La Federación Universitaria Argentina (FUA) convocará a un paro total el próximo 26 de septiembre y a una movilización al Congreso de la Nación el 2 de octubre, contra el veto presidencial que prometió Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada el jueves por el Senado con 57 votos a favor, una abstención y solo 10 votos en contra. La fecha de ambas acciones aún no fue oficializada pero ya fue deslizada en varios medios de comunicación.

El jueves pasado, casi cinco meses después de que decenas de miles de personas se movilizaran en defensa de la educación pública, el Senado sancionó una ley que actualiza las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, docencia investigación y extensión en las universidades.

Pese a que el impacto fiscal de la medida, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, es del 0,14% del PBI, el presidente Javier Milei amenaza con vetarla. 

Por si fuera poco, en el cálculo presupuestario que presentó el mandatario ante el Congreso, se definió que el Gobierno de La Libertad Avanza destinará $3,8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exige $7,2 billones. “Eso es un hecho gravísimo, que significará un retroceso enorme. No se va a cumplir con el 0.2 por ciento del presupuesto que en el 2005 dictó la Ley de educación técnica; no se va a cumplir con el 6 por ciento del PBI que en el 2006 incluye la Ley de financiamiento educativo; ni tampoco se va a cumplir con el 0.45 que la Ley de financiamiento de ciencia preveía para 2025”, reflexionó Daniel Filmus, exministro de Educación, Ciencia y Tecnología.

“Pudimos acceder a las planillas y hacer un análisis pormenorizado y advertimos que hay una diferencia enorme y se explica porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios”, dijo Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis.

Según Moriñigo, “no hay intención cierta de recomponer los salarios docentes y no docentes para al menos igualar la situación de pérdida frente a la inflación. La única certeza que surge de este presupuesto es que los docentes y no docentes en 2025 van a tener los mismos salarios que hoy, ni siquiera se contempla la inflación, que se estimó del 18%“.

El lunes pasado, ante el escenario oscuro que ofrece el Gobierno, las federaciones se reunieron y definieron que el martes 24 de septiembre, tras una reunión del CIN, se anunciarán las medidas a tomar, entre ellas una nueva marcha para octubre, “salvo que el Gobierno tienda una diagonal que permita modificar esta situación, aunque lo vemos muy poco probable porque no vemos voluntad de dialogar”, lamentó Moriñigo. 

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y dirigente radical Emiliano Yacobitti, en tanto, aseguró que su objetivo no es plantear que “si hay veto hay marcha” sino tratar de que no se anule el financiamiento universitario ya que se traduciría en “tener una peor educación superior”. 

“Tenemos que tratar de que no haya veto. Si hay veto va a continuar la pérdida de calidad día tras día en todas las universidades. Por ahí no es algo que se note hoy pero es algo que a muy corto plazo lo vas a notar”, señaló Yacobitti en diálogo con La Nación+.

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El informe de la UIA reflejó que en julio las empresas industriales utilizaron, en promedio, el 58% de su capacidad instalada. Para más de dos tercios de las firmas, dicho número fue menor al considerado como óptimo; dentro de ellas, el 55,7% espera recuperar esos niveles recién en la segunda mitad del 2025 o después.

Los resultados se desprenden de un relevamiento realizado a casi 1.200 empresas a lo largo de la primera quincena de agosto.

Julio había brindado esperanzas

Según la UIA, la producción industrial creció 12,8% mensual en julio, a la vez que la baja interanual se desaceleró al 5,8%.

Por un lado, se vio una menor caída anual en sustancias y productos químicos, con un crecimiento en el segmento de productos de limpieza e higiene y “otros químicos”.

También hubo crecimientos en los segmentos de agroquímicos, químicos inorgánicos y básicos orgánicos, aceites, y productos de la refinación de petróleo.

Por otra parte, el sector de metales básicos presentó una desaceleración en la caída, por la reactivación de la demanda del sector automotriz, energético y de línea blanca. De igual manera cayó en menor proporción el sector automotor, dada la desaceleración de la caída interanual de las exportaciones.

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El titular del Juzgado Federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo lugar al pedido del municipio de Pilar y suspendió la resolución del Gobierno que impedía a los municipios cobrar tasas en las facturas de servicios.

De esta manera, quedó suspendida la Resolución 267/2024, promulgada por la Secretaría de Comercio e Industria y que impedía a las comunas incluir tasas en las facturas de los servicios públicos como la energía eléctrica y el gas natural.

El municipio de Pilar justificó su pedido en la ley provincial N° 10.740 y en el convenio que mantiene con EDENOR para cobrar el tributo municipal, a través de su incorporación en la factura del servicio de aquella empresa. A su vez, agregó las normas provinciales que dan el marco de la energía eléctrica y la competencia del organismo de control (OCEBA) en aquel territorio.

Tras el pedido, el juez federal resolvió “hacer lugar a la medida cautelar” y ordenar “la suspensión de los efectos de la Resolución 267/2024 dictada por la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación”.

“La medida interina tendrá vigencia hasta tanto se resuelva la medida cautelar solicitada en autos. A tal fin, requiérase al Ministerio de Economía – Secretaría de Industria y Comercio que produzca el informe previsto por el artículo 4 de la ley 26.854, en el plazo de tres días de notificado de la presente resolución”, agregó el texto.

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