Política & Economía Latinoamérica
Rafael Correa: “La estrategia de ‘guerra jurídica’ se volvió una práctica sistemática”.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, expuso el jueves en el Centro Cultural Haroldo Conti, dentro del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), en el marco de las I Jornadas Internacionales sobre el desafío para los Derechos Humanos del Lawfare en América Latina, donde planteó que “la guerra jurídica” contra “dirigentes progresistas” de América Latina constituye “una estrategia regional, que está articulada” y que se desplegó en el hemisferio “tras años de estrategia” y de “infiltrar a nuestros sistemas judiciales”.
“Esto no es casualidad, que le pase a Cristina (Fernández de Kirchner), a Lula, a Jorge Glas (exvicepresidente ecuatoriano), a Evo Morales, a Dilma (Rousseff), a mí mismo”, remarcó y señaló que la práctica de utilizar los resortes del Poder Judicial para combatir a los gobiernos progresistas se implementó con el objeto de “robarles la libertad a los adversarios políticos, para neutralizarlos”.
De esta manera, implicó “un coste inmenso” para cada uno de esos dirigentes a nivel humano y político. Pero además -puntualizó- la acción del lawfare “no solo roba vidas y personas, también roba la democracia” de los países de la región, al no permitir que algunos de estos referentes puedan participar de los comicios, como ocurrió con el caso de Luiz Inácio Lula Da Silva. “Cuando metieron preso a Lula no solo lo metieron preso a él sino que le robaron la democracia a Brasil”.
En relación a su situación personal, Correa manifestó que “la brutal persecución de los últimos cinco años” que se desplegó contra él y contra otros representantes de la llamada “Revolución ciudadana” (el correísmo, que luego se denominó Alianza País y hace unos meses creó un nuevo partido) también tuvo como motivación “quebrarlos económicamente“, y en su caso contó que “está trabajando solo para pagar abogados”.
“Pero mi situación personal no es nada al lado de la de Jorge Glas, que ya lleva seis años preso“, advirtió. Analizando la ofensiva judicial contra los espacios del progresismo o de la izquierda de América Latina, el ex presidente de Ecuador aseguró que, para lograr sus objetivos, el lawfare se basa en “dos ejes”: “el eje mediático” y “el eje judicial”.
“Con la prensa de América Latina, que debe ser la peor del mundo, lo que hacen es ir por la destrucción de la reputación, ir por la creación de narrativas que aparenten ser verdad, la llamada posverdad; porque lo que buscan no es confirmar si algo es verdad o no, lo que se busca es reafirmar odios“, añadió Correa.
El ex jefe de Estado de Ecuador, que desde hace años reside en Bruselas (Bélgica) e integra el Grupo Puebla, definió a su sucesor Lenin Moreno como un “sociópata” y “traidor“, y lo acusó de hacer un pacto con la constructora brasileña Odebrecht para “quitar a Glas de la vicepresidencia” para lo cual la empresa tenía que involucrar de modo arbitrario al entonces vicepresidente.
En cuanto al actual mandatario de su país, el banquero Guillermo Lasso, se refirió a la investigación conocida como Pandora Papers y el hallazgo de documentos que lo asocian a la práctica de ocultar parte del patrimonio en guaridas fiscales.
“Cada vez que buscan plata mal habida encuentran su plata mal habida. Como decía (Hugo) Chávez, váyanse al carajo, si los ladrones son ellos“, exclamó Correa y no ocultó su emoción cuando le preguntaron por cómo vivió su familia todos estos hechos, donde llegó a tener “47 investigaciones criminales en su contra”.
Correa compartió sus vivencias en el marco de las denominadas “I Jornadas Internacionales. Desafíos en el Campo de los Derechos Humanos. El lawfare en América Latina y su impacto en la vigencia de los derechos humanos” que organizó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en cuyo panel de apertura participaron el ministro de Justicia, Martín Soria; la directora Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.
Definiciones.
“El ‘lawfare’ o ‘guerra jurídica’ se ha constituido en los últimos años en un fenómeno de gran trascendencia, tanto por la generalización de sus métodos como por su significativo impacto en el devenir político, económico, social y cultural en nuestro país en particular, y en América Latina en particular”, señalaron en la convocatoria a este encuentro, en el que se desarrollarán mesas de debate con la participación de funcionarios, legisladores y especialistas.
En este sentido, se indicó que se trata de una práctica que se basa en “la utilización del aparato jurídico y legal de los Estados en función de concretar políticas regresivas en materia de derechos humanos, no es novedad en la región”.
“En el caso de la Argentina, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, “la estrategia de ‘guerra jurídica’ se volvió una práctica sistemática”, se subrayó en el texto difundido por la Secretaría de Derechos Humanos.
Primera Jornada.
En julio pasado, Pietragalla Corti había convocado a esta actividad con la expectativa de contar con importante participación internacional, lo que efectivamente se logró con la presencia de referentes de colectivos de juristas como Common Action Forum y Lawfare Institute, de los que forman parte los abogados de Lula, Cristiano Zanin y Valeska Teixeira, ambos cofundadores del Lawfare Institute, quienes en estas jornadas compartirán exposiciones con el constitucionalista Eduardo Barcesat y el jurista Gabriel Chamorro, entre otras personalidades.
Entre los temas que se analizaron en distintas mesas de debate, se contaron: “El Lawfare, medios y periodistas: lógicas de producción y circulación de las fakenews en vinculación con los procesos judiciales”; el “Lawfare y el poder económico”; y la vinculación de esta problemática con “los servicios de Inteligencia” y las “políticas regresivas en materia de DD.HH”.
Política & Economía Nacional
Diputados de Unión por la Patria pidieron una sesión especial para derogar el mega DNU
Tal como había anticipado Germán Martínez, Unión por la Patria presentó formalmente el pedido de una sesión especial para tratar el DNU 70/23.
El bloque de diputados de Unión por la Patria pidió formalmente ante la Cámara baja que se lleve adelante una sesión especial para tratar el DNU Para la Reconstrucción de la Economía Argentina, tal como había anticipado este jueves el presidente del bloque, Germán Martínez.
El pedido de la bancada opositora plantea la convocatoria a una sesión especial para este martes 30 de abril, con el fin de derogar el DNU firmado por el presidente Javier Milei. El documento difundido en redes fue firmado por todos los integrantes del bloque.
El comunicado se publicó un día después de que el Gobierno obtuviese el dictamen de la ley ómnibus para debatirlo en el recinto el próximo lunes. Fue allí, luego de votar en contra, que Martínez se explayó: “Si van hacer añicos a la democracia y la economía argentina con la ley ómnibus, permítanse al menos tener una disidencia y vengan a construir el quórum y votar en contra del DNU que está haciendo pelota la vida de 45 millones de argentinos“.
El DNU fue emitido el 20 de diciembre por el jefe de Estado, y fue rechazado en el Senado en marzo pasado. No obstante, aún sigue en vigencia debido que es necesario que se rechace también en la Cámara baja, motivo por el cual UP pidió que sea tratado en una sesión especial el próximo martes.
La Comisión Bicameral trató los primeros DNU de la era Javier Milei
La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo volvió a reunirse este jueves y comenzó a tratar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgados durante los primeros meses de gobierno del presidente Javier Milei. Además, también debatieron 67 decretos con objeto cumplido de la gestión de Alberto Fernández. Fue en simultáneo al plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, donde se discutía los detalles finales de la Ley de Bases y el paquete fiscal.
Por el lado de Milei, por el momento sólo se trataron dos de sus decretos. Uno de ellos fue el que modificó las funciones en la Procuración del Tesoro de la Nación y sus requisitos para acceder al cargo, lo que permitió la designación de Rodolfo Barra en el organismo.
@Ámbito.
/Imagen principal: Archivo/
Política & Economía Nacional
Citarían a comisiones provinciales como previa al Pacto de Mayo.
El Ejecutivo tiene en agenda la convocatoria de la comisión económica integrada por ministros provinciales, como paso previo a la firma del Pacto de Mayo. La intención es reunirlos bajo la coordinación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para definir los aspectos tributarios, económicos y previsionales del acuerdo que Javier Milei buscará consensuar con los gobernadores en la ciudad de Córdoba.
Según fuentes gubernamentales consultadas por TN, esta convocatoria se plantea como la mejor vía para esclarecer los detalles de las reformas que se intentarán acordar en los próximos años. “La idea es llevar a cabo esta reunión si el tiempo lo permite”, expresó un funcionario.
La citación de los ministros económicos provinciales a la sede gubernamental está estrechamente vinculada al estado parlamentario de la Ley Ómnibus y el paquete fiscal que el oficialismo buscará aprobar en la Cámara de Diputados la próxima semana.
En este sentido, la Casa Rosada tiene como objetivo discutir ambos proyectos en un plenario de comisiones del Senado durante la segunda semana de mayo, para luego llevarlos al recinto en la tercera semana. La reunión de la comisión económica se realizaría en los días previos al 25 de mayo en caso de que los proyectos sean sancionados.
Además, se está evaluando la posibilidad de sustituir uno de los diez temas propuestos por Javier Milei a los gobernadores en la apertura de sesiones ordinarias. Este cambio afectaría al punto 9, que aborda una reforma política destinada a alinear los intereses de los representantes y los representados.
La postura de la Casa Rosada es mantener el enfoque del pacto en aspectos exclusivamente económicos, descartando discusiones sobre educación y producción en esta etapa. Según un funcionario consultado por TN, “no es el momento adecuado para debatir temas educativos; esa discusión debe posponerse”.
El Gobierno enfatiza que su prioridad es alcanzar una tasa de inflación mensual de un solo dígito y promover un plan de reactivación económica en colaboración con los gobernadores. Las discusiones sobre educación y política se dejarían para etapas posteriores.
Entre las propuestas del Ejecutivo se incluyen la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público hasta el 25% del PBI y una reforma tributaria orientada a disminuir la presión impositiva. También se plantea la revisión del sistema de coparticipación federal de impuestos, el compromiso de las provincias en la explotación de recursos naturales, una reforma laboral y previsional que permita la opción de un sistema privado de jubilación, así como una mayor apertura al comercio internacional.
La Casa Rosada espera la presencia de la mayoría de los gobernadores en la reunión de Córdoba, a pesar de las diferencias económicas y políticas. No se descarta la participación de Axel Kicillof (Buenos Aires) si muestra interés en discutir la coparticipación.
Respecto al lugar de encuentro, se ha descartado el Centro de Convenciones de Córdoba debido a su amplitud, considerándose la Universidad Nacional de Córdoba o el Palacio de Justicia como alternativas viables.
@TN
/Fuente de imagen: TN
Política & Economía Nacional
Tarjetas de crédito: el Gobierno modifica parte del régimen y avanza en la desregulación.
Por medio del decreto 361/2024 publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno ratificó el rumbo de la desregulación de la economía argentina. En ese sentido, menciona que es necesario tomar medidas urgentes para abordar la crisis económica y social que enfrenta el país.
Propone así la reconstrucción de la economía mediante la eliminación de barreras y restricciones estatales que obstaculizan su desarrollo normal, “al mismo tiempo que se busca promover una mayor inserción en el comercio mundial”, según consigna el Decreto.
El texto oficial señala que se implementará un amplio plan de desregulación para eliminar los obstáculos introducidos por diversas leyes que interfieren en el funcionamiento libre de los mercados “debido a la intervención estatal indebida”. El texto oficial lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro de Economía, Luis Andrés Caputo.
Tarjetas de crédito: qué dice la norma
En particular, se menciona la modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito para desregular y simplificar el mercado de tarjetas de crédito, adaptándolo a los cambios en las modalidades de relacionamiento y las tecnologías de digitalización.
@Ámbito
/Fuente de imagen: Ámbito
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