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NacionalPolítica & Economía 

Un juzgado anuló el DNU que declaró servicio público a las telecomunicaciones.

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Un juzgado anuló el DNU que declaró servicio público a las telecomunicaciones.

La jueza Cecilia De Negre argumentó que la medida debería haberse dictado a través de una «ley formal», en lugar de un decreto de necesidad y urgencia. La sentencia es de primera instancia y puede ser apelada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. La causa fue iniciada por la empresa Telecom.

Un juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la «nulidad» del decreto de necesidad y urgencia que declaró servicio público a las telecomunicaciones y concluyó que debería haberse dictado una «ley formal», al hacer lugar a una demanda de la empresa Telecom.

«Disponer que una actividad económica se declare como servicio público, también requiere del dictado de una ley formal emitida por el Congreso, quedando vedado al Poder Ejecutivo la utilización de un DNU a ese fin», sostuvo la jueza Cecilia De Negre, en el fallo al que tuvo acceso Télam.

Se trata de una sentencia de primera instancia que podría ser apelada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

La magistrada dispuso la nulidad del decreto 690/2020 y de las resoluciones emitidas al respecto por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) 1466-20 y 1467-2020.

La jueza sostuvo que el Estado Nacional «cuenta con los medios y con la posibilidad jurídica y técnica de implementar sistemas de prestación básica y universal, a los fines de consecución de los objetivos propuestos, disponiendo de medios existentes como el Fondo Fiduciario del Servicio Universal aportado por los prestadores de servicios TIC; el sistema Arsat; programas de acceso a conectividad llevados a cabo por el Ministerio de Educación, Secretaría de Innovación y el Enacom, o implementando nuevos emprendimientos», para garantizar el acceso al servicio de toda la población.

«Es decir, frente a la existencia de medidas alternativas ya implementadas, el aumento de los costos para las licenciatarias que deriva de la implementación del PBU, conjuntamente con el congelamiento de precios que el DNU dispone, resultan medidas gravosas para las licenciatarias«, agregó la sentencia.

También podrían ser “potencialmente dañinas para los usuarios que, a contrario del fin que la norma busca, se traduciría en menor inversión y menor calidad del servicio, vulnerando derechos constitucionalmente protegidos”.

Al contestar y pedir el rechazo de la demanda, la Jefatura de Gabinete en representación del Estado Nacional argumentó que Telecom no demostró «daño patrimonial» ni «afectación a la obtención de créditos, a pesar de los efectos de la pandemia» y que en ese marco «la empresa tuvo un crecimiento considerable»

«La regulación de los TICS, no constituye un régimen inmutable y muchos países han variado el régimen jurídico de las concesiones, para garantizar el acceso universal y la razonabilidad de los precios», agregó.

También se remarcó que el DNU se dictó «en el marco de la emergencia sanitaria, producto de la pandemia y el congelamiento de precios que dispuso ya no está vigente»

Los «TICS son servicio público esencial y estratégico del siglo XXI, debiendo satisfacer las notas típicas de continuidad, regularidad, igualdad, generalidad, obligatoriedad, universalidad y accesibilidad», agregó la contestación de demanda.

Y en el contexto de una pandemia el Estado debía asegurar que «el servicio se preste obligatoriamente a todos los habitantes».

La demanda fue promovida en abril de 2021 por Telecom para que se declare la nulidad del DNU 690/2020 y de las resoluciones Enacom 1466 y 1467 ambas de 2020

El DNU congeló precios hasta el 31 de diciembre de 2020 «sin prever compensación económica ni indemnización alguna», remarcó al hacer reserva de una eventual demanda por «daños y perjuicios»

Hasta el dictado de la norma, la empresa era licenciataria de servicios TICS y podía fijar «libremente» sus tarifas.

«La declaración de servicio público impone un absoluto control estatal, afectando el derecho de libertad de expresión, vulnerando el principio de razonabilidad que consagra el artículo 28″ de la Constitución Nacional, argumentó.

Y sostuvo que en las licitaciones «se le garantizó la fijación de los precios».

El DNU delegó en el Enacom «la competencia para fijar los precios y para establecer una prestación básica universal obligatoria y declara servicio público a la telefonía móvil».

@Télam.

/Imagen principal: Archivo/

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Presión total del kirchnerismo a Kicillof para se pronuncie por Cristina en el acto del 17 de Octubre: "Es la ultima oportunidad"

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Presión total del kirchnerismo a Kicillof para se pronuncie por Cristina en el acto del 17 de Octubre: "Es la ultima oportunidad"

El kirchnerismo duro lanzó una ofensiva total sobre Axel Kicillof para que se pronuncie en favor de Cristina para la presidencia del PJ en el acto del 17 de Octubre que encabezará este jueves en Berisso. «Si Axel no se pronuncia en favor de Cristina en el Día de la Lealtad  es la ruptura definitiva», afirmó a LPO un intendente peronista del Conurbano.

«El silencio de Axel es doloroso», dijo este jueves Anabel Fernández Sagasti. «No sé cómo entre Cristina y Quintela no sabe a quién elegir. Me imagino que no es a Quintela, pero no lo ha dicho», expresó la senadora. Sagasti es la mano derecha de Cristina en el Senado y su declaración hay que entenderla como un mensaje directo de la ex presidenta a Kicillof.

Los dirigentes camporistas presionan a Kicillof para que dé muestras de lealtad, a pesar de que había trascendido que impulsaba la candidatura de Ricardo Quintela y su ministro Andrés «Cuervo» Larroque invitó al riojano al acto de Berisso. Pero Kicillof no hizo ninguna declaración pública al respecto. 

Las señales de emancipación política de Kicillof son contundentes. Este miércoles se mostró en un acto en La Plata con Ferraresi y con Santiago Cafiero. En el camporismo el ex jefe de Gabinete y canciller de Alberto Fernández es mala palabra. Se sumó ayer otro desafío: el chaqueño Jorge Capitanich, nombrado por Kicillof en el Bapro, respaldó la candidatura de Quintela al PJ. Este jueves corrigió en el aire ese posicionamiento.

Como reveló LPO, en el cristinismo creen que ante las dificultades económicas, el presidente Milei se tienta con la idea de impulsar su detención. «Si Cristina es presidenta del principal partido de la oposición y la meten presa, Milei es Maduro», afirmó a LPO un dirigente cristinista, blanqueado ese ángulo.

LPO/

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NacionalPolítica & Economía Educación

UNSJ sobre las auditorias del SIGEN: «vamos a recibir como lo hacemos con todas las auditorias»

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UNSJ sobre las auditorias del SIGEN: «vamos a recibir como lo hacemos con todas las auditorias»

La gestión del presidente Javier Milei autorizó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a auditar a las universidades nacionales. El anuncio fue en medio de tensiones en todo el país entre el sector universitario, que reclama mejoras presupuestarias, y el gobierno, que argumenta falta de controles. Desde la UNSJ respondieron que aceptarán que esta institución mire sus balances. Agregaron que esta se sumará a otros cuatro procesos de auditoría que tienen en el último año, en los cuales dicen que no tuvieron llamados de atención.

Ricardo Coca, Secretario Administrativo y Financiero de la UNSJ, dijo que esta nueva instancia no significa un problema para la institución. “La vamos a recibir como lo hacemos con todas las auditorias que tenemos, tanto la de la Auditoría General de la Nación, que dicta la ley, como otras”, aclaró. Pero opinó que el objetivo de Nación no es tener los datos, “porque están todos a disposición, sino que buscan sentar la duda, para justificar el ajuste que están haciendo”.

El funcionario universitario dijo que nunca hubo problemas para acceder a los datos de cómo usa su presupuesto la universidad. Agregó que los balances están disponibles tanto para las auditorias frecuentes como para el público en general. “La UNSJ tiene en su página web un apartado de transparencia donde cualquier ciudadano puede ver los balances, que están actualizados semestralmente”, dijo. En el mismo espacio también están las licitaciones, compras directas y convenios.

Coca explicó que el uso de presupuesto tiene varias instancias de control. La más importante es la que hace la Auditoría General de la Nación, que es el órgano que por ley debe hacer las revisiones. Estas no tienen una periodicidad fija, ya que son cuando desde Nación destinan el personal para este fin. Según dijo el funcionario, la UNSJ no pasa por esta instancia desde que asumieron en 2021 y les tocaría la próxima en 2025.

Además, en el último año dos veces fueron auditados por AFIP y una vez por ANSES. A esto se suma que la Secretaría de Políticas Universitarias recibe datos de la UNSJ y los analiza mensualmente. De todos estos procesos, aseguró Coca, no hubo objeciones ni llamados de atención de parte de las autoridades que controlan. En simultáneo con estas cuatro auditorías, la universidad tiene un sistema de controles internos.

Con estos argumentos, Coca insistió con que el reclamo que hacen desde el gobierno nacional de que las universidades no permiten auditorías, es falso. “Pueden discutir los datos en cada caso puntual, pero están todos informados, todos los procedimientos de compra se difunden e incluso los ingresos que tiene la universidad por sus convenios y servicios que presta”, dijo. Esta opinión es compartida también por el sector de los alumnos que están reclamando desde el pasado jueves con tomas y actividades públicas.

Hasta ayer, la multisectorial de estudiantes y sindicatos de docentes y no docentes realizó una toma en el edificio del Rectorado, en una toma que Coca aseguró que era pacífica. “El funcionamiento administrativo y académico es normal, han tenido reuniones, clases públicas, charlas sobre salud mental, el financiamiento de la universidad y RPC”, contó el funcionario. Luego decidieron levantar esta toma y adelantaron que cambiarán la metodología, reforzando “clases públicas y otras actividades para incluir a la comunidad en el reclamo”.

USO DEL PRESUPUESTO:

El presupuesto de la UNSJ se divide en un el 10% para gastos de funcionamiento y el 90% para salarios. Esto último va para 1.100 no docentes y 3.000 docentes, de los cuales el 53% tiene cargos simples, que son los que cobran menos, el 17% exclusivos (mayores ingresos) y los restantes 30%, semis.

@DiariodeCuyo

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San JuanNacional

Tarifa de luz: podría haber un alivio para el bolsillo.

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Tarifa de luz: podría haber un alivio para el bolsillo.

El Gobierno suspendió, este martes, la convocatoria a audiencia pública para fijar nuevos valores en las tarifas de transporte de energía que tienen incidencia en el costo final de las facturas de electricidad. La decisión se publicó en la Resolución 743/2024 publicada en el Boletín Oficial por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). En San Juan esta decisión impactará en las próximas facturas pero en un porcentaje reducido.

«Vale recordar que el sistema eléctrico está segmentado en generación, transporte de electricidad y distribución. Los dos primeros los administra Nación y el último, la provincia. La decisión publicada ayer se relaciona al transporte desde donde se genera hasta el punto de consumo de electricidad y lo regula el ENRE. En Cuyo, es operada por Distrocuyo y Transener y el Gobierno consideró que la tarifa que cobran en la actualidad es suficiente para cubrir sus gastos por impacto del proceso de desinflación», describió el vicepresidente de EPRE, Dr. Ing. Roberto Ferrero.

Señaló que sí hay incidencia en la tarifa local, «ya que se consideran en las tarifas de los usuarios finales en las facturas. Va a representar el 3% o menos del total que los sanjuaninos pagarán». Expresó que estos valores son definidos en un «esquema de sinceramiento» en el que se valora el escenario actual, con baja de inflación. «Además tanto generación como transporte se manejan en dólares para sus insumos y equipos con lo que, si está estable la cotización, no tienen por qué subir».

Ferrero señaló que, en las facturas, lo que más peso tiene es lo que se define en cuanto a la distribución ya que abarca el 40% del costo total. «Estarán congeladas hasta diciembre, por determinación realizada en el pasado mes de julio y en función del sendero tarifario establecido, y se definirán en una nueva audiencia en enero para el primer semestre del año próximo. Además, en enero y febrero de 2025 habrá un aumento, que ya se estableció, del 3,86% del componente provincial», señaló.

En ello, expresó que «haciendo un análisis de proyección, a diciembre, en San Juan no habría modificaciones de la tarifa eléctrica. A noviembre se hará una nueva evaluación».

@DiarioLaProvincia

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