El auto fue robado en Mendoza y encontrado en San Juan, mientras que las dos motos fueron sustraídas en la provincia. El detenido fue atrapado por la venta de una de las motos robadas.

En los últimos días, personal policial de la Sección Sustracción de automotores y autopartes recuperó un auto y dos motos denunciadas como robadas. Como resultado, un sujeto que intentó vender una de las motos robadas, quedó detenido.

El primer hecho fue a partir de la denuncia de un auto Volkswagen Gol que fue robado en Mendoza, el 3 de octubre de 2021. El mismo fue ubicado en Los Berros, Sarmiento, y se procedió al secuestro del mismo. Los efectivos dieron conocimiento del hallazgo del vehículo a la fiscalía de Guaymallen.

El segundo procedimiento fue a parir del robo de una moto Siam 110 cc. blanca, robada el 13 de abril pasado. Dos días después, un sujeto de apellido Quiroga intentó venderla y es en ese momento cuando lo atraparon, secuestraron la moto y lo detuvieron. Quedó vinculado a la UFI Delitos contra la Propiedad.

El tercero y último fue este miércoles, cuando los efectivos se contactaron con un sujeto que vendía una moto por Facebook, con la patente apócrifa. Al entrevistarlo, les mostró la moto Guerrero 150 cc. y constataron que el número de cuadro y motor no son originales de fábrica por lo que secuestraron la moto y el sujeto quedó vinculado a actuaciones investigativas.

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Los declararon culpables por tenencia, facilitación y distribución de material vinculado a explotación sexual de menores. Uno de los condenados es ex diputado provincial libertario. 

Después de más de tres horas de un tenso cuarto intermedio, el Tribunal Penal Numero 1 de Posadas volvió al estrado cerca de las 22 horas ayer para dictaminar las sentencias a los hermanos Kiczka, acusados de tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil (Masi): Germán, el ex diputado libertario, fue condenado a 14 años de prisión, mientras que Sebastián, su hermano mayor, a 12. A ambos se los acusa de consumir y hacer circular imágenes y videos donde niños y niñas son explotados sexualmente, con el agravante de que algunos de ellos son incluso menores de 13 años. El fallo fue en sintonía con lo que habían solicitado los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka.

El que hasta septiembre del año pasado se desempeñaba como legislador provincial por el partido libertario Activar, también carga con la responsabilidad penal por la facilitación de esos archivos, inciso que prolonga su condena respecto de la que recibió Sebastián, su hermano, a quien se lo acusa de un hecho de abuso sexual sin acceso carnal. La lectura de la sentencia fue breve y dio por terminada la más larga y extenuante de las doce audiencias de este juicio de resonancia nacional. De inmediato los Kiczka fueron esposados y trasladados a la Unidad Penal I de Loreto, 60 kilómetros de la capital de Misiones. Los fundamentos del fallo serán publicados dentro de diez días hábiles.

Una violación

Ambas sentencias fueron determinadas fundamentalmente por Gustavo Bernie, presidente del tribunal, y del juez subrogante César Yaya, mientras que Viviana Cuckla falló en disidencia, ya que la magistrada había votado por condenar a Germán Kiczka a ocho años y a Sebastián a seis, exculpando a éste último del cargo de abuso sexual que una joven de entonces 15 años había denunciado en la localidad de Apóstoles, donde ambos residían antes de ser detenidos de manera preventiva.

Si bien no se conoce aún el detalle de los fundamentos que avalan las penas, se presume que los mismos están sostenidos por la numerosa cantidad de fotos y videos de abuso sexual infantil que fueron encontrados en dispositivos electrónicos decomisados cuando las viviendas de los hermanos Kiczka fueron allanadas entre febrero y agosto del año pasado. Gran parte de ese material espeluznante había sido exhibido durante las audiencias y fue prueba suficiente para que los fiscales solicitaran las condenas que los magistrados terminaron ejecutando.

La jornada había comenzado con demora después de desperfectos técnicos que impedían la transmisión por el canal de YouTube del tribunal. En primer turno se escuchó la exposición de los representantes del Ministerio Público Fiscal, quienes en un largo alegato justificaron los motivos por los cuáles consideraban que su teoría del caso estaba debidamente acreditada tras la exhibición de numerosas pruebas. Acto seguido, expusieron sus pedidos de condenas: quince años de prisión efectiva para Germán Kiczka y doce para su hermano Sebastián.

Las defensas

Luego de uno de los cuartos intermedios que se produjeron en el tribunal, fueron los turnos de las defensas de los acusados. En ese escenario, Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga, letrados de Sebastián Kiczka, hicieron hincapié en la estrategia de lograr que su patrocinado recibiera un tratamiento mental. “Está probado que es un poliadcito, que padece un policonsumo y ademas confesó, se hizo cargo de todo” dijo Paredes, quien agregó: “Es quizás la última oportunidad de recuperar su vida”. En un pedido de réplica a este dicho, el fiscal Vladimir Glinza ironizó: “El nene tiene 49 años, ya tuvo demasiadas oportunidades de recuperarse”.

Gonzalo de Paula, abogado de Germán Kiczka, pidió la absolución del ex diputado libertario por el mismo motivo que la venía solicitando en audiencias anteriores: los archivos de abuso sexual infantil encontrados en computadoras, pendrives y un teléfono celular pertenecían a su hermano Sebastián. Los defensores de los acusados también habían solicitado diversas nulidades. Además, antes del último cuarto intermedio, el mayor de los Kiczka pidió la palabra para pedir clemencia al tribunal, en los hechos su última posibilidad de aspirar a evitar el camino a la cárcel. Todo eso fue rechazado y se esfumaron todas las chances de que ambos hermanos no fueran condenados.

En otro orden, los jueces del Tribunal Penal 1 de Posadas dieron lugar al pedido de investigación por las posibles comisiones de delitos de acción pública de Leonardo Antonio Kiczka, padre de los dos acusados, y también de Pedro Puerta, líder del partido Activar y compañero de bancada de Germán Kiczka en la Cámara de Representantes de Misiones, lo cual da origen al inicio a la etapa de instrucción de una nueva causa.

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El magistrado, que se encuentra complicado por otra causa de abuso de sus deberes de funcionario público, aceptó la recusación y ahora otro juez tomará el caso que investiga a Denise Robles Bonadé y Rubén Martín González.

El juez del fuero penal, Roberto Montilla, quedó fuera de la causa que investiga a Denise Robles Bonadé y Rubén Martín González por las 40 denuncias por estafa inmobiliaria e inversiones financieras que recaen en su contra y por las cuales, se encuentran con prisión domiciliaria. 

Después de haber sido designado como magistrado de primera instancia el pasado 27 de febrero, esta causa fue una de las primeras que tomó Montilla como juez de Garantías y dirigió la audiencia de formalización de acusación contra la pareja sospechosa. 

En ese momento,  Montilla decidió imputar a ambos y dictarles tres meses de prisión domiciliaria con rondas periódicas de control, además de 12 meses de IPP. También se dispuso la inhibición de bienes y el embargo de sus propiedades por el tiempo que dure la investigación. Finalmente, se ordenó la realización de la junta interdisciplinaria solicitada para Robles, con la intervención de un psicólogo, un psiquiatra y un trabajador social, para determinar su imputabilidad.

Esta decisión fue fuertemente cuestionada por la querella y también por los damnificados de la causa, que en los días subsiguientes se concentraron en Tribunales para exigir que la prisión preventiva para ambos imputados sea cumplida en el Servicio Penitenciario Provincial y no en sus domicilios particulares. 

Ahora, trascendió que la querella solicitó formalmente la recusación del juez Roberto Montilla, recusación que fue aceptada por el magistrado, quedando así fuera de la causa por la megaestafa inmobiliaria.

Ahora, un nuevo juez se hará cargo del caso y será este nuevo magistrado quien dirija las acciones de la causa mientras avanza la investigación. 

Mientras tanto, Montilla enfrenta una imputación por los presuntos delitos de usurpación de funciones en grado de tentativa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo cual podría costarle su cargo como juez.  

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