El diputado nacional del Frente PRO y presidente de la comisión de Defensa, Alberto Asseff, presentó un proyecto de resolución por el cual propone que el Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio de Justicia de la Nación «extreme las medidas -dentro de sus facultades constitucionales- para asegurar la igualdad de derechos para todas las personas encartadas, sea con prisión preventiva o con condena, aplicándoseles las normas vigentes y constitucionales», en referencia a los imputados y condenados por delitos de lesa humanidad.

La iniciativa, de carácter declamativo por tratarse de un proyecto de resolución, lleva también las firmas de los diputados Pablo Torello (PRO) y Carlos Zapata (Ahora Patria), ambos del interbloque Juntos por el Cambio.

«En el escenario actual podemos ver que el Poder Ejecutivo detenta poder y busca seguir haciéndolo, y para ello necesita la simpatía de los sufragistas, a quienes no les alcanza ya la aplicación de planes y subsidios monetarios. Para peor los amenaza cotidianamente una inflación que literalmente corroe los ingresos», señaló el diputado Asseff en los fundamentos de la iniciativa.

«El enemigo revivido del gobierno de turno -los acusados de delitos de lesa humanidad- debe ser castigado, para lograr así la simpatía del sufragista, quien está demasiado ocupado intentando sobrevivir, subsistir», añadió en el texto el diputado del PRO.

Consultado por una radio bahiense sobre el posible riesgo de fuga de los autores de esos delitos, el diputado del PRO hizo hincapié en que «es imposible la reincidencia por razones de la edad» y manifestó que “no podemos conjeturar sobre la autoría intelectual de un genocidio en 2022”.

“En el año 2022 hay otros genocidios: el genocidio…vamos a decir por extensión el genocidio de la inflación, el genocidio de la pobreza, el genocidio de la droga y de las adicciones que crecen; ahí sí podemos hablar de genocidio. No hay genocidio. Acá no hay una banda política que haya tomado las armas y esté así generando terror”, continuó.

Y apuntó: «Estamos hablando de gente enferma en serio, porque yo tengo el informe que el Servicio Penitenciario Nacional me mandó a mi despacho hace 6 o 7 años cuando pedí en ese momento ese informe, el 95% de los presos por delitos de lesa humanidad tiene patologías graves”.

“No hay ningún riesgo de fuga”, remarcó; aunque reconoció que “siempre hay una excepción a la regla”, cuando se le mencionó la reciente captura del genocida prófugo Roberto Carlos Brunello.