A cinco años de la desaparición del joven artesano, su familia sigue reclamando Justicia y saber la verdad. Apuntan a una testigo clave para reabrir la investigación.

Santiago Maldonado fue hallado sin vida el pasado 17 de octubre del 2017, 78 días después de su desaparición el 1 de agosto, durante una violenta represión a manifestantes del pueblo Mapuche del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, ​ provincia de Chubut.

Su cuerpo fue hallado sumergido en el río Chubut y la causa de su muerte fue investigada como “ahogamiento”. De este modo, la Justicia no encontró culpables de la desaparición y muerte del joven artesano.

Sin embargo, su familia reclama que la Justicia investigue la causa como “desaparición forzada” y nombren a otro juez al frente del caso.  «No se hizo nada, la causa está paralizada en la Corte desde marzo de 2020, a la espera de que se investigue como ‘desaparición forzada’ y que se designe otro juez», afirmó en declaraciones a Télam Sergio Maldonado, hermano de la víctima. Y agregó que a la fecha, el expediente «no tiene culpables ni responsables condenados».

Cabe recordar que la familia Maldonado realizó una presentación en octubre del año pasado ante la Corte de Justicia para que se designe un nuevo juez. Para ellos, el magistrado Gustavo Lleral, se niega a tomarles declaración a nuevos testigos y recordó que hubo muchas irregularidades en la investigación.

El Juez, cerró la causa en el 2018 luego de dictaminar que la causa de muerte de Santiago fue por “ahogamiento”. Además, absolvió de responsabilidad al gendarme imputado Emmanuel Echazú, que integró el operativo represivo de Gendarmería contra la comunidad Mapuche.

«A Lleral ya lo recusamos cuatro veces, no reconstruyó siquiera lo que pasó ese 1° de agosto de 2017, apelamos para que se designe a otro juez, él se agarra de eso para decir ‘No voy a hacer nada hasta que no resuelvan qué van a hacer conmigo, no puedo hacer algo distinto porque yo ya dí mi fallo’ «, sostuvo Maldonado.

«El no tomarle declaración a la nueva testigo, por ejemplo, es una muestra más de la falta de compromiso con la causa y, también, una bajada de línea o una forma de amedrentamiento al resto de las personas que quieran declarar», añadió. Se trata de una integrante del personal de salud de Gendarmería del Escuadrón 36 de Esquel.

En este sentido, Sergio Maldonado, señaló que la testigo, de identidad reservada, declaró por cuatro horas frente al fiscal federal de esa ciudad, Federico Baquioni. La mujer relató que al día siguiente de la represión en la localidad de Pu Lof «asistieron a su consultorio Dávila Felipe y Jorge Espejo», quienes comentaron que  «habían detenido en la zona del campo de Benetton» a una persona a la cual se referían como «el hippie».

Además, dijo que la testigo escuchó en esa oportunidad que «Ahumadita se había mandado la cagada del siglo» y que al parecer «Chuqui (apodo con el que identifican al segundo jefe del escuadrón 36, Juan Pablo Escola), había dado la orden y Ahumada la había ejecutado».

«Conocemos a otras personas que pueden aportar un montón de información para seguir sumando y destrabar esto. Pero ¿cómo hacemos para seguir volcando testimonios si no hay un juez que investigue?», cuestionó el hermano de Santiago.

A su vez, el familiar cuestionó las irregularidades que hubo en la investigación. Entre otras cosas, mencionó que los libros de actuación de Gendarmería fueron adulterados, grabaciones incompletas del operativo, la quema de evidencia, el espionaje ilegal de celulares a su familia y la falta de análisis de las contradicciones que surgen de las declaraciones testimoniales que dieron los gendarmes.

Para Sergio Maldonado es una “ paradoja» que el cuerpo sin vida de Santiago haya aparecido el 17 de octubre de 2017, 400 metros río arriba de donde fue visto por última vez. Fue en el mismo lugar donde más de 400 efectivos de las distintas fuerzas de seguridad, con helicópteros, drones y perros rastreadores no habían encontrado nada.

También resaltó la importancia de ubicar la desaparición de Santiago en el contexto de una represión violenta contra los miembros de la Pu Lof que reclamaban acceso al territorio de los pueblos indígenas de la Patagonia.

De este modo, Sergio Maldonado expresó que “pasa el tiempo y nos alejamos cada vez más de la verdad, se van perdiendo pruebas, no sabemos dónde están las pertenencias de Santiago para analizarlas, si las cuidaron». Y agregó que «si el propio juez rompió la cadena de custodia del DNI, no me quiero imaginar dónde deben estar tiradas todas las cosas».

También reclamó que «no se hizo nada» con el fallo de la Cámara de Casación Penal sobre cuatro puntos del informe pericial que debían ser explicados y ampliados. El mismo fue expedido en septiembre del 2019, pero que aún no fueron investigados

Esos cuatro puntos clave son: la data de la muerte, la presencia de polen adherido en las ropas, el informe sobre la identificación de algas, que es relevante para el diagnóstico de muerte por sumersión, y la peritación del bastón y los billetes hallados junto al cuerpo para determinar el tiempo que permanecieron sumergidos.

«Es una cadena de responsabilidades que ninguno quiere investigar porque ahí la responsabilidad abarca hasta al propio Poder Judicial», sentenció Sergio Maldonado.

La opinión del CELS

El director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Manuel Tufró, señaló que «la desaparición y muerte de Maldonado se dio en el contexto de un plan implementado» por el Gobierno de Mauricio Macri para «reprimir a la comunidad mapuche».

«El Gobierno anterior, a pedido explícito de la Sociedad Rural de la Patagonia, avanzó con un plan represivo que implicaba, entre otras cosas, desplegar a las fuerzas federales y realizar prácticas de inteligencia ilegales para espiar a estas comunidades», sostuvo.

Asimismo, Tufró hizo referencia a investigaciones posteriores sobre cómo se actuó durante el operativo represivo, como la realizada por la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin). También mencionó una revisión que hizo el propio Ministerio de Seguridad, a través de las cuales comprobaron que «ese día hubo un montón de irregularidades y situaciones de violencia excesiva».

«Los gendarmes que entraron ahí no estaban preparados ni entrenados para lidiar con situaciones de conflicto social, hubo problemas en el diseño y en la ejecución totalmente violenta del operativo», indicó.

De este modo, Tufró expresó la necesidad de que la investigación judicial pueda avanzar en reconstruir estos aspectos para «poder determinar las responsabilidades que les competen a los gendarmes pero, sobre todo, a quienes ordenaron e implementaron el operativo».