Un grupo de más de 150 economistas, incluyendo tres ex ministros de economía de Argentina, Martín Guzmán, Martin Lousteau y Jorge Remes Lenicov, instaron al FMI a reformar significativamente sus políticas, especialmente en cuanto a los sobrecargos.

Otros destacados economistas que firmaron son Stiglitz, Kevin Gallagher, Jayati Ghosh, Mariana Mazzucato, Thomas Piketty y José Antonio Ocampo.

FMI: Los sobrecargos

Lo que se discute es la política de tasa de interés del FMI, que impone tasas adicionales a los países cuyas deudas han superado ciertos umbrales de tamaño y tiempo.

Actualmente, 675 millones de personas viven en países de bajos y medianos ingresos cuyos contribuyentes están proyectados a pagar al FMI aproximadamente $2 mil millones solo en sobrecargos cada año durante los próximos cinco años.

Es importante destacar que la política de sobrecargos del FMI ha sido objeto de críticas y controversias en el pasado. Algunos argumentan que los sobrecargos no logran su objetivo de desalentar la dependencia del FMI y, en cambio, pueden exacerbar los problemas de deuda de los países en crisis.

Principales críticas a la política de sobrecargos del FMI

– Prociclicidad. Los sobrecargos aumentan durante las crisis financieras, cuando los países más necesitan acceso a fondos.

– Regresividad. Los sobrecargos afectan desproporcionadamente a los países de bajos y medianos ingresos.

– Ineficacia. Los sobrecargos no logran desalentar la dependencia del FMI.

@Ámbito

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este viernes la aprobación del primer test para el diagnóstico rápido de la mpox, una medida que busca mejorar la prevención en los países más afectados, especialmente en África. Esta aprobación llega en un contexto alarmante, ya que más de 800 personas han perdido la vida en el continente a causa de esta enfermedad vírica, que provoca fiebre, dolor muscular y lesiones cutáneas. Según la Unión Africana, la mpox ha sido detectada oficialmente en 16 países.

La OMS destacó que «la aprobación del uso de emergencia» de estos tests «será clave para aumentar la capacidad de diagnóstico en los países enfrentados a brotes de mpox». El diagnóstico temprano no solo facilita el tratamiento y la atención oportuna, sino que también mejora el control del virus.

El nuevo dispositivo, denominado Alinity m MPXV assay, fue desarrollado por los laboratorios Abbott Molecular. Este test PCR en tiempo real permite la detección de la enfermedad mediante muestras extraídas de los pacientes. Sin embargo, la OMS advirtió que en África persiste un problema significativo en cuanto a la capacidad de diagnóstico, lo que contribuye a la expansión continua del virus.

En 2024, se han reportado más de 30,000 casos sospechosos de mpox en la región, con los mayores números registrados en la República Democrática del Congo, Burundi y Nigeria. En el Congo, epicentro de la epidemia, solo el 37% de los casos sospechosos han sido sometidos a pruebas este año.

La mpox, anteriormente conocida como viruela del mono, es una enfermedad vírica que se transmite de animales a humanos y también entre personas a través del contacto físico prolongado. El resurgimiento de la mpox en África y la aparición de una nueva variante llevaron a la OMS a activar el máximo nivel de alerta mundial a mediados de agosto. Con la implementación de este nuevo test, la OMS espera mejorar la respuesta ante esta creciente amenaza sanitaria.

@DiarioElZonda

/Fuente de imagen: Diario El Zonda

Hasta ahora, solo se han identificado los restos de tres jóvenes a partir del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), mientras la lucha de los familiares por la verdad y la justicia sigue firme.

A pocos días de cumplirse diez años desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el caso sigue siendo una herida abierta en México. A pesar de las promesas de justicia y las múltiples investigaciones, las familias de los jóvenes siguen exigiendo respuestas mientras los hechos no terminan de esclarecerse. Si bien el 26 de septiembre es la fecha oficial de la desaparición, las movilizaciones y actividades conmemorativas comenzaron en los últimos días. 

La previa al aniversario

El viernes, los familiares de los estudiantes desaparecidos y alumnos actuales realizaron un acto frente a un cuartel del Ejército mexicano en Guerrero, en el que denunciaron el rol de las Fuerzas Armadas en el caso. Más tarde, un grupo de manifestantes encapuchados lanzó petardos y provocó incendios en los alrededores del lugar.

El jueves, madres de las víctimas participaron en una misa en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que celebró el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio. De acuerdo a la revista mexicana Proceso, en la homilía las madres hicieron un llamado: “A las personas que se llevaron a nuestros hijos, que operaron esa noche del 26 de septiembre de 2014, que se les ablande el corazón y que hablen y que nos digan a donde están nuestros hijos”.

En diálogo con Página/12, el sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, una de las varias organizaciones que apoyan a los padres en su lucha, indicó que al cumplirse 10 años desde la desaparición de los jóvenes, el sentimiento predominante es la impotencia, aunque destacó: «Al final, lo que sigue motivando a los padres es el amor que tienen por sus hijos, y también creo que el compromiso que adquirieron al hacer pública su exigencia. Es el compromiso de toda una nación. Esto dañó y afectó a un país como México, porque demuestra el grado de impunidad, de violencia, de colusión de las autoridades con el crimen organizado, y el nivel de descomposición social que existe». Y agregó: «Resolver este caso no es solo conocer la verdad y encontrar a sus hijos, sino también sanar una herida que en México hemos tenido abierta por muchos, muchos años».

El miércoles miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Chilpancingo, en Guerrero, para exigir respuestas sobre los 43 estudiantes. «Decir que han pasado 10 años es fácil, pero caminar, luchar y exigir no lo ha sido. Nos ha costado mucho trabajo, pero aquí estamos, impulsados por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos», expresó Cristina Bautista, madre de uno de los desaparecidos, a la agencia de noticias AFP.

Melitón Ortega, otro de los padres, añadió: «Esperamos que la nueva presidenta pueda retomar el caso Ayotzinapa de manera integral, abarcando las líneas de investigación, las extradiciones, nuevas carpetas, detenciones, entre otras cosas», refiriéndose a Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia el próximo 1 de octubre.

La caída de la «verdad histórica»

Los estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían al municipio de Iguala para tomar un colectivo hacia Ciudad de México y participar en la manifestación anual en conmemoración de la masacre de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, cometida por militares el 2 de octubre de 1968.

Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se negó cualquier participación de militares en los hechos y se defendió la denominada «verdad histórica», que sostiene que los jóvenes fueron detenidos por policías locales de Iguala, en complicidad con criminales, y entregados al cártel Guerreros Unidos. Según esa versión, los estudiantes habrían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en un basural en Cocula.

Mientras tanto, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuya participación fue clave para el avance de la investigación, comenzó a trabajar como perito independiente a pedido de los familiares de los desaparecidos. Este equipo, al igual que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso, no coincidió con la «verdad histórica» debido a inconsistencias en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y la falta de evidencias que respaldaran esta versión. En 2016, los investigadores de EAAF indicaron que era imposible que un fuego pudiera incinerar completamente a los estudiantes como se afirmaba.

La versión de la PGR se derrumbó definitivamente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la identificación de los restos no calcinados de dos víctimas: Christian Alfonso Rodríguez en 2020 y Jhosivani Guerrero de la Cruz en 2021, ambos encontrados en la barranca de la Carnicería, a 800 metros del basural de Cocula. Estas identificaciones se sumaron a la de Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron hallados en el río San Juan en 2014. Hasta ahora, son los únicos tres identificados entre los 43 desaparecidos.

La salida del GIEI

López Obrador creó por decreto una «Comisión para el Acceso a la Verdad», reconoció la responsabilidad de los militares, autorizó la apertura de archivos que revelan su participación en el caso e incluso se llevaron a cabo algunas detenciones. Sin embargo, el GIEI se retiró hace un año del caso Ayotzinapa, tras ocho años de investigación, denunciando obstrucciones significativas en su acceso a información crucial, especialmente la relacionada con el Ejército. En su último informe, manifestaron que hubo un ocultamiento sistemático que ha dificultado el esclarecimiento del paradero de los 43 estudiantes.

Miembros del grupo de expertos, como Carlos Beristáin y Ángela Buitrago, señalaron que la falta de cooperación por parte de las autoridades y el Ejército fue un obstáculo constante. Aunque se lograron algunos avances, como la detención de militares involucrados, insistieron en que no se entregó toda la documentación necesaria para avanzar en la investigación, y que aún queda mucho por hacer para llegar a la verdad sobre las desapariciones.

El presidente saliente defendió el trabajo del gobierno y las Fuerzas Armadas, asegurando que se realizaron esfuerzos significativos para esclarecer el caso. «No hay impunidad y se está actuando. Respeto su punto de vista (del GIEI) pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es precisamente por la colaboración de la Marina y Defensa», sostuvo en una de sus ruedas de prensa diaria, tras conocerse el informe.

Próximo gobierno

La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en julio por primera vez con las familias de los 43 estudiantes, ocasión en la que la se comprometió a dar seguimiento en la búsqueda de la verdad y la justicia del caso.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43 estudiantes, informó tras el encuentro en el Museo de la Ciudad de México que los padres pidieron a la próxima mandataria que el caso Ayotzinapa ocupe un lugar central en su Gobierno. Ante la prensa, Sheinbaum reafirmó su compromiso, asegurando: «Vamos a seguir trabajando con ellos, vamos a encontrar un método de trabajo que nos permita cumplir con lo que están pidiendo: verdad, justicia y saber dónde están los jóvenes».

Aunque han pasado casi diez años, la determinación de los padres no ha disminuido. Su lucha se mantiene firme, impulsada por la esperanza de que algún día conocerán el destino de sus hijos. A pesar del tiempo y los obstáculos, siguen alzando la voz, recordando al país que la justicia aún está pendiente.

@Página12 // Informe: Axel Schwarzfeld