La gestión del presidente Javier Milei autorizó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a auditar a las universidades nacionales. El anuncio fue en medio de tensiones en todo el país entre el sector universitario, que reclama mejoras presupuestarias, y el gobierno, que argumenta falta de controles. Desde la UNSJ respondieron que aceptarán que esta institución mire sus balances. Agregaron que esta se sumará a otros cuatro procesos de auditoría que tienen en el último año, en los cuales dicen que no tuvieron llamados de atención.

Ricardo Coca, Secretario Administrativo y Financiero de la UNSJ, dijo que esta nueva instancia no significa un problema para la institución. “La vamos a recibir como lo hacemos con todas las auditorias que tenemos, tanto la de la Auditoría General de la Nación, que dicta la ley, como otras”, aclaró. Pero opinó que el objetivo de Nación no es tener los datos, “porque están todos a disposición, sino que buscan sentar la duda, para justificar el ajuste que están haciendo”.

El funcionario universitario dijo que nunca hubo problemas para acceder a los datos de cómo usa su presupuesto la universidad. Agregó que los balances están disponibles tanto para las auditorias frecuentes como para el público en general. “La UNSJ tiene en su página web un apartado de transparencia donde cualquier ciudadano puede ver los balances, que están actualizados semestralmente”, dijo. En el mismo espacio también están las licitaciones, compras directas y convenios.

Coca explicó que el uso de presupuesto tiene varias instancias de control. La más importante es la que hace la Auditoría General de la Nación, que es el órgano que por ley debe hacer las revisiones. Estas no tienen una periodicidad fija, ya que son cuando desde Nación destinan el personal para este fin. Según dijo el funcionario, la UNSJ no pasa por esta instancia desde que asumieron en 2021 y les tocaría la próxima en 2025.

Además, en el último año dos veces fueron auditados por AFIP y una vez por ANSES. A esto se suma que la Secretaría de Políticas Universitarias recibe datos de la UNSJ y los analiza mensualmente. De todos estos procesos, aseguró Coca, no hubo objeciones ni llamados de atención de parte de las autoridades que controlan. En simultáneo con estas cuatro auditorías, la universidad tiene un sistema de controles internos.

Con estos argumentos, Coca insistió con que el reclamo que hacen desde el gobierno nacional de que las universidades no permiten auditorías, es falso. “Pueden discutir los datos en cada caso puntual, pero están todos informados, todos los procedimientos de compra se difunden e incluso los ingresos que tiene la universidad por sus convenios y servicios que presta”, dijo. Esta opinión es compartida también por el sector de los alumnos que están reclamando desde el pasado jueves con tomas y actividades públicas.

Hasta ayer, la multisectorial de estudiantes y sindicatos de docentes y no docentes realizó una toma en el edificio del Rectorado, en una toma que Coca aseguró que era pacífica. “El funcionamiento administrativo y académico es normal, han tenido reuniones, clases públicas, charlas sobre salud mental, el financiamiento de la universidad y RPC”, contó el funcionario. Luego decidieron levantar esta toma y adelantaron que cambiarán la metodología, reforzando “clases públicas y otras actividades para incluir a la comunidad en el reclamo”.

USO DEL PRESUPUESTO:

El presupuesto de la UNSJ se divide en un el 10% para gastos de funcionamiento y el 90% para salarios. Esto último va para 1.100 no docentes y 3.000 docentes, de los cuales el 53% tiene cargos simples, que son los que cobran menos, el 17% exclusivos (mayores ingresos) y los restantes 30%, semis.

@DiariodeCuyo

El Gobierno suspendió, este martes, la convocatoria a audiencia pública para fijar nuevos valores en las tarifas de transporte de energía que tienen incidencia en el costo final de las facturas de electricidad. La decisión se publicó en la Resolución 743/2024 publicada en el Boletín Oficial por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). En San Juan esta decisión impactará en las próximas facturas pero en un porcentaje reducido.

«Vale recordar que el sistema eléctrico está segmentado en generación, transporte de electricidad y distribución. Los dos primeros los administra Nación y el último, la provincia. La decisión publicada ayer se relaciona al transporte desde donde se genera hasta el punto de consumo de electricidad y lo regula el ENRE. En Cuyo, es operada por Distrocuyo y Transener y el Gobierno consideró que la tarifa que cobran en la actualidad es suficiente para cubrir sus gastos por impacto del proceso de desinflación», describió el vicepresidente de EPRE, Dr. Ing. Roberto Ferrero.

Señaló que sí hay incidencia en la tarifa local, «ya que se consideran en las tarifas de los usuarios finales en las facturas. Va a representar el 3% o menos del total que los sanjuaninos pagarán». Expresó que estos valores son definidos en un «esquema de sinceramiento» en el que se valora el escenario actual, con baja de inflación. «Además tanto generación como transporte se manejan en dólares para sus insumos y equipos con lo que, si está estable la cotización, no tienen por qué subir».

Ferrero señaló que, en las facturas, lo que más peso tiene es lo que se define en cuanto a la distribución ya que abarca el 40% del costo total. «Estarán congeladas hasta diciembre, por determinación realizada en el pasado mes de julio y en función del sendero tarifario establecido, y se definirán en una nueva audiencia en enero para el primer semestre del año próximo. Además, en enero y febrero de 2025 habrá un aumento, que ya se estableció, del 3,86% del componente provincial», señaló.

En ello, expresó que «haciendo un análisis de proyección, a diciembre, en San Juan no habría modificaciones de la tarifa eléctrica. A noviembre se hará una nueva evaluación».

@DiarioLaProvincia

El viernes feriado en Argentina, el fondo buitre Burford presentó ante el juzgado de Loretta Preska en Nueva York un pedido de informes sobre empresas públicas con la única intención cobrar como sea la sentencia por USD 16.000 millones en contra del país en el juicio por la estatización de YPF. 

Con ese objetivo introdujo la figura del alter ego, una novedad en la causa. El objetivo es demostrar que un conjunto de empresas responden a la conducción del Estado argentino. 

«Su Señoría: Los demandantes presentan esta respuesta en oposición a la solicitud de los demandantes de obligar a ciertos descubrimiento de alter ego. Por las razones explicadas aquí y en nuestras presentaciones anteriores solicitamos respetuosamente que la Corte obligue a la República a presentar este descubrimiento de alter ego«, comienza la carta.

 Con respecto al Banco Nación, Burford cita entre los argumentos para obtener la habilitación de pruebas, un posteo en la red social X del ministro de Economía, que se encargaron de traducir, en el que revela de una manera transparente la cadena de mandos directa entre la Presidencia y el Banco Nación. 

Para el caso de Aerolíneas, los demandantes también presentaron pruebas de que la República ejerce actualmente el control sobre las riendas de la compañía arbitrando las negociaciones salariales, los retiros voluntarios y las jubilaciones anticipadas. 

Milei expone a YPF a los acreedores, reventando el gasto en publicidad hasta los 30 mil millones

LPO/