Extracto de artículo de Francisco Lucotti.

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, insiste en integrar los servicios de salud pública, de coberturas gremiales y de medicina privada en un único sistema, coordinado por el Estado. Pero la propuesta desagrada tanto a las corporaciones médicas particulares como a los sindicatos y su modelo propio.

El sistema sanitario se vio revolucionado más que cualquier otro ámbito con la pandemia, un fenómeno mundial pero que en Argentina tiene matices únicos debido al funcionamiento del complejo sistema de salud que existe en el país, dividido en tres brazos: hospitales públicos, seguro social para trabajadores registrados y planes de medicina privada prepaga.

Durante un acto público el 14 de junio, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) insistió en un plan de reforma del modelo actual para crear un sistema centralizado, cuya estructura, financiamiento y regulación esté a cargo del Estado nacional: «¿Hoy no está integrado acaso a las patadas [a la fuerza] porque lo impuso la realidad, integrando a todos los sistemas porque las prepagas no saben dónde colocar la gente porque no tienen, van a lo público y de lo público van a lo privado?«, preguntó la vicepresidenta, en referencia a la saturación de las salas de internaciones hospitalarias.

¿Qué implica un sistema integral de salud?

El plan había visto la luz durante la campaña electoral de 2019 y resurgió en diciembre de 2020 ante la aparición de la pandemia y sus consecuencias. Está basado en un texto publicado por la usina del espacio político de la exmandataria, el Instituto Patria, que lleva el título Ejes centrales para un programa de salud 2020/2024.

La idea no carece de polémica. El rechazo fue inmediato entre las empresas de medicina privadas, que resisten una mayor injerencia del Estado, pero también generó incomodidad en los sindicatos, que se financian con los aportes de las retenciones salariales realizadas para la seguridad social de los trabajadores, por lo que se resisten a perder el control de los fondos.

El debate toma relevancia en un momento crucial en el país, ya que la pandemia desveló muchas de las falencias del sistema público y de las obras sociales, además de la dependencia estatal del privado en momentos de crisis, ya que el conjunto del sistema se encuentra lejos de poder solventar los costos de los tratamientos y medicamentos, el mantenimiento de las infraestructuras y los salarios de sus profesionales.

El complejo sistema de salud argentino

Este sistema, del que depende alrededor de 40% de la población, se encuentra en crisis debido a décadas de desfinanciamiento y sueldos precarizados a sus trabajadores. Si bien Argentina es líder en la región en la capacidad de atención universal y gratuita, años de crisis económicas locales afectan directamente en la calidad de buena parte de los servicios públicos.

En segundo lugar están las obras sociales. La atención sanitaria en Argentina es un derecho garantizado por ley a través del Programa Médico Obligatorio (PMO) para todos los trabajadores en relación de dependencia e inscriptos en régimen tributario regular, además de los jubilados y pensionados. Representa a casi 60% de la población argentina, incluidos los menores de edad que están cubiertos vía sus padres.

Los empleadores aportan todos los meses 5% de los sueldos de sus empleados, a los que el Estado les retiene de manera automática 3% de sus sus haberes para su seguridad social.
Esto es derivado en un 85% a las obras sociales de los gremios correspondientes al rubro en el que están inscriptos.

El otro 15% va al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), coordinado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que recibe también financiamiento del Estado. El FSR se destina al Sistema Único de Reembolsos (SUR), que vuelve a las obras sociales para cubrir tratamientos complejos y costosos, y también a solventar a obras sociales menores con el fin de asegurar el cumplimiento del PMO.

Las sindicatos manejan los fondos de los aportes de forma discrecional y ofrecen servicios de atención médica de manera particular a través de convenios con centros de salud. Estos servicios son en gran medida precarios, y suelen ser reflejo directo del poder y estructura que tiene cada sindicato.

Las personas retiradas, quienes reciben pensiones por filiación o discapacidad, los mayores de 70 sin historial de aportes jubilatorios y los veteranos de guerra tienen derecho al acceso a la obra social PAMI (Programa de Atención Médica Integral), ente descentralizado que depende del Estado.

En paralelo, tanto los empleados como cualquier particular pueden acceder a servicios de medicina prepaga a través de empresas de seguro, algunas ofrecidas directamente por los hospitales y clínicas privadas. Los aportes laborales pueden ser derivados a estos planes médicos para recibir un descuento correlativo.

Las empresas privadas mantienen en la actualidad una puja con el Gobierno nacional por el aumento de las cuotas, que deben ser previamente aprobadas por la SSS, dependiente del Ministerio de Salud nacional.Reclaman que hay un desfase de 40% entre los aumentos de los costos y lo autorizado durante 2020 y 2021 por el Estado, por lo que aseguran que acudirán a la Justicia. Piden además un subsidio millonario para tratamientos catastróficos de alto costo y baja frecuencia.

A través de obras sociales y prepagas, entre 60 y 70% de la población argentina cuenta con algún tipo de cobertura de salud privado, uno de los índices más altos de la región, aunque el aumento del porcentaje de trabajo informal en los últimos años podría haber modificado este porcentaje. Según la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (Alami), le siguen Uruguay (58%), Colombia (46%), Brasil (23%), Chile (19%), Perú (7%) y México (1%).

/Sputnik