Gobierno decidió transformar el esquema de funcionamiento de otros entes autárquicos. El INTI dejó de operar como organismo descentralizado y pasó a depender directamente de la Secretaría de Industria. En tanto, el INTA y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) fueron convertidos en entes desconcentrados, con el objetivo de mejorar su articulación y eficiencia.
Estas medidas forman parte del plan de reestructuración estatal impulsado por el presidente Javier Milei, centrado en reducir el gasto público, eliminar organismos considerados ineficientes y redirigir funciones a áreas con mayor poder de ejecución dentro del Gabinete.
/C13
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Estafas en viviendas del IPV: la Justicia investiga vínculos con el Ministerio de Familia

La fiscalía profundiza la pesquisa ante la presunta venta de favores para sorteos de casas, que prometían cupos por sumas que alcanzaban los 400.000 pesos.
La causa por las presuntas estafas en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) reveló nuevos detalles este martes. La denuncia, interpuesta la semana pasada en la UFI en Delitos Especiales y Estafa, fue presentada formalmente por el abogado Diego Agustín Mercado, jefe de asesores letrados del IPV, a partir de información recibida en el celular de la directora Elina Peralta. Los indicios iniciales, según lo manifestado por el fiscal Nicolás Schiattino en radio Estación Claridad, señalan que las personas sindicadas en la denuncia «serían del Ministerio de Familia y de Acción Social».
Según lo detallado por la titular del IPV, Elina Peralta, se han recabado entre tres y cuatro denuncias, con al menos dos casos documentados con facturas emitidas por 400.000 pesos con el logo de gobierno y la leyenda «Instituto Provincial de la Vivienda». Estas facturas corresponderían a la «venta dirigida del sorteo hacia un barrio específico», ofreciendo la posibilidad de «salir en el sorteo, dirigidos a un barrio». Una de las personas identificadas por los damnificados, quien modificaba su apellido en las facturas vistas por Peralta, sería una mujer de nombre Agustina.
Peralta ha sido enfática en descartar en radio Sarmiento que el personal del IPV esté involucrado en estas maniobras, afirmando que la gente del instituto es «responsable» y trabaja «codo a codo» con la dirección. Además, subrayó la imposibilidad de manipular el sistema de sorteo del IPV, ya que es un «procedimiento muy complejo» que se realiza en conjunto con la Caja de Seguros, lo que hace «inviable la posibilidad de que salga una bolilla dirigida a alguien».
Por su parte, el fiscal Nicolás Schiattino confirmó que la investigación se encuentra en una «etapa que se llama investigación previa a la formalización», lo que significa que aún no hay elementos suficientes para imputar a una persona. Para avanzar, será crucial la citación de la directora del IPV, Elina Peralta, a la UFI de Delitos Especiales para realizar una «copia espejo de los mensajes que le han llegado a su celular». Esto busca determinar la veracidad de los mensajes y si las personas mencionadas en ellos «efectivamente trabajan dentro del Estado o son personas que no trabajan en el Estado y usan los nombres de personas que sí trabajan».
El fiscal también señaló la complejidad del caso, dado que los «presuntas víctimas» que pagaron el dinero podrían no denunciar por haber incurrido ellos mismos en un delito de «cohecho activo». Hasta el momento, el único elemento probatorio en mano del fiscal es un «recibo» o «tipo de factura» con un monto de 400.000 pesos y una firma sin aclaración, sin poder determinar si es de quien pagó o de quien cobró. La investigación, que requerirá analizar cámaras, teléfonos y cuentas, se enfrenta al desafío de la falta de colaboración de los damnificados.
Mientras la justicia avanza en esta compleja investigación, el IPV ha alertado a la población sobre la inexistencia de mecanismos para dirigir el resultado de los sorteos de viviendas, que son un procedimiento transparente y aleatorio.
/DH
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